CE - 110010315000202301212001SENTENCIA20230804002146

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01212-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: JUAN CARLOS FORERO GONZÁLEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD.

EL ACTOR PRETENDE QUE SE ORDENE DAR CUMPLIMIENTO A LAS

ÓRDENES EMITIDAS DENTRO DE UN FALLO PROFERIDO EN ACCIÓN

POPULAR, AÚN CUANDO EL INCIDENTE DE DESACATO ESTÁ EN

CURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

MUNICIPIO DE SOACHA, la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN

“B”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: JUAN CARLOS FORERO GONZÁLEZ

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la SECCIÓN PRIMERA DEL CONSEJO DE ESTADO2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor JUAN CARLOS FORERO GONZÁLEZ, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados p or el MINICIPIO DE SOACHA, el TRIBUNAL y la SECCIÓN PRIMERA, por cuanto que, a su juicio, no se ha dado cumplimiento a lo resuelto en la sentencia de 20 de octubre de 2017, dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación 250002324000-2010 -00593-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que , junto con el señor EULALIO RAMÍREZ BRANDT , promovió acción popular contra el MUNICIPIO DE SOACHA, por la

2 En adelante la SECCIÓN PRIMERA.3

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vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un

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vulneración de los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, a la seguridad y salubridad públicas, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la moralidad administrativa, entre otros.

Adujo que l a vulneración alegada, se dio como consecuencia de la suscripción de los Contratos núms. 931 de 2008 y 512 de 2009 con la ONG Líderes en Acción, para la adecuación geomorfológica mediante la disposición final de materiales de excavación y descapote en el predio Potrero Grande, sin haber tenido en cuenta las recomendaciones de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR y la Alcaldía Mayor de Bogotá, generando con ello desastres e inundaciones que afectan a la comunidad.

Refirió que a la acción popular le fue asignado el número único de radicación 2010-00593-00 y correspondió por reparto al TRIBUNAL que, mediante sentencia de 25 de febrero de 2015 , determinó que se vulneraron los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales, a la seguridad y salubridad4

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racional de los recursos naturales, a la seguridad y salubridad4

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públicas y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, por lo que ordenó lo siguiente a cargo del MUNICIPIO DE SOACHA y de la ONG Líderes en Acción con Prospectiva

Social:

“[…] 4°) Respecto de la protección de los citados derechos colectivos ordénase al municipio de Soacha y a la ONG Líderes en Acción con Prospectiva Social que dentro del término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia presenten conjuntamente un proyecto detallado para aprobación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), como entidad encargada de la vigilancia y preservación ambiental donde se estipulen las actividades concretas, idóneas y necesarias que deben llevarse a ca bo y que ejecutarán con el fin de conjurar la vulneración y/o amenaza de los derechos colectivos que se amparan con esta decisión, proyecto que deberá ejecutarse dentro [de] seis (6) meses siguientes a la fecha de su aprobación con el acompañamiento y supe rvisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

5°) Ordenase al municipio de Soacha que adopte las medidas idóneas y necesarias para prevención de inundaciones en los sectores aledaños al predio Potrero Grande como consecuencia del

Regional de Cundinamarca (CAR).

5°) Ordenase al municipio de Soacha que adopte las medidas idóneas y necesarias para prevención de inundaciones en los sectores aledaños al predio Potrero Grande como consecuencia del cambio de nivel del suelo por las adecuaciones topográficas del terreno, para lo cual igualmente se concede un término de seis (6) meses a partir de la ejecutoria de esta providencia, con la supervisión de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

6°) Conformase un comité para la verificación del cumplimiento de esta providencia el cual estará integrado [por] las partes, esto es, Juan Carlos Forero, Eulalio Ramírez Brandt, municipio de Soacha, ONG Líderes en Acción con Prospectiva Social, Contr aloría municipal de Soacha, alcaldía local de Bosa, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

7°) Deniégase el incentivo económico al actor popular […]”.

Destacó que, contra la anterior decisión el MUNICIPIO DE SOACHA5

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interpuso recurso de apelación, que fue desatado por la SECCIÓN PRIMERA que, en sentencia de 20 de octubre de 2017, modificó el

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interpuso recurso de apelación, que fue desatado por la SECCIÓN PRIMERA que, en sentencia de 20 de octubre de 2017, modificó el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia apelada y, en consecuencia, agregó al comité de verificación de cumplimiento al magistrado ponente en primera instancia o su delegado y, en todo lo demás, confirmó la sentencia recurrida.

Indicó que desde la ejecutoria del anterior fallo hasta la fecha, han transcurrido más de cinco años, sin que se haya dado el respectivo cumplimiento a lo ordenado por el juez; además, sobre el predio objeto de la acción popular, la administración se encuentra realizando una obra civil , consistente en la realización de una vía, que no cuenta con los requisitos técnicos, ambientales y jurídicos para su realización, afectando de esta forma el entorno y el aprovechamiento de los recursos naturales de humedal Tibanica.

Afirmó que, ante la grave situación y la omisión por parte de las entidades y autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la orden judicial, el 6 de julio de 2022 , promovió incidente de desacato por el incumplimiento del fallo emitido en la acción popular.

Sostuvo que el TRIBUNAL mediante auto de 7 de julio de 2022 ,6

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requirió a la Alcaldía Municipal de Soacha, con el fin de que acreditara el cumplimiento de la acción popular, ante lo cual el ente territorial el 29 de julio de esa misma anualidad, allegó escrito en el que omitió acreditar que las ordenes impartidas fueron cumplidas.

Aseveró que, mediante auto de 20 de octubre de 2022, el TRIBUNAL abrió incidente de desacato contra el alcalde del MUNICIPIO DE

SOACHA.

Relató que, al no tener avance alguno del trámite incidental, el 25 de noviembre de 2022 presentó petición ante el TRIBUNAL, la cual fue atendida en auto de 12 de diciembre de 2022, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud elevada y, además, se informó que aun cuando no se ha conform ado el comité de verificación, ese despacho judicial a desplegado las actuaciones pertinentes tendientes a que se cumpla lo ordenado.

Advirtió que a la fecha el MUNICIPIO DE SOACHA y las demás accionadas no han dado cumplimiento alguno a las órdenes impartidas, sino que, contrario a ello, se han realizado intervenciones con la construcción de una vía, en un área que compone protección del humedal.7

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con la construcción de una vía, en un área que compone protección del humedal.7

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sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia y, se ordene lo siguiente:

“[…] el cumplimiento de las disposiciones y decisiones contenidas en la Acción Popular No. 25000 -23-24-000-201000593-01, estableciendo un cronograma razonables y actividades de trabajo conjuntas para tal fin. Igualmente ordenar al despacho del Magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, CESAR GIOVANNI CHAPARRO RINCON, adopte medidas preventivas y cautelares para la protección de los derechos protegidos en la acción popular, pues a la fecha los mismos están AFECTÁNDOSE DE MANERA IRREMEDIABLE Por parte de la Alcaldía Municipal de Soacha, al realizar una vía en pleno humedal que fue objeto de protección.

• Ordenar se practique una inspección ocular en el predio, con el fin de constatar la grave afectación ambiental e incumplimiento de la Acción Popular 25000-23-24000-2010-00593-01.

• Ordenar la suspensión INMEDIATA de todas las obras civiles adelantadas por el señor JUAN CARLOS SALDARRIAGA GAVIRIA, alcalde Municipal de Soacha, consistente en la realización de una vía que se adelanta el pleno humedal y predio potrero grande objeto de la acción popular 25000 -23-24-000-2010-00593-01,

alcalde Municipal de Soacha, consistente en la realización de una vía que se adelanta el pleno humedal y predio potrero grande objeto de la acción popular 25000 -23-24-000-2010-00593-01, sin el lleno de los requisitos legales y ambientales para tal efecto, en detrimento del patrimonio ambiental y público, al realiza una vía de tránsito que claramente es ilegal.

• Compulsar copias a la fiscalía general de la Nación y Procuraduría General de la Nación, con base en los hechos e irregularidades indicadas, para que adelanten las acciones que en el marco de sus competencias sean del caso […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN PRIMERA, a través del magistrado ponente de la sentencia dictada en segunda instancia dentro de la acción popular objeto de estudio, solicitó que se le desvincule del presente trámite9

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constitucional, comoquiera que los reparos están dirigidos al TRIBUNAL y al MUNICIPIO DE SOACHA no a esta Corporación, por lo que la solicitud de amparo no censura ninguna actuación de esta Sección.

Destacó que esta Corporación confirmó y modificó la sentencia de primera instancia y, posterior a ello, el asunto no ha vuelto a ingresar para trámite alguno, por lo que no hay lugar a pronunciarse respecto de las actuaciones del TRIBUNAL.

Destacó que esta Corporación confirmó y modificó la sentencia de primera instancia y, posterior a ello, el asunto no ha vuelto a ingresar para trámite alguno, por lo que no hay lugar a pronunciarse respecto de las actuaciones del TRIBUNAL.

I.5.2.- La CAR refirió que se opone a la solicitud de amparo por considerar que la acción de tutela no es procedente, ya que la Ley 472 de 1998 prevé las medidas correctivas con las que cuenta el juez Constitucional para el cumplimiento de los fallos.

Sumado a lo anterior, resaltó que no se enmarca dentro de las causales para la procedencia de la acción de tutela contra fallos judiciales, pues lo pretendido es que se ordene al juez de conocimiento el cumplimiento de un fallo, a pesar que la norma establece con claridad el trámite a surtirse.

Así las cosas, solicitó que se declare improcedente la solicitud de10

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amparo de la referencia.

I.5.3.- El TRIBUNAL, luego de rendir un informe del trámite surtido dentro del incidente de desataco, precisó que siempre ha procurado adoptar sus decisiones y resolver las diferentes solicitudes de forma oportuna, respetando el respectivo turno de cada proceso, de tal forma que, contrario a lo advertido por el actor, no ha incurrido en violación alguna de los derechos fundamentales invocados, pues ha

adoptar sus decisiones y resolver las diferentes solicitudes de forma oportuna, respetando el respectivo turno de cada proceso, de tal forma que, contrario a lo advertido por el actor, no ha incurrido en violación alguna de los derechos fundamentales invocados, pues ha desplegado las actuaciones necesarias y ha adoptado las decisiones pertinentes, tendientes a que se cumpla con lo ordenado en las providencias cuyo cumplimiento se pide y así procurar la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados.

Por último, adujo que ha atendido las diferentes solicitudes presentadas por el actor, así como el trámite in cidental, por lo que solicitó que denegar el amparo deprecado.

I.5.4.- El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU indicó que la salvaguarda de los derechos vulnerados no se encuentra en cabeza de esa entidad, comoquiera que sus funciones son taxativas y excluyen aquellas que son solicitadas en la acción de tutela, lo que delimita la capacidad para resolver lo que se encuentra peticionado.11

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Además, manifestó que la acción de tutela de la referencia no resulta procedente, pues carece del requisito general de la subsidiariedad en la medida en que el actor cuenta con otros medios ordinarios para la salvaguarda de los derechos que estima vulnerados.

I.5.5.- El MINISTERIO DEL INTERIOR solicitó ser desvinculado

procedente, pues carece del requisito general de la subsidiariedad en la medida en que el actor cuenta con otros medios ordinarios para la salvaguarda de los derechos que estima vulnerados.

I.5.5.- El MINISTERIO DEL INTERIOR solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no es la entidad a la cual se le alega la vulneración de los derechos fundamentales invocados, por lo que no tiene competencia en el asunto.

I.5.6.- El MUNICIPIO DE SOACHA sustentó que el actor fundamenta sus pretensiones en interpretaciones subjetivas, pues son los mismos argumentos expuestos en el incidente de desacato, el cual se encuentra en curso en el TRIBUNAL, de tal forma que la solicitud de amparo resulta improcedente, ante la falta del requisito general de la subsidiariedad.

Expresó que el actor cuenta con el incidente de desataco, mecanismo judicial idóneo para dar cumplimiento a las ordenes emitidas dentro de la acción popular, sin que se adviertan criterios suf icientes que permitan al juez constitucional intervenir en el asunto, pues solo12

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busca el cumplimiento de lo ordenado sin poner de presente defecto alguno.

Sumado a lo anterior, aseguró que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez, pues no se ad vierte justificación alguna

busca el cumplimiento de lo ordenado sin poner de presente defecto alguno.

Sumado a lo anterior, aseguró que tampoco se cumple con el requisito de la inmediatez, pues no se ad vierte justificación alguna por medio de la cual el actor haya acudido 5 años después a promover la solicitud de amparo.

I.5.7.- La PROCURADURÍA PROVINZAL DE INSTRUCCIÓN DE FUSAGASUGÁ informó que conoció de las inconformidades del actor antes de promoverse la acción de tutela, pues mediante escritos de 19 de octubre de 2022 , el señor FORERO GONZÁLEZ solicitó la intervención de esa entidad, para lograr el cumplimiento del fallo de la acción popular, ante lo cual se ordenó la remisión por competencia a la Personería Municipal de Soacha; además, la Procuradora 30 Judicial Ambiental y Agraria, en calidad de miembro del comité de verificación y cumplimiento, mediante oficio de 24 de octubre de 2022, requirió al Alcalde del MUNICIPIO DE SOACHA con el fin de que suministrara información respecto de las actuaciones desplegadas para dar cumplimiento a las ordenes impartidas.

Así las cosas, adujo que ha ejecutado acciones en procura de13

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promover y verificar el acatamiento de las ordenes emitidas en la acción popular; sin embargo, sostuvo que no es la llamada a

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promover y verificar el acatamiento de las ordenes emitidas en la acción popular; sin embargo, sostuvo que no es la llamada a responder de fondo a las pretensiones, en la medida en que no le asiste competencias que la relacionen con la ejecución de los planes para descontaminación y cuidado del humedal Tibanica.

Sumado a ello, resaltó que, atendiendo a las presuntas irregularidades advertidas consistentes en la construcción de vía pública sobre zona aledaña al humedal en mención sin la autorización requerida, dispondrá la evaluación de esta queja para resolver sobre la procedencia de iniciar actuación disciplinaria.

I.5.8.- La ALCALDÍA LOCAL DE BOSA aseguró que ha brindado apoyo a las entidades accionadas para lograr el cumplimiento del fallo de la acción popular, sin que exista una orden particular a su cargo.

Agregó que carece de legitimación en la causa por pasiva pues no es la llamada a dar cumplimiento a las pretensiones del actor, máxime cuando no ha vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales alegados, por lo que solicitó que ser desvinculada del presente trámite constitucional.14

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que el MINISTERIO DEL INTERIOR, la SECCIÓN PRIMERA y la ALCALDÍA LOCAL DE BOSA solicitaron ser15

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desvinculados del presente caso, por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario , con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualq uier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia16

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actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia16

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que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acci ón de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T -519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).

En el presente asunto, independientemente de la prosperidad o no de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la ALCALDÍA LOCAL DE BOSA fue parte vinculada dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación 2010 -00593

de las pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que la ALCALDÍA LOCAL DE BOSA fue parte vinculada dentro de la acción popular identificada con el número único de radicación 2010 -00593 y, además, conforma el comité de verificación del cumplimiento de la sentencia objeto de la presente acción de tutela, es claro que debía ser notificad a de la existencia del presente trámite, en raz ón al interés directo que le asiste en las resultas de este.

En ese mismo sentido, en cuanto a la solicitud de desvinculación presentada por la SECCIÓN PRIMERA , esta Sala la denegará comoquiera que fue quien profirió la sentencia de 20 de octubre de 2017, de la cual se busca el cumplimiento a través de este17

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mecanismo constitucional.

En consecuencia, se denegarán las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentadas por la ALCALDÍA LOCAL DE BOSA y la SECCIÓN PRIMERA, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

De otra parte, en cuanto al MINISTERIO DEL INTERIOR, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva , comoquiera que dicha entidad no hizo parte dentro de la acción popular objeto de análisis, por lo que no le asiste interés en las resultas del proceso, tal como se dispondrá en la parte

la causa por pasiva , comoquiera que dicha entidad no hizo parte dentro de la acción popular objeto de análisis, por lo que no le asiste interés en las resultas del proceso, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de18

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tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En19

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consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agota do todos los medios -ordinarios y

de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agota do todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, e sto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decis iones judiciales