CE - 110010315000202301228011SENTENCIASENTENCIA20230914223555

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

Demandante: José Miguel Marulanda Vélez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01228-01

Demandante JOSÉ MIGUEL MARULANDA VÉLEZ

Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN A Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo. Recurso de insistencia. Solicitud de información reservada. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor José Miguel Marulanda Vélez, contra la sentencia del 26 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera, que resolvió: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor José Miguel Marulanda Vélez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de marzo de 20231, el señor José Miguel Marulanda Vélez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,

de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 8 de marzo de 20231, el señor José Miguel Marulanda Vélez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición, de acceso a la información pública y a la libertad de información, con ocasión de la sentencia del20 de febrero de 2023 que en el trámite del Recurso de insistencia Nro. 25000-23-41-000-2023-00071-00, declaró bien negada la solicitud de información presentada por el actor.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO. Se TUTELEN los derechos fundamentales de petición (artículo 23 de la Constitución Política), debido proceso (artículo 29 de la Constitución Política), de acceso a la información (artículo 74 de la Constitución Política), y a la libertad de inform ación (artículo 20 de la Constitución Política). SEGUNDO. Se REVOQUE la decisión tomada dentro del fallo del recurso de insistencia proferido el día 20 de febrero y notificado el 27 de febrero de 2023 que correspondió al despacho TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA -SECCIÓN PRIMERASUBSECCIÓN “A”, bajo el radicado No. 25000-23-41-000-2023-00071-00 M.P (...) “ CUARTO (sic). Solicito respetuosamente me sean respondidos TODOS Y CADA UNO de los elementos enlistados en mi petición y en el formato solicitado, con respecto a los bienes bajo administración del ACCIONADO. Esto, en virtud del principio de calidad de la información,

CUARTO (sic). Solicito respetuosamente me sean respondidos TODOS Y CADA UNO de los elementos enlistados en mi petición y en el formato solicitado, con respecto a los bienes bajo administración del ACCIONADO. Esto, en virtud del principio de calidad de la información, establecido en el artículo 3 de la Ley 1712 de 2014, le solicito que la información solicitada se

1 Fecha de radicación al correo de tutelas en línea.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

Demandante: José Miguel Marulanda Vélez

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co entregue en un formato procesable y reutilizable, toda vez que dicha norma indica que la información debe ser “oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella”.

2. Hechos En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. Mediante escrito del 9 de septiembre de 2022, el señor José Miguel Marulanda Vélez en ejercicio del derecho de petición, solicitó al Ministerio de Defensa Nacional, Justicia Penal Militar, que le fuera suministrada la siguiente información: “1. Solicito amablemente me puedan informar si el denominado “Programa Noche de Gala de un Personal adscrito a la Justicia Penal Militar Policial con Ocasión del Nombramiento del señor Fiscal General Penal Militar y Policial” se realizó el pasado 2 de septiembre de 2022 en el

Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF.

2. Requiero amablemente informarme el costo en dinero que tuvo el “Programa Noche de Gala

Fiscal General Penal Militar y Policial” se realizó el pasado 2 de septiembre de 2022 en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF.

2. Requiero amablemente informarme el costo en dinero que tuvo el “Programa Noche de Gala de un Personal adscrito a la Justicia Penal Militar Policial con Ocasión del Nombramiento del señor Fiscal General Penal Militar y Policial” que se realizó el pasado 2 de septiembre de 2022 en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF. Solicito respetuosamente que estos datos de gastos que se hayan efectuado con presupuesto público sean dirimidos

de la siguiente forma: a. Descripción de gasto b. Fecha en la que se efectúo el gasto c. Empresa con la que se contrató el servicio que dio lugar al gasto d. Monto total del gasto e. Fuente del presupuesto destinado para el gasto Además, requiero que me sean adjuntados, en PDF, un formato DIGITAL, REUTILIZABLE Y PROCESABLE, de acuerdo con el principio de calidad de la información estipulado en la Ley 1712 de 2014, TODOS Y CADA uno de los comprobantes de los gastos efectuados en el “Programa Noche de Gala de un Personal adscrito a la Justicia Penal Militar Policial con Ocasión del Nombramiento del señor Fiscal General Penal Militar y Policial”.

3. Informarme si esa noche de gala tuvo el siguiente cronograma: (…)

4. Por favor compartirme la fotografía oficial del evento mencionado, ya que se trata de una noche de gala realizada en instalaciones públicas y los participantes son funcionarios públicos.

5. Sírvase informar si el evento finalizó a las 2: 00 a.m. del 3 de septiembre de 2022

noche de gala realizada en instalaciones públicas y los participantes son funcionarios públicos.

5. Sírvase informar si el evento finalizó a las 2: 00 a.m. del 3 de septiembre de 2022

6. Sírvase informar si este fue el Menú de la Noche de Gala: (…) 6 (sic). En el caso de que no haya sido ese el Menú servido, indicarme por favor cuál fue la comida que se sirvió.

7. Sírvase informar si este fue el listado de asistentes: Link del listado de asistentes: (…)

8. Informarme por favor, de este listado de asistentes. ¿quiénes son oriundos del departamento del Huila? Por otro lado informarme, ¿quiénes operan en el departamento del Huila? Listado de asistentes: (…)”. 2.2. El 13 de octubre de 2022, la anterior solicitud fue remitida por competencia al Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF, quien dio respuesta a la petición del actor el 4 de noviembre de 2022.De un lado, le indicó que el evento al que hacía ref erencia no se hizo mediante convenio ni contrato interadministrativo entre la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial y el CESOF, lo que incluso le había sido informado en respuesta anterior del 14 de septiembre de 2022 ante la solicitud por él presentada el 7 de septiembre de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

Demandante: José Miguel Marulanda Vélez

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, le indicó al peticionario la naturaleza jurídica del centro social

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co De otra parte, le indicó al peticionario la naturaleza jurídica del centro social CESOF y dijo que los recursos generados para su funcionamiento no provenían del presupuesto general de la Nación sino de los ingresos derivados del portafolio de servicios y los aportes para su sostenimiento por parte de los afiliados; portafolios que, según dijo, era para eventos que se realizaban previa la suscripción de un contrato de naturaleza civil. Precisó que de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 relacionada con la protección de datos personales y confrontado con el contrato suscrito, no se advertía autorización para el suministro de los datos solicitados, de manera que solo se podía dar respuesta a la petición que hizo en relación con que el evento privado programado por un afiliado al centro social de Oficiales sí se realizó en ese centro, el resto de las solicitudes afirmó, no podían responderse por las razones expuestas. 2.3. El 18 de noviembre de 2022, el accionante (quien manifestó actuar en su calidad de periodista) presentó recurso de insistencia ante el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF, a fin de que le fuera entregada la información y documentación solicitada y, en caso de ser negativa la decisión, se remitiera al tribunal competente. Por tal motivo, y en atención a un fallo de tutela que así lo dispuso2, el CESOF remitió el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A,

Por tal motivo, y en atención a un fallo de tutela que así lo dispuso2, el CESOF remitió el recurso de insistencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 2.4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, conoció del recurso con radicado Nro. 25000 -23-41-000-2023-00071-00, y mediante providencia del 20 de febrero de 2023 <<notificada por correo electrónico el 27 de febrero de 2023>> declaró bien negada la solicitud de información presentada por el actor. Sostuvo que una fuente de ingreso que perciben los centros sociales son los obtenidos por los portafolios de servicios que prestan, esto es, aquellos que son contratados por sus afiliados, honoríficos, activos y/o asimilados, para los cuales se debía suscr ibir un contrato civil de realización de eventos que se regía por las normas civiles de modo que, a pesar que en estos eventos se encontraran como participantes funcionarios de la Policía Nacional, esto no implicaba que pudiera acceder a la información sol icitada, máxime cuando el suministro de fotografías involucraba derechos a la privacidad e intimidad de terceras personas cuando concurrían a un evento privado. En ese orden, sostuvo que, al haber sido un evento privado estipulado a través de un contrato privado de evento, en virtud de las funciones propias que cumple el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF, debía declararse bien negada la solicitud presentada por el actor.

3. Fundamentos de la acción La parte actora hizo una serie de consideraciones en relación con la decisión del 20 de febrero de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección

declararse bien negada la solicitud presentada por el actor.

3. Fundamentos de la acción La parte actora hizo una serie de consideraciones en relación con la decisión del 20 de febrero de 2023 emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, dentro del trámite del recurso de insistencia con la radicación Nro. 25000-23-41-000-2023-00071-00 que, de acuerdo con la lectura de

2 Tutela emitida por el Juzgado 22 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad dentro del proceso con la radicación 11001-31-87-022-2022-00105-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

Demandante: José Miguel Marulanda Vélez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co los argumentos, es posible encuadrarlos en la caracterización del defecto sustantivo. Sostuvo que el tribunal olvidó referirse a lo relacionado con la divulgación parcial de la información de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1714 de 2014, petición que presentó previamente a la entidad, de manera que, en su criterio, se hacía necesario que se revisara si existía información de reserva y, de ser el caso, se ordenara a la entidad a realizar una versión libre de la información solicitada. Indicó que el centro de eventos CESOF era “sujeto obligado” conforme lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, y citó la sentencia T -511 de 2010 con ponencia del Dr. Humberto Sierra Porto para señalar la importancia y necesaria

en el artículo 5º de la Ley 1712 de 2014, y citó la sentencia T -511 de 2010 con ponencia del Dr. Humberto Sierra Porto para señalar la importancia y necesaria gestión de la entrega de información para el control ciudadano, más en su calidad de periodista que era como se enfocaba su petición. Afirmó que lo manifestado en la decisión no era cierto en cuanto afirmó que el CESOF no era una entidad pública, pero que esto era errado ya que el carácter sí era público, así como la de los afiliados ya que, de acuerdo con el reglamento del centro, debía n ser servidores activos o retirados, lo que les daba la calidad de funcionarios y que, en ese orden, el evento era público y no privado como lo había sostenido el tribunal, pues se mencionaba como motivo del evento “ascensos”, de manera que no era solo un a actividad lúdica sino que involucraba aspectos relacionados con la función pública pues que la invitación señalaba: “Programa Noche de Gala de un Personal adscrito a la Justicia Penal Militar Policial con Ocasión del Nombramiento del señor Fiscal General Penal Militar y Policial”, por lo que en su sentir, no se vulneraban derechos de terceros. En ese sentido, dijo que, pese a que la naturaleza del contrato fuera civil, esto no lo eximía de ser un evento público y que era obligación dar información conforme lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Por auto del 13 de marzo de 2023, el juez de tutela de primera instancia admitió la presente acción de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y dispuso vincular como tercero con interés al Centro Social de

Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, CESOF.

la presente acción de tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionada y dispuso vincular como tercero con interés al Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, CESOF. 4.2. Posteriormente por auto del 13 de abril de 2023 en primera instancia, se requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A y al Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, CESOF, para que allegaran c opia del contrato de evento Nro.

008377. 4.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, rindió informe en el que manifestó que la decisión se profirió conforme con las normas y la jurisprudencia vigente para el momento en que se adoptó la decisión, teniendo en cuenta las pruebas y los argumentos presentados tanto en la petición como en la res puesta dada por el Centro

Social de Oficiales de la Policía Nacional CESOF. Indicó que la decisión tuvo en consideración la naturaleza jurídica del centro social en mención, así como el modo en que percibían ingresos por losRadicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

Demandante: José Miguel Marulanda Vélez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co portafolios de servicios que ofrecían a sus afiliados, honoríficos, activos y/o asimilados. Pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela al no cumplirse con los presupuestos que jurisprudencialmente se han establecido para la procedencia de la tutela contra providencia judicial.

asimilados. Pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela al no cumplirse con los presupuestos que jurisprudencialmente se han establecido para la procedencia de la tutela contra providencia judicial. 4.4. El Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional de Colombia, CESOF, respondió al requerimiento efectuado por el juez de tutela en relación con la remisión de la documentación relacionada con el contrato del evento, el estado de cuenta del mismo así como la organización de este. No se pronunció en relación con el fondo del asunto.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia del 26 de mayo de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la presente acción de tutela por considerar que no se cumplía con el requisito de procedencia de la relevancia constitucional al pretender que la tutela se convierta en una instancia adicional.

Sostuvo que la solicitud de amparo radicaba en la interpretación que se hizo en sede administrativa y judicial de las normas aplicables al caso, esto es, las leyes 1755 y 1712 ambas de 2014 y, en ese sentido, advirtió que desde el derecho de petición, el actor era consiente que la información que estaba solicitando podría estar sujeta a reserva, por lo que, una vez planteadas las preguntas, indicó que, en caso tal se concluyera que no podía ser entregada, se debían explicar las razones de ello, lo que efectivamente sucedió cuando el CESOF dio respuesta a la solicitud, citándole las disposiciones legales que le impedían entregar la información solicitada, so pena de vulnerar el derecho fundamental de habeas data de las personas que asistieron al evento, así como las normas contractuales que regulan el contrato celebrado. Al revisar el recurso de insistencia, encontró que el actor propuso ante el Tribunal

de vulnerar el derecho fundamental de habeas data de las personas que asistieron al evento, así como las normas contractuales que regulan el contrato celebrado. Al revisar el recurso de insistencia, encontró que el actor propuso ante el Tribunal esta misma controversia, consistente en que según su entender, sí debió entregarse la información solicitada, o a lo sumo de manera parcial, pues por la naturaleza jurídica de la entidad y las personas que supuestamente asistieron al evento era información pública. Este punto, consideró el juez de tutela de primera instancia que, al igual que en sede administrativa, fue abordado por el tribunal que concluyó que la información solicitada estaba sujeta a reserva, pues se trataba de información proveniente de un contrat o suscrito entre dos privados y, adicionalmente, que si el CESOF contestaba algunas de las preguntas, se estaría vulnerando el derecho fundamental al habeas data de los asistentes al evento, de manera que no podía insistirse en los argumentos ahora en sede constitucional.

6. Impugnación La parte actora impugnó la decisión.

Manifestó su inconformidad con la decisión de primera instancia, reiteró los argumentos presentados en el escrito de tutela y, anunció que no se tuvo en cuenta que la petición la hizo en su calidad de periodista, la cual se encontraba respaldadaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en el artículo 73 de la Constitución Política y en el artículo 20 de la Ley 1755 de 2014 y consideró, que el asunto sí tenía relevancia constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

www.consejodeestado.gov.co en el artículo 73 de la Constitución Política y en el artículo 20 de la Ley 1755 de 2014 y consideró, que el asunto sí tenía relevancia constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 3, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales4 y especiales5 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 6 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido

los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Es por tal motivo que la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

3 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”. 4 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión pro ferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)

sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 5 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 6 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3. Delimitación y planteamiento del problema jurídico 3.1. Como se advirtió en el acápite de fundamentos de la acción, si bien el actor no identificó de manera expresa alguna de las causales especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, los argumentos que expuso en el escrito de tutela permiten a la Sala entender que alude a la caracterización del defecto material o sustantivo, como quiera que se refiere a la inaplicación de las normas que regulan la entrega de información a los ciudadanos, de manera que el estudio se abordará a partir del citado defecto.

caracterización del defecto material o sustantivo, como quiera que se refiere a la inaplicación de las normas que regulan la entrega de información a los ciudadanos, de manera que el estudio se abordará a partir del citado defecto. 3.2. Hecha la anterior precisión, corresponde a la Sala analizar si le asistió razón al juez de tutela de primera instancia para declarar improcedente la acción de tutela por no encontrar acreditado el requisito general de la relevancia constitucional. De superar el anterior estudio, teniendo en cuenta los antecedentes del caso y el escrito de impugnación se establecerá si al proferir la providencia del 20 de febrero de 2023 en el trámite del recurso de insistencia Nro. 25000-23-41000-2023-00071-00, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A incurrió en defecto sustantivo al declarar bien negada la solicitud de información presentada por el actor.

4. Análisis del requisito de relevancia constitucional en el caso concreto 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

Para dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por

condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Para dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte C onstitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela satisface este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales ».7 Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

7 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01228-01

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8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dicta n previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insis tir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer

ordinario. Justamente por eso no se debe insis tir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural8. 4.2. Examinado el caso concreto, para la Sala se encuentra satisfecho el requisito de relevancia constitucional, porque no se acude a la acción de tutela como una instancia adicional del trámite del recurso de insistencia como lo estimó el a quo. Si bien se abordó el tema del acceso a la información pretendida