CE - 110010315000202301246011SENTENCIA20230621101926

CONSEJO DE EST ADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO B o g o t á D . C . , junio veinte (20) de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 1 1001-03-15-000-2023-01246-01 Accionante: Wilmar Eduardo Ramírez Rojas Accionado: T ribunal Administrativo del T olima y Juzgado Doce Administrativo de Ibagué. Referencia: Acción de T utela (sentencia de segunda instancia) T e m a : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – P r o c e d e n c i a e x c e p c i o n a l / D E F E C T O F Á C T I C O – L a s a u t o r i d a d e s a c c i o n a d a s v a l o r a r o n e l m a t e r i a l p r o b a t o r i o r a z o n a b l e m e n t e / F A L T A D E R E L E V A N C I A C O N S T I T U C I O N A L – T e r c e r a i n s t a n c i a .

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la impugnación instaurada por Wilmar Eduardo Ramírez Rojas contra la sentencia del 29 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente el amparo solicitado frente al defecto fáctico alegado y lo negó frente a los cargos de defecto sustantivo y procedimental 1 .

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I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 10 de marzo de 2023, Wilmar Eduardo Ramírez Rojas presentó demanda de tutela contra el T ribunal Administrativo del T olima y el Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y de acceso a la administración de justicia.

1 Q u e i n g r e s ó p a r a f a l l o e l 1 2 d e m a y o d e 2 0 2 3 . 1Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

2. Hechos relevantes En julio de 2015, Wilmar Eduardo Ramírez Rojas presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con pretensión de reparación de perjuicios, contra la Rama Judicial (Dirección Ejecutiva), debido a que pagó, de manera deficiente, el auxilio de cesantía correspondiente al 201 1 y posteriormente, le negó el reajuste y pago de la sanción moratoria mediante el Oficio No. DSAJ-ORH00600 del 30 de diciembre de 2014, lo que, a su vez, llevó al demandante a incurrir en mora frente a un crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

El Juzgado Doce Administrativo de Ibagué conoció este caso y , a través del fallo del 30 de abril de 2021, ordenó la nulidad parcial del Oficio No. DSAJ-ORH00600 del 30 de diciembre de 2014, proferido por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué; y el pago por el monto indexado correspondiente al Fondo de cesantías del señor Ramírez Rojas. Las pretensiones sobre reparación de perjuicios y sanción moratoria fueron negadas. La decisión fue apelada por ambas partes y el caso fue estudiado por el T ribunal Administrativo del T olima, que, a su vez, confirmó la decisión de primera instancia mediante la sentencia del 15 de septiembre de 2022, y modificó lo concerniente a la condena en costas en primera instancia a favor del demandante.

3. Fundamentos de la demanda de tutela El tutelante pretende que se revoque parcialmente la sentencia de segunda instancia del 15 de septiembre de 2022 2 , dictada por el T ribunal Administrativo del T olima y que se declare la responsabilidad de la Rama Judicial, pues considera que las autoridades accionadas incurrieron en un defecto fáctico, en uno sustantivo y en uno procedimental al no condenar en abstracto al pago de los perjuicios, pese a que se acreditó el daño consistente en el pago deficiente de su

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2 D e n t r o d e l p r o c e s o d e n u l i d a d y r e s t a b l e c i m i e n t o c o n e l r a d i c a d o : 7 3 0 0 1 - 3 3 - 3 3 - 0 0 6 - 2 0 1 5 - 0 0 2 - 8 3 - 0 1 . 2Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) auxilio de cesantías del 201 1 y la mora que esto le ocasionó al demandante frente al FNA.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela La Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela, a través del auto del 13 de marzo de 2023; vinculó al T ribunal Administrativo del T olima y al Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, como autoridades accionadas; y al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué y al Fondo Nacional del Ahorro como terceros interesados. 4.1. El T ribunal Administrativo del T olima se opuso a la procedencia de la acción de tutela, pues consideró que el asunto fue debidamente estudiado y resuelto, y que ahora pretende reabrir la discusión sobre la acreditación de los perjuicios reclamados durante la vigencia del crédito hipotecario, ante el pago inoportuno del auxilio de cesantías.

4.2. El Juzgado Doce Administrativo de Ibagué, luego de hacer un recuento del caso, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, pues en el proceso no se vulneraron derechos fundamentales y tampoco advirtió la posibilidad de un perjuicio irremediable. 4.3. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que debe declararse la improcedencia de la tutela, pues se busca reabrir un debate que ya está resuelto y no advierte la inminencia de un perjuicio irremediable. 4.4. El Fondo Nacional del Ahorro, con base en la información de sus afiliados y créditos aprobados, consideró que la afirmación del señor Wilmar Eduardo Ramírez Rojas sobre la vulneración a sus derechos fundamentales es superficial, por lo que pide que la presente acción de tutela sea declarada improcedente y sea desvinculado. 3Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia)

5. La sentencia de primera instancia A través de sentencia del 29 de marzo de 2023, la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo solicitado frente a la ocurrencia del defecto fáctico en la providencia del 15 de septiembre de 2022, tras considerar que la prueba del perjuicio alegado por el demandante fue debidamente tratada por los jueces ordinarios y se buscaba reabrir dicha discusión en esta sede.

Por otro lado, frente a la existencia del defecto sustantivo y procedimental, derivados de la falta de aplicación de la condena en abstracto, establecida en el artículo 193 de la Ley 1437 de 201 1, la Subsección B determinó que, como en realidad nunca se tuvo probado el daño, pues esta fue la interpretación que la parte actora hizo de la sentencia del T ribunal Administrativo del T olima, no se incurrió en defecto alguno al no pronunciarse en ese sentido.

6. La impugnación El demandante impugnó la decisión escuetamente e insistió en que las decisiones de las autoridades accionadas, al reconocer que la Rama Judicial había pagado parcialmente las cesantías para la fecha en la que debía consignar su totalidad habían omitido considerar que este hecho le causó un perjuicio consistente en el mayor pago de intereses del crédito hipotecario al que se destinaba ese auxilio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S Esta Sala identifica que, a pesar de alegar la presencia de tres tipos diferentes de defectos, el punto central de discusión gira en torno a la acreditación del defecto fáctico, debido a que la discusión sobre los otros defectos, ambos sobre la procedencia de la condena en abstracto, solo tendría sentido si se encontrara que, pese a haberse acreditado el daño alegado, caprichosamente se hubiere dejado de hacer uso de esta facultad.

4Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) En ese sentido, esta Subsección encuentra que la valoración hecha por las autoridades accionadas frente al perjuicio alegado por el señor Ramírez Rojas, al pagar más intereses de los previstos sobre su crédito hipotecario, por la falta de un pago completo y puntual de sus cesantías, fue resuelto razonablemente por las autoridades judiciales accionadas, conforme a los criterios de la sana crítica y de esa manera, encaja dentro de los principios de autonomía e independencia judicial. Al respecto, se tiene que el T ribunal Administrativo del T olima, en su providencia del 15 de septiembre de 2022, indicó lo siguiente (transcripción, con posibles yerros incluidos): 6.RECURSODEAPELACIÓN 6.1.PARTEDEMANDANTE…Indicó que la sentencia de unificación jurisprudencial de la H. CorteConstitucional es enfática en señalar la afectación a los derechosfundamentales cuando el empleador público no paga oportunamente y demanera completa los salarios, incluidas las cesantías, convirtiéndose enhechosquecausanungraveperjuicioeconómicoal actor.

Quemediantedictamenpericial sepudodemostrarpuntualmentecuantofueel monto que tuvo que pagar de más por todo el periodo en que tuvovigenciael créditohipotecario1413559601desdeel año2012hastafebrerodel año2016; pues, laomisióndel pagototal delascesantíashacausadoalactor undañocierto, porqueestasseencontrabanpignoradasafavordeuncrédito hipotecario, por lo que su destinación estaba encaminadadirectamentealacancelacióndel créditodeviviendaadquirido. Y sostuvo queel perjuiciosematerializóenque, al nohaberseconsignadooportunamente el valor en disputa, el demandante tuvo que pagar unporcentajemayor deintereses,derivadoenlanoamortizacióndel capital,esdecir, a mayor capital mayor interés, aspecto que debeser asumidopor laadministración, sinqueel administradoesteenlaobligacióndesoportarloserroresdelaadministraciónquelecausanunperjuicio. El perjuicio debe cuantificarse en el reconocimiento y pago de interesesmoratorios desde la fecha en que debió hacerse el pago (febrero 2012)hastalafechaenqueefectivamentesepagueel valoradeudado.…8.5.CASOCONCRETO [F]rente al perjuicio material alegado, el apelante afirmó que mediantedictamenpericial sepudodemostrar puntualmentecuantofueel montoquetuvo que pagar demás…; pues, laomisióndel pagototal delascesantíashacausadoal actorundañocierto,porqueestasseencontrabanpignoradas

5Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) a favor de un crédito hipotecario, por lo que su destinación estabaencaminadadirectamentealacancelacióndel créditodeviviendaadquirido;sin embargo, esta prueba no fue valorada por el Juzgado de instancia, apesardehabersidodecretadaypracticadaoportunamente. Y sostuvo queel perjuiciosematerializóenque, al nohaberseconsignadooportunamente el valor en disputa, el demandante tuvo que pagar unporcentajemayor deintereses,derivadoenlanoamortizacióndel capital,esdecir, a mayor capital mayor interés, aspecto que debeser asumidopor laadministración, sinqueel administradoesteenlaobligacióndesoportarloserroresdelaadministraciónquelecausanunperjuicio. Ahora, para que el daño sea resarcible o indemnizable la doctrina y lajurisprudencia hanestablecidoquedebereunir lascaracterísticasdecierto,concretoodeterminadoypersonal... [E]stáprobadoqueefectivamenteel actorteníauncréditohipotecarioal cualle abonaba al capital sus cesantías anualmente; sin embargo, de losanterioresdocumentos,noselogrademostrarconclaridad,el dañoalegado,sin que se acredite, cual fue la connotación del presunto mayor valor delcapital ysusinteresesqueleocasionólaomisióndelaRamaJudicial al noconsignardemaneracompletalaliquidacióndelascesantías.

Ahora bien, el actor indicó que mediante dictamen pericial se pudodemostrar puntualmentecuantofueel montoquetuvoquepagardemásportodo el periodo en que tuvo vigencia el crédito hipotecario…; no obstante,esteargumentonopodráser tenidoencuenta,pues,contrarioaloafirmadopor el apelantedentrodel procesoapesar queseaportódictamenpericial,el mismo no fue controvertido, pues, la perito no se hizo presente a laaudiencia de pruebas del 20 de noviembre de 2019; según consta en larespectiva acta “(…) se deja constancia de que el perito no asiste a lapresente audiencia, ni tampocopresentóexcusapreviaal despacho, por locual en aplicación de la parte final del inciso primero del artículo 228 delC.G.Pel dictamenpresentadonotendrávalidez”… Por tanto, no es posible tener en cuenta el dictamen pericial, aportadoporqueel mismonofueobjetodecontracción;sinqueexisteningunapruebaquedemuestreel perjuicioalegado. Y en este sentido, para que el daño sea objeto de indemnización, esnecesario que quien lo alega lo pruebe, cosaqueenestecasonoocurrió;por lo que se confirmará lo decidido por el juez de instancia, en esteaspecto, esto es, negar el reconocimiento de perjuicio alguno ( s u b r a y a s y c u r s i v a n u e s t r a s ) .

En este orden de ideas, esta Sala coincide con la Subsección B de la Sección T ercera de la Corporación, en cuanto consideró que la demanda de tutela no está llamada a prosperar y debe declararse la improcedencia frente al defecto fáctico, pues, como quedó expuesto, y a diferencia de lo afirmado por el accionante, en ningún momento las autoridades accionadas encontraron probado el perjuicio alegado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. 6Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) Así las cosas, por elemental sustracción de materia, no es necesario pronunciarse sobre la ocurrencia de un defecto procedimental o sustantivo, en la medida en que nunca existió algún motivo para condenar en abstracto por un perjuicio que no se demostró. Por los motivos anteriores, la Sala concluye que la presente demanda de tutela no cumple con el requisito de la relevancia constitucional, dado que el señor Ramírez Rojas pretende reabrir el debate definido razonablemente por los jueces naturales de la causa. De conformidad con lo expuesto, se confirmará la sentencia objeto de impugnación. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , R E S U E L V E: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 29 de marzo de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección T ercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R Í A A D R I A N A M A R Í N J O S É R O B E R T O S Á C H I C A M É N D E Z FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R T A N U B I A V E L Á S Q U E Z R I C O

7Radicación: 11001-03-15-000-2023-01246-01.Actor: WilmarEduardoRamírezRojasDemandado: TribunalAdministrativodel TolimayJuzgadoDoce AdministrativodeIbagué.Referencia: Accióndetutela(segundainstancia) N o t a : esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, demanera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad yautenticidad del presente documento en ellink https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmentepuede acceder al aplicativodevalidaciónescaneandoconsuteléfonocelularel códigoQRqueaparecealaderecha. V F 8