CE - 110010315000202301250011SENTENCIA20230621165712

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA Y TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA – SUBSECCIÓN B Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se confirma el fallo impugnado – la solicitud de amparo no cumple con el requisito general de procedibilidad atinente a la subsidiariedad

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el apoderado judicial de la parte accionante en contra de la sentencia 20 de abril de 2023, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad MARPICO S.A., por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 21 de mayo de 2021 y de 1° de septiembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B y por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado

proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B y por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-37-000-2016-01111-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales – UGPP adelantó en contra de la sociedad MARPICO S.A. , un proceso de determinación de obligaciones, por la presunta inexactitud y mora en las liquidaciones y los pagos de los aportes al sistema de protección social, en el período comprendido entre enero y diciembre de los años 2011 y 2013.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

2.2. Aseguró que dentro del mencionado proceso se profirió la Resolución N° RDO 019 de 3 de enero de 2015 , mediante la cual se determinó que la sociedad MARPICO S.A. adeudaba «[…] la suma SESENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($62.573.156) [por concepto de capital], más una deuda por concepto de sanción por la conducta de inexactitud por valor de DIEZ MILLONES CIENTO

M/CTE ($62.573.156) [por concepto de capital], más una deuda por concepto de sanción por la conducta de inexactitud por valor de DIEZ MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS M/CTE ($10.120.902). […]». La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución N° RDC 369 de 7 de diciembre de 2015.

2.3. Señaló que, con base en lo anterior, promovió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho N° 25000-23-37-000-2016-01111-01 en contra de la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y de Contribuciones Parafiscales – UGPP, orientada a que se declarara la nulidad de las Resoluciones N° RDO 019 de 3 de enero de 2015 y RDC 369 de 7 de diciembre de 2015.

2.4. Refirió que el conocimiento del aludido proceso le correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B, autoridad judicial que, mediante sentencia de 21 de mayo de 2021, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados.

2.5. Indicó que apeló la decisión de primera instancia y que, mediante sentencia de 1° de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado modificó el fallo de primera instancia, para , en su lugar, disponer, a título de restablecimiento del derecho, lo siguiente: «[…] se le ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) se eliminen los ajustes determinados en aquellos casos en los que se integró al IBC los pagos no constitutivos de salario por viáticos

del derecho, lo siguiente: «[…] se le ORDENA a la UGPP practicar una nueva liquidación en la que: (i) se eliminen los ajustes determinados en aquellos casos en los que se integró al IBC los pagos no constitutivos de salario por viáticos permanentes de transporte, por no integrar la base de aportes al sistema de seguridad social, (ii) se reliquiden los aportes de los trabajadores que disfrutaron vacaciones y a su vez recibieron viáticos permanentes de transporte, en el sentido de excluirlos del IBC y, en todo caso, se deberá atender el IBC del período anterior al inicio del descanso, (iii) se eliminen los ajustes al sistema de pensiones de Gladys Rosas Rodríguez (agosto a noviembre de 2011) y Álvaro Pedraza (junio a diciembre de 2011), (iv) se tengan en cuenta los pagos probados en las planillas de corrección posteriores a la liquidación oficial, aportadas con el recurso de reconsideración y (v) se disminuya la sanción por inexactitud de forma proporcional a los aportes […]».

2.6. Afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo, procedimental absoluto y de desconocimiento del precedente. Como fundamento de lo anterior expuso lo siguiente:

2.7. En cuanto al defecto sustantivo, indicó que la autoridad judicial accionada debía pronunciarse sobre el cargo relacionado con la «irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y a la firmeza de las planillas PILA del año 2011» y no abstenerse de abordar ese estudio en razón a que no fue propuesto como cargo de nulidad dentro de la demanda, toda vez que se observa que: «[…] desde la presentación de la demanda

ese estudio en razón a que no fue propuesto como cargo de nulidad dentro de la demanda, toda vez que se observa que: «[…] desde la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado, en sentido amplio,3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

que la UG PP violó el debido proceso de la sociedad que represento, MARPICO S.A., pues no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, a lo sumo para los periodos de 2011. […]».

2.8. Frente al desconocimiento del precedente judicial, señaló que se desconoció la sentencia C-549 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, en la que se abordó lo concerniente al principio de irretroactividad de la ley tributaria.

2.9. Sobre el defecto procedimental absoluto por exceso ritual aseguró que: «[…] se observa que en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la sociedad demandante, expreso [sic] dentro de los cargos procesales lo referente a la irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y la consecuencia directa sobre la firmeza de las declaraciones, en el sentido de ampliar los cargos de violación del escrito de la demanda, que en busca de orienta r a su Honorable Despacho, como una observación expresamente respetuosa al Juzgador en segunda instancia, se describía adicional una manifestación con la particularidad de ser una excepci ón a la justicia rogada y que bajo ese criterio, se estudiara de fondo el argumento bajo

observación expresamente respetuosa al Juzgador en segunda instancia, se describía adicional una manifestación con la particularidad de ser una excepci ón a la justicia rogada y que bajo ese criterio, se estudiara de fondo el argumento bajo una inclusión de oficio por parte del Despacho. Lo anterior, a fin de materializar la verdad jurídica y la justicia material […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, de fecha veintiuno (21) de mayo de dos mil veintiuno (2021).

SEGUNDO: Se ordene dejar sin efectos la sentencia de se gunda instancia, proferida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, de fecha primero (1o) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se declare la nulidad de los Actos Ad ministrativos, Resoluci ón No. RDC 369 del siete (07) de diciembre de dos mil quince (2015) y Resolución No. RDO 019 del trece (13) de enero de dos mil quince (2015), proferidos por la UGPP, conforme lo expuesto anteriormente, en lo que deviene al cargo n o estudiado por el Ad Quem, y se tenga de presente la jurisprudencia frente a la firmeza de las declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma en materia tributaria. […]. (sic en toda la cita)

el Ad Quem, y se tenga de presente la jurisprudencia frente a la firmeza de las declaraciones privadas y la irretroactividad de la norma en materia tributaria. […]. (sic en toda la cita)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través del magistrado de a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 14 de marzo de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia . Asimismo, vinculó a la4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

Unidad Aministrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, como tercero con interés en los resultados de este proceso.

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Sección Cuarta del Consejo de Estado , por conducto de la consejera ponente de la providencia que motivó la interposición de este mecanismo constitucional, rindió informe en el que advirtió que dicha autoridad judicial no vulneró los derechos fundamentales de la actora, habida cuenta que: «[…] el asunto planteado en esta oportunidad carece de relevancia constitucional y que no puede utilizarse la acción de tutela como una instancia adicional del proceso ordinario en el cual fue expedida la providencia acusada, pues este mecanismo est á previsto para resguardar derechos fundamentales, no para discutir la discrepancia que la parte actora tenga frente a una decisión judicial […]».

el cual fue expedida la providencia acusada, pues este mecanismo est á previsto para resguardar derechos fundamentales, no para discutir la discrepancia que la parte actora tenga frente a una decisión judicial […]».

5.2. Además, e xplicó que a través de la presente acción de amparo se buscaba revivir el debate jurídico que se adelantó dent ro del medio del control de nulidad y restablecimiento del derecho.

5.3. La UGPP manifestó, por intermedio del Subdirectora Jurídica de Parafiscales, que las providencias judicial objeto de tutela se ajustaban al ordenamiento jurídico y no fueron proferidas vulnerando derechos fundamentales de la parte actora , por lo que lo que solicitó que se desestimaran las pretensiones de la presen te acción de tutela.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante fallo de tutela de 20 de abril de 2023, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió denegar el mecanismo de amparo de la referencia, luego de considerar que no se configuraron los defectos alegados por la parte accionante.

7. En tal sentido, el juez de primera instancia expuso lo siguiente:

[…] la Sala advierte que la autoridad judicial accionada, de manera previa, explicó que si bien la parte demandante en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación hizo referencia a la irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y a la firmeza de las planillas PILA del año 2011 y, en ese sentido, explicó que a esas autoliquidaciones les aplica el término de dos años previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario, porque

año 2011 y, en ese sentido, explicó que a esas autoliquidaciones les aplica el término de dos años previsto en el artículo 714 del Estatuto Tributario, porque para la fecha en que se presentaron estaba en vigor la Ley 1151 de 2007, lo cierto era que esos desacuerdos no habían sido propuestos como cargo de nulidad en la demanda.

Además, precisó que esa situación impidió que la entidad demandada pudiera contradecirlo y el Tribunal a quo tuviera la oportunidad de analizarlo. Por lo anterior, concluyó que no era posible abordar el estudio de los disensos5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

planteados por el recurrente, ya que, aunque, conforme con el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse sobre todos los argumentos planteados en la apelación, el análisis en esa instancia debe guardar consonancia con lo expuesto en la demanda, en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y atender el principio de congruencia definido en el artículo 320 ejusdem. (…) Conforme lo expuesto, no es válido el argumento esgrimido por la parte accionante para configurar los defectos invocados, puesto que el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en la sentencia objeto de litis, explicó las razones por las cuales no podía analizar los desacuerdos propuestos por la sociedad MARPICO S.A. en la segunda instancia del proceso ordinario. En efecto, la Sala destaca que la autoridad judicial accionada advirtió, antes de iniciar con el análisis del caso concreto, que la demandante, en

la sociedad MARPICO S.A. en la segunda instancia del proceso ordinario. En efecto, la Sala destaca que la autoridad judicial accionada advirtió, antes de iniciar con el análisis del caso concreto, que la demandante, en los alegatos de conclusión de primera instancia y en el recurso de apelación, planteó, de un lado, que la entidad demandada aplicó de manera retroactiva de la Ley 1607 de 2012 y, de otro, que no atendió la firmeza de las planillas PILA del año 2011, sin que tales desacuerdos coincidieran con lo planteado en la demanda, de manera que, no podía abordarse su estudio, so pena de lesionar el derecho de defensa y contradicción de la contraparte y desconocer el principio de congruencia que debe atender una decisión judicial […]. (negrillas fuera de texto)

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

8. La tutelante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia, con sustento en

los siguientes argumentos:

9. En primer lugar, sostuvo que se configuró el defecto sustantivo denunciado porque, en su criterio, la autoridad judicial accionada «[...] debió pronunciarse respecto del cargo que relaciono como “irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y a la firmeza de las planillas PILA del año 2011”, pues si observamos el trámite desarrollado dentro del proceso, desde la presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, se ha manifestado, en amplio sentido, que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, MARPICO S.A., toda vez que no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, a lo sumo para

que la UGPP violó el debido proceso de la sociedad que represento, MARPICO S.A., toda vez que no tenía la competencia para llevar a cabo el proceso administrativo de fiscalización, que previamente había agotado, a lo sumo para los periodos de 2011. Ampliando el criterio de la falta de competencia, se advierte que el Consejo de Estado, ha establecido en amplia jurisprudencia que “la ley 1607 de 2012 no puede ser aplicada retroactivamente para los años anteriores a su expedición”, cabe recordar entonces que la Ley 1607 entro en vigencia a partir del 26 de diciembre de 2012, por ende, para los periodos de fiscalización anteriores a esta temporalidad se debía plena aplicación de la Ley 1151 de 2007, que por remisión expresa nos transporta a algunos apartes del Estatuto Tributario (…) [L]a consecuencia inmediata es la perdida de competencia temporal de la Administración para fiscalizar los periodos, lo anterior atendiendo a los límites que impone el principio de irretroactividad de las normas, en congruencia con el postulado constitucional de igualdad y seguridad jurídica [...]».

10. En cuanto al desconocimiento del precedente jurisprudencial, reiteró que se violó la sentencia C – 549 de 1993, proferida por la Corte Constitucional, y las sentencias6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

de 10 de septiembre de 2014 y de 30 de junio de 2022, dictadas por la Sección Cuarta de esta Corporación; providencias que se pronunciaron sobre el principio de irretroactividad de las normas tributarias.

de 10 de septiembre de 2014 y de 30 de junio de 2022, dictadas por la Sección Cuarta de esta Corporación; providencias que se pronunciaron sobre el principio de irretroactividad de las normas tributarias.

11. Por último, insistió que se incurrió en un defecto procedimental absoluto porque «[...] en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, la sociedad demandante, expreso [sic] dentro de los cargos procesales lo referente a la irretroactividad de la Ley 1607 de 2012 y la consecuencia directa sobre la firmeza de las declaraciones, en el sentido de ampliar los cargos de violación del escrito de la demanda, que en busca de orientar a su Honorable Despacho, como una observación expresamente respetuosa al Juzgador en segunda instancia, se describía adicional una manifestación con la particularidad de ser una excepción a la justicia rogada y que bajo ese criterio, se estudiara de fondo el argumento bajo una inclusión de oficio por parte del Despacho. Lo anterior, a fin de materializar la verdad jurídica y la justicia material [...]».

12. Con fundamento en las anteriores premisas, la actora solicitó revocar el fallo impugnado y que, como consecuencia de ello, se acceda al amparo deprecado.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

13. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069

de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173. VIII.2. Problemas jurídicos

14. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a las sentencias dictadas en primera y segunda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-37-000-2016-01111-01; se advierte que el presente análisis sólo se centrará en determinar si la providencia de segunda instancia, esto es la sentencia de 1° de septiembre de 2022, incurrió en los defectos invocados, dado que esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada.

15. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado debe ser confirmado o revocado4, la Sala debe establecer lo siguiente:

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

A) Si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad contra providencia judicial. Si ello es así se deberá determinar:

B) Si la sentencia de 1° de septiembre de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-37-000-201601111-01, vulneró los derechos fundamentales de la actora, al haber incurrido presuntamente en defecto sustantivo, desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual manifiesto.

16. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando

manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

17. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 20125, cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

18. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

19. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

20. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009 -01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 6 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

24. La sociedad MARPICO S.A., por conducto de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 21 de mayo de 2021 y de 1° de septiembre de 2022, proferidas, respectivamente, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección B y por el Consejo de Estado – Sección Cuarta, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-37-000-2016-01111-01

7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.

número 25000-23-37-000-2016-01111-01

7 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o i nconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.

normas establecidas en la Constitución Política. 8 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01250-01

Accionante: MARPICO S.A.

VIII.4.1. Del requisito general de la subsidiariedad en el caso sub examine

25. Sobre el particular, cabe recordar que dado el carácter subsidiario, excepcional y residual de la acción de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla general es que tal mecanismo de protección de derechos fundamentales no puede reemplazar a los medios ordinarios de defensa judicial. Este carácter excepcional y residual está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991 9, que expresamente prescribe: «[…] La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]».

26. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo, el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su naturaleza10); lo que significa que el solicitante tiene la obligación de int erponer en tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

27. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de

la acción de tutela, en los siguientes términos:

tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.

27. La Corte Constitucional, se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de

la acción de tutela, en los siguientes términos:

[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción constitucional no puede e ntrar a sustituir los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”

“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una