CE - 110010315000202301273011SENTENCIA20230626144742

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar y otro 1

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso , ii) acceso a la administración de justicia y iii) “[…] tutela judicial […]”.

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela de 4 de mayo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio del cual declaró improcedente la solicitud de amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. El actor, a través de apoderado , presentó solicitud de tutela contr a el Tribunal Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo Administrativo de l Circuito de

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

Administrativo del Cesar y el Juzgado Octavo Administrativo de l Circuito de

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

Valledupar, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir el auto de 1° de diciembre de 2022, y el Juzgado, al proferir el auto de 30 de junio de 2022 , en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con número único de radicación 20-001-33-33-008-202100265-01, vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Expresó que, presentó demanda contra el Departamento del Cesar, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara “[…] la Nulidad del acto administrativo inserto en la resolución No 007944 […] por medio del cual se hace efectiva la sanción disciplinaria de retiro del servicio por destitución del cargo de técnico operativo […]” y, a título de restablecimiento del derecho, “[…] se ordene el REINTEGRO de mi mandante en el cargo que este venía desempeñando o en uno de superior jerarquía […]”.

4. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, profirió auto el

derecho, “[…] se ordene el REINTEGRO de mi mandante en el cargo que este venía desempeñando o en uno de superior jerarquía […]”.

4. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar, profirió auto el 30 de junio de 2022, por medio del cual, resolvió rechazar la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al “[…] no haberse subsanado los requisitos exigidos en el auto inadmisorio de la demanda […]”.

5. El Tribunal Administrativo del Cesar , profirió auto el 1 ° de diciembre de 2022 ,

resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la providencia recurrida, esto es, la proferida por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR el 30 de junio de 2022, en la que se dispuso rechazar la demanda de la referencia por no haber sido corregida de man era adecuada, atendiendo las consideraciones esbozadas en la parte motiva de este proveído […]”. 5.1. Consideró que:

“[...] En el presente asunto, como se identificó previamente, la parte actora cuestiona a través del medio de control de la referencia, la legalidad del acto administrativo […]”.

[…]25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

“[…] Así las cosas, pese a que se identificó como acto demandado la Resolución No. 007944 de 3 de diciembre de 2020, notificada el 7 de diciembre de 2021, el poder

“[…] Así las cosas, pese a que se identificó como acto demandado la Resolución No. 007944 de 3 de diciembre de 2020, notificada el 7 de diciembre de 2021, el poder arrimado al expediente se confirió para adelantar una demanda ejecutiva con el fin de obtener el cobro de una sentencia emitida en el año 2007.

De conformidad con lo anterior, con auto de fecha 18 de mayo de 2022, el JUZGADO OCTAVO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR inadmitió la demanda que nos ocupa.

Para corregir la anterior inconsistencia, la parte actora allegó un nuevo poder […]”.

“[…] no se identificó claramente cuál era el acto administrativo que se está cuestionando, ya que únicamente se indicó que se trataba de una sanción disciplinaria que fue notificada el 9 de diciembre de 2020; mientras que en la demanda se enunció que el acto acusado había sido notificado el 7 de ese mismo mes y año.

A juicio de esta Corporación, las inconsistencias descritas anteriormente, pese a que el actor las califica como menores, implican un desconocimiento de las normas que regulan lo relativo al derecho de postulación, en especial, lo establecido en el artículo 74 del CGP, el cual exige que en los poderes especiales los asuntos estén determinados y claramente identificados.

En conclusión, no existe concordancia en el acto administrativo enjuiciad o, con el identificado en el poder otorgado para que se adelante esta actuación […]”.

[…]

“[…] De este modo, aun cuando al demandante se le otorgó el plazo de diez días

identificado en el poder otorgado para que se adelante esta actuación […]”.

[…]

“[…] De este modo, aun cuando al demandante se le otorgó el plazo de diez días previsto para subsanar el defecto mencionado previamente, no cumplió con lo exigido, lo que conlleva a que se avale la decisión que optó por rechazar el medio de control de la referencia.

3.2.- DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA.

Esta Sala de Decisión CONFIRMARÁ la providencia recurrida, esto es, la proferida por el JUZGADO OCTAVO ADMINISTR ATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR el 30 de junio de 2022, en la que se dispuso rechazar la demanda de la referencia por no haber sido corregida de manera adecuada, atendiendo las consideraciones esbozadas en la parte motiva de este proveído […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6. El actor solicitó en su escrito de tutela:

“[…]

PETICION PRINCIPAL DEL AMPARO SUPRALEGAL

PRIMERO: Que se conceda el amparo a de mis derechos fundamentales de los accionantes al acceso a la justicia y debido proceso.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

SEGUNDO: DECLARAR sin valor ni efecto el proveído de 4 de Diciembre de 2022, mediante el cual se rechazó la demanda de Rdo. 202 1 -00265,; (sic) así como la decisiones que de ese proveído se desprendan.

mediante el cual se rechazó la demanda de Rdo. 202 1 -00265,; (sic) así como la decisiones que de ese proveído se desprendan.

TERCERO: ORDENAR a la precitada autoridad judicial que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación de este pronunciamiento, reanude la contin uidad del proceso 2021 -00265 00 y en ese sentido adopte la determinación que en derecho corresponda admitiendo la demanda respectiva […]”.

6.1. El actor en su escrito de tutela indicó que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Actuación

7. La Sección Quinta del Consejo de Estado , por auto de 31 de marzo de 2023 ; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados de l Tribunal Administrativo del Cesar y al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar y iii) vinculó al Departamento del Cesar y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , en calidad de tercero con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para rendir informe.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

8. El Tribunal Administrativo del Cesar solicitó negar la acción de tutela. Al respecto

manifestó lo siguiente:

“[…] Le correspondió a la Corporación resolver el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 30 de junio de 2022 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de

“[…] Le correspondió a la Corporación resolver el recurso de apelación incoado por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el auto de fecha 30 de junio de 2022 proferido por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, a través del cual se dispuso rechazar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurada por el señor JOSÉ VÍCTOR VIECCO ARAÚJO, por no haber sido corregida de manera adecuada, dándose por terminado el proceso de la referencia.

Para lo cua l la Sala trajo a colación el artículo 160 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 73 y 74 del Código General del Proceso, que regulan lo referente al derecho de postulación, transcribiéndose los mismos.

Se pudo establecer, que en el escrito de demanda la parte actora identificó como acto demandado la Resolución No. 007944 de 3 de diciembre de 2020, notificada el 7 de diciembre de 2021, y el poder arrimado al expediente se confirió para adelantar una demanda ejecutiva con el fin de obtener el cobro de una sentencia emitida en el año 2007, por lo que, a través de auto del 18 de mayo de 2022, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar inadmitió la demanda.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

Para subsanar el defecto advertido, la parte actora allegó un nuevo poder, el cual se insertó en imagen, en la providencia emitida por este Tribunal, objeto de esta tutela,

Actor: José Víctor Viecco Araújo

Para subsanar el defecto advertido, la parte actora allegó un nuevo poder, el cual se insertó en imagen, en la providencia emitida por este Tribunal, objeto de esta tutela, en el cual se advierte que no se identificó claramente cuál era el acto administrativo que se estaba cuestionando, ya que únicamente se indicó que se trataba de una sanción disciplinaria que fue notificada el 9 de diciembre de 2020; mientras que en la demanda se enunció que el acto acusado había sido notificado el 7 de ese mismo mes y año.

Para esta Corporación, las inc onsistencias descritas anteriormente, pese a que el actor las calificó como menores, implican un desconocimiento de las normas que regulan lo relativo al derecho de postulación, en especial, lo establecido en el artículo 74 del CGP, el cual exige que en los poderes especiales los asuntos para los cuales se confieren estén determinados y claramente identificados […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, aun cuando al demandante se le otorgó el plazo de diez días previsto para subsanar el defecto mencionado previamente, no cumplió con lo exigido, lo que conllevó a que se confirmara la decisión que optó por rechazar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, decisión que no obedeció a un exceso de ritual manifiesto o una vía de hecho, como lo alega el tutelante, sino a la aplicación de la normativa vigente y jurisprudencia proferida por la corte de cierre de esta jurisdicción, en caso similar al examinado.

Conforme a lo expuesto, se colige la ausencia de vulneración de derechos

aplicación de la normativa vigente y jurisprudencia proferida por la corte de cierre de esta jurisdicción, en caso similar al examinado.

Conforme a lo expuesto, se colige la ausencia de vulneración de derechos fundamentales en la de cisión tomada por esta Corporación a través de providencia de fecha 1° de diciembre de 2022, cuestionada por el accionante, razón por la cual muy comedidamente consideramos que lo procedente en este caso es denegar la acción de tutela impetrada […]”.

9. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Valledupar manifestó que, “[…] en el sub examine NO ha existido ninguna vulneración a los derechos fundamentales del accionante, pues las actuaciones procesales dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se adelantaron con pleno respeto de los derechos y/o garantías de las partes intervinientes […]”.

10. El Departamento del Cesar solicitó “[…] negar el amparo toda vez que no existe el defecto procedimental argumentado como consecuencia de un exceso ritual manifiesto al interpretar y aplicar las normas que rigen el derecho de postulación en las decisiones judiciales que rechazaron la demanda por no haberse corregido el poder especial conferido […]”.

11. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta oportunidad procesal.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

La sentencia impugnada

12. La Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante sentencia de 4 de mayo

de 2023, resolvió lo siguiente:

Actor: José Víctor Viecco Araújo

La sentencia impugnada

12. La Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante sentencia de 4 de mayo

de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARA improcedente la presente acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional, de conformidad con los argumentos expuestos en esta providencia. […]”.

12. 1. Consideró que:

“[…] la discusión planteada carece de relevancia constitucional porque lo perseguido por el actor es una discusión de mera legalidad, ello significa que percibe este mecanismo de amparo como un medio dirigido a reabrir el debate jurídico realizado por las autoridades judiciales accionadas en la etapa de admisión de la demanda.

61. En primer lugar, es menester resaltar que pese a haberse realizado una solicitud de corrección por el magistrado ponente de esta decisión, la parte actora en su escrito de tutela y e n la subsanación no señaló ni sustentó de forma expresa ni clara, los defectos en los que incurrieron las autoridades judiciales accionadas. En este sentido, el señor Viecco únicamente se limitó a indicar que hubo un exceso ritual manifiesto y, a enunciar como precedente judicial la sentencia de la Corte Constitucional SU -061 de 2018.

62. Dicho esto, se observa que la parte actora no cumplió con la carga argumentativa necesaria para poder identificar de manera razonable los defectos en los que se incurrió por parte de las autoridades judiciales. En contraste, se observa que, en el auto de inadmisión de 15 de marzo de 2023, el magistrado ponente de esta decisión

incurrió por parte de las autoridades judiciales. En contraste, se observa que, en el auto de inadmisión de 15 de marzo de 2023, el magistrado ponente de esta decisión concedió el término de tres días, para que el accionante precisara:

a) Cuál o cuáles son los hechos, o las razones que motivan la solicitud.

b) El número de radicación del proceso cuyas providencias reprocha junto con las respectivas fechas en las que fueron proferidas.

c) Se especifique él o los defectos que le adjudica a la decisión enjuiciad a, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia C -590 de 2005 de la Corte Constitucional

63. Pese a lo anterior, el actor se limitó a relacionar el número de radiación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, los autos que se pretenden i mpugnar e hizo una relación somera de los hechos de la tutela. Por lo tanto, nuevamente omitió, indicar de forma precisa los defectos incursos en los autos de 30 de junio de 2022 y de 1 de diciembre de 2022 proferidos por el Juzgado Octavo Administrativo O ral del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, respectivamente, que dan origen a una vulneración de derechos fundamentales. A continuación, a título ilustrativo, se adjunta imagen que contiene lo alegado por el accionante en su escrito de subsanación […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, esta Sección advierte que en el caso sub examine, no es25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

posible afirmar que la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada haya incurrido en una vulneración de garantías fundamentales, que amerite un nuevo estudio y pronunciamiento por parte de un juez constitucional sin que con ello se lesione los principios de cosa juzgada y de seguridad jurídica.

65. Además, los argumentos expuestos en esta instancia constitucional implican un mero debate de legalidad sobre un razonamiento realizado en el marco de la autonomía judicial por los jueces ordinarios, respecto de las disposiciones normativas que se deben aplicar para efectos de la admisión de la demanda, en especial lo establecido en el artículo 74 del Código General del Proceso que exige que en los poderes especiales los asuntos estén determinados, de manera, que el simple hecho de existir diferencias de criterio en la interpretación de las normas, no puede implicar calificar una providencia como arbitraria o caprichosa, ni conlleva a desconocer que el caso fue estudiado bajo normatividad vigente, la sana crítica y la jurisprudencia.

66. La labor del juez constitucional es exigir el cumplimiento de la Carta Política y proteger los derechos fundamentales que se puedan vulnerar como consecuencia del actuar de la administración, sin embargo, esto no convierte la acción de tutela en una tercera instancia en la que se pretenda debatir nuevamente los argumentos expuestos en un proceso ordinario o incluso se pretenda subsanar los yerros presentados en esa sede, máxime si en el caso en concreto, el Juzgado Octav o Administrativo Oral

tercera instancia en la que se pretenda debatir nuevamente los argumentos expuestos en un proceso ordinario o incluso se pretenda subsanar los yerros presentados en esa sede, máxime si en el caso en concreto, el Juzgado Octav o Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar brindó una oportunidad procesal de subsanación, en la que el accionante no corrigió en debida forma un requisito formal de obligatorio cumplimiento establecido en la ley.

67. En este orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela, toda vez que los argumentos esbozados en el escrito de tutela carecen de relevancia constitucional […]”.

La impugnación

13. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:

“[…] El asunto cobra relevancia constitucional pues ya no existe ningún mecanismo de defensa judicial para ventilar el problema jurídico suscitado con el rechazo de la demanda y la vulneración del derecho al acceso de la justicia el debido proceso al haberse incurrido por parte del accionado en un exceso ritual manifiesto al tener por no subsanada la demanda del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho aun cuando el poder objeto de reparo, fue corregido aportado con las indicaciones advertidas en el auto inadmisorio inicialmente proferido, para luego optar por el intempestivo rechazo de la demanda al esgrimirse no haberse indicado el acto o lo actos demandados, aspectos que quedaron rebasados con la subsanación.

Al respecto pido estudiar la completitud del expediente solicitando el expediente digital completo, veraz y fidedigno, así como las actuaciones suscitada en el proceso

o lo actos demandados, aspectos que quedaron rebasados con la subsanación.

Al respecto pido estudiar la completitud del expediente solicitando el expediente digital completo, veraz y fidedigno, así como las actuaciones suscitada en el proceso con los respectivos documentos y soportes de subsanación por fecha y hora.

También es claro que se está en un estado de indefensión, pues el protagonista de la acción no solo, fue vilmente sancionado con la destitución sino además encuentra ejecutoriada las decisiones que lo inhabilitan para ocupar cargos públicos y contratar con el estado, por lo que emerge que la decis ión cuestionada soslaya estos trascendentales aspectos que lejos de indicar ausencia de carga argumentativa llenan25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

de relevancia el asunto propuesto ante la violación de derechos de primera generación: Tales como el MINIMO VITAL, EL DERECHO AL TRABAJO, EL DEBIDO PROCESO DENTRO EL PROCESO DISCIPLINARIO ADELANTADO en su contra y

la ESCOGECIA DE PROFESION, ARTE U OFICIO […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y

se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 2018 3 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con el requisito general de relevancia constitucional.

17. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes

2 “Por la cual se modifican l os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; pro cediendo posteriormente a v) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18. Con ocasión de la acción de tutel a instaurada por el señor Edilberto Ponguta Cruz, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena 4, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuan do se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

19. Esta Sección adoptó5 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20056, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generale s de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cum plimiento del principio de

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 6 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) q ue no se trate de tutela contra tutela.

21. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de l a expedición de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”7 que encaje en dichos parámetros.

22. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este inst rumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

23. El criterio expue sto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

24. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional.

7 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01273-01

Actor: José Víctor Viecco Araújo

Acerca del requisito general de la relevancia constitucional

25. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de 20149, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [ 10]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “in volucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones”[11].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [12].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa dla actora para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonc