CE - 110010315000202301277011SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01277-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: ÉDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS

TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO Y, EN SU LUGAR, SE

DENIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE TUTELA DE LA

REFERENCIA. DERECHO DE PETICIÓN. LAS AUTORIDADES

JUDICIALES SÍ RESOLVIERON EL RECURSO DE REPOSICIÓN

INTERPUESTO POR EL ACTOR CONTRA LOS RESULTADOS DE SUS

PRUEBAS. CONCURSO DE LA RAMA JUDICIAL. REITERACIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y DE

PETICIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora, contra la sentencia de 24 de abril de 2023, proferida por la SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE ESTADO1, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante la SECCIÓN TERCERA.2

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ACTOR: ÉDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS

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I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor ÉDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, de petición y a ocupar cargos públicos, los cuales , a su juicio, le fu eron vulnerados por el

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 2 con ocasión de la expedición de la Resolución CJR23-0027 de 16 de enero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado en virtud de la Convocatoria núm. 27 para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de Juez Penal de Circuito dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de

2 En adelante la UNIVERSIDAD.3

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fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de

2 En adelante la UNIVERSIDAD.3

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2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos , en los que obtuvo un puntaje no aprobatorio de 796,18.

Sostuvo que interpuso el recurso de reposición contra la referida decisión para impugnar las preguntas 6, 29 y 43 del componente de aptitudes, así como las 53, 59, 69, 70, 84, 92, 102, 105, 111 y 122 de conocimientos, entre otras.

Comentó que, a través de la Resolución núm. CJR23-0027 de 16 de enero de 2023, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD, resolvieron desfavorablemente el recurso de reposición, sin embargo, a su juicio, no r espondieron de fondo, de manera concreta , congruente y motivada los reparos efectuados frente a cada pregunta.4

recurso de reposición, sin embargo, a su juicio, no r espondieron de fondo, de manera concreta , congruente y motivada los reparos efectuados frente a cada pregunta.4

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, sostuvo que “[…] (i) existen respuestas o justificación a las mismas que dio la entidad accionada que no se compadecen con los elementos dados en el enunciado, es decir, no se podía inferir bajo ningún supuesto como acertada y, por el contrario, existen opciones que si lo son; (ii) existen preguntas que admiten la posibilidad de múltiple respuesta y (iii) existen preguntas en que ninguna de las claves son correctas como se pasará a enunciar […]”.

Para lo anterior, frente a la pregunta 29, resaltó que presentaba un inconveniente gramatical, no obstante, las accionadas guardaron silencio sobre dicho aspecto. En ese mismo sentido, en cuanto a la pregunta 6, refirió que la respuesta correcta para la UNIVERSIDAD no se ajusta al contenido de la pregunta, inconformidad sobre la cual también se omitió pronunciamiento alguno.

Ahora, en lo que refiere a la pregunta 43, añadió que ninguna de las claves era correcta, en la medida en que la opción de comparación

también se omitió pronunciamiento alguno.

Ahora, en lo que refiere a la pregunta 43, añadió que ninguna de las claves era correcta, en la medida en que la opción de comparación de dos documentos en Word no existe, pero “[…] la accionada perdió5

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de vista que se le indicó que dicha opción de clave no existe y que además no se estaban comprando 02 documentos si no 04, frente a lo cual guardaron silencio […]”.

En cuanto a la pregunta 53, adujo que las accionadas no tuvieron en cuenta que tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional definen los valores y principios de la misma manera que en el enunciado, por lo que la pregunta nunca estuvo encaminada a determinar si, el valor o el principio tienen mayor grado de concreción.

Refirió que, en lo que respecta a la pregunta 59, se desconocieron los precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre el juicio de proporcionalidad; además, en la pregunta 69, omitieron pronunciarse sobre lo expuesto en el recurso de reposición, pues la opción “C”, escogida por el suscrito, tenía también vocación de ser una clave de respuesta válida.

En lo que concierne a la pregunta 70, manifestó que las accionadas perdieron de vista “ […] los elementos del anunciado en donde no

opción “C”, escogida por el suscrito, tenía también vocación de ser una clave de respuesta válida.

En lo que concierne a la pregunta 70, manifestó que las accionadas perdieron de vista “ […] los elementos del anunciado en donde no establece o diferencia del “régimen ordinario” o “temporal” en época6

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de pandemia. Nunca ubicó a los aspirantes en un ámbito temporal […]”, por lo que no se tuvieron en cuenta los argumentos del recurso.

Frente a la pregunta 84, destacó que las accionadas no indicaron las razones de hecho y de derecho por las que se apartó de los soportes legales, constitucionales y jurisprudenciales; así también, en la pregunta 92, pasaron por alto que la opción “D” tambi én es una respuesta correcta, en la medida en que es la conclusión de la tesis de la imputación objetiva, cuando el riesgo no se materializa en el resultado jurídicamente desaprobado, pues “[…] si el resultado típico realizado en la concretización del ries go típico y jurídicamente relevante, creado por la acción del resultado. (Castillo, 2003, págs. 101-102). Entonces como el riesgo no se materializó en el resultado típico, tal comportamiento como ya se dijo es irrelevante para atribuir responsabilidad penal […]”.

relevante, creado por la acción del resultado. (Castillo, 2003, págs. 101-102). Entonces como el riesgo no se materializó en el resultado típico, tal comportamiento como ya se dijo es irrelevante para atribuir responsabilidad penal […]”.

Señaló que en lo que respecta a la pregunta 102, a su juicio, las accionadas dieron como válida una respuesta que pierde de vista los argumentos expuestos en el recurso de reposición, toda vez que en el caso propuesto no era posible acceder a la prisión domiciliaria pues no se cumplían con los requisitos.7

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En ese mismo sentido, aseveró que frente a la pregunta 105, no se resolvió de fondo los reparos expuestos en los que se señalaba que había más de una respuesta correcta; sostuvo que lo mismo ocur re con la pregunta 111, en la cual las accionadas no desataron de fondo las inconformidades, comoquiera que con la misma argumentación contradictoria con la que tuvieron como válidas las respuestas, se negó la opción que el suscrito tuvo como válida.

Finalmente, en cuanto a la pregunta 122, expuso que no se tuvo respuesta de fondo, toda vez que nunca se indicaron las razones de hecho o de derecho por las cuales se estableció que el caso endilgado era de competencia de los jueces del circuito especializado, además,

Finalmente, en cuanto a la pregunta 122, expuso que no se tuvo respuesta de fondo, toda vez que nunca se indicaron las razones de hecho o de derecho por las cuales se estableció que el caso endilgado era de competencia de los jueces del circuito especializado, además, no existía un solo elemento de juicio del que se permitiera colegir ello, entre otros reparos.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó la protección de su s derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:8

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“[…] SE ORDENE a la entidad accionada a responder de manera congruente, clara y de fondo el recurso por mí interpuesto de cara a los puntuales tópicos aquí señalados y de ser el caso, tener en cuenta a mi favor las respuestas acertadas que fueron objeto de reparo, para RECALIFICAR el examen que presenté para el cargo de Juez Penal del Circuito 2.- Solcito subsidiariamente, que el juez constitucional analice de forma directa los reparos aquí expuestos -errores de bultoy ordene su corrección. Solicito de manera respetuosa, se sirva requerir al Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de carrera judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, remitan para el estudio correspondiente en esta acción constitucional, el cuadernillo de preguntas que me fue entregado el día en que

Superior de la Judicatura - Unidad de Administración de carrera judicial y a la Universidad Nacional de Colombia, remitan para el estudio correspondiente en esta acción constitucional, el cuadernillo de preguntas que me fue entregado el día en que realice la presentación del examen para el cargo de JUEZ PENAL DEL CIRCUITO, junto con la hoja de respuestas y la hoja con las claves de respuestas correctas, esto a fin de que se verifique lo aducido en este escrito de tutela […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIVERSIDAD destacó que se ha pronunciado y ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes presentadas por el actor en ejercicio del recurso de reposición, por lo que mediante Resolución CJR23-0027 de 16 de enero de 2023 se realizó la demarcación de los temas objeto de reparo por el señor CASTAÑEDA PIÑEROS.

Por lo anterior, resaltó que ha garantizado el debido proceso del actor en todas las etapas del concurso y , de igual modo, ha resuelto en9

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debida forma los diferentes cuestionamientos, por lo que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el asunto, pues ante la ausencia de los supuestos fácticos que le dieron origen, la decisión

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debida forma los diferentes cuestionamientos, por lo que la acción de tutela no es el mecanismo judicial idóneo para el asunto, pues ante la ausencia de los supuestos fácticos que le dieron origen, la decisión que eventualmente pudiese tomar el juez constitucional se tornaría ineficaz.

Adujo que cada una de las preguntas rebatidas por el actor están debidamente justificadas al interior del anexo 2 del acto administrativo en comento y tratan de asuntos que hacen parte de las áreas específicas del conocimiento del cargo y que debe conocer cualquier aspirante que pretenda ser Juez Penal del Circuito.

Refirió que las razones expuestas por el accionante se tornan débiles, en la medida en que intentan poner en tela de juicio la estructura de unos ítems por el solo hecho de no estar de acuerdo con planteamientos que, a su parecer, contienen errores.

Sostuvo que las preguntas de la prueba fueron creadas sobre aspectos de competencia de cada uno de los cargos , atendiendo no solo a la ley s ino al conocimiento profundo de aspectos básicos, de nociones y conceptos que hacen parte de la órbita de unas áreas del10

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conocimiento del derecho y del cual fueron previamente informados los aspirantes.

Indicó que las respuestas entregadas y dadas ya a conocer tanto al

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conocimiento del derecho y del cual fueron previamente informados los aspirantes.

Indicó que las respuestas entregadas y dadas ya a conocer tanto al aspirante como al público, contienen los elementos necesarios para la defensa contundente de las pruebas aplicadas, pues de su lectura se evidencia la adecuada estructura y , mediante las justificaciones, la pertinencia para el cargo al cual aplicó el accionante.

Agregó que, en todo caso, la acción de tutela tampoco resulta procedente de manera excepcional dentro del presente asunto para discutir la legalidad de los actos administrativos que definieron la situación del actor, dado que este no demuestra un perjuicio irremediable que lo habilite a desplazar los mecanismos ordinarios dispuestos para tal efecto.

I.5.2.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD

DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, mediante escrito conjunto, señalaron que conforme con el Contrato 096 de 2018, en relación con la Convocatoria núm. 27, la UNIVERSIDAD tiene a su cargo “[…] realizar el diseño, estructuración, impresión y aplicación11

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de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica, así como elaborar el instructivo, realizar la lectura óptica y el procesamiento

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de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica, así como elaborar el instructivo, realizar la lectura óptica y el procesamiento de las hojas de respuesta, calificar las pruebas presentadas, suministrar información de carácter técnico y proyectar y dar respuesta técnica y jurídica a derechos de petición, reclamaciones , recursos en sede administrativa, acciones constitucionales y legales durante todas las etapas del concurso […]”.

Explicaron que, teniendo en cuenta que los reparos formulados por el actor en el recurso de reposición fueron resueltos de forma clara, completa y de fondo mediante la Resolución CJR23 -0027 de 16 de enero de 2023, la situación debe ser calificada como carencia actual de objeto por hecho superado.

Aclararon que en aplicación de los principios de eficiencia, celeridad y economía que orientan la actividad administrativa los recursos que fueron interpuestos por los participantes contra los resultados referidos “[…] fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante categorías numeradas que agruparon cada uno de los temas planteados y con un análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el12

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cuerpo del acto administrativo […]”.

Relataron que en cuanto a las solicitudes e inconformidades

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cuerpo del acto administrativo […]”.

Relataron que en cuanto a las solicitudes e inconformidades presentadas sobre aspectos diferentes a la construcción de las preguntas y el desarrollo de preguntas puntuales, se atendieron en el punto 1 denominado “ Procedencia del recurso de apelaciónTérmino para la interposición del recurso de reposición ”, el punto 3 denominado “ Exhibición - Acceso al material de prueba - Uso de medios tecnológicos en la jornada de exhibición .”, el punto 4 denominado “Copia - Entrega material o digital de prueba – Copia de actas de sala – Informes o documentos técnicos - Documentos con carácter reservado”, el punto 7 denominado “Solicitudes de revisión - Lector óptico”, el punto 9 denominado “Fórmula y metodología de calificación - Cálculo e información de los datos estadísticosFundamento de la fórmula de calificación - Teoría o modelo estadístico utilizado para calificar - Valor de cada pregunta - aciertos propios - Método para conocer aciertos a partir del puntaje” el punto 20 denominado “Tiempo de la prueba insuficiente” y el punto 32 denominado “Custodia de la prueba y Protocolos de seguridad.”

Aseveraron que en cuanto a los cuestionamientos efectuados sobre13

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preguntas del examen por motivos de construcción, redacción, formulación en su enunciado y opciones de respuesta, múltiples claves de respuesta, fueron destacados en el punto 12 de la mencionada Resolución CJR2 3-0027 en los puntos 12, 13, 14, 17, 18, 19 y 35.

Finalmente, expuso que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para controvertir actos administrativos que por su propia naturaleza, se encuentran amparados por el principio de legalidad.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA, mediante sentencia de 24 de abril de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo al considerar que la acción de tutela de la referencia carecía del requisito de subsidiariedad, en la medida en que el actor contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para estudiar la legalidad del acto administrativo cuestionado, esto es, el que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el señor CASTAÑEDA

PIÑEROS.14

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Tercera, en los siguientes términos:

Refirió que no comparte los argumentos esgrimidos por el a quo, toda vez que la línea pacífica y de pensamiento jurisprudencial de la Corte Constitucional, ha decantado que la acción de tutela si es procedente para resolver el asunto aquí planteado, precisamente por que la entidad accionada no respondió de fondo el recurso de reposición interpuesto, entendido este como una expresión del derecho de petición.

Adujo que la primera instancia perdió de vista la finalidad de la acción de tutela de la referencia, la cual es obtener una respuesta de fondo, indistintamente si resulta favorable o no a sus pretensiones, por lo que es claro que los fines a cá perseguidos no son los mismos a los pretendidos dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.15

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Sumado a lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en el escrito primigenio de la acción de tutela, esto es, que las accionadas

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Sumado a lo anterior, reiteró los argumentos expuestos en el escrito primigenio de la acción de tutela, esto es, que las accionadas omitieron dar una respuesta de fondo, concreta y congruente al recurso de reposición interpuesto, pues resolvió las inconformidades de forma irrazonable y desproporcionada, lo cual no resulta válido

Finalmente, resaltó que la vía judicial ordinaria no resulta ser efectiva, pues el asunto sería resuelto en un tiempo exorbitante, lo cual le ocasionaría un perjuicio irremediable al configurarse eventualmente el fenómeno jurídico de la carencia actual de objeto por hecho consumado, pues el concurso continuaría sin su presencia y luego no habría más que hacer.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 202116

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

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y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

A través de la presente acción de tutela el actor pretende que se

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».17

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ordene a l CONSEJO SUPERIO R DE LA JUDICATURA , a la

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ordene a l CONSEJO SUPERIO R DE LA JUDICATURA , a la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL y a la UNIVERSIDAD resolver de fondo, de forma concreta y congruente el recurso de reposición que interpuso contra la Resolución CJR220351 de 1o. de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Penal de Circuito de la Rama Judicial.

El disenso del actor radica en que pese a que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm. CJR23-0027 de 16 de enero de 2023 , a través de la cual resolvió el recurso de reposición presentado contra los resultados de los exámenes del concurso aludido, no se refirió a los argumentos que planteó en su recurso de forma concreta y congruente.

La inconformidad del actor tiene su génesis en el hecho según el cual se omitió dar respuesta de fondo a los reproches emitidos frente a las preguntas 6, 29 y 43 del componente de aptitudes, así como las 53, 59, 69, 70, 84, 92, 102, 105, 111 y 122 de conocimientos.18

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, a través de sentencia de 24 de abril de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de la subsidiariedad.

El actor impugnó la anterior decisión argumentando, en esencia, que contrario a lo advertido por el a quo , la acción de tutela si es procedente para resolver el asunto aquí planteado, precisamente porque la entidad accionada no respondió de fondo el recurso de reposición interpuesto, entendido este como una expresión del derecho de petición, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el escrito primigenio de la solicitud de amparo.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela , en especial, el de la subsidiariedad y, de ser así, establece r si la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL , el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIVERSIDAD vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, a ocupar cargos públicos y de petición, por presuntamente haber omitido su deber de19

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los derechos fundamentales al debido proceso, a ocupar cargos públicos y de petición, por presuntamente haber omitido su deber de19

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resolver el recurso de reposición que este interpuso contra la Resolución CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, mediante la cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de Juez Penal de Circuito.

La Sala observa que, en el presente caso se cumple con el requisito de la subsidiariedad, comoquiera que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, cuando el asunto deviene de una presunta falta de resolución del recurso de reposición interpuesto contra el puntaje de l a prueba de aptitudes y conocimientos, el asunto es susceptible de protección a través de la acción de tutela, en la medida en que se relaciona directamente con el derecho de petición.

En efecto, la Corte Constitucional en sentencia T -682 de 2017 4, dispuso lo siguiente:

“[…] Conforme con lo expuesto, la acción de tutela es el mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos administrativos ante las autoridades. Por tanto, la no resolución adecuada de cualquiera de aquellos recursos, faculta al juez de

idóneo y eficaz para garantizar la protección del derecho fundamental de petición, del cual hacen parte los recursos administrativos ante las autoridades. Por tanto, la no resolución adecuada de cualquiera de aquellos recursos, faculta al juez de

4 M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.20

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 110010315000-2023-01277-01

ACTOR: ÉDGAR MAURICIO CASTAÑEDA PIÑEROS

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tutela para corregir tal actuación.

El derecho de petición se vulnera cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa no se resuelven de acuerdo con los parámetros que esta Corporación ha señalado en relación con el alcance de este derecho. Reiteración de jurisprudencia.

14. El derecho de petición se encuentra consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, precepto que indica que toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.

Esta Corporación con relación al derecho de petición, ha establecido que no solamente comprende la prerrogativa de obtener una pronta resolución a la solicitud por parte de las autoridades a quienes es formulada, sino que correlativamente implica la obligación por parte de éstas de resolver de fondo, de manera clara y congruente lo solicitado5.

15. Ahora bien, con respecto al tema concerniente a sí los recursos interpuestos en la vía gubernativa y no decididos por la

obligación por parte de éstas de resolver de fondo, de manera clara y congruente lo solicitado5.

15. Ahora bien, con respecto al tema concerniente a sí los recursos interpuestos en la vía gubernativa y no decididos por la administración son o no equivalentes a una petición en los términos del artículo 23 de la Constitución Política, la Corte Constitucional, en reiteradas ocasiones, ha señalado que su no tramitación en los términos legales y jurisprudenciales establecidos, vulnera el derecho fundamental de petición6.

[…]

Lo anterior se infiere porque al interponer los recursos de reposición y apelación se está presentando una petición respetuosa con e l fin de obtener, ya sea, la aclaración, modificación o revocación de un acto administrativo, en consecuencia, la administración tiene el deber de resolverlos oportunamente, de manera suficiente, efectiva y congruente con lo solicitado, de lo contrario se vulneraría el núcleo esencial del derecho de petición.

16. Ahora b