CE - 110010315000202301285011SENTENCIA20230710211707

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-01285-01 – Acumulados: 11001-03-15-000-2023-01275 y 11001-03-15-000-2023-01355

Demandante: Juan Manuel Álvarez Villegas y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA ACUMULADA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01285-01

Acumulados: 11001-03-15-000-2023-01275 11001-03-15-000-2023-01355

Demandante: Juan Manuel Álvarez Villegas y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta

Temas: Solicitud de tutela acumulada contra providencia judicial que negó las pretensiones en proceso de nulidad electoral / defectos sustantivo o material y desconocimiento del precedente jurisprudencial / independencia y autonomía del juez natural

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la s impugnaciones presentadas por los señores Juan Manuel Álvarez Villegas, Gabriel Antonio Penilla Sánchez y Carlos Alfredo Crosthwaite, en escritos separados, contra la sentencia de l Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección

Decide la Sala la s impugnaciones presentadas por los señores Juan Manuel Álvarez Villegas, Gabriel Antonio Penilla Sánchez y Carlos Alfredo Crosthwaite, en escritos separados, contra la sentencia de l Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, proferida el 24 de abril de 2023 que, por un lado, decl aró improcedente las solicitudes de amparo frente a los cargos por violación directa de la Constitución y defecto procedimental, y, por otro, negó lo pretendido respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial.

1. Antecedentes

1.1. Las demandas

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, los señores Juan Manuel Álvarez Villegas, Gabriel Antonio Penilla Sánchez y Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro , a través de escritos separados y actuando en nombre propio , promovi eron demanda, en orden a que se tutelen sus derechos2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01285-01 – Acumulados: 11001-03-15-000-2023-01275 y 11001-03-15-000-2023-01355

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fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron al unísono, invalidar o dejar sin efectos la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida en el radicado acumulado 11001justicia.

Como consecuencia de lo anterior, solicitaron al unísono, invalidar o dejar sin efectos la sentencia del 16 de febrero de 2023, proferida en el radicado acumulado 1100103-28-000-2022-00002-00; 11001 -03-28-000-2022-00003-00; 11001 -03-28-0002022-00006-00, por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, en consecuencia, se le ordene a esta corporación que, en un plazo no mayor a cuarenta y ocho ( 48) horas, profiera un nuevo fallo en el que declare la nulidad del Acuerdo número 037 del 4 de noviembre de 2021 a través del cual el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER —, designa al señor Julio César Gómez Salazar, como su director general.

Subsidiariamente, solicitaron «que [si] existen otros medio s de defensa ordinarios o extraordinarios, se tenga la presente acción de tutela como mecanismo transitorio; por causar un perjuicio irremediable (…)»

1.1.2. Los hechos

Los accionantes narraron como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 24 de julio de 2020 el aspirante Gabriel Antonio Penilla Sánchez presentó recusación fundada en la existencia de un conflicto de intereses respecto de siete de los trece integrantes del Consejo Directivo de la CARDER.

1. El 25 de julio de 2020, m ediante Acuerdo 015 el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER — (en adelante CARDER), designó como director general al señor Julio César Gómez Salazar ,

1. El 25 de julio de 2020, m ediante Acuerdo 015 el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER — (en adelante CARDER), designó como director general al señor Julio César Gómez Salazar , decisión que fue anulada por el Consejo de Estado.

Iii )El 4 de no viembre de 2021 el Consejo Directivo de la CARDER, a través del Acuerdo número 037, designó al señor Julio César Gómez como director general; acto administrativo que fue demandado por los señores Juan Manuel Álvarez Villegas, Michel Wadih Kafruni Marín, Ga briel Antonio Penilla Sánchez,3

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(coadyuvante) Carlos Alfredo Crostwaite Ferro, con el objeto de obtener la nulidad de la elección de aqu él, teniendo en cuenta que «dicho acto también se encuentra viciado de nulidad, toda vez que, al haberse retrotra ído el proceso hasta antes del momento de la designación del director general a través del Acuerdo 015 del 25 de julio de 2020, el proceso administrativo sólo podía sanearse dando trámite a las recusaciones presentadas por el señor Penilla Sánchez el 24 de julio de 2020, antes de la nueva elección del director general de la CARDER».

julio de 2020, el proceso administrativo sólo podía sanearse dando trámite a las recusaciones presentadas por el señor Penilla Sánchez el 24 de julio de 2020, antes de la nueva elección del director general de la CARDER».

1. El 16 de febrero de 2023 el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó las pretensiones de nulidad electoral al considerar fundamentalmente que para el momento en que fue expedido el Acuerdo 037 de 2021 (acto demandado en este proceso), la integración del Consejo Directivo había cambiado y la recusación formulada sólo se refería a cuatro de los trece integrantes activos de ese cuerpo colegiado. Por lo tanto, dado que la elección del d emandado fue unánime, incluso de haberse separado los cuatro consejeros recusados por el señor Penilla Sánchez del proceso eleccionario, el voto favorable de los nueve integrantes restantes era suficiente para tener por válida la decisión.

1.1.3. Los defectos invocados

En los escritos de tutela acumulados, los acc ionantes advierten que en su sentir la sentencia del 16 de febrero de 2023 a través del cual el Consejo de Estado, Sección Quinta, negó las pretensiones de nulidad formuladas contra la elección del señor Julio César Gómez Salazar como director general de la CARDER, contenida en el Acuerdo No. 037 de 2021 , les vulneró los derechos fundamentales atrás reseñados al incurrir en las siguientes causales de procedibilidad:

1. Violación directa de la Constitución, por cua nto actuó al margen del procedimiento establecido en el proceso electoral especialmente, lo contemplado en el artículo 12

al incurrir en las siguientes causales de procedibilidad:

1. Violación directa de la Constitución, por cua nto actuó al margen del procedimiento establecido en el proceso electoral especialmente, lo contemplado en el artículo 12 del CPACA., referente al trámite de las recusaciones. Adicionalmente, desconoce los principios de igualdad, legalidad, transparencia e imparcialidad y, por ende, el debido proceso.4

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1. Desconocimiento del precedente jurisprudencial horizontal, por cuanto son múltiples las decisiones del Consejo de Estado en casos análogos referente a directores de Corporaciones Autónomas Regionales, en los que se ha precisado la obligatoriedad que tienen los Consejos Directivos de las Corporaciones A utónomas Regionales de acatar lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 en lo relacionado al trámite de las recusaciones presentadas en los procesos eleccionarios de director, especialmente el establecido en las siguientes providencia s proferidas

por la Sección Quinta: a) la del 1 de febrero de 2018, dentro del radicado 11001 -0328-000-2016-00083-00 ( acumulado 2016 -00082-00, 2017 -00007-00 y 2017 -0000800); b) del 16 de septiembre de 2021, radicado 11001-03-28-000-2016-00083-00 (Acumulado 2016-00082-00, 2017-00007-00 y 2017-00008-00); c) del 23 de junio de 2016 radicado: 11001 -03-28-000-2016-00008-00; d) del 4 de agosto de 2018 en el radicado 11001 -03-28-000-2015-00054-00 y e) del 17 de junio de 2021 dentro del radicado 11001 -03-28-000-2019-00061-00, (acumulados: 11001 -03-28-000-201900062-00, 11001-03-28-000-2019-00089-00).

1. Agrega que la decisión cuestionada debe dejarse sin efectos y, en consecuencia, declararse la nulidad del Acuerdo número 037 del 4 de noviembre de 2021, dado que a todas luces y, de acuerdo por lo establecido por la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, su génesis desconoció lo preceptuado en el art ículo 12 de la Ley 1437 de 2011. Lo anterior, en atención a que la circunstancia de que los trece consejeros de la CARDER, al tener la competencia suspendida, con ocasión de la recusación formulada por el aspirante Gabriel Antonio Penilla Sánchez, en contra de cuatro de ellos , impedía reanudar el proceso de elección h asta tanto aquellas no

trece consejeros de la CARDER, al tener la competencia suspendida, con ocasión de la recusación formulada por el aspirante Gabriel Antonio Penilla Sánchez, en contra de cuatro de ellos , impedía reanudar el proceso de elección h asta tanto aquellas no fueran resueltas; por tanto, el juez electoral no podía pasar por alto que el referido vicio cuenta con entidad suficiente para afectar la elección objeto de demanda.

1. Igualmente, resulta inaceptable lo manifestado por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo que aquí nos ocupa, en relación a que , aún cuando los cuatro consejeros recusados estuviesen apartados para deliberar y decidir sobre la elección del director de la CARDER, todavía quedaba quórum para el efecto, pues ese criterio desconoce que los restantes nueve consejeros tenían suspendida temporalmente la competencia hasta tanto no se deci diera la recusación formulada en contra de aquellos.5

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1. Defecto material o sustantivo, al presentarse una evidente contradicción entre los fundamentos del fallo y la decisión; comoquiera que se abst uvo de valorar plenamente las consecuencias jurídicas que traía la irregularidad relativa al trámite de la recu sación formulada por el señor Penilla Sánchez, ocasionada por el ac tuar

fundamentos del fallo y la decisión; comoquiera que se abst uvo de valorar plenamente las consecuencias jurídicas que traía la irregularidad relativa al trámite de la recu sación formulada por el señor Penilla Sánchez, ocasionada por el ac tuar irregular del Consejo directivo de la CARDER, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, que ordena la suspensión de la actuación administrativa, hasta tanto se resuelvan de fondo las recusaciones presentadas.

1. Defecto fáctico, ante el evidente yerro en que incurrió la providencia cuestionada al considerar que la irregularidad relativa al trámite de la recusación formulada por el señor Perilla Sánchez carec e de entidad suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad del acto de elección demandado, pues con ello dio validez a los votos de los cuatro consejeros recusados y de los nueve restantes que tenían suspendida la competencia para deliberar y decidir lo correspondiente.

1. Defecto procedimental absoluto, toda vez que se aparta de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, y, por ende , del artículo 29 superior, en atención a que desconoce el procedimiento ordenado en la ley en materia de recusaciones.

1. El señor Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, adicionó la acción de tutela, para que se tengan en cuenta como vulnerados los derechos políticos previstos en el artículo 10 de la Constitución Política . Sobre el defecto procedimental absoluto indica que el artículo 287 del CPACA, no resulta ba aplicable por regular un asunto relativo a la nulidad de actos de elección popular ; frente al defecto fáctico, señala que con

10 de la Constitución Política . Sobre el defecto procedimental absoluto indica que el artículo 287 del CPACA, no resulta ba aplicable por regular un asunto relativo a la nulidad de actos de elección popular ; frente al defecto fáctico, señala que con ocasión a lo anterior el fallo censurado adolec e de falsa motivación; y, en cuanto al defecto material o sustantivo , aduce que existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión tomada, que modifica el precedente jurisprudencial en la materia.

1.2. Actuación Procesal

1.2.1. Mediante auto del 17 de marzo de 2022 , el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, admitió la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01285-00,6

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en la que figura como accionante el señor Juan Manuel Álvarez Villegas y, en consecuencia, se ordenó notificar del proveído a los magistrados que integran la Sección Quinta del Consejo de Estado , como demandado s, y como terceros con interés directo a los señores Michel Wadih Kafruni Marín, Gabriel Antonio Penilla Sánchez y C arlos Alfredo Crosthwaite Ferro, así como al director general y a los

Sección Quinta del Consejo de Estado , como demandado s, y como terceros con interés directo a los señores Michel Wadih Kafruni Marín, Gabriel Antonio Penilla Sánchez y C arlos Alfredo Crosthwaite Ferro, así como al director general y a los miembros del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda, toda vez que intervinieron en el proceso de nulidad electoral con radicado 11001 -0328-000-2022-00002-00, que dio origen a la demanda tutelar.

1.2.2. El 24 de marzo de 20 23, se decretó la acumulación de la acción de tutela 11001-03-15-000-2023-01275-00, interpuesta por el señor Gabri el Antonio Penilla Sánchez y se decidió suspender la relacionada en el numeral ante rior, hasta que se encuentren en igual etapa procesal, por lo que, se admitió la solicitud de amparo.

1.2.3. A través de providencia del 31 de marzo de 2023 , se resolvió decretar la acumulación del proceso 11001 -03-15-000-2023-01355-00, en la que figura como demandante el señor Carlos Alfredo Crosthwaite Ferro, y, una vez se dispuso la admisión de la acción de tutela, repitió las disposiciones previstas en la primera.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Consejo de Estado, Sección Quinta

El magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, en principio se pronunció respecto de las acciones de tutela 2013-01285-00 y 2023-1275-00 y, posteriormente, con ocasión de la acumulación se refirió a todos los radicados y, en lo esencial , adujo que i) no se

acciones de tutela 2013-01285-00 y 2023-1275-00 y, posteriormente, con ocasión de la acumulación se refirió a todos los radicados y, en lo esencial , adujo que i) no se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, relativos a la subsidiariedad y a la relevancia constitucional del asunto; y ii) no se configura ninguno de los vicios o defectos alegados por los accionantes en sus escritos iniciales, toda vez que:

1. En el presente caso no se cumple el presupuesto de procedibilidad en comento, toda vez que lo que pretende el accionante es traer nuevamente, ahora en sede constitucional, los mismos argumentos que, si bien se encontraron acertados en7

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relación con la configuración de una irr egularidad en el trámite de las recusaciones formuladas durante el proceso que concluyó con la expedición del acto demandado, no resultaron suficientes dentro del proceso de nulidad electoral para soportar la anulación pretendida.

1. No existió violación directa de la Constitución Política por una presunta inadecuada aplicación del artículo 12 del CPACA, pues con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales elaborados por la Sección Quinta del Consejo de Estado a partir de

1. No existió violación directa de la Constitución Política por una presunta inadecuada aplicación del artículo 12 del CPACA, pues con fundamento en los desarrollos jurisprudenciales elaborados por la Sección Quinta del Consejo de Estado a partir de dicha disposición, la sentencia objeto de censura estableció que, en el caso estudiado se configuró una irregularidad consistente en un indebido trámite de la recusación interpuesta contra cuatro de los integrantes que, al momento de la elección, seguían formando parte del Consejo Directivo de la CARDER.

1. Adicionalmente, adujo que la manera en que se adelantó el trámite en comento implicaba la necesidad de resolverla nuevamente, previo a la elección del director general de la entidad ; no obstante, se encontró que la misma no resultaba suficiente para acoger la pretensión anulatoria, toda vez que, de acuerdo con lo señalado en el artículo 287 del CPACA, la existencia de una inconsistencia como la mencionada no era suficiente para ello por cuanto se ha ce indispensable establecer su incidencia en el resultado final de la elección.

1. Tampoco se configuró un desconocimiento del precedente jurisprudencial , dado que las sentencias que los accionantes citan, respecto de esta causal, se fundaron en circuns tancias fácticas diferentes, pues, por un lado, en algunos asuntos se estableció que irregularidades como la aquí alegada sí tuv ieron incidencia en el quórum del órgano colegiado para deliberar y decidir sobre la elección y, por otro, en otros casos no se advirtió la presencia del vicio formal, mientras que en la providencia acusada, se determinó que de los trece integrantes del Consejo Directivo

quórum del órgano colegiado para deliberar y decidir sobre la elección y, por otro, en otros casos no se advirtió la presencia del vicio formal, mientras que en la providencia acusada, se determinó que de los trece integrantes del Consejo Directivo de la CARDER que votaron unánimemente por el accionado en el proceso de nulidad electoral, solo cuatro tenían vedada su participación en el proceso, por lo que los nueve restantes podían válidamente deliberar y decidir sobre la elección.

1. Finalmente frente a las demás causales de procedibilidad alegadas , en la medida que se fincan en el alcance brindado en la sentencia al artículo 12 del CPACA , se8

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tiene que la parte accionante, respecto de los defectos: a) procedimental absoluto, se abstiene de indicar cuál disposición relativa al trámite del proceso de nulidad electoral bajo examen fue desconocida; b) tampoco refiere , frente al defecto fáctico, la omisión de análisis de alguno de los elementos probatorios, o que se haya efectuado una indebida valoración probatoria y, c) respecto del defecto sustantivo, expresa que se analizó la norma en mención y no se encontró acreditada la existencia de una irregularidad procedimental.

1.4. Intervenciones

expresa que se analizó la norma en mención y no se encontró acreditada la existencia de una irregularidad procedimental.

1.4. Intervenciones

1.4.1. De la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER —

Por intermedio de apoderado la CARDER, después de advertir la existencia de d os acciones de tutela idénticas, manifestó que la sentencia objeto de controversia encontró acreditada la irregularidad, pero no as í su incidencia en el resultado de la elección, pues en este caso, solo eran cuatro de los trece miembros del consejo directivo los recusados, por lo tanto, no se afectaba el quorum deliberatorio y decisorio, de tal forma que la Sección Quinta del Consejo de E stado, no incurrió en los defectos alegados por los accionantes.

1.4.2. Del Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda — CARDER —

La abogada Luisa María José Peña Monsalve , en calidad de apoderad a judicial del cuerpo colegiado , en su intervención , se opuso a las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la sentencia del 16 de febrero de 2023 no constituye amenaza o vulneración de ningún derecho fundamental de la parte accionante y tampoco desconoc ió el precedente jurisprudencial . Por ello, s olicitó declararla improcedente, en tanto con su ejercicio se busca reabrir un debate legal.

1.4.3. Otras intervenciones

A través de memorial , el señor Gabriel Antonio Penilla coadyuvó la acción de tutela 2023-01285 y, concluyó, que el Acuerdo 037 del 4 de noviembre de 2021, se expidió9

A través de memorial , el señor Gabriel Antonio Penilla coadyuvó la acción de tutela 2023-01285 y, concluyó, que el Acuerdo 037 del 4 de noviembre de 2021, se expidió9

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incurso en defecto procedimental al no dar trámite a la recusación presentada en los términos del artículo 12 de la Ley 1437 de 201 1, por lo que la sentencia cuestionada adolece de los defectos alegados en la solicitud de amparo.

El señor Juan Manuel Álvarez Villegas, por un lado, presentó escrito en el que se pronunció sobre la contestación de la acción de tutela efectuada por la Sección Quinta del Consejo de Estado y, por otro, expresó que actuaba como tercero con interés.

1.5. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , a través de sentencia del 24 de abril de 2023 , por una parte, declaró improcedente las solicitudes de amparo frente a los cargos por violación directa de la Constitución y defecto procedimental, y, por otr a parte, negó lo pretendido respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial. y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

frente a los cargos por violación directa de la Constitución y defecto procedimental, y, por otr a parte, negó lo pretendido respecto del desconocimiento del precedente jurisprudencial. y, para el efecto, expuso los siguientes argumentos:

1. La solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, pues se pretende con ella convertir este valioso mecanismo de protección de los derechos fundamentales en una instancia adicional del proceso ordinario de nulidad electoral, improcedencia que se configura independientemente de que este hubiera sido tramitado en única instancia. En ese sentido, expresa que se busca un nuevo examen de los cargos propuestos en la demanda electoral, respecto de los cuales la sentencia del 16 de febrero de 2023, recono ció la existencia de la irregularidad por incumplimiento del artículo 12 del CPACA, pero se resolvió que la misma no tenía incidencia alguna en el acto de designación del señor Julio César Gómez Salazar como director general de la CARDER, toda vez que la recusación fue presentada en contra de cuatro de los trece miembros del consejo directivo que suscribieron unánimemente el acto electoral. De manera que, aun cuando hubieran sido separados del grupo de electores, no h abría existido una decisión diferente a la de elegir al señor Gómez

Salazar.

1. La tesis expuesta y reiterada por la Sección Quinta de esta Corporación, precisamente está plasmada en las sentencias que invoca la parte actora como10

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desconocidas sin que, en el caso particular, más allá de la supu esta violación de los artículos 29 y 209 de la Constitución Política, se argumentara de manera alguna cuál era la incidencia de la irregularidad alegada . S i bien, en dichas providencias se accedió a las pretensiones de nulidad electoral propuesta en cada u no de los asuntos, lo cierto es que ello obedeció a la argumentación del caso concreto, por lo que no representan un precedente aplicable.

1. Lo que existe en el presente caso es una discrepancia de criterio de la parte actora con la providencia demandada, diferencia que, en sentir de la Sala, no constituye razón suficiente ni valedera para que el juez de tutela intervenga, toda vez que frente a los car gos por violación directa de la Constitución y defecto procedimental no se cumple el requisito de relevancia constitucional, y no se logró demostrar la configuración del desconocimiento del precedente jurisprudencial.

1. Teniendo en cuenta que el señor C arlos Alfredo Crosthwaite Ferro, en memorial presentado el 10 de abril de 2023, manifestó que adicionaba la demanda para responder así a la contestación presentada por la autoridad judicial accionada, conviene señalar que no es de recibo que, con posterior idad a la admisión de las tutelas, las partes varíen los argumentos de la demanda, pues estas nuevas razones no pudieron ser controvertidos por la contraparte oportunamente. Con todo, de

conviene señalar que no es de recibo que, con posterior idad a la admisión de las tutelas, las partes varíen los argumentos de la demanda, pues estas nuevas razones no pudieron ser controvertidos por la contraparte oportunamente. Con todo, de aceptarse este supuesto, se convertiría el trámite de la tutela en un ciclo interminable de contestaciones entre las partes. En consecuencia , no resulta viable estudiar los nuevos cargos relacionados con «falsa motivación» y el desconocimiento de precedentes distintos a los ya invocados.

1.6. Impugnaciones

1.6.1. El señor Gabri el Antonio Penilla Sánchez , presentó escrito de impugnación contra la anterior decisión, en la que solicitó revocar la sentencia del 24 de abril de 2023 y, en consecuencia, amparar los derechos fundamentales alegados como desconocidos por los accionantes, para lo cual reiteró los argumentos que expuso en el concepto que rindió en la respectiva oportunidad y agregó lo siguiente.11

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01285-01 – Acumulados: 11001-03-15-000-2023-01275 y 11001-03-15-000-2023-01355

Demandante: Juan Manuel Álvarez Villegas y otro

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1. Teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, es una obligación de carácter constitucional entrar a conocer de fondo la acción de tutela e invalidar el fallo por

1. Teniendo en cuenta que le corresponde al juez de tutela el deber de salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos, es una obligación de carácter constitucional entrar a conocer de fondo la acción de tutela e invalidar el fallo por existir mérito para ello, cuando, como el caso que no s ocupa, la Sección Quinta del Consejo de Estado yerra en su decisión.

1. El hecho de no respetarse el procedimiento previamente establecido ante una recusación que suspende ipso facto la actuación administrativa de elección o designación del candidato hasta tanto la misma se resuelve por el competente, ocasiona un perjuicio irremediable a sus derechos fundamentales, a la administración de justicia y a la carta política, pues se afecta el interés público , y la tes is jurisprudencial aplicada, da pie a un «Estado de barbarie».

1. La sentencia impugnada debió analizar de fon do la acción de tutela, por cumplir con los requisitos de la sentencia SU -390 de 2005 y SU -128 de 2021, aunado a que cuenta con la debida relevancia constitucional, en tanto que recae sobre la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido pr oceso y a la igualdad; por tanto, no es cierto que la acción de tutela carezca de los requisitos generales exigidos para su procedencia, pues ello se desprende del contenido de los escrito s de tutela.

Además, tampoco lo es cierto que lo pretendido verse en que se examinen los cargos que se propusieron en el proceso ordinario, comoquiera que , si bien la providencia censurada reconoce una serie de irregularidades, en virtud del artículo 12 del CPACA, se observa que aplicó una norma procesal que no regula el caso

cargos que se propusieron en el proceso ordinario, comoquiera que , si bien la providencia censurada reconoce una serie de irregularidades, en virtud del artículo 12 del CPACA, se observa que aplicó una norma procesal que no regula el caso concreto, esto es, el artículo 287 ibídem.

1. Los precedentes citados como desconocidos, dejan claro que ante una solicitud de recusación, la actuación debe suspenderse, por tal razón, la irregularidad establecida en el proceso ordinario, por encontrarse viciada, afecta el acto de elección el que debió ser declarado nulo.

1. Pasa por alto el fallo