CE - 110010315000202301342011SENTENCIASENTENCIA20230928165928

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

Demandante: Katherin Medina Castro y otros

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01342-01 (Acumulados 11001-03-15-0002023-01335-00, 11001-03-15-000-2023-01341-00, 11001-03-15-0002023-01346-00, 11001 -03-15-000-2023-01336-00 y 11001 -03-15000-2023-01334-00) Demandante KATHERIN MEDINA CASTRO Y OTROS Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Nivelación salarial Secretaría de Educación Municipal de Ibagué. Defectos por desconocimiento del precedente, fáctico , sustantivo y por violación directa de la Constitución Política. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores Katherine Medina Castro, Adriana Liuliette Cifuentes González, Juan Camilo Carvajal Reina, Wilmer Obdulio

Constitución Política. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por los señores Katherine Medina Castro, Adriana Liuliette Cifuentes González, Juan Camilo Carvajal Reina, Wilmer Obdulio Rodríguez Leal, Lorena Constanza Tovar Grisales y Alix Mendoza Gómez contra la sentencia de 22 de ju nio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que dispuso: “[…] Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Katherin Medina Castro, Adriana Liuliette Cifuentes González, Juan Camilo Carvajal Reina, Wilmer Obdulio Rodríguez Leal, Lorena Constanza Tovar Grisales y Alix Mendoza Gómez, en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo del Tolima, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. […]”

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 14 de marzo de 20231, la señora Katherine Medina Castro interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d el Tolima por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y a la seguridad jurídica con la sentencia del 20 de octubre de 2022 proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro. 73001-33-33-753-2015-00190-00. Se precisa que en idénticos términos se formularon las pretensiones de las demás acciones de tutela que fueron acumuladas al proceso de la referencia.2

En consecuencia, los tutelantes formularon las siguientes pretensiones:

formularon las pretensiones de las demás acciones de tutela que fueron acumuladas al proceso de la referencia.2 En consecuencia, los tutelantes formularon las siguientes pretensiones: “Con fundamento en los hechos y argumentos relacionados, solicito (sic) disponer y ordenar a la parte accionada y a favor mío, lo siguiente.

1 Samai, índice 2. 2 Procesos acumulados: 11001 -03-15-000-2023-01335-00, 11001-03-15-000-2023-01341-00, 11001-03-150002023-01346-00, 11001-03-15-000-2023-01336-00 y 11001-03-15-000-2023-01334-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

Demandante: Katherin Medina Castro y otros

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co PRIMERA: Decrétese el amparo de los derechos fundamentales al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD JURIDICA, VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN ART. 53.

SEGUNDA: Declarar que el fallo del día 20 de octubre de 2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima, Magistrado ponente Doctor LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de YAQUELINE LOERO OVIEDO y otros contra el Municipio de Ibagué. Rad: 730013333753201500190001, constituye

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de YAQUELINE LOERO OVIEDO y otros contra el Municipio de Ibagué. Rad: 730013333753201500190001, constituye una vía de hecho violatoria de los DERECHOS FUNDAMENTALES AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUAL DAD, AL TRABAJO, A LA SEGURIDAD JURIDICA, VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCIÓN ART 53.

TERCERA: Se deje sin efecto la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo Del Tolima, emitida el 20 de octubre de 2022, por el Magistrado Ponente LUÍS EDUARDO COL LAZOS

OLAYA.

CUARTA: se ordene AL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Magistrado Ponente Doctor LUÍS EDUARDO COLLAZOS OLAYA, a que profiera sentencia en el sentido de valorar correctamente la prueba aportada y recaudada dentro de la actuación procesal; lo anterior teniendo en cuenta los precedentes jurisprudenciales que sobre el tema ha tenido este mismo órgano y la H. Corte Constitucional, y que propenda por la prevalencia de los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, y al debido proceso, por la configuración del defecto sustancial, y por consiguiente, se accede a las pretensiones de la demanda y se de aplicación al principio de la favorabilidad.

QUINTA: Que se prevenga al accionado, Tribunal Administrativo del Tolima, que en lo sucesivo y en similares situaciones jurídicas, no vuelva a incurrir en las acciones, decisiones u omisiones que dieron mérito para presentación de la tutela y que, si procediere de modo contrario, será sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del decreto 2591

u omisiones que dieron mérito para presentación de la tutela y que, si procediere de modo contrario, será sancionado de acuerdo con lo establecido en el artículo 53 del decreto 2591 de 1991 que dice: SANCIONES PENALES : “El que incumpla el fallo de tutela o el Juez que incumpla las funciones que le son propias de conformidad con éste decr eto, incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevarica por omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar. También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la omisión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte.” (Sic a toda la cita)

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. La señora Katherin Medina Castro y otros3, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandaron al Municipio de Ibagué, Secretaría de Educación , con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos administrativos que negaron a los demandantes el reconocimiento y pago de la diferencia salaria l y prestacional, en razón a la solicitud de homologación y nivelación salarial pretendida entre el cargo de técnico operativo, código 314, grado 04 (planta de cargos del municipio de Ibagué - Secretaría de Educación), respecto del técnico operativo , código 314, grado 09 (planta de cargos de las Instituciones educativas del municipio de Ibagué), desde la fecha de vinculación y posesión en los cargos de los cuales son titulares.

3 Demandantes del proceso ordinario: Yaqueline Lotero Oviedo, Juan Camilo Carvajal Reina, Ana María

desde la fecha de vinculación y posesión en los cargos de los cuales son titulares.

3 Demandantes del proceso ordinario: Yaqueline Lotero Oviedo, Juan Camilo Carvajal Reina, Ana María Pinzón Lozano, Juan Carlos Rueda Bermúdez, Lorena Constanza Tovar Grisales, Alix Mendoza Gómez, Adriana Cifuentes González, Yenny Carolina Echeverry Herrada, Sixto Páez Rodríguez y Wilmer Obdulio

Rodríguez Leal.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

Demandante: Katherin Medina Castro y otros

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.2. Del proceso ordinario 4, conoció en primera instancia el Juzgado Sexto Administrativo de Ibagué, autoridad que a través de sentencia del 8 de mayo de 2020 accedió a las pretensiones de los demandantes y condenó al municipio de Ibagué a reconocer y pagar en favor de los demandantes la diferencia salarial y prestacional generada entre el cargo de técnico operativo grado 04 y el cargo de técnico operativo grado 09 homologado, a partir de la fecha de vinculación. 2.3. Contra la anterior decisión la entidad demandada interpuso recurso de apelación, correspondiéndole conocer en segunda insta ncia al Tribunal Administrativo del Tolima que, mediante sentencia del 20 de octubre de 2022 revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. La anterior decisión se fundamentó en que, cuando se adoptó la nueva planta de personal en la Secretar ía de Educación del municipio de Ibagué, se

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda. La anterior decisión se fundamentó en que, cuando se adoptó la nueva planta de personal en la Secretar ía de Educación del municipio de Ibagué, se homologó y niveló salarialmente los cargos administrativos de la Secretaría de Educación y de los establecimientos educativos del Municipio de Ibagué, financiados con recursos del Sistema G eneral de Participación (SGP), de manera que cuando el personal fue trasladado en virtud de proceso de la descentralización administrativa de la educación continuaron gozando de un mayor salario, porque: (i) tenían un derecho adquirido; (ii) la entidad territorial no podía desmejorar sus condiciones laborales, y (iii) así lo había avalado el Ministerio de Educación, quien basándose en un concepto proferido por el Consejo de Estado, emitió una directriz ordenando la preservación de las nivelaciones ejecutada s en cumplimiento de órdenes judiciales como una medida especial y transitoria, mientras dichas personas permanecieran en sus cargos. En ese sentido, dijo que conforme la constancia de talento humano de la Secretaría de Educación de Ibagué, el cargo de Téc nico Operativo, Código 314, Grado 04, ocupado por los demandantes, se había dado por el proceso de modernización llevado a cabo por el Ministerio de Educación y que ese era un proceso distinto al proceso de descentralización sobre el que fue dado el cargo de Técnico Operativo, Código 314, Grado 09 homologado, de manera que para el tribunal, el régimen salarial aplicable a los demandantes era el que en virtud de su autonomía fijó la entidad demandada, y que no eran acreedores

cargo de Técnico Operativo, Código 314, Grado 09 homologado, de manera que para el tribunal, el régimen salarial aplicable a los demandantes era el que en virtud de su autonomía fijó la entidad demandada, y que no eran acreedores del que se fijó conforme al proceso de homologación y nivelación salarial.

3. Fundamentos de la acción La parte actora consideró que, con la decisión del 20 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, se incurrió en los defectos por desconocimiento del precedente, sustantivo, fáctico, y por violación directa de la Constitución Política. Los argumentos que presentó fueron los siguientes: 3.1. Desconocimiento del precedente: Por omitir la aplicación de precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y la Corte Constitucional 5

4 Proceso de nulidad y r establecimiento del derecho radicado con el Nro. 73001-33-33-753-2015-00190-00 /01. 5 Sentencias T-601 de 1999, T-1048 de 2008, T-369 de 2016 de la Corte Constitucional; y, las sentencias del 13 de febrero de 2014, radicado Nro. 05001 -23-31-000-2006-02895-01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve, y del 9 de diciembre de 2019, C.P. William Hernández Gómez (no mencionó radicado) de la Sección Segunda del Consejo de Estado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co relacionados con el reconocimiento de diferencias salariales respecto de personal que hizo parte del proceso de descentralización de la educación, e n los cuáles solo se analizó la violación al principio de “a trabajo igual, salario igual”, sin tener en cuenta el origen de su vinculación. 3.2. Defecto sustantivo : Al aplicar de manera equivocada la normatividad que reglamenta el empleo público y la descentralización del servicio de educación para garantizar su prestación. 3.3. Defecto fáctico : Por la i ndebida valoración de las pruebas incorporadas al expediente en las que se acredita su derecho al reconocimiento de la diferencia salarial y prestacional solicitada , de acuerdo con la cantidad de funciones asignadas, que comparadas con las del cargo con el cual se pretende el reconocimiento mencionado, no solo difieren en cantidad, sino en calidad. 3.4. Violación directa de la Constitución Política : Al no aplicar el princ ipio de favorabilidad contenido en el artículo 53 de la norma fundamental y desconocer el principio de “a trabajo igual salario igual”.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. Mediante auto de 17 de marzo de 2023, se admitió la acción de tutela interpuesta por la señora Katherine Medina Castro contra el Tribunal Administrativo del Tolima; se ordenó vincular en calidad de terceros al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al municipio de Ibagué y a los señores Juan Camillo Carvajal Reina, Ana María Pinzón Lozano, Wilmer

Administrativo del Tolima; se ordenó vincular en calidad de terceros al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué, al municipio de Ibagué y a los señores Juan Camillo Carvajal Reina, Ana María Pinzón Lozano, Wilmer Obdulio Rodríguez Leal, Yenny Carolina Echeverry Herrada, Adriana Liuliette Cifuentes González, Yaqueline Lotero Oviedo, Alix Mendoza Gómez, Juan Carlos Rueda Bermúdez, Lorena Constanza Tovar Grisales y Sixto Páez Rodríguez; y se dispuso efectuar las notificaciones correspondientes. 4.2. El municipio de Ibagué6 rindió informe en el que manifestó que no se cumplía con el requisito de inmediatez, en la medida que la decisión era del 20 de octubre de 2022, notificada el 31 de octubre de 2022 a las partes, de manera que había transcurrido un término más que considerable para la interposición de la tutela. También señaló que lo pretendido por la parte actora era reabrir el debate y convertir la tutela en instancia adicional, cuando se habían agotado las etapas procesales respectivas, estando la decisión en firme. Asimismo, manifestó que no se cumplen a cabalidad los requisitos específicos de la tutela contra providencia judicial consagrados en la Sentencia C -590 de

2005. A su vez, consideró que de concederse lo perseguido con la tutela de la referencia se desconocen los principios constitucionales de cosa juzgada y de seguridad jurídica del ente municipal.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción constitucional. 4.3. Los terceros con interés en el resultado del proceso 7 manifestaron que

seguridad jurídica del ente municipal. En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la presente acción constitucional. 4.3. Los terceros con interés en el resultado del proceso 7 manifestaron que coadyuvan las pretensiones y los amparos solicitados, en la medida en que

6 Samai, índice 12, 33 y 35. 7 Samai, expediente Nro. 11001-03-15-000-2023-01342-00, archivos obrantes en los índices 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Personas que solicitaron la coadyuvancia: Wilmer Obdulio Rodríguez, Adriana Cifuentes,Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co hacen parte del grupo demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho prom ovido contra el municipio de Ibagué para obtener el reconocimiento de la diferencia salarial. Asimismo, señalaron que cada uno, en nombre propio ha solicitado el amparo de los derechos fundamentales para que el Tribunal Administrativo del Tolima emita un nuevo pronunciamiento en el que se valore en debida forma el material probatorio. 4.4. El Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué 8 y el Tribunal Administrativo del Tolima9, allegaron copia y enlace de acceso al expediente ordinario, pero guardaron silencio respecto de las pretensiones de la parte actora.

5. Providencia impugnada

Tribunal Administrativo del Tolima9, allegaron copia y enlace de acceso al expediente ordinario, pero guardaron silencio respecto de las pretensiones de la parte actora.

5. Providencia impugnada En sentencia de 22 de junio de 2023 10, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , negó el amparo de los derechos invocados . La autoridad judicial explicó que en el caso no se incurrió en defecto sustantivo, en desconocimiento del precedente ni en violación directa de la Constitución Política, toda vez que el Tribunal Administrativo del Tolima fijó “como marco normativo y juri sprudencial aplicable todos aquellos convenios internacionales sobre trabajo que forman parte del bloque de constitucionalidad, las normas de carácter fundamental preceptuadas en la Constitución Política, así como los diferentes pronunciamientos emitidos p or la Corte Constitucional y el Consejo de Estado para delimitar el concepto y alcance del principio de “a trabajo igual, salario igual”, para descender al estudio de la evolución normativa que ha implicado la descentralización administrativa de la educación para garantizar su prestación.” Respecto del defecto fáctico alegado, precisó que en la providencia cuestionada el Tribunal Administrativo realizó una valoración probatoria profunda y acorde con los lineamientos en que se adelantó el proceso de descent ralización administrativa de la educación, la creación de cargos administrativos financiados por el Sistema General de Participaciones (SGP) en virtud del proceso de modernización del

Ministerio de Educación. Concluyó que lo que existe en el caso en estudio es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela,

General de Participaciones (SGP) en virtud del proceso de modernización del Ministerio de Educación. Concluyó que lo que existe en el caso en estudio es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, toda vez que “aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada cuenta con soporte y está debidamente razo nada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.”

6. Impugnación Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, l a parte accionante impugnó el fallo de primera instancia.

Reiteró los argumentos que sustentan los defectos alegados en la solicitud de amparo, e indicó que el Juez de tutela de primera instancia err ó al considerar que lo pretendido es la aplicación de los decretos que rigieron y conllevaron el proceso de Homologación y Nivelación Salarial en la planta de personal de la Secretaría de

Juan Carlos Rueda Bermúdez, Yaqueline Lotero Oviedo, Lorena Constanza Tovar Grisales, Juan Camilo Carvajal Reina, Sixto Páez Rodríguez, Alix Mendoza Gómez, Yenny Carolina Echeverry Herrada. 8 Samai, índice 9. 9 Samai, índice 11. 10 Samai, índice 46.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Educación de Ibagué, y que se buscaba que se aplicara el mismo régimen salarial. Aclaró que lo pretendido es que se analice si los aquí tutelantes, han sido víctimas de una diferencia salarial injustificada por parte del Municipio de Ibagué a la luz del artículo 53 de la Constitución Política. Consideró que la Subsección B, de la Sección Segunda de esta corporación no realizó un análisis adecuado del defecto fáctico , pues no se verificó que los accionantes tienen a su cargo mayor cantidad de funciones. Insistió en que la sentencia del 2 0 de octubre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Tolima, incurrió en defecto fáctico y violación directa de la Constitución por las mismas raz ones ya expuestas en los antecedentes de la sentencia. Sin embargo, nada dijo sobre el cargo de desconocimiento del precedente que fue alegado en la demanda de tutela y denegado por el a quo. Finalmente, solicitó que se revocara la decisión de primera inst ancia y que, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la acción de tutela.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las

reglamentada por el Decreto 2591 de 199111, fue concebida como un mecanismo para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico Corresponde a la Sala determinar si le asistió razó n al juez de tutela de primera instancia al concluir que el Tribunal Administrativo del Tolima no incurrió en defecto por desconocimiento del precedente y en violación directa de la Constitución Política, respecto de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 , en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 73001-33-33-753-2015-0019000/01, de acuerdo con los fundamentos del escrito de impugnación presentado por los accionantes.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos

11 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los

su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

Demandante: Katherin Medina Castro y otros

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co generales12 y especiales13 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción. De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constit ucional14 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes.

4. Defecto fáctico. La providencia cuestionada no incurrió en este defecto. 4.1. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las

4.1. El defecto fáctico, es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren en el expediente no sea posible, de ninguna manera objetiva y razonable, alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que se cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez para resolver determinado asunto resulta absolutamente inadecuado para el caso concreto. Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria fundada en los principios científicos de la sana crítica, dicho poder no puede ejercerse de manera arbitraria. Para analizar si el jue z natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al juez de tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo que respecta a la apreciación de las pruebas. La Corte Constitucional 15 reconoce dos dimensiones de este def ecto: la dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como por ejemplo, (i) por ignorar o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace del proceso 16;(ii) por decidir sin el apoyo probatorio que permita la apl icación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; o (iii) por no decretar pruebas de oficio en los procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo17.

12 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que

que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo17.

12 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 13 Los requisitos especiales para la pr ocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 14 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R. 15 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002. 16 Cfr. Sentencia C-590 de 2005. 17 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

15 Cfr. Sentencia SU-159 de 2002. 16 Cfr. Sentencia C-590 de 2005. 17 Cfr. Sentencia T-417 de 2008.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01342-01

Demandante: Katherin Medina Castro y otros

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Y la dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si estas resultan determinantes en el sentido de la decisión18; o (v) por decidir con medios de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa la providencia19. El análisis del defecto fáctico debe ser en extremo cauteloso, en procura de no afectar los principios de autonomía e independencia judicial que adquieren significado en actos propios e intrínsecos del juez de la causa, como la valoración de la prueba. Es por ello que la jurisprudencia constitucional ha sido consistente en indicar que, será viable la acción de tutela por defecto fáctico cuando el error en el juicio valorativo del juez de la causa sea “ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”20 Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía

juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”20 Por esto, la Corte ha hecho énfasis en que las discrepancias respecto de la valoración de las evidencias, no amerita por sí misma, la revocación por vía de tutela de la providencia impugnada, pues ello sería tant o como admitir la superioridad del criterio de valoración del juez de tutela respecto del juez natural, en directo menoscabo del principio de autonomía judicial. No pueden reputarse como defecto fáctico, las diferencias en la valoración y apreciación de la prueba, ya que la competencia del juez de tutela está fijada en clave de violación de derechos fundamentales, no de diferencias de juicio o de opinión. 4.2. Advierte la Sala que, los accionantes plantean su desacuerdo con la valoración de las pruebas por parte del