CE - 110010315000202301345011SENTENCIA20230710214826

Consejo de Estado

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Título
CE - 110010315000202301345011SENTENCIA20230710214826
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

1

Radicación 11001-03-15-000-2023-01345-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01345-01

Demandante: Unidad Administrativa Especial d e Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP

Demandado: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil

Temas: Tutela contra decisión administrativa que decidió el conflicto de competencias suscitado entre la UGPP y el Ministerio de Salud y la Protección Social /no se configura la violación del derecho fundamental al debido proceso

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia del 11 de mayo de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado , mediante la cual se negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1.1.1.1. Principales

mediante la cual se negó el amparo solicitado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1.1.1.1. Principales

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social , en adelante UGPP, por intermedio de apoderad o, promovió demanda en orden a que se le tutele su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.2

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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que:

  1. Se deje sin efecto la decisión del 6 de septiembre de 2022 proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del asunto radicado bajo el número 11001 03 06 000 2022 00134 00, por medio de la cual declaró a la UGPP competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión, Civil, Familia, Laboral que, reconoce el pago de unas cesantías a fav or de la señora Aura

Celia Niño Chaparro.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión, Civil, Familia, Laboral que, reconoce el pago de unas cesantías a fav or de la señora Aura Celia Niño Chaparro.

  1. Se ordene a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado dictar nueva «sentencia» ajustada a derecho, en la cual se declare que la UGPP no es competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, ya que no tiene facultades para conocer asuntos que administraba la extinta Caja Nacional de Previsión Social, en adelante Cajanal, en lo relativo al reconocimiento y pago de acreencias laborales.

1.1.1.2. Subsidiarias

Se ampare transitoriamente su derecho fundamental al debido proceso en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional que se invocaron en la providencia del 6 de septiembre de 2022, proferida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, dentro del asunto radicado bajo el número 11001 03 06 000 2022 00134 00

Como consecuencia de lo anterior se suspenda de manera transitoria el citado auto, hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de la orden tutelar.

1.1.2. Los hechos

La entidad accionante, en síntesis, narró como hechos de tutela, los siguientes:3

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  1. La señora Aura Celia Niño Chaparro inició proceso ordinario laboral contra la extinta Cajanal, con el fin de obtener, entre otras, el pago de la liquidación de cesantías correspondiente a los años 1973 a 1984.
  1. El 20 de junio de 20 03 se emitió sentencia de primera instancia por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso que determinó, por un lado, declarar que existió una relación de trabajo entre la demandante Aura Ce lia Niño Chaparro, por lo menos a partir del 1° de febrero de 1985 hasta el 8 de marzo de 1987 y la Notaría Segunda del Circuito de Sogamoso y, por el otro, declaró probada la excepción de prescripción, propuesta por Cajanal, por lo que, en consecuencia, negó todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
  1. El 9 de octubre de 2003 se desató el recurso de apelación en decisión proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral mediante la cual confirmó la vigencia de la relación laboral ; sin embargo, revocó los restantes pronunciamientos y, en su lugar, ordenó: a) condenar a la parte pasiva a cancelar a favor de Aura Ce lia Niño Chaparro por concepto de cesantías la suma de $778.412.31 cantidad indexada y b) declarar parcialmente probada la excepción de cobro de lo no debido.

la parte pasiva a cancelar a favor de Aura Ce lia Niño Chaparro por concepto de cesantías la suma de $778.412.31 cantidad indexada y b) declarar parcialmente probada la excepción de cobro de lo no debido.

  1. En cumplimiento de la orden anterior, se suscitó un conflicto de competencias negativo entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la UGPP, el cual fue resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a través de la decisión del 6 de septiembre de 2022, por la cual se declaró competente a la UGPP para el cumplimiento del fallo del 9 de octubre de 2003.

1.1.3. Los defectos invocados

El ente accionante indicó que se configuró en la decisión del 6 de septiembre de 2022 una vía de h echo, debido a que en esta se determina que la UGPP es la entidad competente para dar cumplimiento al fallo del 9 de octubre de 2003, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral en el cual se condena a Cajanal a pagar a favor de Aura Celia Niño4

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Chaparro, por concepto de cesantías, la suma de $778.412.31, lo cual configuró los siguientes defectos:

1.1.3.1 Material o sustantivo

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Chaparro, por concepto de cesantías, la suma de $778.412.31, lo cual configuró los siguientes defectos:

1.1.3.1 Material o sustantivo

  1. La decisión del 6 de septiembre de 2022, dictada por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al declarar que la UGPP es la entidad competente para responder por la condena impuesta a Cajanal por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión, Civil, Familia, Laboral, en el fallo del 9 de octubre de 2003, desconoció la legislación vigente que no asigna a la UGPP competencias diferentes a las pensionales en el marco del proceso de liquidación de

Cajanal.

  1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 22 del Decreto 2196 del 2009 y el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 los procesos judiciales o demás reclamaciones que no estuvieran enmarcadas dentro de asuntos pensionales asignados a la UGPP no están a cargo de la UGPP y, por el contrario, la primera norma citada, establece una competencia residual en cabeza del hoy Ministerio de Salud y Protección Social la cual consiste en que los procesos administrativos est án a cargo de ese órgano ministerial.
  1. Es decir, el Consejo de Estado a través de la Sala de Consulta y Servicio Civil, no tuvo en consideración que si bien es cierto el Decreto 2196 de 2009 modificado por el Decreto 2040 de 2013 disponía que los procesos judiciales y las demás reclamaciones que estén en trámite serían asumi das por la UGPP, lo cierto es que dichas normas

Decreto 2040 de 2013 disponía que los procesos judiciales y las demás reclamaciones que estén en trámite serían asumi das por la UGPP, lo cierto es que dichas normas hacen una claridad en el sentido de señalar que dichos procesos y reclamaciones sólo los conocería la UGPP en el marco de sus funciones.

  1. En la decisión del 6 de septiembre de 2022 no se efectúo un análisis concreto de cuáles eran las competencias legales que la UGPP debía asumir desde el momento de su creación, es decir, se desconoció el marco trazado en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007

1.1.3.2 Violación directa de la Constitución5

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  1. La decisión del 6 de septiembre de 2022, «condena» a la UGPP a dar cumplimiento a un fallo judicial de contenido económico, lo cual contraría los postulados constitucionales, en concreto, lo dispuesto en el artículo 48, que señala que el Estado tiene la obligación de garant izar la sostenibilidad fi nanciera del sistema pensional y, sucede, que se ordenó el pago las cesantías a favor de la señora Aura Celia Niño Chaparro, con recursos que corresponden al sistema pensional.
  1. La accionada omitió dar aplicación al marco de competencias consignado en el

sucede, que se ordenó el pago las cesantías a favor de la señora Aura Celia Niño Chaparro, con recursos que corresponden al sistema pensional.

  1. La accionada omitió dar aplicación al marco de competencias consignado en el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007 que le atribuye a la UGPP el conocimiento únicamente de derechos pensionales que estuvieron a cargo de las administradoras del régimen de la pr ima media o de las entidades del orden nacional que reconocían prestaciones pensionales.
  1. La asignación de la competencia de la UGPP para reconocer acreencias laborales diferentes a las pensionales conlleva un grave perjuicio para el erario en tanto que se afecta consecuentemente la sostenibilidad financiera del sistema pensional la cual corresponde ser garantizad a por el Estado, de conformidad con el mandato constitucional contenido en el Acto Legislativo 01 de 2005 que mod ificó el artículo 48 de la carta política.
  1. El Consejo de Estado, en sentencia del 13 de febrero de 1992 definió que el fraude a la ley se consuma «al intentar el nacimiento de un derecho a trav és de una norma que no es la correctamente aplicable». A su vez, la Corte Constitucional, en sentencia C-426 de 2002, señala que este ocurre cuando las normas son aplicadas con una interpretación diferente al sentido que se desprende del ordenamiento jurídico, situación que ocurre en el presente caso, al ordenarse por el estrado judicial, que se realice el pago de unas acreencias laborales, bajo unas normas que no son aplicables para la UGPP.

1.4. Actuación procesal

situación que ocurre en el presente caso, al ordenarse por el estrado judicial, que se realice el pago de unas acreencias laborales, bajo unas normas que no son aplicables para la UGPP.

1.4. Actuación procesal

1.4.1. Mediante auto del 22 de marzo de 2023, la magistrada sustanciadora dispuso admitir la demanda presentada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión6

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Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, en ejercicio de la acción de tutela , n egar la medida provisional solicitada y n otificar a los magistrados de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, para que intervengan en la actuación, alleguen las pruebas y rindan los informes que consideren pertinentes.

Igualmente, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Sogamoso, al Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral y a la señora Aura Celia Niño Chaparro. Además, al Ministerio de Salud y Protección Social y al Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia , Protección.

1.5. Contestación de la demanda

1.5.1. De la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

Salud y Protección Social y al Fondo de Pensiones y Cesantías de Colombia , Protección.

1.5. Contestación de la demanda

1.5.1. De la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

El presidente ad hoc de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado solicitó se deniegue el amparo solicitado con fundamento en lo siguiente:

  1. La Ley 6ª de 1945, señaló que Cajanal fue organizada con la finalidad de reconocer y pagar prestaciones tales como la pensión vitalicia de jubilación, pensión de invalidez y auxilio de cesantías de los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.
  1. El Decreto 2196 de 2009, consigna la decisión del Gobierno Nacional de suprimir y liquidar a Cajanal . A su turno, el Decreto 4269 de 2011 , previó unas reglas de distribución de competencias entre la UGPP y Cajanal. En el numeral 1º del artículo 1°

se estableció lo siguiente:

«Atención de solicitudes relacionadas con el reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas. Estarán a cargo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social — UGPP, las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011».

  1. De la no rma citada, se observa que: a) l a distribución de competencias entre la UGPP y Cajanal, en virtud de la liquidación de esta última, no le asigna al Ministerio de Salud y la Protección Social competencias relativas al reconocimiento de derechos7

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UGPP y Cajanal, en virtud de la liquidación de esta última, no le asigna al Ministerio de Salud y la Protección Social competencias relativas al reconocimiento de derechos7

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pensionales ni de prestaciones económicas y b) las prestaciones económicas, distintas de las pensionales, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011, son de competencia de la UGPP.

  1. Por lo anterior, quien tiene la competencia para atender la solicitud de reconocimiento de las cesantías de la señora Niño Chaparro, en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión Civil, Familia, Laboral, es la UGPP, pues dicha solicitud, según obra en el expediente, fue radicada el 27 de octubre de 2021, esto es, con posterioridad al 8 de noviembre de 2011.
  1. No es cierto, como lo señala la UGPP, que el Decreto 2040 de 2011 le asigna al Ministerio de Salud y la Protección Social competencia para el reconocimiento y pago de las reclamaciones económicas a cargo de Cajanal, pues lo que indica el artículo 2° del Decreto 2040 de 2011, que reformó el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, es que a ese ministerio le correspondía atender los procesos administrativos en trámite

del Decreto 2040 de 2011, que reformó el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, es que a ese ministerio le correspondía atender los procesos administrativos en trámite al cierre de la liquidación de Cajanal, más no los judiciales y demás reclamaciones de carácter laboral y contractual.

  1. Es importante precisar que tal como lo señala la UGPP en su escrito de tutela, el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007, en el numeral primero, establece que dicha entidad sólo tendría competencia para el reconocimiento de los derechos pensionales a cargo de Cajanal; no obstante, esa norma, en el inciso cuarto del numeral segundo, prescribe que «la UGPP ejercerá sus funciones de acuerdo con lo que defina la reglamentación que en el ejercicio de sus potestades constitucionales expida el

Gobierno Nacional».

  1. En consecuencia, la Ley 1151 de 2007 fue reglamentada, entre otros, por el Decreto 4269 de 2011, el cual le atribuye a la UGPP competencia para atender «las solicitudes de reconocimientos de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas a partir del 8 de noviembre de 2011».

1.6. Intervenciones8

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1.6.1. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. – Protección S.A.-

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1.6.1. La Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. – Protección S.A.-

El representante legal y judicial de Protección S.A., indicó que se presenta la falta de legitimación en la causa por pasiva al no existir una conexión entre esta entidad con la situación que da origen a la controversia suscitada, por lo que no es posible que el juez de tutela se pronuncie frente a pretensiones respecto de las cuales la administradora no tiene ninguna relación.

1.6.2. De la señora Aura Celia Niño Chaparro

En el escrito de intervención, la señora Aura Celia Niño Chaparro, solicitó se declare que la UGPP vulnera sus derechos fundamentales por no haber dado cumplimiento a la sentencia del 9 de octubre de 2003, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, Sala de Decisión , Civil, Familia, Laboral ni a la decisión del 6 de septiembre de 2022 emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

1.6.3 Del Ministerio de Salud y Protección Social

El coordinador del Grupo de Defensa Legal del Ministerio de Salud y Protección Social señaló que los procesos judiciales de carácter no misional iniciados en contra de Cajanal o derivados de reclamaciones administrativas o co ntractuales fueron entregados a dicho Ministerio únicamente para que é ste continuara ejerciendo la defensa y velara por la protección del patrimonio público.

1.6.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

1.7. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de mayo de 2023,

1.6.4. Los demás vinculados guardaron silencio.

1.7. Sentencia impugnada

La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 11 de mayo de 2023, negó tanto la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva presentada por Protección S.A. como la solicitud de amparo deprecada por la parte accionante, al considerar, en lo fundamental, lo siguiente:9

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  1. En cuanto a la solicitud de desvinculación elevada por Protección S.A., precisó que no es posible acceder a ello, en la medida en que, la vinculación al proceso se realizó en calidad de tercero, mas no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado por la parte actora.
  1. Adujo que si bien es cierto las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la función de resolver conflicto s de competencias administrativas son de acatamiento obligatorio y su fuerza es vinculante lo cierto es que tales pronunciamientos no pueden catalogarse como providencias judiciales, sino que definen el elemento competencia con el fin de realizar una labor preventiva y de orientación para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a cada autoridad administrativa.
  1. Pese a que la entidad accionante encajó sus inconformidades en defectos

judiciales, sino que definen el elemento competencia con el fin de realizar una labor preventiva y de orientación para el mejor cumplimiento de las funciones asignadas a cada autoridad administrativa.

  1. Pese a que la entidad accionante encajó sus inconformidades en defectos establecidos para cuestionar providencias judiciales y la decisión c uestionada no es un fallo judicial, es pertinente analizar el contenido de la decisión del 6 de septiembre de 2022, con el fin de determinar si vulneró los derechos fundamentales deprecados por la parte actora.
  1. El Gobierno Nacional ordenó la suspensión y liquidación de Cajanal mediante el Decreto 2196 de 2009, por lo que la entidad cesó sus funciones a partir del 12 de junio de 2009 y su liquidación concluyó el 11 de junio de 2013.
  1. El Decreto 4269 de 2011 modificó parcialmente el régimen de distribución de competencias de Cajanal y determinó que: a) Cajanal EICE en Liquidación tendría a su cargo las solicitudes de reconocimiento de derechos pensionales y prestaciones económicas, radicadas con anterioridad al 8 de noviembre de 2011 y b) las solicitudes posteriores al 8 de noviembre de 2011 estarían a cargo de la UGPP.
  1. En cuanto al sucesor misional y procesal de Cajanal , se observa que la UGPP asumió de manera íntegra las competencias misionales que antes eran de esa entidad y, por lo tanto, la reemplazó procesalmente con el fin de garantizar la defensa técnica de los procesos y reclamaciones que estaban en trámite al momento de la liquidación.10

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de los procesos y reclamaciones que estaban en trámite al momento de la liquidación.10

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  1. Lo anterior, se sustenta en el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011, que dispuso que la función de defensa de Cajanal sería transferida a la UGPP.
  1. Se evidencia que la Sala de Consulta y Servicio Civil realizó un análisis de acuerdo con la normativa aplicable , con el marco normativo aducido y con antecedentes en los cuales se han resuelto asuntos similares en los cuales se reiteró la competencia de la UGPP.

1.8. impugnación

La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó su revocatoria, para que , en su lugar , se declare el amparo solicitado. Como sustento de la inconformidad reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela y sobre lo resuelto por el a quo en síntesis mencionó lo siguiente:

1.8.1. En el fallo de tutela no existen argumentos suficientes que logren desvirtuar que la competencia de la UGPP respecto de las funciones de la extinta Cajanal es solo respecto de temas pensionales , para lo cual es suficiente tener en consideración lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2 del

la competencia de la UGPP respecto de las funciones de la extinta Cajanal es solo respecto de temas pensionales , para lo cual es suficiente tener en consideración lo dispuesto por el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009, modificado por el artículo 2 del Decreto 2040 de 2011 en consonancia con el artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.

1.8.2 El a quo omitió valorar el artículo 22 del Decreto 2196 de 2009 en el aparte que señala que «los demás procesos administrativos estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social», es decir, que aquellas reclamaciones que no guarden relación con asuntos de carácter pensional, como lo son el pago de cesantías, estarán a cargo del Ministerio de la Protección Social hoy Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Consideraciones

2.1. Competencia11

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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para

someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por la Sección Quinta, de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

Teniendo en cuenta que la decisión del a quo respecto a la no desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva de la empresa Protección S.A., que se consignó en el ordinal primero de la sentencia del 11 de mayo de 2023 no fue objeto de reproche en el escrito de imp ugnación, la Sala se referirá solamente respecto a las inconformidades expuestas en el recurso de alzada.

2.3. Problema jurídico

El presente asunto se contrae a establecer, en primer lugar, si la naturaleza jurídica de la decisión del 6 de septiembre de 2022, emitida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, permite su examen en el marco de la acción de tutela bajo las causales de procedibilidad.

En caso negativo, vale decir, si se trata de una decisión administrativa, se examinará en segundo lugar, si contra esa decisión existen otros medios de defensa judicial, y en caso negativo, si es pertinente examinar las inconformidades presentadas por la accionante a la luz de los derechos fundamentales.

2.3.1. De la naturaleza jurídica de las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.12

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2.3.1. De la naturaleza jurídica de las decisiones emitidas por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.12

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De acuerdo con el artículo 112 del CPACA, la Sala de Consulta y Servicio Civil cumple funciones separadas de las func iones jurisdiccionales y actúa en forma autónoma como cuerpo supremo consultivo del Gobierno en asuntos de administración.

Dentro de sus funciones se encuentran, entre otras: a) a bsolver las consultas generales o particulares que le formule el Gobierno Nacional, a través de sus Ministros y Directores de Departamento Administrativo; b) p reparar a petición de la Sala Plena del Consejo de Estado o por iniciativa propia, proyectos de acto legislativo y de ley; c) revisar a petición del Gobierno los proyectos de compilaciones de normas elaborados por este para efectos de su divulgación; d) e mitir concepto, a petición del Gobierno Nacional o de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en relación con las controversias jurídicas que se presenten entre entidades públicas del orden nacional, o entre estas y e ntidades del orden territorial ; y e) r esolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de u n solo tribunal administrativo, etc.

competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de u n solo tribunal administrativo, etc.

Conforme a lo anterior , resulta evidente que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado no ejerce potestades propias de las autoridades judiciales ni de las demás secciones de la citada Corporación, pues las atribuciones otorgadas por el CPACA a dicha Sala se encaminan a ejercer como órgano consultivo del Gobierno y resolver cuestiones de índole administrativa.

En efecto, el conflicto de competencias suscitado entre el Ministerio de Salud y Protección Soci al y la UGPP es de carácter administrativo tal y como lo define el artículo 39 del CPACA, que prevé:

«ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá l a actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con auto

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