CE - 110010315000202301363011SENTENCIASENTENCIA20230921172125

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia Acción de tutela Radicación 11001-03-15-000-2023-01363-01 Demandante ANTONIO ANTOLÍNEZ VERA Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo. Requisitos generales de procedibilidad. La relevancia constitucionalTercera instancia. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación interpuesta por el señor Antonio Antolínez Vera contra la sentencia del 24 de abril de 2023, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que resolvió: «PRIMERO. – NEGAR el amparo de tutela solicitado por el señor Antonio Antolínez Vera, atendiendo a las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia»1

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 15 de marzo de 20232, Antonio Antolínez Vera interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, propendiendo la garantía de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y a la defensa, así

1. Pretensiones El 15 de marzo de 20232, Antonio Antolínez Vera interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, propendiendo la garantía de sus derechos fundamentales a la seguridad social, al debido proceso y a la defensa, así como los principios de legalidad, transparencia, favora bilidad y progresividad. Dijo que la vulneración iusfundamental se concretó en el auto del 15 de septiembre de 2022, a través del cual la accionada confirmó la decisión de abstenerse de librar mandamiento de pago adicional y de terminar el proceso ejecutivo por pago total de la obligación. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

(sic para toda la cita) «(…) ordenar la suspensión inmediata de la acción perturbadora de mi derecho, declarando la nulidad o revocando la providencia del 15 de Septiembre de 2022 y notificada por estados del 6 de Octubre de 2022, proferida el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER, y a su vez, se ordene revocar el auto del 8 de Noviembre de 2021 proferido por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRC UITO DE CUCUTA, para que se libre mandamiento de pago Adicionado o se ordene la reliquidación del crédito por los valores dejados de pagar y actualizar el monto pensional por parte del SENA de conformidad con el Articulo 90 e inciso 1 del Artículo 431 del CGP, para que se cumpla plenamente sentencia de Segunda Instancia, proferida por el Tribunal Administrativo de Cúcuta 21 de Noviembre de 2013.»3 (sic para toda la cita)

1 Página 14 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digital en Samai, índice 08.

Noviembre de 2013.»3 (sic para toda la cita)

1 Página 14 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digital en Samai, índice 08. 2 Acta de radicación de la acción de tutela. Expediente digital en Samai, índice 2. 3 Pág. 5 del escrito de tutela. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Samai, índice 2.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El señor Antonio Antolínez Vera presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio Nacional de Aprendizaje

(Sena) en el que solicitó la reliquidación de su pensión de jubilación. Al proceso correspondió la radicación nro. 54001-33-31-001-2011-00241-01. En sentencia del 7 de marzo de 2013, el Juzgado Sexto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta negó las pretensiones de la demanda, pero la decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. En sentencia del 24 de octubre de 2013, esta autoridad judicial accedió a las pretensiones de la demanda, en consecuencia, condenó a la ejecutada a reliquidar el monto de la pensión de jubilación del ejecutante, incluyendo todos los factores salariales deve ngados durante el último año de servicios

pretensiones de la demanda, en consecuencia, condenó a la ejecutada a reliquidar el monto de la pensión de jubilación del ejecutante, incluyendo todos los factores salariales deve ngados durante el último año de servicios comprendido entre el 1° de diciembre de 2005 y el 30 de noviembre de 2006, computando igualmente la indexación como los intereses moratorios. 2.2. El señor Antolínez inició proceso ejecutivo pretendiendo el pago total d e la obligación dineraria contenida en el título ejecutivo (sentencia condena), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta. El juez libró mandamiento de pago el 25 de agosto de 2016 y el 10 de diciembre de 2019 profirió sentencia en la que ordenó seguir adelante con la ejecución. Al proceso correspondió la radicación nro. 54001-33-31-001-201100241-02. El 16 de diciembre de 2019, la parte ejecutante allegó la liquidación del crédito. Posteriormente, en auto del 2 de diciembre de 2020, el a quo modificó la liquidación del crédito del actor y estableció los siguientes montos: (i) por capital indexado la suma de $146.861.117,42; (ii) por concepto de intereses moratorios, la suma de $201.680.661,7; y (iii) como obligación de hacer y por concepto de aportes en salud trasladar la suma de $19.894.847, 5. 2.3. En memorial del 6 de septiembre de 2021, el apoderado del Sena pidió que se declarara la terminación del proceso por pago total de la obligación. Esto, considerando que a través de la Resolución nro. 1 -1490 del 27 de agosto

2.3. En memorial del 6 de septiembre de 2021, el apoderado del Sena pidió que se declarara la terminación del proceso por pago total de la obligación. Esto, considerando que a través de la Resolución nro. 1 -1490 del 27 de agosto de 2021, el Sena dio cumplimiento al proveído del 2 de diciembre de 2020. 2.4. En memorial del 13 de septiembre de 2021, el señor Antolínez solicitó que se libre mandamiento de pago por valor de $112.137.889,85, ante la imposibilidad de lograr la actualización de la mesada pensional del ejecutante 2.5. En auto del 8 de noviembre de 2021, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta tomó las siguientes decisiones: (i) abstenerse de librar un nuevo mandamiento de pago; (ii) declarar terminado el proceso ejecutivo por pago total de la obligación; (iii) levantar el embargo sobre las cuentas bancarias del Sena. El juez precisó que en el curso del proceso ya se había librado el mandamiento y se adelantaron las etapas posteriores sin recursosRadicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las partes. Asimismo, sin que se presentara solicitud tendiente a actualizar la mesada pensional del ejecutante. 2.6. El ejecutante recurrió la anterior decisión. Adujo que el Sena solo re alizó un pago parcial, pues la obligación es de tracto sucesivo y debía actualizarse a la

la mesada pensional del ejecutante. 2.6. El ejecutante recurrió la anterior decisión. Adujo que el Sena solo re alizó un pago parcial, pues la obligación es de tracto sucesivo y debía actualizarse a la fecha de agosto de 2021. También discutió que no se realizó el incremento pensional mes a mes. En consecuencia, solicitó que se libre mandamiento de pago en el que se ordene la reliquidación del crédito por los valores dejados de pagar y que se actualice la deuda. 2.7. En proveído del 15 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander confirmó el auto recurrido. La autoridad judicial precisó que en el caso se habían surtido todas las etapas del proceso ejecutivo, por lo que no era procedente emitir un nuevo mandamiento de pago como lo pretende el actor, más aún si se considera que se acreditó el pago total de la obligación contenida en la última liquidación del crédito en firme. Precisó que, según los términos de la sentencia objeto de ejecución, a partir de la reliquidación ordenada en la sentencia, «en caso de existir diferencias en la mesada pensional pagada por el ISS, el SENA las reconocerá y pag ará conforme al Decreto 4937 de 2009» . Esto implica que, «al accionante debían serle pagadas de manera directa las diferencias por factores no incluidos, entre la fecha que se reconoció la pensión y el 9 de septiembre de 2009 – fecha en que asumió el ISS e l pago. No obstante, este pago directo tenía como tope el pago de la reliquidación de la mesada, ya que a partir de ahí se tendrían que reconocer las diferencias -en caso de existirconforme

obstante, este pago directo tenía como tope el pago de la reliquidación de la mesada, ya que a partir de ahí se tendrían que reconocer las diferencias -en caso de existirconforme a lo dispuesto en el Decreto 4937 de 2009, esto es, con bono tip o T que no se entregan al pensionado sino a la administradora de pensiones.»

3. Fundamentos de la acción El accionante estima que el auto del 15 de septiembre de 2022 incurrió en vía de hecho, porque desconoció la diferencia derivada de la compartibilidad de pensiones entre el Sena y el ISS -hoy Colpensionesy que está a cargo del Sena. Expuso su desacuerdo con lo indicado por la accionada en cuanto a que el pago de la diferencia pensional perseguida estaba a cargo de Colpensiones.

Explicó que el pago que hizo el Sena comprendió exclusivamente lo que ordenó la autoridad judicial, pero omitió la actualizació n de la obligación y no incluyó el incremento derivado de la nueva liquidación en el monto pensional establecido en el plenario del proceso. Por lo anterior, advirtió que el pago de la obligación con ocasión de la sentencia condenatoria del 24 de octubre d e 2013 ha sido apenas parcial. La ejecutada no acató lo establecido en los artículos 431.2 y 90.1 del Código General del Proceso. Finalmente, manifestó que se vulneró su derecho al debido proceso por omisión de la prueba, situación que vicia de nulidad absoluta la actuación.

4. Trámite impartido e intervenciones 4.1. En auto del 17 de marzo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Antonio Antolínez Vera, actuando en nombre propio, contra el Tribuna l Administrativo de Norte

4.1. En auto del 17 de marzo de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela interpuesta por el señor Antonio Antolínez Vera, actuando en nombre propio, contra el Tribuna l Administrativo de Norte de Santander. Asimismo, vinculó, en calidad de terceros, al Sena y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cúcuta, dada su calidad de sujetos procesales dentro del proceso ejecutivo sub examine.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.2. El Servicio Nacional de Aprendizaje, por conducto del director Regional de Norte de Santander, solicitó su desvinculación de este proceso constitucional debido a que sus funciones y competencias no guardan relación con los hechos y pretensiones de la acción de tutela. Como argumento subsidiario, expuso que la petición de amparo no cumple con el requisito de inmediatez ni el de subsidiariedad dado que la decisión que generó el inconformismo del actor fue la sentencia del 10 de diciembre de 2019 que ordenó seguir adelante con la ejecución y que no fue recurrida. 4.3. El Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta , por conducto del titular del despacho, realizó un resumen de las principales actuaciones surtidas en el proceso ejecutivo sub examine y concluyó que no se materializó ninguna vulneración de los derechos fundamentales del aquí accionante. Manifestó que, al verificar el pago total de la obligación conforme a la liquidación del crédito, lo pertinente era declarar la terminación del proceso ejecutivo.

se materializó ninguna vulneración de los derechos fundamentales del aquí accionante. Manifestó que, al verificar el pago total de la obligación conforme a la liquidación del crédito, lo pertinente era declarar la terminación del proceso ejecutivo. De otra parte, advirtió que no es adecuado que a través de la acción de tutela se libre un nuevo mandamiento de pago como lo pretende el señor Antolínez. Esto, porque el mandamiento «ya fue librado en este asunto, se dictó sentencia de primera instancia, se modificó l a liquidación del crédito que presentó el 16 de diciembre de 2019 el apoderado del señor ejecutante, y el SENA acreditó que realizó los pagos ahí ordenados, incluida la liquidación de costas». 4.4. El Tribunal Administrativo del Norte de Santander , por conducto del ponente del auto acusado, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela debido a que el actor no enmarca sus inconformidades en ninguna de las causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Como argumento subsidiario, manifestó que si se procede con el análisis de fondo del caso, se considere que la sentencia ejecutiva de primera instancia estaba debidamente ejecutoriada y que no fue objeto de recursos, por lo que no era posible acceder a librar un nuevo mandamiento de pago. Recordó que en el auto del 15 de septiembre de 2022 se realizó una interpretación armónica de la sentencia que constituye la base del título ejecutivo, lo que permitió concluir que, una vez realizado el pago de la reliquidación, en caso de existir diferencias en la mesada pensional pagada por el ISS, el SENA debía proceder con el reconocimiento y pago de tales

ejecutivo, lo que permitió concluir que, una vez realizado el pago de la reliquidación, en caso de existir diferencias en la mesada pensional pagada por el ISS, el SENA debía proceder con el reconocimiento y pago de tales diferencias, en la forma prevista en el Decreto 4937 de 2009, esto es, a través de Bono Tipo T.

5. Providencia impugnada En sentencia del 24 de abril de 2023, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó las pretensiones de la acción de tutela. Dijo que los argumentos que sustentan la petición de amparo son los mismos que se expusieron en el curso del proceso ejecutivo y que fueron decididos por el juez natural de la causa. Lo que evidencia se toma este mecanismo constitucional como una instancia adicional para reanudar el debate jurídico y fáctico ya concluido.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que el Tribunal accionado expuso la interpretación normativa que estimó era pertinente, en ejercicio de los principios de independencia y autonomía judicial, la cual, aunque no es favorable a las pretensiones del actor, no se evidencia arbitraria o caprichosa. Manifestó que el debate propuesto atiende a cuestiones meramente legales y económicas, ya resueltas en el proceso ejecutivo, por lo que no corresponde al juez de tutela realizar un pronunciamiento adicional al respecto, pues implicaría el desconocimiento de los principios de autonomía e independencia judicial. Consideró

económicas, ya resueltas en el proceso ejecutivo, por lo que no corresponde al juez de tutela realizar un pronunciamiento adicional al respecto, pues implicaría el desconocimiento de los principios de autonomía e independencia judicial. Consideró que lo que buscan los accionantes es que el juez de tutela valide la tesis del actor y con ello se acceda a las pretensiones de la demanda, aunque la discusión no tenga trascendencia constitucional. En suma, determinó que, la acción de amparo se soporta en la inconformidad del actor con las decisiones que no le son favorables, pero no acredita irregularidades de orden constitucional que justifiquen la intervención del juez de tutela, por lo que se deben negar las pretensiones de la demanda.

6. Impugnación El accionante manifestó su desacuerdo con la afirmación expuesta por el a quo de que en la demanda de tutela no se acreditaron las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo del Norte de Santander. En esa línea recordó que en la tutela se expusieron los siguientes argumentos de disenso contra el auto del 15 de septiembre de 2023:

(i) El monto de la diferencia pensional que corresponde asumir al Sena es por un valor mayor al reconocido por la entidad. (ii) El Sena ha sido renuente en actualizar la mesada pensional tal y como se ordenó en la sentencia de condena, por lo que la obligación permanece incumplida. (iii) «el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORA L DEL CIRCULO DE CÚCUTA, mediante providencia del 2 de Diciembre de 2020, modifico los valores liquidados en la providencia

incumplida. (iii) «el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO ORA L DEL CIRCULO DE CÚCUTA, mediante providencia del 2 de Diciembre de 2020, modifico los valores liquidados en la providencia anterior y hasta el mes de diciembre de 2019, y por este lapso tiempo, de más de un año, los valores causados por la reliquidación q uedaron pendientes a esta fecha y hasta la presente, por ser una obligación de tracto sucesivo.» (iv) Hasta que el Sena no actualice la mesada pensional ordenada por la reliquidación el proceso no puede concluir ya que la orden de pago debe comprender las sumas vencidas y las que en lo sucesivo se causen.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 4, fue concebida como un mecanismo

4 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio Antolínez Vera

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales, ante si tuaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5 y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional 7 ha indicado que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido proceso. Por tal motivo, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el

exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso

3. Planteamiento del problema jurídico Conforme a los antecedentes expuestos, corresponde decidir a la Sala si le asistió razón a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado como juez de tutela de primera instancia, para negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por el señor Antonio Antolínez Vera.

No obstante, por tratarse de una acción de tutela contra providencia judicial, de manera preliminar le corresponde a la Sala establecer si se cumplen a cabalidad los requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo constitucional contra providencias judiciales, concretamente el de la relevancia constitucional.

4. La acción de tutela no supera el requisito de relevancia constitucional 4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para

5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en

fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada. 6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la Constitución. 7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional.

y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T -248 de 2018, ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito: (i) Que el asunto objeto de estudio realment e involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela. (ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir l a vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales”8. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales. (iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la d ecisión

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la d ecisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada. (iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural. (v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. 4.2. En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le corres ponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.

Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez R.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01363-01

Demandante: Antonio Antolínez Vera

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En caso de que se trate de los mismos argumentos y de que estos hayan sido estudiados por el juez de la causa, es probable que el juez de tutela concluya que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia adicional. En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el juez de tutela, a diferencia del juez de la causa, sí acceda a sus pretensiones. 4.3. Al comparar los argumentos de la acción de tutela y de la impugnación (Supra 3 y 6), con los del recurso de apelación que interpuso la parte demandante contra el auto del 8 de noviembre de 2021, evidencia la Sala que la mayoría de los argumentos son coincidentes. En el siguiente cuadro se compararán los argumentos que expuso el señor Antolínez en el recurso de apelación contra el auto del 8 de noviembre de 2021 y los que expone en este proceso constitucional: Apelación contra auto el 8 de noviembre de

2021. Proceso ejecutivo nro. 2011-00241-02

contra el auto del 8 de noviembre de 2021 y los que expone en este proceso constitucional: Apelación contra auto el 8 de noviembre de

2021. Proceso ejecutivo nro. 2011-00241-02

Escrito de tutela e impugnación en el proceso constitucional nro. 2023-01363-00 «El SENA, mediante la Resolución nro. 11490 del 27 de Agosto de 2021, le da cumplimiento a la providencia del 2 de diciembre de 2020, por igualmente sigue en desacato judicial a lo ordenado en el título ejecutivo o sea la sentencia de segunda instancia proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Cúcuta con fecha del 21 de noviembre de 2013, atendiendo que no actualizó la liquidación a la fecha del mes de Agosto de 2021 ni ha incrementado la mesada pensional hasta la presente fecha , que es superior al millón de pesos, por eso se solicitó el 13 de septiembre de 2021 que dentro del presente proceso ejecutivo se librara mandamiento de pago por el valor de $112.137.889,85, para lo cual se allegó la liquidación de lo adeudado (…). Es de precisar que el SENA (…) se ha negado a la actualización de la mesada pensional en perjuicio de mi poderdante El artículo 230 de la Constitución Política consagra que el juez solamente está sometido al imperio de la Ley y la aplicación del artículo 461 del Código General del Proceso se refiere al pago total de la obligación, cosa que no se ha acreditado al proceso. (…) solicito su Honorable Señoría, muy respetuosamente, se sirva revocar la

del artículo 461 del Código General del Proceso se refiere al pago total de la obligación, cosa que no se ha acreditado al proceso. (…) solicito su Honorable Señoría, muy r