CE - 110010315000202301380001SENTENCIA20230630134421

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01380-00

Referencia: Acción de tutela

ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

TESIS: DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO. LA SECCIÓN TERCERA NO

INCURRIÓ EN LOS DEFECTOS SUSTANTIVO Y PROCEDIMENTAL POR EXCESO RITUAL MANIFIESTO ALEGADOS. FUNDAMENTÓ SU DECISION TANTO EN LAS NORMAS APLICABLES AL ASUNTO, COMO EN EL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESARROLLÓ EL PROCESO DE REPARACIÓN DIRECTA, PARA LO CUAL ANALIZÓ LAS PARTICULARES CIRCUNSTANCIAS PUESTAS EN CONOCIMIENTO POR LAS PARTES, CONFORME A LO CUAL CONCLUYÓ QUE SE

HABÍA CONFIGURADO EL FENOMENO JURIDICO PROCESAL DE LA COSA

JUZGADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Al no haber obtenido la mayoría de votos el proyecto de fallo presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , esta Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO2

presentado por el Consejero OSWALDO GIRALDO LÓPEZ , esta Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los actores contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01380-00

ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

DE ESTADO1.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores TATIANA PATIÑO VÉLEZ, GABRIEL ALCIDES PATIÑO PÉREZ y MARÍA EUCARIS VÉLEZ, todos actuando en nombre propio y esta última además como apoderada de CAMILO PATIÑO VÉLEZ, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la SECCIÓN TERCERA al proferir la providencia de 30 de agosto de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 27001-23-310002010-00339-01.

1 En adelante la Sección Tercera3

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01380-00

ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

I.2.- Hechos

Refirieron que el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín

ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

I.2.- Hechos

Refirieron que el 3 de febrero de 2009, en la vía que de Medellín conduce al municipio de Quibdó, a la altura de la vereda “Santa Ana”, un vehículo de servicio público afiliado a la Sociedad Rápido Ochoa S.A., se encontró con un derrumbe que no estaba señalizado y al tratar de esquivarlo se salió de la vía y cayó por un precipicio; como consecuencia de lo anterior, fallecieron 43 personas, entre ellas, su familiar, el joven CRISTIAN PATIÑO VÉLEZ.

Afirmaron que el INVÍAS y el MINISTERIO DE TRANSPORTE eran las entidades llamadas a responder por los perjuicios causados, por la falla del servicio , por omisión, dado que el resultado lesivo se produjo por las deficiencias de la vía debido a la falta de señalización, la estrechez de la carretera y la proxim idad del vehículo automotor al barranco ubicado en dirección al río Atrato.

Precisaron que el 15 de octubre de 2009, la señora MARÍA ROCÍO CASTRILLÓN HOLGUÍN y otros instauraron una acción de grupo también contra la NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE y el INVIAS, a favor de las personas que fueron víctimas del mencionado4

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ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

accidente, proceso identificado con el número único de radicación con

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accidente, proceso identificado con el número único de radicación con el radicado 2009-00241 y que correspondió en primera instancia al JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN que, a través de sentencia de 21 de mayo de 2015, accedió a las pretensiones, decisión que fue confirmada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA mediante fallo de 15 de marzo de 2016.

Señalaron que el 9 de noviembre de 201 0, con el propósito de que les fueran reconocidos los daños y perjuicios ocasionados por causa de la muerte de su familiar, promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra l a NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE - INVIAS, al cual le fue asignado el número único de radicación 27001-23-31-000-2010-00339-00.

Sostuvieron que, la demanda le correspondió en primera instancia al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ que, mediante sentencia de 3 de noviembre de 2016, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que el accidente ocurrió al derrumbarse la banca por el mal estado de la carretera, sin que el conductor hubiera podido advertir el peligro existente por la5

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ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

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ausencia de señalización, demarcación del carril y la falta de iluminación, las cuales constituían las únicas causas eficientes, directas y determinantes del daño, el cual era imputable solidariamente a las entidades demandadas. Además, ordenó remitir copia del fallo al JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN para que los excluyeran de la indemnización que pudiera corresponderles como producto del fallo de la acción de grupo.

Relataron que , inconformes con lo anterior, las entidades demandadas presentaron recurso de apelación que fue desatado por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 3 de noviembre de 2016 declaró probada la excepción de cosa juzgada al encontrar configurada la identidad de partes, objeto y causa petendi con la acción de grupo identificada con el número único de radicación 200900241-01 tramitada ante el JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN que, mediante fallo de 21 de mayo de 2015, declaró configurada una falla en el servicio atribuible a INVÍAS, decisión que fue confirmada el 15 de marzo de 2016 por

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA.6

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ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

I.3. Fundamentos de derecho

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01380-00

ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo y defecto procedimental absoluto, lo cual vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Alegaron que la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto sustantivo, pues no tuvo en cuenta que no se cumplían los presupuestos exigidos por los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 175 del Código Contencioso Administrativo, para la declaratoria de la cosa juzgada, toda vez que el 5 de noviembre de 2010, cuando se radicó la demanda de reparación directa, aún no existía una sentencia ejecutoriada que agotara el trámite de la acción de grupo.

Afirmaron que ninguno de los actores se hizo parte en la acción de grupo, por lo que ninguno de ellos ha recibido indemnización alguna por la muerte de su familiar CRISTIAN PATIÑO VÉLEZ.

Además, señalaron que el ordinal 8º del fallo de 3 de noviembre de 2016, dictado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ,7

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que resolvió el proceso de reparación directa en primera instancia, conminó a los jueces que tramitaban dos acciones de grupo iniciadas

ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

que resolvió el proceso de reparación directa en primera instancia, conminó a los jueces que tramitaban dos acciones de grupo iniciadas por los mismos hechos, para que los excluyeran de la indemnización, por lo que no existía ninguna posibilidad de que ellos reclamaran alguna indemnización por vía de la acción de grupo.

Sostuvieron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque les impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de la administración frente a la muerte de la víctima que quedó en la impunidad, a pesar de que, a su juicio, existían pruebas contundentes de la falla en el servicio en la que habría incurrido INVIAS, por la falta de mantenimiento de la vía en la que se produjo el siniestro.

Indicaron que la providencia cuestionada desconoció lo previsto en el artículo 228 de la Carta, conforme al cual la administ ración de justicia es función pública, sus decisiones son independientes y en ellas deberá prevalecer el derecho sustancial, sin embargo, pese a que el proceso de reparación directa se tramitó hasta el final, la8

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decisión controvertida privilegió el derecho procedimental, sobre el sustancial.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

decisión controvertida privilegió el derecho procedimental, sobre el sustancial.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] 1. Ordenar a la señora Magistrada MARÍA ADRIANA MARIN y a los demás Magistrados de la sala de SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, señores Magistrados, JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Y MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO ó a quien corresponda, REVOCAR la sentencia emitida e n Bogotá D.C. el treinta (30) de agosto de dos mil veintidós (2022) Radicación número: 27001 -23-31-000-2010-00339-01 (58728) Actor: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS Demandado: LA NACIÓNMINISTERIO DE TRANSPORTE - INVÍAS Referencia: APELACIÓN

SENTENCIA - ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.

2. Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la señora Magistrada MARÍA ADRIANA MARIN, o a quien corresponda, elaborar una nueva ponencia, de tal manera que, en ella, ratifique en todas sus partes, la sentencia Nº 39 del 3 de noviembre de 2016, emitida por el Tribunal Administrativo del

Chocó.

3. Ordenar a los señores Magistrados JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Y MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO de la sala de SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, ó a quien corresponda, votar a favor de la nu eva ponencia, que ratifica, en todas sus

MÉNDEZ Y MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO de la sala de SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, ó a quien corresponda, votar a favor de la nu eva ponencia, que ratifica, en todas sus partes la sentencia Nº 39 del 3 de noviembre de 2016, emitida por el Tribunal Administrativo de Chocó […]”.9

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I.5.- Defensa

I.5.1.- La SECCIÓN TERCERA solicitó declarar improcedente la acción de tutela de la referencia.

Adujo que, previo a proferir el fallo de primera instancia, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ debió verificar si se había dictado decisión de fondo en la acción de grupo identificada con radicado 2009 -00241-00, si se habían debatido las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos propuestos en la demanda reparación directa y, además, si los demandantes habían ejercido oportunamente el derecho de exclusión en ese asunto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 472 de 5 de agosto de 19982, con la finalidad de establecer si habían quedado vinculados en la decisión allí adoptada.

Indicó que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ no realizó tal verificación, por lo que no evidenció que al momento de proferir el fallo de 3 de noviembre de 2016, ya se habían dictado las

Indicó que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ no realizó tal verificación, por lo que no evidenció que al momento de proferir el fallo de 3 de noviembre de 2016, ya se habían dictado las

2 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.10

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sentencias que resolvieron la acción de grupo en ambas instancias, las cuales tenían efectos de cosa juzgada.

Señaló que en e l caso bajo estudio, la acción de reparación directa se interpuso con posterioridad a la admisión de la acción de grupo, pues, de conformidad con la certificación remitida por el JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN , los señores MARÍA EUCARIS VÉLEZ, CAMILO PATIÑO VÉLEZ y GABRIEL ALCIDES PATIÑO PÉREZ solicitaron ser excluidos de la acción de grupo, pero sin el cumplimiento de los requisitos previstos para ello y por fuera del término legal, por lo que la petición les fue denegada, mientras que la señora TATIANA PATIÑO VÉLEZ se consideró incluida en el grupo de víctimas directas o indirectas del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, toda vez que tampoco ejerció oportunamente su derecho de exclusión de la acción de grupo.

incluida en el grupo de víctimas directas o indirectas del accidente de tránsito ocurrido el 3 de febrero de 2009, toda vez que tampoco ejerció oportunamente su derecho de exclusión de la acción de grupo.

Afirmó que se estimó que el hecho de que los demandantes no hubieran participado en la acción de grupo, ni reclamado la indemnización a que tenían derecho, era una conducta atribuible solo a aquellos, que no podía servir de justificación para que en sede de11

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reparación directa se profiriera una nueva decisión sobre un asunto ya debatido, respecto del cual se produjeron los efectos de la cosa juzgada, toda vez que no fueron excluidos oportunamente del grupo y, por tanto, quedaron vinculados en las resultas de ese proceso.

Indicó que no se presentó una violación de los derechos invocados por la parte accionante, ni se incurrió en un exceso ritual manifiesto y mucho menos en una vía de hecho en la providencia cuestionada, pues lo cierto era que la configuración de la cosa juzgada no dependía de que la decisión de fondo, proferida en la acción de grupo se emitiera antes de la interposición de la acción de reparación directa, toda vez que fue precisamente en el curso del proceso y a raíz de la información de las entidades demandadas y la llamada en garantía, que se evidenció la existencia de otro proceso en el que ya se había adoptado una decisión definitiva sobre las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos, luego resultaba obligatorio verificar en la

información de las entidades demandadas y la llamada en garantía, que se evidenció la existencia de otro proceso en el que ya se había adoptado una decisión definitiva sobre las mismas pretensiones y fundamentos jurídicos, luego resultaba obligatorio verificar en la sentencia de primer a o segunda instancia la ocurrencia de la cosa juzgada, en procura de evitar un doble pago por los mismos hechos y, por ende, un enriquecimiento sin justa causa.

Señaló que resulta reprochable que la parte demandante continuara12

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con la acción de reparación directa cuando era conocedora de que se había adelantado otro proceso en virtud de la interposición de una acción de grupo, en el que ya se había proferido una decisión de fondo, tal y como lo aceptó su apoderada judicial en los alegatos de conclusión de primera instancia. Además, había n solicitado su exclusión del grupo y esa petición fue denegada expresamente, lo cual significaba que se encontraba n vinculados por las resultas de ese proceso y, por tanto, no podía n intentar una acción de carácter individual; sin embargo, decidi eron continuar con el trámite de la acción de reparación directa, sin tener en cuenta el desgaste del aparato judicial.

Destacó que la decisión del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ referente a que se excluyeran las indemnizaciones que pudieran corresponder a los demandantes en la acción de grupo que se profiriera, no tenía la capacidad de lograr la exclusión del grupo,

CHOCÓ referente a que se excluyeran las indemnizaciones que pudieran corresponder a los demandantes en la acción de grupo que se profiriera, no tenía la capacidad de lograr la exclusión del grupo, porque además de tardía y de que se trataba de asuntos diferentes, tal solicitud le correspondía elevarla a los demandante s dentro del término previsto en el artículo 56 de la Ley 472 de 1998, la cual debía ser aceptada por el juzgado de conocimiento para que pudieran intentar una acción individual por indemnización de perjuicios, pues13

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01380-00

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de lo contrario, resultaban vinculados por lo decidido en la acción de grupo.

Precisó que, b ajo este hilo argumentativo, tampoco ha bía lugar a considerar que la muerte del señor CRISTIAN PATIÑO VÉLEZ quedó “impune”, tal y como lo afirmaron los tutelantes, pues lo cierto era que en la acción de grupo ya se había declarado la responsabilidad de las entidades demandadas; por tanto, la parte demandante no podía con la acción de reparación directa pretender una doble indemnización por los mismos hechos.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CHOCÓ señaló que las razones que motivan su defensa se encuentran plasmadas en la providencia de 3 de noviembre de 2016.

I.6.2.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE alegó que esa entidad no incurrió en violación o amenaza de los derechos fundamentales de los

providencia de 3 de noviembre de 2016.

I.6.2.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE alegó que esa entidad no incurrió en violación o amenaza de los derechos fundamentales de los demandantes y, en efecto, en la demanda no se cuestiona ninguna de sus actuaciones.14

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I.6.2.- El INVIAS manifestó que el amparo es improcedente porque la sentencia controvertida no incurrió en vulneración de los derechos fundamentales invocados al declarar configurada la excepción de cosa juzgada.

Afirmó que los demandantes tenían pleno conocimiento de la acción de grupo, así como de los derechos que en ésta tenían como víctimas del accidente y de las oportunidades para hacerlos valer, o para pedir su exclusión del grupo y continuar la acción individual de reparación directa; s in embargo, no lo hicieron oportunamente, por lo que fueron acogidos por la decisión que allí se adoptó y en virtud de la misma, tuvieron a su alcance la posibilidad de acceder a la indemnización reconocida.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de15

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de15

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Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María E lizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos c onstitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin16

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01380-00

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y

de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherent es a ellas y de propiciar un desborde17

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítim os de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentale s no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.18

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surg e cuando el juez carece del apoyo

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surg e cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la ef icacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del19

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ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

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ACTORES: TATIANA PATIÑO VÉLEZ Y OTROS.

texto)

La Sala advierte que en el presente caso la parte actora pretende que se deje sin efectos la sentencia de 30 de agosto de 2022 , proferida por la SECCIÓN TERCERA, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 27001-23-31-0002010-00339-01.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, al omitir dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y en defecto sustantivo.

Lo anterior, debido a que se configuró defecto sustantivo porque, a su juicio, la autoridad judicial demandada desconoció que no se cumplían los presupuestos exigidos por los artículos 332 del Código de Procedimiento Civil y 175 del Código Contencioso Administrativo, para la declaratoria de la cosa juzgada.20

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Respecto al defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, afirmaron que se les impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de la administración frente a la muerte de la víctima que quedó en la

Respecto al defecto procedimental por exceso de ritual manifiesto, afirmaron que se les impidió obtener un pronunciamiento de fondo sobre la responsabilidad de la administración frente a la muerte de la víctima que quedó en la impunidad, a pesar de que, a su juicio, existían pruebas contundentes de la falla en el servicio en la que habría incurrido INVIAS, por la falta de mantenimiento de la vía en la que se produjo el siniestro.

Igualmente, sostuvieron que la providencia