CE - 110010315000202301398011SENTENCIA20230901152858

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

Demandante: Héctor Sanabria Niño

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01398-01

Demandante: HÉCTOR SANABRIA NIÑO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra sentencia de reparación directa. Lesiones recluso.

Defecto fáctico y desconocimiento del precedente. Deniega

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia del 26 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que denegó la acción de tutela de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 17 de marzo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, Héctor Sanabria Niño pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 1°

Sanabria Niño pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad, a la reparación, de acceso a la administración de justicia y al debido proceso.

A juicio del demandante, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 1° de diciembre de 2022 , dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que, en segunda instancia, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por Héctor Sanabria Niño y otros contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (expediente 68679-33-33-001-2016-00184-01).

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

5.1. Sírvanse, Honorables Consejeros, CONCEDER el amparo y protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerado al suscrito HECTOR SANABRIA NIÑO y demás demandantes en el medio de control de Reparación Directa, como al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y REPARACIÓN INTEGRAL D E LAS VICTIMAS directa e indirectas, en el que vimos vulnerados nuestros derechos, por la providencia judicial aquí cuestionada proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Santander, con ponencia de la

Magistrada FRANCY DEL PILAR PINILLA PEDRAZA.

5.2. Que, como consecuencia del anterior amparo, sírvanse, Honorables Consejeros, DEJAR SIN EFECTO jurídico la sentencia judicial de fecha 1 de Diciembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del medio de control de Repa ración Directa, presentada por HÉCTOR SANABRIA NIÑO y otros, contra la INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

Administrativo de Santander, dentro del medio de control de Repa ración Directa, presentada por HÉCTOR SANABRIA NIÑO y otros, contra la INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, bajo el radicado No. 686793333001-2016-00184-01.

5.3. Consecuencialmente, Honorables Consejeros, sírvanse ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander, para que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo profiera una nueva providencia judicial, en la que se tenga en cuenta la valoración imparcial, racional,Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

Demandante: Héctor Sanabria Niño

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contextualizada y coherente, con base a las pruebas documentales que fueron aportadas debidamente al proceso; así mismo, se tenga en cuenta el precedente judicial en materia de sujeción especial de los internos privados de la libertad, y a una debida reparación integral por los perjuicios originados.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 24 de octubre de 2014, mientras estaba recluido en Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil1, el señor Héctor Sanabria Niño resultó lesionado por la acción de unos semovientes ubicados en el corral de la granja de dicho establecimiento penitenciario. Como causa de las lesiones, el señor Sanabria Niño perdió el 13 ,71 % de la capacidad laboral.

acción de unos semovientes ubicados en el corral de la granja de dicho establecimiento penitenciario. Como causa de las lesiones, el señor Sanabria Niño perdió el 13 ,71 % de la capacidad laboral.

Héctor Sanabria Niño y otros interpusieron demanda de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)2, por estimarlo patrimonialmente responsable de las mencionadas lesiones. En síntesis, adujeron lo siguiente: (i) que había una obligación especial de cuidado frente al recluso, por la relación de especial sujeción frente al poder punitivo del Estado; (ii) que las lesiones ocurrieron en cumplimiento de una orden impartida por personal del INPEC, y (iii) que la aludida orden fue impartida sin tener en cuenta que el recluso no estaba capacitado para el manejo de ganado.

Por sentencia del 25 de marzo de 2020, el Juzgado Primero Administrativo de San Gil accedió a las pretensiones de la demanda, por estimar que el INPEC fue responsable, dada la condición de especial sujeción a la que estaba sometido el señor Sanabria Niño. El juzgado desestimó la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto no se acreditó que la lesión fuera producto de una acción imprudente del señor Sanabria Niño. Dijo que « si bien es cierto no se tiene certeza sobre la circunstancia de modo en que ocurrió el hecho generador del daño, lo cierto es que el señor HÉCTOR SANABRIA NIÑO resultó herido cuando se encontraba recluido en c entro carcelario de mediana seguridad de San Gil y, por tanto, tenía una relación de especial sujeción».

hecho generador del daño, lo cierto es que el señor HÉCTOR SANABRIA NIÑO resultó herido cuando se encontraba recluido en c entro carcelario de mediana seguridad de San Gil y, por tanto, tenía una relación de especial sujeción».

El INPEC apeló, pues, a su juicio, sí hubo culpa exclusiva de la víctima. El recurso señala que la lesión ocurrida el 24 de octubre de 2014 fue produc to de la actuación imprudente del señor Sanabria Niño.

Por sentencia del 1° de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la decisión de primera instancia, por estimar configurada la culpa exclusiva de la víctima. Explicó que el recluso contaba con autorización para trabajar exclusivamente en «cultivos de ciclo» y que, no obstante, ingresó al corral de ganado. Dijo que si bien el señor Sanabria Niño afirmó que fue obligado a ingresar al corral, lo cierto es que no existe sustento probatorio respecto de dicha circunstancia.

4. Fundamentos de la acción de tutela

Preliminarmente, la parte actora adujo que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, toda vez que el tribunal demandado desconoció la especial rel ación de dependencia que tienen los reclusos

1 El señor Sanabria Niño cumplía una condena de 5 años y 5 meses de prisión, por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir. 2 La demanda también fue promovida contra el Ministerio del Interior y de Justicia, pero, mediante providencia del 11 de julio de 2018 , el Juzgado Primero Administrativo de San Gil declaró la falta de legitimación en la causa por

2 La demanda también fue promovida contra el Ministerio del Interior y de Justicia, pero, mediante providencia del 11 de julio de 2018 , el Juzgado Primero Administrativo de San Gil declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicho ministerio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co frente al Estado . Que fueron agotados los recursos disponibles en el proceso de reparación directa. Que existe inmediatez, por cuanto la sentencia cu estionada fue notificada el 5 de diciembre de 2022. Que fueron debidamente identificados los motivos de la vulneración. Que no se trata de una tutela contra otra sentencia de tutela.

En cuanto al fondo del asunto, la parte actora adujo que la sentencia de l 1° de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, incurrió en los siguientes defectos:

Fáctico, toda vez que en el proceso de reparación directa se demostró lo siguiente: (i) que el señor Sanabria Niño estaba recluido en un establecimiento penitenciario y que, por ende, estaba sometido a poder punitivo del Estado; (ii) que el ingreso al corral fue producto de una orden del personal del INPEC y no de la imprudencia del señor Sanabria Niño; (iii) que el informe de novedad del 2 4 de octubre de 2014 es claro en señalar que la actividad asociada al corral estaba asignada a otro recluso, y (iv) que

Sanabria Niño; (iii) que el informe de novedad del 2 4 de octubre de 2014 es claro en señalar que la actividad asociada al corral estaba asignada a otro recluso, y (iv) que fueron solicitados testimonios para acreditar el dicho del señor Sanabria Niño, pero fue imposible localizarlos, lo que derivó en el desistimiento de dicha prueba.

Desconocimiento del precedente fijado en materia de responsabilidad del Estado frente a reclusos y, en ese sentido, citó las sentencias del 26 de mayo de 2010 (expediente 18800), del 28 de agosto de 2014 (expediente (28832), del 18 de mayo de 2017 (expediente 37497), del 2 de mayo de 2016 (expediente 37337), del 19 de noviembre de 2015 (expediente 27308) y del 14 de agosto de 2014 (expediente 31794), dictadas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

5. Intervenciones

El Tribunal Administrativo de Santander aportó copia del expediente de reparación directa, pero nada dijo con respecto a la demanda de tutela.

El INPEC manifestó que la tutela no cumple el requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte actora no agotó el recurso extraordinario de revisión. Dijo que tampoco fue cumplida la inmediatez, por cuanto la tutela no fue radicada en un término razonable. Que, e n todo caso, la decisión cuestionada fue debidamente justificada y quedó debidamente ejecutoriada.

El Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil, Karen Daniela Sanabria Gamez, Miryam Bravo Calderon, Edid Yecenia Sanabria Bravo, Eduard Sanabria Bravo, Maria

debidamente ejecutoriada.

El Juzgado Primero Administrativo Oral de San Gil, Karen Daniela Sanabria Gamez, Miryam Bravo Calderon, Edid Yecenia Sanabria Bravo, Eduard Sanabria Bravo, Maria Antonia Niño De Sanabria, Angel Miguel Sanabria Sanabria, Angel Miguel Sanabria Niño, Mariela Sanabria Niño, Luz Marina Sanabria Niño, Abigail Sanabria Niño y Flor de María Sanabria no intervinieron, pese a que fueron notificados mediante correos electrónicos del 27 de marzo y 17 de abril de 2023 y por aviso del 27 de abril de 2023.

6. Sentencia impugnada

Mediante sentencia del 26 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercer a, Subsección B, denegó la tutela. En síntesis, consideró lo siguiente:

Que la tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad. Que el asunto tiene relevancia constitucional, por cuanto están involucrados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Que fueron agotados los mecanismos de defensa procedentes. Que la tutela fue interpuesta en un tiempo razonable, puesto que la decisión cuestionada fue notificada el 5 de diciembre de 2022 y l a demanda de tutela fue radicada el 17 de marzo de 2023. Que fueRadicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co debidamente sustentada la demanda de tutela. Que no se cuestionan sentencias de tutela.

Que no hubo defecto fáctico, puesto que el tribunal demandado sí tuvo en cuenta que el demandante estaba privado de la libertad en establecimiento penitenciario y valoró la prueba que dio cuenta de las circunstancias en la que ocurrieron las lesiones del señor Sanabria Niño, esto es, el informe de novedad del 24 de octubre de 2014. Que dicho informe indicó que el propio señor Sanabria Niño manifestó que ingresó al corral de manera imprudente.

Que la imprudencia del señor Sanabria Niño también fue valorada desde la orden de trabajo que solo lo autorizaba para trabajar en cultivos. Que tampoco se evidenció que el ingreso al corral fuera producto de una orden de personal del INPEC. Que « no se procuró la declaración de los funcionarios del establecimiento penitenciario que acudieron al lugar de los hechos (prueba que fue desistida por la parte actora) ni de quien presuntamente impartió la orden para laborar en el corral, ni de sus compañeros de reclusión que laboraban en la granja y que pudiesen dar cuenta de las circunstancias en que acontecieron los hechos».

Que no hubo desconocimiento del precedente, toda vez que el tribunal demandado sí tuvo en cuenta lo dicho por la Sección Tercera del Cons ejo de Estado frente a la responsabilidad del Estado frente a reclusos.

7. Impugnación

Que no hubo desconocimiento del precedente, toda vez que el tribunal demandado sí tuvo en cuenta lo dicho por la Sección Tercera del Cons ejo de Estado frente a la responsabilidad del Estado frente a reclusos.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la sentencia del 26 de mayo de 2023, pues, a su juicio, sí hubo desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional en materia de responsabilidad del Estado frente a reclusos. Agregó que «Evidentemente el informe es verídico, pero honorables Consejeros, la entidad para poder ingresar al patio donde se originaron los hechos materia de mi lesión, fue por una orden administrativa verbal dada a un guardián del INPEC, quien permitió mi ingreso al patio a ejercer mis labores, las cuales, obviamente no me encontraba en mi capacidad, ni era de mi experiencia, atendiendo que mi profesión es la de agricultor más no de ganadería, es así, que en cumplimiento a la orden dada al suscrito como interno, encontrándome bajo una sujeción entre interno – Estado, acogí dicha orden, la cual, simultáneamente se puede decir, fue acogida por el guardia de turno, quien permitió mi ingreso a dicho sitio, por lo cual, mi conducta no fue imprudente al ingresar al corral, contrario sensu el INPEC me hubiese abierto una investigación disciplinaria al respecto, caso que no aconteció, sencillamente atendiendo que la orden fue dada; no entiendo como el honorable Consejero de Estado de manera subjetiva e imaginaria expone situaciones fácticas que no acontecieron».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

como el honorable Consejero de Estado de manera subjetiva e imaginaria expone situaciones fácticas que no acontecieron».

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Héctor Sanabria Niño contra la sentencia del 1° de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, que, en segunda instancia, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa interpuesta por Héctor Sanabria Niño y otros contra el INPEC.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

Demandante: Héctor Sanabria Niño

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La Sala anticipa qu e si bien, prima facie, están cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo cierto es que, contra lo alegado en la impugnación, no se evidencia que la sentencia cuestionada incurriera en desconocimiento del precedente o defecto fáctico. En consecuencia, será confirmada la sentencia impugnada, que denegó la tutela.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de tutela contra providencias judiciales, (ii) el desconocimiento del precedente judicial, (iii) el defecto fáctico, y (iv) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

de tutela contra providencias judiciales, (ii) el desconocimiento del precedente judicial, (iii) el defecto fáctico, y (iv) el análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se han superado los requisitos generales.

3. El desconocimiento del precedente

Grosso modo, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente para decidir otros conflictos semejantes, esto es, los conflictos en los que exista identidad jurídica y fundamentalmente identidad fáctica. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que define n el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha

semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»5.

4. El defecto fáctico por indebida valoración probatoria

En materia probatoria, el sistema procesal colombiano no se rige por una tarifa legal, sino por el principio de la libre valoración de la prueba. Así lo establece el artículo 176 del Código General del Proceso cuando señala que « las pruebas deberán ser apr eciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos».

En virtud del principio de libre valoración de la prueba y de los princi pios de autonomía e independencia judicial (artículos 228 y 230 de la Constitución Política), la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que los jueces gozan de amplias facultades para valorar las pruebas del proceso. Es al juez a quien le corresponde determinar el valor de cada medio de prueba, mediante una valoración libre y discrecional, y bajo las reglas de la sana crítica.

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del dere cho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del dere cho fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela. 4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución. 5 Sentencia T-158 de 2017.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

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De ahí que la posibilidad de cuestionar una providencia judicial por la valoración probatoria tenga ciertas restricciones, pues la prevalencia de dichos principios solo puede ceder cuando la decisión tenga errores sustanciales y estos provengan directamente de deficiencias en la valoración, a tal punto que no corresponda con la sana crítica, que no atienda a criterios de objetividad, racionalidad, legalidad y motivación, y que no respete la Constitución ni la ley. En ese caso, la decisión se tornaría en arbitraria y habilitaría la intervención del juez de tutela.

Resulta ilustrativo citar algunos supuestos previstos por la Corte Constitucional, en sentencia SU257 de 2021, para determinar cuándo una providencia judicial incurre en defecto fáctico , por indebida valoración probatoria. Esos supuestos son:

(i) Si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es “ por completo

257 de 2021, para determinar cuándo una providencia judicial incurre en defecto fáctico , por indebida valoración probatoria. Esos supuestos son:

(i) Si la conclusión que extrae de las pruebas que obran en el expediente es “ por completo equivocada”. Podría decirse que, en este evento, la decisión puede ser calificada de irracional, toda vez que la conclusión es diametralmente opuesta –siguiendo las reglas de la lógica – a la que se desprende del contenido de los materiales probatorios. Esta desproporción podría ser identificada por cualquier persona de juicio medio.

(ii) Si la valoración que adelantó no cuenta con un fundamento objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio capricho o voluntad.

(iii) Si las pruebas no han sido valoradas de manera integral. Caso en el que se asigna un mayor o menor valor a alguna prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

(iv) Si la conclusión se basa en pruebas que no tienen relación alguna con el objeto del proceso (impertinentes); que no permiten demostrar el supuesto de hecho (inconducentes); o que fueron decretadas y practicadas, por ejemplo, desconociendo el derecho al de bido proceso de una de las Partes.

5. Análisis del caso concreto

La Sala comienza por precisar que la sentencia del 1° de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de Santander, invocó el precedente fijado por la Sección Tercera del Consejo de Estado en cuanto a la responsabilidad del Estado frente a reclusos. En concreto, el tribunal demandado citó la sentencia del 4 de febrero de 20226, que señala lo siguiente:

Tercera del Consejo de Estado en cuanto a la responsabilidad del Estado frente a reclusos. En concreto, el tribunal demandado citó la sentencia del 4 de febrero de 20226, que señala lo siguiente:

Como lo ha sostenido de manera reiterada la jurisprudencia de esta Corp oración, cuando se discute la responsabilidad del Estado por los daños ocasionados a la integridad sicofísica de las personas que se encuentran privadas de su libertad, en virtud de las relaciones especiales de sujeción existentes entre la Administración y los reclusos, para el Estado surge una obligación de protección y seguridad frente a estos, la cual implica el adelantamiento de actuaciones positivas para salvaguardar la vida y la integridad de los internos frente a las posibles agresiones durante su reclusión, así como la abstención de llevar a cabo comportamientos que puedan atentar o poner en riesgo los derechos de las personas que no hayan sido limitados con la pena o medida cautelar impuesta, razón por la cual, si el Estado no devuelve a los ciudada nos en las mismas condiciones en que los retuvo, siempre y cuando se acredite un daño a su integridad sicofísica, a pesar de que este no haya sido consecuencia de una falla del servicio, surge el deber de reparar en cabeza suya -bajo un régimen de responsabilidad objetivo por daño especial-, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado.

También se ha sostenido que cuando se in voque la existencia de una causa extraña, con la finalidad de exonerarse de responsabilidad, su acreditación deberá fundarse en la demostración de los elementos constitutivos de la modalidad que se alegue, ya sea fuerza mayor, hecho

finalidad de exonerarse de responsabilidad, su acreditación deberá fundarse en la demostración de los elementos constitutivos de la modalidad que se alegue, ya sea fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o el hecho de un tercero, de ahí que en cada caso concreto sea necesario analizar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se produjo el daño para establecer cuál fue la causa adecuada del mismo, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente en su generación”.

6 Expediente 50209.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

Demandante: Héctor Sanabria Niño

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co La sentencia cuestionada resalt ó que la responsabilidad por lesiones sufridas por personas privadas de la libertad no es absoluta, por cuanto pueden ocurrir casusas extrañas, asociadas a fuerza mayor, caso fortuito, culpa exclusiva de la víctima o el hecho de un tercero.

Sobre la culpa exclusiva de la víctima , el tribunal demandado citó la sentencia del 19 de abril de 20197, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, y resaltó que ocurre cuando « la actuación de la víctima resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño».

Seguidamente, el tribunal demandado citó los hechos probados. Entre otros, los siguientes:

(i) Que el señor Héctor Sanabria Niño estuvo privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil , entre el 25

siguientes:

(i) Que el señor Héctor Sanabria Niño estuvo privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil , entre el 25 de julio de 2011 y el 4 de agosto de 2015.

(ii) Que la tarjeta decadactilar del señor Sanabria Niño indica que tenía por profesión u oficio el de agricultor y que estaba autorizado para desarrollar actividades de estudio, de telares y tejidos, de reparaciones locat ivas, de cultivos de ciclo y de recuperación ambiental.

(iii) Que, según Formato de Evaluación de Terapia Ocupacional, diligenciado el 8 de marzo de 2013 por el señor Sanabria Niño, contaba con 35 años de experiencia en actividades de agricultura.

(iv) Que, de conformidad con el Certificado de Actividad N° 3318585, durante la reclusión, el señor Sanabria Niño trabajó en cultivos de ciclo.

(v) Que el informe de novedad del 24 de octubre de 2014, suscrito por el oficial de servicio del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de San Gil, señala lo siguiente:

Mediante el presente me permito dar a conocer la novedad presentada el día de hoy siendo las 13:25 horas, el DG. Ruiz Vargas Hernando de servicio en la Garita dos (2), informa por el radio de comunicaciones que uno de los internos que se hallaba laborando en el sector de la granja solicitaba ayuda desconociendo hasta ese momento las causas que la originaron, en forma inmediata el suscrito Insp. Riaño Rueda Jaime, oficial de servicio se dirige al sitio en c ompañía del DG. Ortiz Gómez Oscar y los internos López

que la originaron, en forma inmediata el suscrito Insp. Riaño Rueda Jaime, oficial de servicio se dirige al sitio en c ompañía del DG. Ortiz Gómez Oscar y los internos López Delgado Rafael, Barreño Niño Javier y Gutiérrez Herrera José Luis, encontrando al interno Sanabria Niño Héctor dentro del corral del ganado tendido en el piso y con alguna herida visible en su rostro d e tal forma el interno es auxiliado y trasportado hacia el hospital Regional de san Gil en el vehículo oficial del Establecimiento. Cabe anotar que el interno en todo momento estuvo consiente y nos manifestó en un principio que las causas que originaron el accidente fue producto de una imprudencia suya al entrar al corral del ganado sin las precauciones debidas . Manifestó de igual forma que era la primera vez que le sucedía una situación de estas teniendo en cuenta su vasta experiencia de más de 15 años, solicito no informar a su familia por que su padre sufría del corazón y que lo que había sucedido no era tan grave.

Se deja constancia que la atención del interno fue inmediata y que con él hay otro interno que lleva varios meses desempeñando la labor de ganadería sin que se haya originado un accidente similar (resalta la Sala).

7 Expediente 17957.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01398-01

Demandante: Héctor Sanabria Niño

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (vi) Que, según la historia clínica del señor Sanabria Niño, el incidente del 24 de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co (vi) Que, según la historia clínica del señor Sanabria Niño, el incidente del 24 de octubre de 2014 derivó en lesiones en la mano izquierda (fractura calcáneo izquierdo) y pie izquierdo (luxación de articulación del pulgar izquierdo).

(vii) Que la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Santander, en dictamen del 19 de septiembre de 2019, determinó que el señor Sanabria Niño perdió el 13.71 de la capacidad laboral.

En ese contexto, el tribunal demandado concluyó que hubo culpa exclusiva de la víctima, toda vez que, de conformidad con el informe de novedad del 24 de octubre de 2014, fue la conducta imprudente del interno la que determinó la ocurrencia del accidente sufrido. En lo que interesa, la sentencia cuestionada indicó lo siguien