CE - 110010315000202301495011SENTENCIACONFIRMA20230914150431

Consejo de Estado

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Título
CE - 110010315000202301495011SENTENCIACONFIRMA20230914150431
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01495-01

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01495-01

Demandantes: YOLANDA CAMELO GONZÁLEZ Y OTRA

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial– inmediatez

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada po r la parte actora contra la providencia del 13 de junio de 2023 , proferida por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado , que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Kellin Daniela Hernández Camelo y a su vez declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito adjetivo de la inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Las señoras Yolanda Camelo González y Kellin Daniela Hernández Camelo

inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Las señoras Yolanda Camelo González y Kellin Daniela Hernández Camelo en nombre propio , promovieron acción de tutela el 23 de marzo de 2023 , contra la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado y la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , por considerar que les han vulnerado su derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.

Lo anterior, con ocasión de l auto de 29 de junio de 2018 emitido po r el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, con la que se rechazó la acción de grupo promovida contra la NaciónMinisterios de Defensa Nacional y de Haci enda y Crédito Público, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional y el auto de 22 de abril de 2022 proferido por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado , que rechazó la apelación presentada , por considerar falta de agotam iento de los presupuestos procesales como lo era el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

Demandado: Consejo de Estado,

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Cabe aclarar que, aunque a través de proveído de 20 de abril de 2023 se ordenó notificar únicamente como dem andados a los señores magistrados de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la secretaría general del Consejo de Estado también notificó a los señores magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, razón por la cual, con proveído de 17 de mayo de 2023, se les vinculó como accionados, pues, a pesar de que las tutelantes controvierten el auto de 29 de junio de 2018, dictado por la subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrat ivo de Cundinamarca, con posterioridad a esa actuación se emitió el auto de 9 de diciembre de 2020, con el que se dispuso el rechazo de la demanda por haberse configurado la caducidad, el cual fue modificado el 22 de abril de 2022 por las mencionadas autoridades judiciales, para rechazarla, pero por “[…] falta de agotamiento de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”.

1.2 Pretensiones.

En consecuencia, formuló la siguiente pretensión:

“Corregir admini strativamente Las falencias ES POR ESE MOTIVO QUE

RUEGO A SU SEÑORIA AMPARAR EL DERECHO CONSTITUCIONALES ALA

INFORMACION Y AL DEBIDO PROCESO CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 23

“Corregir admini strativamente Las falencias ES POR ESE MOTIVO QUE

RUEGO A SU SEÑORIA AMPARAR EL DERECHO CONSTITUCIONALES ALA

INFORMACION Y AL DEBIDO PROCESO CONSAGRADOS EN EL ARTICULO 23

Y 29 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA EN ESOS TERMINOS

SUBSANO EL ESCRITO DE LA DEMANDA”1

“La razón por la que se está tutelando es el reconocimiento incompleto del factor salarial llamado prima de actividad desde que salió la resolución de reconocimiento de pensión hasta la fecha”.2”

1.3. Hechos

La solicitud se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

Las accionantes manifestaron que, en ejercicio “[…] del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo ”, por conducto de apoderada, demandaron a la Nación - Ministerios de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (expediente 25000-23-41000-2018-00538-01), con el fin de obtener la indemnización por la falta de incremento de la prima de actividad del señor Harold Hernández Lasprilla (q. e. p. d.) desde el 2007, y la omisión de reliquidar su asignación de retiro y/o pensión desde el mismo año.

Señalaron que, sin embargo, dicho asunto fue rechazado con auto de 29 de

1 Transcripción del original con errores ortográficos 2 Dicha explicación la efectúa la tutelanteDemandantes: Yolanda Camelo González y otra

Señalaron que, sin embargo, dicho asunto fue rechazado con auto de 29 de

1 Transcripción del original con errores ortográficos 2 Dicha explicación la efectúa la tutelanteDemandantes: Yolanda Camelo González y otra

Demandado: Consejo de Estado,

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junio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (subsección B de la sección primera), al considerar que no era procedente por no presentarse una unidad de causa.

Indicaron que dentro de dicho proceso, mediante auto del 9 de diciembre de 2020, se dispuso el rechazo de la demanda por haberse configurado la caducidad; no obstante, contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, desatado el 22 de abril de 2022, por el Consejo de Estado – Sección Tercera, [e n el sentido de] […] modific[arla], […] para en su lugar, rechazar[la] […], dada la falta de agotamiento de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho”.

1.4. Sustento de la vulneración

Del escrito de tutela se puede inferir que la demandante solicita el acceso a la administración de justicia, por cuanto lo que se está tutelando es que se le tenga en cuenta dentro de la pensión sustitutiva la prima de productividad desde que salió dicha pensión hasta la fe cha ya que considera que sin dicho

la administración de justicia, por cuanto lo que se está tutelando es que se le tenga en cuenta dentro de la pensión sustitutiva la prima de productividad desde que salió dicha pensión hasta la fe cha ya que considera que sin dicho reconocimiento se está frente a “la violación tacita desmejoramiento de un derecho Laboral”.3

1.5. Trámite de primera instancia

Por auto del 2 8 de marzo de 2023, el despacho sustanci ador inadmitió la demanda para q ue las accionantes: (i) indicaran cual es la providencia que presuntamente quebranta o amenaza conculcar sus derechos constitucionales fundamentales y las autoridades públicas que la profirieron, (ii) expusieran de manera concisa los hechos y razones concreta s (la acción u omisión de las autoridades accionadas) que motivan la solicitud de amparo y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla , (iii) expresaran con claridad y precisión la protección que persiguen a través de la acción (súplicas), pues de su lectura sistemática e integral no es dable inferir lo que pretenden y (iv) señalaran el número completo del expediente del asunto ordinario.

Mediante escrito de subsanación, allegado el 31 de marzo de 2023, las demandantes aducen que r eprochan el auto del 29 de junio de 2018 proferido por la Sección Primera, Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de grupo 25000 -23-41-000-2018-0053801 y lo que se está buscando es el reconocimiento incompleto del factor salarial llamado prima de actividad desde [cuando] salió la resolución de reconocimiento de pensión hasta la fecha.

01 y lo que se está buscando es el reconocimiento incompleto del factor salarial llamado prima de actividad desde [cuando] salió la resolución de reconocimiento de pensión hasta la fecha.

Si bien para el ponente de primera instancia el escrito de subsanación no colma a cabalidad las exigencias solicitadas ya que no plantean pretensiones concretas y los hechos y argumentos no guardan coherencia, se admitió la

3 Transcripción originalDemandantes: Yolanda Camelo González y otra

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acción de tutela con el propósito de salvaguardar el acceso a la administración de justicia de las actoras y tratar de dilucidar los motivos de su inconformidad y ordenó notificar a través del medio más eficaz, a las autoridades demandadas.

A través de proveído de 20 de abril de 2023 se ordenó notificar a los magistrados de la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Secretaría General del Consejo de Estado notificó también a los señores magistrados de la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados a los señores (i) Carlos Arturo Mora Hernández, Manuel Guillermo Kopp, Julio Roberto Cabieles Caro, Humberto Ayala Acevedo, Jacqueline Trillos Parra, Cecilia

Asimismo, se dispuso vincular como terceros interesados a los señores (i) Carlos Arturo Mora Hernández, Manuel Guillermo Kopp, Julio Roberto Cabieles Caro, Humberto Ayala Acevedo, Jacqueline Trillos Parra, Cecilia Roa Carvalho, Fernando Suárez Peña, Pedro Emilio Pinto Rivera, Eduardo Sevilla Hurtado, Carlos Julio Lancheros Matallana, Carmen Alicia Román Blanco, José Antonio Vera, José Andrés Hurtado Trujillo, José Luis Martínez Villalba, Cristóbal Lizcano Barrera, Jairo Antonio Moreno Londoño, Jesús Manuel Pinzón Ramírez, Josué Jaimes Monsalve, Eduardo de Jesús Aguirre Cano, Celio Martí nez, Jairo Morales Aranda, María Mercedes Puerto Melo, Aura Lilia Pérez Cardozo, Yolanda Mancera Parra, Carlos Nicolás Ramírez, Ricardo Quintero Serpa, Ramiro Jaramillo Castaño, Luis Antonio González Vásquez, Reinaldo Ramírez Escobar, José Ignacio Osses Murillo, Celiano Vega Rivera, María N eya Núñez Preciado, Héctor Apache Sánchez, José Vicente Báez, Alirio Carvajal Reyes, Luis Enrique Hernández López, Jesús Emilio Jaramillo Cruz, Pedro Elías Espinel Cardozo, Armando Suárez Ocaciones, Jaime Castañeda Porras , José Eliécer Castellanos, Juan Martín Vera Botero, Octavio Valbuena Velandia, Nelly Solano de Orozco, Martha Cecilia Ospina Ortiz, Margarita Agudelo de Fontecha, Luis Alfredo Almeida Méndez, José Agustín Romero Torres, Gilberto Castillo Reyes, Diógenes Galvis Carvajal, Samuel Figueroa Muñ oz, Luis Amado Quesada Ramos,

Cecilia Ospina Ortiz, Margarita Agudelo de Fontecha, Luis Alfredo Almeida Méndez, José Agustín Romero Torres, Gilberto Castillo Reyes, Diógenes Galvis Carvajal, Samuel Figueroa Muñ oz, Luis Amado Quesada Ramos, Blanca Cecilia Cortez Ramírez, Tomás Anilio Murillo, Luz Stella Mendivelso de García, Antonio Melo Sanabria, Sonia Bonilla Márquez, Édgar López Vásquez, Julio César Carbonell Marín, Justo Pas tor Rivero Gómez, Pablo Rincón Ardila, César Gómez, Miguel Antonio Rodríguez Otálora, William de Jesús Marín Rivera, José Joaquín García Montañez, Eduardo Alejandro Montagut Cifuentes y Fabio Nieto Córdoba, dado que integraron la parte actora en el trámite ordinario dentro del que se dictó la providencia que aquí se cuestiona; y (ii) Ministros de Defensa Nacional y de Hacienda y Crédito Público y directores generales de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y de la Caja de Sueldos de Retiro de la Polic ía Nacional, toda vez que dichas autoridades regentan los entes demandados dentro de esas diligencias.Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

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1.5. Intervenciones

1.5.1 Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

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1.5. Intervenciones

1.5.1 Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Señaló que “[…] [e]l 22 de mayo de 2018, el señor Carlos Arturo Mora Hernández y otras sesent a y ocho (68) personas, en ejercicio del medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, […] demandaron a la Nación - Ministerio de Defensa [Nacional] - Ministerio de Hacienda [y Crédito Público] , Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, con el fin de obtener la indemnización de los [agravios originados] por […] la falta de incremento de su prima de actividad desde el 2007, y […] la omisión en reliquidar su asignación de retiro y/o pensión desde el mismo año», el cual, con «[…] auto d[e] 22 de abril de 2022, notificado el 6 de junio siguiente, […] [se] […] adecuó [al medio de control de] nulidad y restablecimiento del derecho, luego de lo cual, [se] rechazó […] por falta de agotamiento de los presupuestos de procedibilidad […], pues los actores, previamente, no formularon la reclamación administrativa ante la demandada y, por ende, no provocaron la expedición del acto administrativo particular pertinente, susceptible de control judicial”.

Agregó que no se satisface el requisito de inmediatez, comoquiera que «[…] la providencia atacada por l[a]s accionantes se notificó el 6 de junio de 2022, sin que se hubiese solicitado su aclaración, corrección o comp lementación;

la providencia atacada por l[a]s accionantes se notificó el 6 de junio de 2022, sin que se hubiese solicitado su aclaración, corrección o comp lementación; no obstante, la […] tutela se presentó el 23 de marzo de 2023, es decir más de 9 meses después […]».

1.5.2 Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Manifestó que, “[m]ediante auto del 9 de diciembre de 2020 [,] se dispuso el rechazo de la demanda [de grupo con radicación 25000 -23-41-000-201800538-01] por haberse configurado la caducidad […]”, no obstante, contra esa decisión la parte actora interpuso recurso de apelación, desatado el “[…] 22 de abril de 2022, por el Consejo de Estado – Sección Tercera, [en el sentido de] […] modific[arla], […] para en su lugar, rechazar [la] […], dada la falta de agotamiento de los presupuestos procesales del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ”, por lo que solicitan negar el amparo deprecado, comoquiera que “[…] el trámite adelantado por es [a] Corporación se realizó con observancia del debido proceso […]”.

1.5.3. Caja de Retiros de Las Fuerza Militares

El director general de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a través de apoderada, solicitó su desvinculación dentro del asunto, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, porque “[…] se puede evidenciar que lo que pretende [n] la[s] accionante[s] es la liquidación de la prima de

apoderada, solicitó su desvinculación dentro del asunto, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, porque “[…] se puede evidenciar que lo que pretende [n] la[s] accionante[s] es la liquidación de la prima de actividad con el 49,5% sobre reconocimiento de la pensión de sobrevivientes,Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

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[en razón al deceso del señor Harold Hernández Lasprilla (q. e. p. d.)] , pretensiones sobre las que […] NO tiene [injerencia alguna] , pues no está dentro de su objeto […]. Por e l contrario, el competente para ello es el Ministerio de Defensa Nacional, pues […] el fallecimiento del citado militar fue

e[n] SERVICIO ACTIVO”.

1.5.4. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El subdirector jurídico de esa cartera pidió que se declarara improcedente la acción de tutela, al considerar que las funciones que le impone el ordenamiento jurídico no tienen relación con las súplicas de las accionantes, toda vez que «[…] no fue parte procesal en ninguna de las acciones adelantadas ante el Tri bunal Administrativo de Cundinamarca ni ante la Sección Tercera del Consejo de Estado […]», por tanto, no tiene legitimación en la causa por pasiva en este trámite constitucional.

1.5.5. Caja de sueldos de Retiros de la Policía Nacional

Sección Tercera del Consejo de Estado […]», por tanto, no tiene legitimación en la causa por pasiva en este trámite constitucional.

1.5.5. Caja de sueldos de Retiros de la Policía Nacional

La jefe de la oficina asesora jurídica de ese org anismo solicitó la desvinculación de la entidad dentro del asunto, por cuanto carece de legitimación en la causa por pasiva, dado que, “[v]erificado el sistema de gestión documental “Control Doc” y la Nómina de Pagos […], se evidencia que el señor HAROLD HERN [Á]NDEZ LASPRILLA […] no deveng [ó] asignación mensual de retiro por parte de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ” (sic). Además, “[…] las accionantes […] solicitan El Reconocimiento y pago de la Prima De Actividad, y su reajuste de asignación de retiro ante el Ministerio De Defensa y La Caja De Retiro De Las Fuerzas Militares […]” (sic), por lo que es ese último ente el que “[…] se encuentr[a] en la obligación de pronunciarse al respecto […]”4

1.5.6. El Ministerio de Defensa Nacional así como los señores Carlos Arturo Mora Hernández, Manuel Guillermo Kopp, Julio Roberto Cabieles Caro, Humberto Ay ala Acevedo, Jacqueline Trillos Parra, Cecilia Roa Carvalho, Fernando Suárez Peña, Pedro Emilio Pinto Rivera, Eduardo Sevilla Hurtado, Carlos Ju lio Lancheros Matallana, Carmen Alicia Román Blanco, José Antonio Vera, José Andrés Hurtado Trujillo, José Luis Martínez Villalba, Cristóbal Lizcano Barrera, Jairo Antonio Moreno Londoño, Jesús Manuel

Carlos Ju lio Lancheros Matallana, Carmen Alicia Román Blanco, José Antonio Vera, José Andrés Hurtado Trujillo, José Luis Martínez Villalba, Cristóbal Lizcano Barrera, Jairo Antonio Moreno Londoño, Jesús Manuel Pinzón Ramírez, Jos ué Jaimes Monsalve, Eduardo de Jesús Aguirre Cano, Celio Martínez, Jairo Morales Aranda, María Mercedes Puerto Melo, Aura Lilia Pérez Cardozo, Yolan da Mancera Parra, Carlos Nicolás Ramírez, Ricardo Quintero Serpa, Ramiro Jaramillo Castaño, Luis Antonio González Vásquez, Reinaldo Ramírez Esco bar, José Ignacio Osses Murillo, Celiano Vega Rivera, María Neya Núñez Preciado, Héctor Apache Sánchez, José Vicente Báez, Alirio Carvajal Reyes, Luis Enrique Hernández López, Jesús Emilio Jaramillo Cruz, Pedro Elías Esp inel Cardozo, Armando Suárez Ocaciones, Jaime Castañeda Porras, José Eliécer Castellanos, Juan Martín

4 Transcripción del original con posibles erroresDemandantes: Yolanda Camelo González y otra

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Vera Botero, Octavio Valbuena Velandia, Nelly Solano de Orozco, Martha Cecilia Ospina Ortiz, Margarita Agudelo de Fontecha, Luis Alfredo Almeida Méndez, José Agustín Romero Torres, Gilberto Castillo Reyes, Diógenes

Vera Botero, Octavio Valbuena Velandia, Nelly Solano de Orozco, Martha Cecilia Ospina Ortiz, Margarita Agudelo de Fontecha, Luis Alfredo Almeida Méndez, José Agustín Romero Torres, Gilberto Castillo Reyes, Diógenes Galvis Carvajal, Samuel Figueroa Muñoz, Luis Amado Quesada Ramos, Blanca Cecilia Cortez Ramírez, Tomás Anilio Murillo, Luz Stella Mendivelso de García, Antonio Melo Sanabria, Sonia Bonilla Márque z, Édgar López Vásquez, Julio César Carbonell Marín, Justo Pastor Rivero Gómez, Pablo Rincón Ardila, César Gómez, Miguel Antonio Rodríguez Otálora, William de Jesús Marín Rivera, José Joaquín García Montañez, Eduardo Alejandro Montagut Cifuentes y Fabio Nieto Córdoba , guardaron silencio en l a oportunidad prevista para el efecto.

1.6. Sentencia de primera instancia

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, en providencia del 13 de junio de 2023, declaró la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Kellin Daniela Hernández Camelo y a su vez, la improcedencia del amparo por no cumplir el requisito de inmediatez.

Como sustento de esta decisión, expresó en resumen lo siguiente:

“(…) la Sala concluye que la señora Kellin Daniela Hernández Camelo carece de legitimación en la causa por activa, toda vez que, además de no ser parte ni interviniente en la acción de grupo con radicación 25000 -23-41000-2018-00538-01, dentro de la cual se dictó la providencia objeto de reproche, invoca una garantía constitucional de la que no es titular, pues la

ser parte ni interviniente en la acción de grupo con radicación 25000 -23-41000-2018-00538-01, dentro de la cual se dictó la providencia objeto de reproche, invoca una garantía constitucional de la que no es titular, pues la vulneración del acceso a la administración de justicia solo la pueden alegar los intervinientes en esas diligencias, en las cuales, se reitera, no participó.

Por consiguiente, la Sala declarará la falta de legitimación en la cau sa por activa de la señora Kellin Daniela Hernández Camelo y solo efectuará el análisis de la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales de la señora Yolanda Camelo González”

De igual manera advirtió que:

“(…) la providencia atacada quedó ejecutoriada el 13 de junio de 20225 y la solicitud de amparo se presentó el 23 de marzo de 2023, es decir, nueve (9) meses y diez (10) días después”.

Por lo que concluyó que las circunstancias propias del asunto no colman los presupuestos legales ni jurisprudenciales para su procedencia, razón por la que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia respecto de la señora Camelo González.

5 El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 6 de junio de 2022, motivo por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 8 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro

esto es, el 8 de los mismos mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA.Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

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1.7. Impugnación

Mediante escrito del 1 de agosto de 2023, la parte demandante presentó escrito de impugnación contra la providencia del 13 de junio de 2023, en el que manifestó que el fallador inc urrió en error de hecho y de derecho en cuanto al examen de lo pedido basándose en consideraciones inexactas.

Adujo que con respecto a la falta de legitimación en la causa por activa de la señora Daniela Hernández Camelo, ella es hija de señor Harold Hernández Laprilla (q.e.p.d.), por lo que debe reconocérsele pensión de sobrevivientes hasta el cumplimiento de los 25 años.

Respecto al requisito de la inmediatez, adujo que la Corte Constitucional ha resaltado que de conformidad con el artículo 86 de la Con stitución, la acción de tutela puede interponerse “en todo momento” , pues el derecho que se persigue no prescribe por cuanto se solicita el reaj uste pensional con nuevos factores salariales; por tanto, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran.

factores salariales; por tanto, el derecho a la pensión se ve sustancialmente afectado cuando la prestación económica no es reconocida en su monto real y con todos los elementos que la integran.

Indicó que considera que existe una falta de coherencia o de concordancia entre lo expuesto en la parte motiva y la realidad de los hechos ; por tanto, solicitó se revoque el fallo de primera instancia y se tutelen sus derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer la impugnación presentada por la parte actora contra la providencia del 13 de junio de 2023, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2 015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo emitido en primera instancia p or la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado , con base en los argumentos de impugnación presentados.

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; ii) req uisito de procedibilidad adjetiva de inmediatez y iii) estudio del caso concreto.Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

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2.3 Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126, unificó la diversidad de criterios que la Corporación ten ía sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.

Así, después de un recuento de los criterio s expuestos por cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra providencias judiciales8.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “ fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 9, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo , decidió adoptar los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción cons titucional contra providencia judicial.

2.4 Inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela

determinar la procedencia de la acción cons titucional contra providencia judicial.

2.4 Inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela debe inco arse en un plazo razonable 10, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de protección actual, inmediato y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia de las acciones de tutela contra providencia s judiciales, después de haber transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho generador que da lugar a la solicitud de protecc ión y la presentación de la misma, sin que medien razones suficientes que justifiquen el retardo.

6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González. 7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia. 9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica.

providencia. 9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 10 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 11001-03-15-000-200801018-01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.Demandantes: Yolanda Camelo González y otra

Demandado: Consejo de Estado,

Sección Tercera, Subsección A y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01495-01

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU -439 del 13 de julio de 2017, manifestó sobre las reglas de es te requisito de procedibilidad adjetiva lo siguiente:

“48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de conformidad con el presupues to de inmediatez, la acción de tutela debe ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la

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