CE - 110010315000202301539001SENTENCIA20230629165236

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

Demandantes: CARLOS MONROY DURÁN Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

Demandantes: CARLOS MONROY DURÁN, RUBIELA VÁSQUEZ OROZCO,

CARLOS DAVID MONROY VÁSQUEZ, YENNI PAOLA

MONROY VÁSQUEZ, YESICA ANDREA MONROY VÁSQUEZ,

YULY VANESSA MONROY VÁSQUEZ, YEFERSON MONROY

VÁSQUEZ, ERMINSO MONROY DURÁN, ANA SILVIA

MONROY DURÁN, INOCENCIO MONROY DURÁN, GERMÁN

DURÁN, RUBÉN MONROY DURÁN, ROSA MARÍA MONROY

DURÁN, MARÍA IDALY MONROY DE REYES, WILLIAM

ANDRÉS VÁSQUEZ OROZCO Y BLEIDY LIZETH VÁSQUEZ

OROZCO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO

OROZCO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A” Y JUZGADO

TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por omisión en el deber de prestar medidas de protección.

Defectos fáctico y por desconocimiento del pre cedente judicial. Requisito general de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por los señores Carlos Monroy Durán, Rubiela Vásquez Orozco, Carlos David Monroy Vásquez, Yenni Paola Monroy Vásquez, Yesica Andrea Monroy Vásquez, Yuly Vanessa Monroy Vásquez, Yeferson Monroy Vásquez, Erminso Monroy Durán, Ana Silvia Monroy Durán, Inocencio Monroy Durán, Germán Durán, Rubén Monroy Durán, Rosa María Mo nroy Durán, María Idaly Monroy d e Reyes, William Andrés Vásquez Orozco y Bleidy Lizeth Vásquez Orozco , quienes actúan en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá , en la que pide n el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva , vulnerados, supuestamente, por l as

Circuito de Bogotá , en la que pide n el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva , vulnerados, supuestamente, por l as sentencias de 22 de septiembre de 2022 y 26 de julio de 2021 , respectivamente,, mediante las cuales se negaron las pretensiones de la dema nda de reparación directa que promovieron contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante INEPC) y la Rama Judicial , con el fin de que se le s declarara administrativa y patrimonial mente responsable s por la omisión en el deber de prestar medidas de protección , lo que conllevó que el señor Carlos Monroy DuránRadicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

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2 resultara gravemente herido por un tercero luego de salir de una diligencia judicial en la ciudad de Florencia, Caquetá.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes manifestaron que el señor Carlos Monroy Dur án trabajaba como celador en la finca La Ponderosa en el departamento del Caquetá, donde el 29 de noviembre del año 2011 tuvo un altercado con otra persona, a quien le causó la muerte con el arma de fuego asignada a su labor.

Afirmaron que ese mismo día el señor Monroy Durán se presentó ante las autoridades correspondientes, y que el 9 de febrero de 2012 fue citado a audiencia

muerte con el arma de fuego asignada a su labor.

Afirmaron que ese mismo día el señor Monroy Durán se presentó ante las autoridades correspondientes, y que el 9 de febrero de 2012 fue citado a audiencia por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia, Caquetá, quien le concedió la detención domiciliaria en su residencia en dicha ciudad, “informando que el INPEC era el encargado de su vigilancia”.

Sostuvieron que el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Florencia , citó al señor Monroy Durán a diferentes audiencias, sin que obr ara constancia en el expediente de haberse oficiado por part e del despacho judicial al I NPEC para el respectivo traslado a las instalaciones del despacho de conocimiento en todas las oportunidades que fue citado, entre estas, la celebrada el 23 de enero de 2013, a la que tuvo que acudir por sus propios medios, pues no fue recogido en su vivienda para ser trasladado a la diligencia.

Mencionaron que la audiencia programada no se realizó y que al salir y no ver al personal encargado de su seguridad y traslado , el señor Monroy Durán tomó la decisión de irse caminando a su lugar de residencia a seguir cumpliendo con su detención domiciliaria, sin la debida protección que debía prestar el I NPEC, y que en el trayecto fue brutalmente agredido por una persona, quien le disparó causándole múltiples heridas con arma de fuego e n la cabeza, cuello y hombro derecho, “lo que le generó que no pudiera realizar ningún esfuerzo debido a la discapacidad física y demás que le causó dicho atentado”.

causándole múltiples heridas con arma de fuego e n la cabeza, cuello y hombro derecho, “lo que le generó que no pudiera realizar ningún esfuerzo debido a la discapacidad física y demás que le causó dicho atentado”.

Adujeron que el señor Monroy Durán fue amenazado de muerte 6 meses antes del atentado, “ lo cual él informó a la autoridad judicial y solicitó mantener la medida de detención domiciliaria de la cual gozaba en ese momento”.

Sostuvieron que dado, lo anterior, a través del medio de control de reparación directa solicitaron el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la indebida actuación del I NPEC y la Rama Judicial , al no habe r brindado la seguridad necesaria al señor Monroy Durán, quien se encontraba en detención domiciliaria “y por ende bajo custodia y cuidado de los demandados”.

Refirieron que el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá mediante sentencia de 26 de julio de 2021 , negó las pretensiones de la demanda “concluyendo que las entidades demandadas habían cumplido su labor, que los hechos ocurrieron por culpa exclusiva de la víctima, por cuanto a pesar de que la demandada INPEC realizó todas las gestiones para garantizar la seguridad y traslado de Carlos Monroy para atender la diligencia judicial que tenía programada, fue la conducta de él la que puso en riesgo su vida, al decidir de manera autónoma salir del Palacio de Justicia”.

Por último, adujeron que luego de que interpusieran recurso de apelación contra la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,

Por último, adujeron que luego de que interpusieran recurso de apelación contra la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, en sentencia de 22 de septiembre de 2022, confirmó el fallo “ bajo el entendido de que la decisión tomada por el a quo es acertada, indica que las gravesRadicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

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3 lesiones soportadas por Carlos Monroy no fueron perpetradas por agentes de las entidades demandadas, ni co n el permiso, por lo tanto no existe responsabilidad por las demandadas, y que a su vez el título de imputación por falla en el servicio por omisión en el deber de protección y seguridad al detenido, por parte de las entidades demandadas no se había demostrado en el proceso”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, vulnerados, supuestamente, con las sentencias de 22 de septiembre de 2022 y 26 de julio de 2021, en su orden, mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovieron contra el INPEC y la Rama Judicial, con el fin

Administrativo del Circuito de Bogotá negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovieron contra el INPEC y la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonial mente responsables por la omisión en el deber de pres tar medidas de protección, lo que, a su juicio, determinó que el señor Carlos Monroy Durán resultara gravemente herido por un tercero luego de salir de una diligencia judicial en la ciudad de Florencia.

En primer lugar, hizo referencia al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de l os que resaltaron que en el caso se cumple con el requisito de relevancia constitucional, en tanto “se pretende cuestionar no solamente las actuaciones irreg ulares de valoración probatoria que acaecieron dentro del proceso sino también la razonabilidad de las providencias judiciales emitidas (…) pues incurren en diferentes defectos especiales que culminan por vulnerar derechos fundamentales”, y por cuanto “ el derecho al debido proceso no solamente ha sido amparado por el ordenamiento nacional, sino que ha sido reconocido por instrumentos internacionales como la CONVENCIÓN AMERICANA

SOBRE DERECHOS HUMANOS”.

Indicaron que las providencias objetadas incurren en i) defecto fáctico, por cuanto, indic aron, ambas instancias no realizaron la debida valoración de los medios de prueba, “ con apreciaciones de carácter subjetivo e irracionales a la luz de la realidad fáctica, jurídica y procesal. Por el contrario, no exist e sana crítica en el caso que nos ocupa, sino que desvió el cauce ordinario que las pruebas tenía y negó de manera desbordada y caprichosa las pretensiones de la demanda”.

nos ocupa, sino que desvió el cauce ordinario que las pruebas tenía y negó de manera desbordada y caprichosa las pretensiones de la demanda”.

Sobre el particular, aseveraron que las autoridades judiciales accionadas no le dieron el valor probatorio al testimonio rendido por el señor Ulises Vargas Díaz , quien en audiencia de pruebas indicó que él estuvo en el Palacio de Justicia, que acompañó a Carlos Monroy Durán a la audiencia y estuvo cuando la misma fue suspendida y el guardia autorizó que se fuera para su casa, “pero al informe rendido por el dragoneante del INPEC que era el encargado de la custodia del señor Monroy si le otorgaron toda la validez, en el sentido de que sus fallos se basan única y exclusivamente en esta prue ba, además si era de declarar una responsabilidad como se puede concluir de las pruebas obrantes en el proceso existiría una responsabilidad de ambas partes y no únicamente de la víctima directa, porque no solo por parte del Inpec se asignó un solo guardia para 6 remisiones en el mismo día, sino como lo relató el testigo fue el mismo guardia quien autorizó el desplazamiento a su vivienda a la víctima directa, entonces si no existía claridad entre la autorización por parte del guardia y el hecho de que no se le garantizó la debida seguridad se debió declarar una responsabilidad compartida”.

De otra parte, señalaron que las sentencias objetadas incurren en ii) desconocimiento del precedente judicial, “del Consejo de Estado al aplicar de manera indebida el tít ulo de imputación objetiva en el presente asunto, pues nótese que de tajo cerraron la posibilidad de aplicar dicho régimen para dar paso al subjetivo del cual

manera indebida el tít ulo de imputación objetiva en el presente asunto, pues nótese que de tajo cerraron la posibilidad de aplicar dicho régimen para dar paso al subjetivo del cual resulta que se debía demostrar la falla del servicio de las entidades accionadas, puestoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

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4 que no s ólo desconocen el precedente judicial sino que a su vez cuando lo aplican lo hacen de manera indebida”.

Agregaron que, “para corroborar lo anterior, traigo a colación lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia SU -072 de 20 18”, de la que reali zaron una extensa cita, en la que resaltaron apartes relacionados con la responsabilidad estatal en los casos de privación injusta de la libertad en los que la absolución o preclusión emana de falencias probatorias en la instrucción o juicio penal.

Así mismo, refirieron que la Sección Tercera del Consejo Estado en fallo de 14 de octubre de 2015 (radicado Nº 2012-00902-01 1 ), “luego de analizar una acción de reparación directa en la que fue objeto de estudio el asesinato de una persona condenada mientras se encontraba recluida en un establecimiento penitenciario administrado por el INPEC” indicó que el Estado debe responder por los daños a reclusos, incluso si provienen de ellos o de terceros, y afirmó que en estos casos se ha declarado la responsabilidad pat rimonial de la administración aunque no exista de manera

INPEC” indicó que el Estado debe responder por los daños a reclusos, incluso si provienen de ellos o de terceros, y afirmó que en estos casos se ha declarado la responsabilidad pat rimonial de la administración aunque no exista de manera concreta una falla en el servicio o un incumplimiento de las obligaciones de respeto y protección a cargo de las autoridades penitenciarias, “ cosa que no ocurrió en nuestro caso y que los accionados pasaron por alto o desconocieron en su fundamentación”.

Finalmente indicaron que los fallos objetados no tuvieron en cuenta lo desarrollado por la Corte Constitucional en sentencia T -077 de 2013, en la que desarrolló la noción de “relaciones especiales de sujeción”, como base para el entendimiento del alcance de los deberes y derechos recíprocos entre internos y autoridades carcelarias.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1. Sean tutelados nuestros derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, que nos fueron vulnerados con las Sentencias proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN “A” y el JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, dentro del proceso de reparación directa, bajo el radicado: 11001333603720150018800.

2. Como consecuencia de lo anterior se deje sin efectos las Sentencias de Primera Instancia del 26 de julio de 2021 expedida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo

del Circuito de Bogotá D.C., y la de Segunda Instancia dictada el 22 de septiembre de

Instancia del 26 de julio de 2021 expedida por el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., y la de Segunda Instancia dictada el 22 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “A”.

3. Que en su lugar se ordene a las accionadas proferir nueva sentencia que se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso, con ello el derecho de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, revisando y valorando en debida forma las pruebas que fueron aportadas dentro del proceso y aplicando el régimen de responsabilidad correcto.

4. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales, imploro a su despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice nuestros derechos”.

4. Pruebas relevantes

Se allegaron las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el medio de control de reparación directa con radicado Nº 2015-00188-01, actor : Carlos Monroy Durán y otros.

1 C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

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5. Trámite procesal

Por auto de 30 de marzo de 202 3, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la s autoridades judiciales accionadas. Igualmente, a la

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5. Trámite procesal

Por auto de 30 de marzo de 202 3, el despacho admitió la demanda y ordenó notificar al accionante y a la s autoridades judiciales accionadas. Igualmente, a la Nación – Rama Judicial, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), al señor Yesid Antonio Monroy Durán y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 30348 a 30356, todos de 10 de abril de 2023, con el fin de notificar a las partes 2 .

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Subsección “A”

La titular del despacho que profirió la decisión de segunda instancia objetada rindió informe en el que manifestó que la decisión cuestionada fue proferida por el magistrado que ocupaba antes su lugar, razón por la que no le es posible emitir ningún juicio sobre las consideraciones que la motivaron.

6.2. Respuesta de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación por pasiva a su favor, por cuanto, sostuvo, dentro de sus competencias legales no se encuentra dar órdenes a los despachos judiciales, por lo que no es competente para emitir respuesta a las pretensiones de la acción.

6.3. Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta

que no es competente para emitir respuesta a las pretensiones de la acción.

6.3. Respuesta del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva a s u favor, por cuanto, sostuvo, no es la Dirección General del INPEC la encargada de dar solución a lo planteado por el accionante, sino la jurisdicción contencioso administrativa.

6.4. Las demás autoridades vinculadas al trámite constitucional, aun cuando fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la acción de tutela , guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si las sentencias de 22 de septiemb re de 2022 y 26 de julio de 2021, en su orden , mediante las cuales el Tribunal

2 La notificación se envió a los correos: oficinabogota@condeabogados.com tutelas@inpec.gov.co; tutelas2@inpec.gov.co; notificaciones@inpec.gov.co; direccion.general@inpec .gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.cojadmin37bta@notificacionesrj.gov.co;

tutelas2@inpec.gov.co; notificaciones@inpec.gov.co; direccion.general@inpec .gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.cojadmin37bta@notificacionesrj.gov.co; admin37bta@notificacionesrj.gov.co; info@cendoj.ramajudicial.gov.coRadicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

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6 Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá negaron las pretensiones de la demanda de repa ración directa que los accionantes promovieron contra el INPEC y la Rama Judicial, incurren en i) defecto fáctico , por cuanto ambas instancias no realizaron la debida valoración de los medios de prueba, en específico del testimonio rendido por el señor Uli ses Vargas Díaz, y en ii) desconocimiento del precedente judicial, “ del Consejo de Estado al aplicar de manera indebida el título de imputación objetiva en el presente asunto ”, conforme con lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia SU -072 de 2018, y de la s sentencias i) de la Sección Tercera del Consejo Estado de 14 de octubre de 2015 (radicado Nº 2012-00902-01 3 ) y ii) T-077 de 2013 de la Corte Constitucional, en las que se indicó que el Estado debe responder por los daños a reclusos, incluso si provienen de ellos o de terceros.

(radicado Nº 2012-00902-01 3 ) y ii) T-077 de 2013 de la Corte Constitucional, en las que se indicó que el Estado debe responder por los daños a reclusos, incluso si provienen de ellos o de terceros.

De manera previa, la Sala verificará el cumplimiento del requisito general de la relevancia constitucional, teniendo en cuenta que se observa una coincidencia entre los argumentos que soportan los defectos alegados y los utilizados por los demandantes en el proceso ordinario que originó la controversia.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Const itucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes c onstitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los

que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

3 C.P. Danilo Rojas Betancourth. 4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 6 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

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1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la ame naza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derec hos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener r elación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso

decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de t utela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una i nstancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una g uía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Los accionantes consideran que las sentencias de 22 de septiembre de 2022 y 26 de julio de 2021, en su orden, mediante las cuales el Tribunal Administrativo

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Los accionantes consideran que las sentencias de 22 de septiembre de 2022 y 26 de julio de 2021, en su orden, mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A” y el Juzgado Treinta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que los accionantes promovieron contra el INPEC y la Rama Judicial, incurren en i) defecto fáctico, por cuanto , declararon, ambas instancias no realizaron la debida valo ración de los medios de prueba, en específico del testimonio rendido por el señor Ulises Vargas Díaz, y en ii) desconocimiento del precedente judicial, “ del Consejo de Estado al aplicar de manera indebida el título de imputación objetiva en el presente asu nto” conforme con lo manifestado por la Corte Constitucional en Sentencia SU -072 de 2018 y de las sentencias i) de la Sección Tercera del Consejo Estado de 14 de octubre de 2015 (radicado Nº 2012-00902-01 8 ) y ii) T -077 de 2013 de la Corte Constitucional, en las que se indicó que el Estado debe responder por los daños a reclusos, incluso si provienen de ellos o de terceros.

4.2. Del expediente ordinario allegado a este trámite constitucional como prueba, la Sala observa que los argumentos que sustentan la presente solicitud, si bien se enmarcan en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, lo que en realidad pretenden es darle continuidad a la inconformidad de los

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la Sala observa que los argumentos que sustentan la presente solicitud, si bien se enmarcan en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, lo que en realidad pretenden es darle continuidad a la inconformidad de los

8 C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01539-00

Demandantes: CARLOS MONROY DURÁN Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 accionantes con la valoración probatoria efectuada por el juez natural en las decisiones que negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que originó la controversia y, en tal razón, conforme con las reglas jurisprudenciales transcritas en la parte dogmática de la decisión , no puede el juez constitucional darle continuidad a esa discusión litigiosa que no involucra un verdadero debate constitucional que deba ser susceptible de estudio de fondo.

La anterior situación es evidenciada a lo largo de la solicitud de amparo, en la que , si bien se hace referencia a la falta de valoración del testimonio rendido por el señor Ulises Vargas Díaz, dicha prueba solo pretende tener la fuerza motriz para desestimar la valoración probatoria efect