CE - 110010315000202301570011SENTENCIA20231121092053

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

Accionante: José Rodrigo Alarcón Pachón

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

Accionante: JOSÉ RODRIGO ALARCÓN PACHÓN

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN C

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate planteado por la parte actora pretende reabrir la controversia resuelta por el juez natural.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el señor José Rodrigo Alarcón Pachón en contra del fallo de tutela proferido el 4 de mayo de 2023 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Rodrigo Alarcón Pachón , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida

negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor José Rodrigo Alarcón Pachón , actuando por conducto de apoderado, promovió acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

Accionante: José Rodrigo Alarcón Pachón

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Sección Segunda, Subsección C , y para ello formuló la s siguientes pretensiones1:

“[…] Tutelar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, igualdad, a la seguridad social, y al trabajo, y ordenar se deje sin efectos la sentencia del 8 de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda, Subsección “C”, MP SAMUEL JOSE RAMIREZ POVEDA, dentro el proceso nro. 11001-33-42-047-2019-00161-01 y en consecuencia ordenar que en un término no mayor a 48 horas sea proferido nuevo auto (sic) en donde se protejan los derechos del accionante, valorándose las pruebas arrimadas en forma efectiva y teniendo en cuenta los lineamientos que sobre el particular se han venido expresando en diversas providencias del órgano de cierre y de la Corte Constitucional, accediéndose a las pretensiones de la demanda […]”.[Mayúsculas del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

venido expresando en diversas providencias del órgano de cierre y de la Corte Constitucional, accediéndose a las pretensiones de la demanda […]”.[Mayúsculas del escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que prestó el servicio militar obligatorio como auxiliar de la Policía Nacional desde el 25 de julio de 1999 hasta el 28 de julio del 2000 y que por medio de la Resolución nro. 092 del 28 de marzo de 2001 fue nombrado como alumno nivel ejecutivo.

Manifestó que , al superar los estudios en la escuela de formación, mediante la Resolución nro. 02176 del 31 de agosto de 2002 fue dado de alta como patrullero del nivel ejecutivo y que por medio de la Resolución nro. 04201 del 14 de octubre de 2015, el director general de la Policía Nacional lo retiró del servicio activo por destitución teniendo un tiempo total de servicios de 15 años, 9 meses y 23 días.

Señaló que solicitó a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía NacionalCASUR, el reconocimiento de la asignación de retiro a la que estima tiene derecho, pero le fue negado en virtud del Decreto 1858 de 2012.

Indicó que, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de CASUR, con el fin que

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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se declarara la nulidad del acto administrativo que le negó el reconocimiento de la asignación de retiro, y que la demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarenta y Nueve Administrativo del Circuito de Bogotá que en sentencia del 3 de octubre de 2016 negó las pretensiones.

Anotó que interpuso recurso de apelación en contra de la precitada decisión y que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F en sentencia del 18 de agosto de 2017 la confirmó.

Explicó que “(…) el Consejo de Estado -Sección Segunda-Subsección “B”, al decidir la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, en sentencia de única instancia del 3 de septiembre de 2018, resolvió “DECLARAR, con efectos ex tunc, la nulidad del artículo 2 del Decreto 1858 de 2012”, la cual quedó debidamente ejecutoriada (…)”2, y que, por esa razón, el 23 de febrero de 2016 solicitó nuevamente el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. Sin embargo, mediante el oficio nro. E-010524-201902993-CASUR id:

nuevamente el reconocimiento y pago de la asignación de retiro. Sin embargo, mediante el oficio nro. E-010524-201902993-CASUR id: 400261 del 15 de febrero de 2019, CASUR negó su solicitud.

Expuso que actuando por conducto de apoderado promovió una nueva demanda de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de CASUR, con la finalidad de que se declarara la nulidad del precitado oficio.

La demanda fue asignada por reparto al Juzgado Cuarenta y Siet e Administrativo del Circuito de Bogotá que en sentencia del 17 de noviembre de 2020 accedió a las pretensiones.

En contra de dicha decisión, CASUR interpuso recurso de apelación y la Subsección C, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia proferida el 8 de febrero de 2023 la revocó, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.

2 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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El accionante sostuvo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D3, el Tribunal Administrativo del Huila 4, el Tribunal Administrativo de Bolívar 5 y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá 6, en casos iguales, con las mismas características y condiciones laborales, han accedido al reconocimiento de la asignación mensual de retiro.

Tribunal Administrativo de Bolívar 5 y el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo de Bogotá 6, en casos iguales, con las mismas características y condiciones laborales, han accedido al reconocimiento de la asignación mensual de retiro.

Agregó que en sentencia proferida el 11 de abril de 2018 7 por la Sección Segunda de esta Corporación se ordenó el reconocimiento de la asignación mensual de retiro del demandante, quien había sido destituido, y que, en providencia del 14 de septiembre de 2017 8, la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que “(…) los conceptos de retiro por «separación absoluta» y «destitución» previstos en las disposiciones disciplinarias de la Policía Nacional son equiparables a la causal de «mala conduct a comprobada» contenida en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990, ello en virtud de la evolución normativa que ha tenido tal régimen (…)”9.

Alegó que la autoridad judicial accionada vulneró la Constitución Política en sus artículos 2, 4, 13, 29, 48, 53 , 123 y 209, porque “(…) debía inaplicar (…) el Decreto 754 de 30 de abril de 2019 (…) debido a que esta norma vulnera lo establecido en la Ley 923 de 2004 (…) ”10.

Adujo que “(…) fue dado de alta como Patrullero del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional el 31 de agosto de 2002, mediante resolución nro. 02176, hecho que lo protege de cualquier norma en contrario que afecte sus

3 En sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 en el proceso identificado con el

Policía Nacional el 31 de agosto de 2002, mediante resolución nro. 02176, hecho que lo protege de cualquier norma en contrario que afecte sus

3 En sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 35 027 2018 00018 01. 4 En sentencia proferida el 26 de julio de 2022 en el proceso identificado con el radicado nro. 41001 33 33 005 2016 00232 01. 5 En sentencia proferida el 25 de septiembre de 2020 en el proceso identificado con el radicado nro. 13001 33 33 005 2016 00138 01. 6 En sentencia proferida el 10 de junio de 2019 en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 33 42 047 2017 00311 00. 7 En el proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2015 01949 01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 8 En el proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2006 02942 01. 9 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 10 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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derechos laborales, es por ello que el alto Tribunal Contencioso

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derechos laborales, es por ello que el alto Tribunal Contencioso Administrativo en forma sistemática ha declarado la nulidad de los artículos que incrementan el tiempo para acceder a la asignación mensual de retiro a aquellos miembros de la Policía Nacional que se encontraban vinculados antes de la expedición de esta norma, como son los estipulados en los decretos 4433 de 2004, 1858 de 2012 y Decreto 991 del 2015 (…)”11.

Argumentó que, al perder vigencia los Decretos 1091 de 1995 y 2070 de 2003, el parágrafo segundo del artículo 25 del Decreto 4433 de 2004 y el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012, que regula ban lo relativo a la asignación de retiro del personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, se le debe aplicar lo dispuesto en el Decreto 1212 de 1990.

Aseveró que “(…) en el presente caso se configuró por parte de la accionada, un ostensible desconocimiento del debido proceso por la presencia de un defecto f áctico, para lo cual se hace necesario señalar que el Decreto 754 de 30 de abril de 2019, era el aplicable para desconocer el derecho del actor, pues esta norma REPITE, una exigencia que ha sido declarada NULA en varias oportunidades y que el Gobierno Nacional tercamente ha reproducido, violando la Constitución y la Ley (…)”12.

Adicionalmente, citó la sentencia proferida el 11 de octubre de 201213 por

que ha sido declarada NULA en varias oportunidades y que el Gobierno Nacional tercamente ha reproducido, violando la Constitución y la Ley (…)”12.

Adicionalmente, citó la sentencia proferida el 11 de octubre de 201213 por la Sección Segunda del Consejo de Estado , en la que se indicó que, con la expedición del Decreto 4433 de 2004, se excedieron las facultades otorgadas en la Ley 923 de 2004.

Manifestó que el tribunal accionado debió inaplicar el Decreto 754 de 2019 porque (i) su artículo primero es una réplica de los Decretos 1091 de 1995, 4433 de 2004 y 1858 de 2012 “(…) que está prohibida por la

11 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 12 Ibidem. 13 En el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 25 000 2007 00041 00. M.P. Gerardo Arenas Monsalve.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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constitución y la ley, al ser declarada su nulidad por excederse el ejecutivo en las facultades otorgadas por la ley marco (…) ”, (ii) ingresó como patrullero del nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 31 de agosto de

constitución y la ley, al ser declarada su nulidad por excederse el ejecutivo en las facultades otorgadas por la ley marco (…) ”, (ii) ingresó como patrullero del nivel ejecutivo de la Policía Nacional el 31 de agosto de 2002, fecha en la que aún no se había expedido el Decreto 754 de 2019 y (iii) viola el inciso segundo del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 que dispone que “a los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho u n tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal”.

Señaló que la anterior prohibición se estableció para el personal en servicio activo vinculado a la Policía Nacional, específicamente el personal perteneciente al nivel ejecutivo, sin que se hiciera distinción de la forma de vinculación, es decir, independientemente a q ue se hubieran incorporado a tal nivel por homologación o de forma directa.

Anotó que, a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, esto es, el 31 de diciembre de 2004, la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública del nivel ejecutivo eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990 , comoquiera que “ (…) los Decretos que de forma específica regulaban dicha prestación, (esto

de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública del nivel ejecutivo eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990 , comoquiera que “ (…) los Decretos que de forma específica regulaban dicha prestación, (esto es, los Decretos 1091 de 1995, 2070 de 2003 y 4433 de 2004, par. 1 del art. 25), perdieron vigencia por declaración judicial (…)”14. En ese sentido, agregó que la autoridad judicial accionada no podía aplicar el Decreto 754 de 2019, ya que éste había desbordado la Ley 923 de 2004 y no estaba vigente al momento en que ingresó a la P olicía Nacional.

14 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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Afirmó que el tribunal accionado desconoció que, durante su vinculación a la Policía Nacional, hizo aportes a CASUR por más de 15 años, tal como se evidencia en su hoja de servicios.

Resaltó que los artículos 2 y 3 de la Ley 923 de 2004 protegen a los funcionarios del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al no establecer diferencias entre los homologados y los incorporados de forma directa a dicho nivel de la institución, pero que ingresaron antes del 31 de

funcionarios del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, al no establecer diferencias entre los homologados y los incorporados de forma directa a dicho nivel de la institución, pero que ingresaron antes del 31 de diciembre de 2004. Al respec to, citó la sentencia proferida el 28 de septiembre de 2017 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado15.

En igual sentido, hizo referencia al fallo proferido el 27 de abril de 2017 por la Sección Cuarta de esta Corporación, en la acción de tutela identificada con el radicado nro. 11001 03 15 000 2016 03452 00, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

Finalmente, arguyó que “ (…) en el proceso reposan las pruebas claras, precisas y pertinentes para demostrar que (…) ingresó antes de la expedición de la Ley 923 de 2004 a la Policía Nacional (…) ”16, por lo que, “(…) este caudal probatorio fue inobservado por el tribunal aquí accionado, observándose que el mismo efectuó un defecto fáctico por omisión y por acción (…)”17.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

15 En el proceso identificado con el radicado nro. 25000 23 42 000 2013 01057 01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. 16 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 17 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 17 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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3.1. La tutela fue radicada el 27 de marzo de 202318 a través del aplicativo de recepción de tutelas en línea de la página web de la Rama Judicial y correspondió por reparto a la Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación que, por auto del 29 de marzo de 202319 la admitió y dispuso notificar20 al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, como parte accionada , así como vincular al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR, como tercero s interesados en el resultado del proceso21.

Igualmente, requirió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C y al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá para que allegara n copia digital del expediente identificado con el radicado nro. 11001 33 42 047 2019 00161 00/01 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue remitido22.

3.2. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada rindió informe23, en el que solicitó se nieguen las pretensiones del accionante porque no se

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual fue remitido22.

3.2. El magistrado ponente de la sentencia cuestionada rindió informe23, en el que solicitó se nieguen las pretensiones del accionante porque no se incurrió en ninguna causal por la que proceda la acción de tutela.

Manifestó que el tribunal efectuó el análisis del acto administrativo acusado, examinó la normatividad vigente, la jurisprudencia sobre el tema y los argumentos de la apelación, y concluyó que la norma aplicable al señor Alarcón Pachón era el Decreto 759 de 2019, y no el Decreto 1212 de 1990 “(…) en razón a que se incorporó a la Institución con antelación al 31 de diciembre de 2004, siguiendo además, la Jurisprudencia del Consejo de Estado, sentencia del 21 de enero de 20211 que en un caso

18 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 19 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 20 Esta orden se cumplió el 31 de marzo de 2023. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 21 Ibidem. 22 Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso

Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 21 Ibidem. 22 Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 23 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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similar de un miembro del nivel ejecutivo, que fue retirado por destitución y solicitó se diera aplicación a la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de los artículos 2 y 3 del Decreto 1858 de 2012 y accediera al reconocimiento de la asignación de retiro conforme al artículo 140 del Decreto 1212 de 1990, determinó que la norma aplicable era el Decreto 754 de 2019 (…)”.

3.3. El titular del Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá allegó escrito 24 en el que informó sobre el trámite surtido en la primera instancia del proceso de nulidad y establecimiento del derecho objeto de la acción de tutela.

Señaló que la sentencia proferida en audiencia el 17 de noviembre de 2020 “(…) estuvo fundada en los hec hos demostrados, siendo estos, que

objeto de la acción de tutela.

Señaló que la sentencia proferida en audiencia el 17 de noviembre de 2020 “(…) estuvo fundada en los hec hos demostrados, siendo estos, que el demandante, quien ostentaba el grado de Patrullero de la Policía Nacional, prestó sus servicios para la institución por 15 años, 10 meses y 5 días, siendo retirado del servicio el 14 de octubre de 2015 por destitución, con ocasión de proceso disciplinario adelantado en su contra. En virtud de lo anterior, completó el tiempo dispuesto por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990, para acceder a la asignación de retiro (…) ”.

4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado , en sentencia del 4 de mayo de 202325, negó la solicitud de amparo por considerar que la providencia cuestionada no incurrió en el defecto fáctico planteado por la parte actora.

Para ello expuso que “(…) la fecha de ingreso del demandante al nivel ejecutivo de la institución policial, por incorporación directa, tenida en cuenta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca coincide con

24 Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00. 25 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

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aquella referida en el escrito de tutela y en las pruebas obrantes en el expediente, esto es, el 31 de agosto de 2002 (antes de la expedición de la Ley 923 de 2004), situación que lo exonera del defecto fáctico endilgado (…)”.

Anotó que el tribunal accionado consideró que la situación del demandante debía definirse a la luz del Decreto 754 de 2019 “(…) en razón a la literalidad del artículo primero ibidem que dispuso: «[f]íjase el régimen de asignación de retiro para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional que ingresó al escalafón por incorporación directa has ta el 31 de diciembre de 2004 […]»; por lo que, si fue retirado por la causal «destitución», para lograr el reconocimiento de una asignación de retiro debía contar con 20 años de servicio, no obstante, solo estuvo vinculado a la institución policial durante 15 años, 9 meses y 23 días (…) ”.

Indicó que la autoridad judicial accionada expuso suficientes argumentos jurídicos que le permitieron concluir que el hoy accionante no tenía derecho a acceder a la asignación de retiro pretendida, por la ausencia del tiempo mínimo de servicio requerido.

Precisó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del

jurídicos que le permitieron concluir que el hoy accionante no tenía derecho a acceder a la asignación de retiro pretendida, por la ausencia del tiempo mínimo de servicio requerido.

Precisó que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez natural , por lo que no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración de algún derecho fundamental, lo que en este caso no se encontró probado.

Resaltó que “(…) el demandante refiere múltiples pronunciamientos judiciales proferidos por diferentes tribunales del país, al respecto, pese a que no fue alegado un desconocimiento del precedente, se advierte que los mismos no resultan exigibles al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues no tiene la connotación de sentencia de unificación, ni fueron expedidos por el Alto Tribunal de lo Contencioso-administrativo. Ahora, en cuanto a la decisión del 11 de abril de 2018, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, se resalta que aparte de que no constituye precedente, fue proferida antes de la expedición delRadicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

Accionante: José Rodrigo Alarcón Pachón

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Decreto 754 de 2019 (30 de abril), por lo que no se puede aceptar la tesis de que se trate de un asunto con idénticos supuestos de hecho y de derecho (…)”.

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Decreto 754 de 2019 (30 de abril), por lo que no se puede aceptar la tesis de que se trate de un asunto con idénticos supuestos de hecho y de derecho (…)”.

Arguyó que la decisión acusada no incurrió en el defecto fáctico alegado , ni en ninguna irregularidad , debido a que fue proferida conforme a la normatividad vigente que regulaba la materia y de acuerdo con el material probatorio aportado al proceso ordinario, el cual permitió establecer que la pretensión del señor Alarcón Pachón de reconocimiento de una asignación de retiro debía negarse, comoquiera que no acreditó los 20 años de servicio, al ser retirado bajo la casual de destitución .

Agregó que lo que existe es una inconformidad de la parte actora con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural de la causa que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicia l accionada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que la solicitud de amparo no puede convertirse en una tercera instancia.

5. EL MOTIVO DE LA IMPUGNACIÓN

Inconforme con el fallo de primera instancia, el accionante lo impugnó 26 manifestando lo siguiente:

Señaló que el a quo desconoció, al igual que el tribunal accionado, que , al momento de retirarse de la Policía Nacional, esto es el 21 de septiembre de 2015, el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 se encontraba suspendido, razón por la cual considera que tiene derecho a la asignación de retiro.

al momento de retirarse de la Policía Nacional, esto es el 21 de septiembre de 2015, el artículo 2 del Decreto 1858 de 2012 se encontraba suspendido, razón por la cual considera que tiene derecho a la asignación de retiro.

Alegó que no se le puede aplicar el Decreto 754 de 2019 “ (…) pues continúa en la misma tónica al incluir en este la exigencia para los destituidos, de un mínimo de 20 año s de servicio en la institución (…)” y

26 Visto en el índice 19 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01570 00.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

Accionante: José Rodrigo Alarcón Pachón

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que por favorabilidad se le debe aplicar lo dispuesto por los Decretos 1212 y 1213 de 1990, que exigen 15 años de servicio para acceder a la asignación mensual de retiro.

Resaltó que el a quo también desconoció que la Ley 923 de 2004 no fijó requisitos para la asignación de retiro, hecho que configura una protección a sus derechos fundamentales, ya que la misma norma sí establece una protección especial.

Reiteró que solicitó la inaplicación del Decreto 754 de 2019 porque (i) su artículo primero y el artículo segundo del Decreto 1858 de 2012 son una réplica del Decreto 1091 de 1995 y el Decreto 4433 de 2004 “(…) que

artículo primero y el artículo segundo del Decreto 1858 de 2012 son una réplica del Decreto 1091 de 1995 y el Decreto 4433 de 2004 “(…) que está prohibida por la constitución y la ley, al ser declarada su nulidad por excederse el ejecutivo en las facult ades otorgadas por la ley marco (…) ”, (ii) ingresó a la Policía Nacional el 28 de marzo de 2001, fecha en la que aún no se había expedido el Decreto 754 de 2019 y (iii) viola el inciso segundo del numeral 3.1 del artículo 3 de la Ley 923 de 2004 .

Insistió en que, a la entrada en vigencia de la Ley 923 de 2004, esto es, el 31 de diciembre de 2004, la normatividad aplicable para el reconocimiento de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública del nivel ejecutivo eran los Decretos 1212 y 1213 de 1990.

Adujo que “(…) con la decisión tomada por el accionado y el A -quo, se violan los derechos fundamentales a la igualdad, mínimo vital y seguridad social, por cuanto existen pronunciamientos con respecto al derecho que tiene el actor a la asignación mensual de retiro (…) ”. En ese sentido, citó las sentencias proferidas el 11 de octubre de 2012 por la Sección Segunda del Consejo de Estado27 y el 23 de noviembre de 2017 por la Subsección A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundin amarca28.

27 En el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 25 000 2007 00041 00. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

A, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundin amarca28.

27 En el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 25 000 2007 00041 00. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. 28 En el proceso identificado con el radicado nro. “2016-01310-00 (Oralidad)”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01570 01

Accionante: José Rodrigo Alarcón Pachón

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Argumentó que (i) ingresó a la Policía Nacional antes de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2004, por lo que le es aplicable el régimen de transición de la Ley 923 de 2004, norma que , además, en su artículo 3 señala que el tiempo de forma ción debe ser incluido para efectos del reconocimiento de la prestación, (ii) acreditó un tiempo total de servicios de 15 años, 9 meses y 23 días, con lo que supera el tiempo exigido por el artículo 144 del Decreto 1212 de 1990 de acuerdo a la causal de re tiro de la institución, circunstancia que le hace merecedor del reconocim