CE - 110010315000202301644011SENTENCIA20230919150700

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: ZANDRA LUCÍA DEL PILAR BARBOSA PASTRANA

Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Procede estudio de fondo porque se acreditó el cumplimiento de los requisitos generales / DEFECTO SUSTANTIVO – Se configura en este caso, por la interpretación contraria a las reglas sobre la ejecutoria y la oportunidad para solicitar la adición de providencias.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial contra la sentencia del 13 de julio de 2023, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual se concedió el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 30 de marzo de 202 3, la señora Zandra Lucía del Pilar Barbosa Pastrana interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en adelante la Comisión Nacional o la CNDJ), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia , a la

interpuso acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (en adelante la Comisión Nacional o la CNDJ), por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia , a la igualdad y a la dignidad humana, con ocasión de las providencias dictadas el 27 de julio y el 6 de diciembre de 2022 , y del 6 de marzo de 2023 en el proceso disciplinario con radicado 05001-11-020-000-2018-01129-01. Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

PRIMERA. - Se conceda el amparo constitucional a la suscrita al debido proceso, al acceso a la administración de justicia quebrantados por la

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SALA PRESIDIDA POR LA

MAGISTRADA PONENTE DRA DIANA MARIA VELEZ VASQUEZ.

1 El expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 17 de agosto de 2023, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

2 SEGUNDA. - Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor ni efecto:

2.1. El fallo de segunda instancia con fecha 27 de julio de 2022 notificado vía correo electrónico el 27 de octubre de 2022 y por edicto del 01 de noviembre de 2022; no solo viola el art. 29 de la C. sino los arts. 281 del C.G

vía correo electrónico el 27 de octubre de 2022 y por edicto del 01 de noviembre de 2022; no solo viola el art. 29 de la C. sino los arts. 281 del C.G del P; los arts. 6, 46, 54, 73 y 85 de la Ley 1123 de 2007; el art. 94, 97, 171 y 234 de la Ley 734 de 2002, al no haber fallado sobre la mayor parte de los reparos a la sentencia de primera instancia conteni dos en los recursos de apelación omitiendo un pronunciamiento sobre aquellos de trascendental importancia en la defensa de la suscrita, como lo evidenciaron varios miembros de la Sala de Decisión en sus salvamentos de voto; por ser proferido vencido el término que tenía el Despacho para resolver el recurso y declarar su ejecutoria antes de su notificación transgrediendo la Sentencia de unificación C -1076 de 2002 que estableció que el fallo de segunda instancia quedará ejecutoriado luego de su notificación.

2.2. El auto de fecha 06 de diciembre de 2019, notificado por correo electrónico el 16 de diciembre de 2022 por el cual niega la solicitud de saneamiento y de adición de la sentencia por considerarlas extemporáneas con base en los arts. 205 y 206 de la Ley 734 de 2002, transgrede no solo el art 29 de la Constitución Política, sino los arts. 287, 289 y 302 del Código General del Proceso; Arts. 6, 56, 66 y 73 de la Ley 1123 de 2007; art 119 y 121 de la Ley 734 de 2002 y el art. 13, 22, 138 y 140 de la Ley 1952 de 2019 y especialmente por aplicar normas que no corresponden toda vez que los

121 de la Ley 734 de 2002 y el art. 13, 22, 138 y 140 de la Ley 1952 de 2019 y especialmente por aplicar normas que no corresponden toda vez que los arts. 205 y 206 se aplican al régimen disciplinario de los funcionarios judiciales (art 193 de la Ley 734 de 2002) y el OMITIR CUMPLIR la sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional No. C-1076-02 del 5 de diciembre de 2002, sentencias entre ellas C -980 de 2010, C -034 de 2014, adicionalmente se negó a sanear la irregularidad de la firma de la sentencia.

2.3. La decisión proferida por el mismo acciona do fechada 06 de marzo de 2023 notificada vía correo electrónico el 23 de marzo de 2023, por la cual rechaza la solicitud de nulidad basada en la pérdida de la facultad sancionatoria, porque vulnera además del art. 29 de la Constitución Política; los arts. 6, 7, 15, 16, 24, 49, 56 de la Ley 1123 de 2007; el art. 157 de la Ley 200 de 1995; los arts. 6, 14, 96, 114, 116 y 119 y 206 de la Ley 734 de 2002 y, el art 138 de la Ley 1952 de 2019, y el art. 52 de la Ley 1437 de 2011, al haber proferido el fallo venc ido el término que tenía para proferirlo y notificarlo, por lo cual caducó su facultad sancionatoria de acuerdo con las normas citadas y omitiendo la aplicación de todo el precedente constitucional que se ha expedido sobre el tema y sobre la prescripción d e

notificarlo, por lo cual caducó su facultad sancionatoria de acuerdo con las normas citadas y omitiendo la aplicación de todo el precedente constitucional que se ha expedido sobre el tema y sobre la prescripción d e la acción disciplinaria por la omisión de la notificación oportuna de los fallos citadas en este escrito.

TERCERA. - Se le ordene a la ACCIONADA que en lugar de las decisiones que se dejan sin efecto, proferir el fallo que en derecho corresponde, acorde con las disposiciones violadas y con las sentencias de carácter constitucional que infringió.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas aportadas al expediente la Sala extrae los siguientes enunciados fácticos jurídicamente relevantes:

La señora Yina Paola Caicedo L ozano presentó queja contra la abogada Zandra Lucía del Pilar Barbosa Pastrana , en virtud de la relación contractual establecidaRadicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

3 entre estas para que la profesional del derecho iniciara un proceso de divorcio en contra del cónyuge de aquella.

Mediante sentencia del 31 de agosto de 2021, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia declaró disciplinariamente responsable a la abogada Barbosa Pastrana por «incumplir el deber previsto en el artículo 28 -10 de la Ley 1123 de 2007 e incurrir correlativamente en la falta a la debida diligencia profesional tipificada en el artículo 37-1 a título de culpa». Como consecuencia, le impuso como

2007 e incurrir correlativamente en la falta a la debida diligencia profesional tipificada en el artículo 37-1 a título de culpa». Como consecuencia, le impuso como sanción la suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión.

Contra la anter ior decisión, la investigada interpuso recurso de apelación y, en providencia del 27 de julio de 2022, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la confirmó. Dicha decisión le fue notificada el 27 de octubre de 2022.

El 28 de octubre, y el 3 y 8 de noviembre siguientes, la disciplinada y su apoderada judicial presentaron escritos con solicitud de saneamiento, adición y complementación del fallo de segunda instancia. Dichas peticiones fueron negadas mediante auto del 6 de diciembre de 2022.

Finalmente, en escrito del 10 de febrero de 2023, la accionante presentó solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia, la cual fue rechazada en auto del 6 de marzo siguiente.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora alegó las siguientes casuales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial:

1.3.1. Defecto procedimental absoluto, sustentado en los siguientes aspectos:

a) Violación del artículo 29 de la Constitución, 281 del Código General del Proceso, artículos 6, 46, 54 y 85 de la Ley 1123 de 2007, 94 y 97 de la Ley 734 de 2002, en tanto que la sentencia de segunda instancia vulneró el principio de «congruencia procesal», porque omitió resolver todos los reparos expuestos en el recurso de apelación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

734 de 2002, en tanto que la sentencia de segunda instancia vulneró el principio de «congruencia procesal», porque omitió resolver todos los reparos expuestos en el recurso de apelación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

4 Destacó que, incluso, tres salvamentos de votos evidenciaron que no se analizaron todos los argumentos de la apelación, como los atinentes a la graduación de la sanción, la falta de valoración probatoria de la sentencia de primera instancia que únicamente analizó las pruebas documentales y no los otros medios aportados (esto es, la declaración de la quejosa en la que aceptó haber informado a la investigada que había contratado otro abogado que ya había revisado el expediente, los audios y correos electrónicos cruzados entre las partes)

En suma, relató cada uno de los reparos que alegó contra la sentencia de primera instancia y que , en su sentir, no fueron estudiados por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

b) Violación del artículo 29 de la Constitución en cuanto negó por extemporáneas las solicitudes de saneamiento y adición de la sentencia.

Cuestionó que hubiese sido recha zada la solicitud de adición de la sentencia por extemporánea bajo el entendido de que la providencia quedó ejecutoriada cuando fue suscrita—27 de julio de 2022—, a pesar de que le fue notificada el 27 de octubre de 2022—y que la solicitud fue formulada el 28 de octubre siguiente, esto es, dentro de los tres días siguientes al recibo de la notificación.

de 2022—y que la solicitud fue formulada el 28 de octubre siguiente, esto es, dentro de los tres días siguientes al recibo de la notificación.

Explicó que la interpretación de la autoridad judicial, sobre la ejecutoria de la sentencia y la oportunidad para solicitar la adición transgrede el artículo 29 de la Constitución y las Leyes 1123 de 2007, 734 de 2002, 1564 de 2012 y 1952 de 2019, en la medida en que desconoce los principios de publicidad de los actos sancionatorios, el de ejecutoria de los fallos de segunda instancia y el de legalidad.

Señaló que , aunque la providencia esté fechad a del 27 de julio de 2022, la notificación no se hizo al día siguiente, sino meses después, «por lo que resultaba imposible […] solicitar adición o corrección de una providencia que para el 27 de julio era totalmente desconocida.»Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

5 c) Violación del artículo 29 de la Constitución y de las Leyes 1123 de 2007, 200 de 1995, 734 de 2002, 1952 de 2019 y 1437 de 2011 (artículo 52) en cuanto a la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia.

Alegó que la decisión mediante la cual se negó la solicitud de nulidad a partir de la sentencia de segunda instancia vulnera las mencionadas leyes, porque la sentencia de segunda instancia fue dictada p or fuera del término legal, y notificado 4 (sic)

Alegó que la decisión mediante la cual se negó la solicitud de nulidad a partir de la sentencia de segunda instancia vulnera las mencionadas leyes, porque la sentencia de segunda instancia fue dictada p or fuera del término legal, y notificado 4 (sic) meses después, por lo que es «evidente que caducó la facultad sancionatoria» y que se omitió aplicar la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 dictada por la Sala Plena del Consejo de Estado (exp. 11001 -03-15-000-200300442-01), la sentencia C -875 de 2011 de la Corte Constitucional «y las múltiples sentencias tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, del Tribunal Contencioso Administrativo que se han pronunciado al respecto».

Insistió en que tal como se alegó en la solicitud de nulidad, la facultad sancionatoria caducó porque el recurso se resolvió por fuera del término previsto en el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, amén de que, aunque la sentencia está fechada del 27 de julio de 2022, cobró ejecutoria el 1º de noviembre de 2022, fecha en que se notificó por edicto.

Adujo que no se consideró que de conformidad con los artículos 157 de la Ley 200 de 1995, y 171 y 234 de la 734 de 2002, el término para resolver la apelación es de 45 días; ni tampoco se aplicó por integración normativa el artículo 121 de la Ley 1564 de 2012 (CGP) que señala el término para decidir los procesos en segunda instancia.

1.3.2 Defecto sustantivo, porque se dejaron de aplicar las Leyes «1123 de 2023»

1564 de 2012 (CGP) que señala el término para decidir los procesos en segunda instancia.

1.3.2 Defecto sustantivo, porque se dejaron de aplicar las Leyes «1123 de 2023» y del Código General del Proceso, pues en el escrito del 28 de octubre de 2022 para el saneamiento del proceso se alegó que la sentencia solo tenía la firma de la magistrada ponente, pero no de los demás miembros de la Comisión, sin que existiera constancia de su firma digital o electrónica.

Igualmente, expuso que la providencia del 6 de diciembre de 2022 incurrió en una equivocación al citar como fundament o los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2012, en lugar de aplicar los artículos 121 y 119 y la «sentencia de unificación 1076 de 2002» proferida por la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

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6 1.3.3. Desconocimiento del precedente, porque la autoridad judicial accionada «vulneró varias sentencias de unificación proferidas por la Corte Constitucional » sobre el debido proceso 2, la notificación y ejecutoria de los fallos disciplinarios 3 y sobre la pérdida de la facultad sancionatoria por preclusión del término establecido para proferir el fallo de segunda instancia.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 11 de abril de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por intermedio de la magistrada sustanciadora del proceso en primera

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 11 de abril de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por intermedio de la magistrada sustanciadora del proceso en primera instancia, admitió la acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y dispuso que fuera notificada al igual la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia , como terceros con interés . Asimismo , negó la medida provisional solicitada de suspensión de los efectos de la sentencia objeto de tutela.

2.2. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia señaló que las inconformidades de la tutela se relacionan con el trámite de la segunda instancia, por lo cual es la Comisión Nacional la que debe pronunciarse sobre las actuaciones allí adelantadas.

2.3. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la magistrada ponente de la decisión cuestionada, solicitó que se declarara improcedente o, en su defecto, que se negara la solicitud de amparo.

Para ello, explicó que los salvamentos de voto no significan per se la existencia de un yerro en las decisiones de los cuerpos colegiados, sino que hacen parte de la «dinámica» de estos organismos.

Adujo que la sentencia cuestionado hizo un análisis integral de los elementos que conforman «el trípode de responsabilidad disciplinaria», es decir, tuvo en cuenta los hechos , el análisis de la antijuridicidad —que comprende las causales justificativas de exoneración de responsabilidad— y la modalidad subjetiva de la

conforman «el trípode de responsabilidad disciplinaria», es decir, tuvo en cuenta los hechos , el análisis de la antijuridicidad —que comprende las causales justificativas de exoneración de responsabilidad— y la modalidad subjetiva de la

2 Al respecto citó las sentencias C-401 de 2010, C-034 de 2014, T-158 de 1993 y T-686 de 2007 de la Corte Constitucional; y del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Alfonso Vargas Rincón, 22 -05/08; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 3 de abril de 2014, Radicado: 11001-03-25000-2005-00166-01 C.P. Guillermo Vargas Ayala 3 Mencionó las siguientes sentencias: C-1076 de 2002 y C -875 de 2011 de la Corte Constitucional; y Consejo de Estado Sección Primera, sentencia de 3 de abril de 2014, Radicado: 11001-03-250002005-00166-01 C.P. Guillermo Vargas Ayala; Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 13 de febrero de 2014, radicado: 25000-23-25-000-2007-00582-02.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

7 conducta. Todo ello con el acervo probatorio que fue suficiente para acreditar que la investigada incurrió en una falta disciplinaria. 2.4. Mediante auto del 28 de junio de 2023, la primera instancia vinculó a la señora

7 conducta. Todo ello con el acervo probatorio que fue suficiente para acreditar que la investigada incurrió en una falta disciplinaria. 2.4. Mediante auto del 28 de junio de 2023, la primera instancia vinculó a la señora Yina Paola Caicedo Lozano, en calidad de tercer a con interés; sin embargo, esta no se pronunció frente al asunto.

3. Fallo impugnado

La Sección Cuarta de esta Corporación, mediante fallo del 13 de julio de 2023, dispuso:

1. Amparar el derecho fundamental al debido proceso de la señora Zandra

Lucia del Pilar Barbosa Pastrana.

2. Dejar sin efectos la providencia de 6 de diciembre de 2022, únicamente en lo relativo a la solicitud de adición, proferida en el proceso disciplinario Nro. 05001-11-02-000-2018-01129-00.

3. En consecuencia, ordenar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que, dentro del término de veinte (20) días profiera decisión judicial, mediante la cual resuelva de fondo los cargos expuestos en la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia de 27 de julio de 2022.

Dentro de los argumentos relevante s, señaló que estudiaría en primer lugar los reparos contra la providencia del 6 de diciembre de 202 2, en la que se negó la solicitud de saneamiento y adición de la sentencia, y, posteriormente, procedería «con el análisis de las demás peticiones».

Así, luego de dar por satisfechos los requisitos generales de procedencia4, encontró que se configuró un defecto sustantivo al rechazarse por extemporánea la solicitud

«con el análisis de las demás peticiones».

Así, luego de dar por satisfechos los requisitos generales de procedencia4, encontró que se configuró un defecto sustantivo al rechazarse por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia.

En ese sentido, destacó que el Código Disciplinario del Abogado, Ley 1123 de 2007, no consagra lo relacionado con la ejecutoria de la s sentencias de segunda instancia, por lo cual era acertado como lo hizo la autoridad judicial accionada

4 Concretamente, afirmó que se cumplieron en atención a que la demanda de tutela « fue interpuesta en un término razonable; no se cuenta con otros medios de defensa judiciales idóneos para exponer los cargos desarrollados en el escrito de tutela; se expusieron los hechos y las razones que fundamentan la acción; la providencia atacada no fue proferida en sede de tutela; y no se trata de una reiteración de los argumentos debatid os en el proceso disciplinario ni de nuevos cargos que debieron exponerse ante el juez natural, sino de presuntos errores de la providencia que resolvió la adición que no pudieron ser alegados en el curso del proceso, pues solo hasta que se profirió tal decisión estos fueron advertidos».Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

8 aplicar la Ley 734 de 2002, según la cual las providencias de segunda instancia quedan ejecutoriadas al momento de su suscripción. Sin embargo, adujo que, de conformidad con la interpretación contenida en la

8 aplicar la Ley 734 de 2002, según la cual las providencias de segunda instancia quedan ejecutoriadas al momento de su suscripción. Sin embargo, adujo que, de conformidad con la interpretación contenida en la sentencia C -1076 de 2002 de la Corte Constitucional, «independientemente del momento de la ejecutoria, los efectos de la providencia únicamente surgen a partir de la notificación».

Bajo ese entendido, concluyó en que la autoridad judicial accionada desconoció el alcance e interpretación de las normas sobre la ejecutoria de las providencias a la luz de la sentencia C -1076 de 2002, puesto que «pasó por alto que en el caso la notificación de la sentencia de segunda instancia únicamente se surtió tres meses después de proferida, esto es, el 27 de octubre de 2022», por ende, era imposible para la accionante elevar la solicitud de adición el día en que se suscribió la sentencia —27 de julio de 2022—, pues para esa fecha no conocía de su existencia ni de su contenido.

En ese orden de ideas, amparó el derecho fundamental al debido proceso, dejó sin efectos la providencia del 6 de diciembre de 202 2 y advirtió que «no se efectuará pronunciamiento de fondo con relación a los argumentos expuestos contra la sentencia de segunda instancia, puesto que estos se relacionan directamente con la orden impartida».

Así mismo, aclaró que tampoco estudiaría los ataques contra la providencia del 6 de marzo de 2023, en la que se rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia , toda vez que «con la orden proferi da en esta sentencia eventualmente podría modificarse la sentencia de segunda instancia, según lo

de marzo de 2023, en la que se rechazó la solicitud de nulidad de la sentencia de segunda instancia , toda vez que «con la orden proferi da en esta sentencia eventualmente podría modificarse la sentencia de segunda instancia, según lo disponga la Comisión Nacional de Disciplina Judicial».

4. Impugnación

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial impugnó la anterior decisión , por considerar que la decisión que rechazó la solicitud de adición se limitó a cumplir con la literalidad de la norma y con lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-1076 de 2002.

Adujo que el art ículo 287 de la Ley 1564 de 2012 señala que la adición debe solicitarse dentro de la ejecutoria de la providencia, y en materia disciplinaria lasRadicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

9 decisiones quedan ejecutoriadas al momento de su suscripción , como expresamente lo reconoció el juez de tutela de primer grado.

Explicó que la sentencia que dó ejecutoriada desde el 27 de julio de 2022, por lo cual no fue acertado que el fallo impugnado expresara que la Comisión desconoció el derecho al debido proceso, puesto que, en materia disciplinaria, no existe norma alguna que contemple l a posibilidad de presentar solicitudes de adición una vez «fenecida la actuación judicial».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el

«fenecida la actuación judicial».

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 13 de julio de 2023 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Para ello , se examinará si el juez constitucional de primer grado erró o no al determinar la existencia de un defecto sustantivo respecto de la interpretación de las normas sobre la ejecutoria y la oportunidad para solicitar adición de las sentencias. De asistirle razón a la autoridad judicial accionada, deberá revocarse el fallo impugnado; en caso contrario, esto es, de encontrarse la existencia del defecto alegado, se confirmará.

2. Análisis de la Sala

En primer lugar, la Sala coincide con la providencia impugnada, en cuanto a que la tutela respecto de la providencia del 6 de diciembre de 2023, en la que se rechazó por extemporánea la solicitud de adición de la sentencia de segunda instancia cumple los requisitos generales de procedencia, esto es, la subsidiariedad, por la inexistencia de otros medios para discutir los elementos propuestos; el de inmediatez, porque la tutela se presentó dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia cuestionada; el de relevancia constitucional, porque se cumplió con la carga argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a argumentos para suscitar una instancia adicional y, finalmente, porque no se está cuestionando otra sentencia de tutela.

Valga destacar, que el presupuesto de relevancia constitucional no se satisface por

limitarse a argumentos para suscitar una instancia adicional y, finalmente, porque no se está cuestionando otra sentencia de tutela.

Valga destacar, que el presupuesto de relevancia constitucional no se satisface por el simple hecho de que se invocara la vulneración de ciertos derechosRadicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

10 fundamentales, sino porque aun cuando el asunto fue abordado por el juez natural, existen argumentos que revelan una tensión entre la razonabilidad de la decisión enjuiciada y el alcance de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y el principio de publicidad de las decisiones judiciales.

Los razones por las que se cuestiona la interpretación que hizo la autoridad judicial accionada de la ejecutoria de los fallos disciplinarios de segunda instancia, respecto de la oportunidad para elevar solicitudes de adición , involucra n un problema de naturaleza constitucional, en la medida en que está en riesgo la afectación de los mencionados derechos fundamentales, en especial, el de publicidad, derecho de contradicción y defensa así como de la tutela judicial efectiva, derivado de las reglas que deben guiar la interpretación de la ejecutoria de las sentencias dictadas por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el deber de conocer las decisiones para elevar solicitudes relacionadas con su contenido.

No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez constitucional porque, valga insistir, se es tá frente a una duda sobre la potencial

No se trata, pues, de un asunto de mera legalidad o de discrepancia interpretativa, sino de un evento de naturaleza excepcional que habilita la intervención del juez constitucional porque, valga insistir, se es tá frente a una duda sobre la potencial afectación de derechos constitucionales que desbordaría el juicio del jue z disciplinario.

De esta manera, y al tenor de lo reiterado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022, en este caso, lejos de pretenderse que la tutela se erija en una instancia adicional al proceso disciplinario o en un medio para resolver desacuerdos de aspectos meramente legales, se trata de un asunto que tiene «la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental » y se justifica en la medida de una posible «afectación desproporcionada a derechos fundamentales».

Como segundo aspecto preliminar, esta Subsección también se releva, inicialmente, del estudio de los cargos sobre la sentencia del 27 de ju lio de 2022 y el auto del 6 de marzo de 2022 , porque, de un lado, no fue un aspecto reprochado por la parte demandante y, de otra parte, de confirmarse el amparo sobre la providencia del 6 de diciemb re de 2022, se afecta el contenido temporal de las otras decisiones judiciales, puesto que hasta tanto no se cumpla la orden judicial no se ha materializado la vulneración que de ellas se predica.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01644-01

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

11

Demandante: Zandra Lucía Del Pilar Barbosa Pastrana Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial Sentencia de tutela de segunda instancia

11 Ello significa que el examen constitucional queda limitado, en principio, al auto del 6 de diciembre de 2022.

Así pues, lejos de disentir del argumento del fallo impugnado, la Sala concuerda con la Sección Cuarta de esta Corporación en que al proferir el auto del 6 de diciembre de 2022 —que rechazó la solicitud de adición de la sentencia—, sin asomo de duda, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de la magistrada ponente, incurrió en el defecto sustantivo enrostrado, pues interpretó las reglas sobre la ejecutoria y la oportunidad para elevar dichas peticiones de manera «abiertamente contraria a la Constitución», e incurrió en una afectación desproporcionada e irrazonable de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Recuérdese que la Comisión S