CE - 110010315000202301683021SENTENCIAREVOCA20230921144821

Demandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA (E)

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01683-02

Demandante: RAFAEL ÁNGEL ROSALES JIMÉNEZ

Demandados: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR

Y OTROS

Temas: Acción de tutela de fondo. Revoca

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demanda da y la señora Laura María Newball Forero contra la sentencia de 21 de julio de 2023, por medio de la cual la Sección Primera del Consejo de Estado accedió al amparo transitorio de los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 31 de marzo de 2023 , e l señor Rafael Ángel

del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 31 de marzo de 2023 , e l señor Rafael Ángel Rosales Jiménez instauró acción de tutela en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y el acceso a cargos públicos.

Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron con la expedición del Acuerdo 08 del 14 de marzo de 2023, mediante el cual el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina dispuso que no acreditó el cumplimiento de los requisitos especiales, esto es, en tener la calidad de residente del departamento y dominar el idioma inglés hablado enDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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el territorio y, por ende, se abstuvo de proceder a nombrarlo en propiedad en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en dicha corporación. En consecuencia, la parte demandante pretende:

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el territorio y, por ende, se abstuvo de proceder a nombrarlo en propiedad en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en dicha corporación. En consecuencia, la parte demandante pretende:

PRIMERA: Presentadas la situación fáctica y jurídica, ruego a su señoría amparar mis derechos fundamentales a la igualdad (art. 13), trabajo (art. 25), debido proceso (art. 29) y acceso a cargos públicos (art. 40 numeral 7).

SEGUNDO: Dejar sin efecto el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023, dictado por el Tribunal Contencioso Ad ministrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por medio del cual se abstiene de proveer un cargo en propiedad.

TERCERO: Ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que proceda a realizar mi nombramiento en el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal y acepte el certificado de idioma inglés que actualmente poseo con el nivel B2, en observancia del artículo 45 de la Ley 47 de 1993 y obedeciendo los términos establecidos en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

CUARTO: En consecuencia, se ordene a la OCCRE expida la tarjeta de residencia con fines de registro en el término de 48 horas posterior al fallo, sin que se pueda inferir condición o plazo alguno, toda vez que e s un cargo de empleado judicial

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

que se pueda inferir condición o plazo alguno, toda vez que e s un cargo de empleado judicial

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.2. Hechos

Sostuvo que por medio del Acuerdo CSJBOA17 -609 del 6 de octubre de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar convocó a concurso de méritos para la provisión de los cargos de empleados de carrera de tribunales, juzgados y centros de servicios de los distritos judiciales de Bolívar y San Andrés Isla.

Afirmó que se inscribió para el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal, identificado con el código 260420 y que, fue admitido, aprobó las pruebas y que, mediante la Resolución CSJBOR21-591 del 24 de mayo de 2021, quedó en firme el registro de elegibles en el que fue incluido para el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal.

Anotó que el 28 de julio de 2022 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que le indicara cuáles eran los requisitos especiales para aspirar al cargo de oficial mayor de tribunal en San Andrés, a lo que le respondieron que uno de los requisitos era tener la tarjeta de residencia expedida por la OCCRE y cumplir lo dispuesto por los artículos 42 y 45 de la Ley 47 de 1993.

Expuso que en el mes de enero de 2023 optó por el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal en San Andrés Isla y que el 16 de febrero de 2023 elDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros

sustanciador de tribunal en San Andrés Isla y que el 16 de febrero de 2023 elDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le notificó el oficio CSJBOO23 -39 del 14 de febrero de 2023, dirigido al Tribunal Administrativo de San Andrés Islas, a través del cual se re mitió el Acuerdo CSJBOA23-15 del 8 de febrero de 2023, por el que se formuló ante dicho tribunal la lista de candidatos para proveer en propiedad el precitado cargo.

Aseveró que es la única persona en la lista de candidatos para proveer en propiedad el cargo de oficial mayor o sustanciador de tribunal y que, solicitó a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (OCCRE) la tarjeta de residencia para trabajo con fines de registro , que constituye requisito para la posesión en el mencionado cargo; sin embargo, su petición fue resuelta de manera desfavorable.

Señaló que el 28 de febrero de 2023, vía correo electrónico, el Tribunal Administrativo de San Andrés Islas le notificó el of icio 091, a través del cual le solicitó: i) la acreditación de su condición de residente de la isla, por parte de la OCCRE y, ii) la certificación de dominio del idioma inglés comúnme nte hablado

solicitó: i) la acreditación de su condición de residente de la isla, por parte de la OCCRE y, ii) la certificación de dominio del idioma inglés comúnme nte hablado en el archipiélago.

Mencionó que el 7 de marzo de 2023 prese ntó una solicitud ante el referido tribunal con la finalidad de que se efectuara e l nombramiento de conformidad con el artículo 133 de la Ley 270 de 1996 , pues consideró que los únicos requisitos exigibles eran la tarjeta de residencia emitida por la OCCRE y el idioma inglés, pero no el típico de la isla (“creole o kriol”), como se le requirió en el oficio del 28 de febrero de 2023.

Refirió que por oficio 120 del 10 de marzo de 2023, el tribunal demandado respondió la petición e indicó que se debía dar aplicación al artículo primero del Acuerdo 574 de 1999 que establece que quienes opten por los despachos ubicados en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “deberán acreditar, de conformidad con lo establecido en el DecretoLey 2762 de 1991 y la Ley 47 de 1993, los siguientes requisitos adicionales: 1) tener la calidad de residente y, 2) hablar inglés.

Señaló que, con posterioridad, el tribunal acusado le comunicó el oficio 0142 del 15 de marzo de 2023, mediante el cual le notificó el Acuerdo 08 del 14 de marzo de 2023, “por medio del cual se abstiene de proveer un cargo en propiedad” por falta de cumplimiento de requisitos.

Aseveró que tiene un certificado de inglés con el que acredita el nivel B2, de

marzo de 2023, “por medio del cual se abstiene de proveer un cargo en propiedad” por falta de cumplimiento de requisitos.

Aseveró que tiene un certificado de inglés con el que acredita el nivel B2, de conformidad con el marco común europeo, expedido por el centro de idiomas y turismo de Cartagena – CITUCAR; y que, al momento de presentar su petición al tribunal cuestionado, no lo remitió porque estimó que primero debe hacerse el nombramiento, manifestar su aceptación y después presentar la documentación que demuestre el cumplimiento de los requisitos especiales para poder tomarDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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posesión.

1.3. Sustento de la petición

El accionante manifestó que el tribunal demandado no ha efectuado su nombramiento y posesión en el cargo de ofi cial mayor o sustanciador de tribunal para el cual concursó , aprobó las pruebas y quedó en el registro de elegibles, pues le exigen requisitos que no se encuentran estipulados en la ley.

Sostuvo que, adicionalmente la OCCRE no tuvo en cuenta lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU -913 de 2009 e interpretó de manera errada la sentencia C -530 de 1993 “… tal como lo ha venido haciendo en reiteradas ocasiones, que han dado como resultado la intervención de jueces

Corte Constitucional en la sentencia SU -913 de 2009 e interpretó de manera errada la sentencia C -530 de 1993 “… tal como lo ha venido haciendo en reiteradas ocasiones, que han dado como resultado la intervención de jueces de tutela que han salvaguar dado los derechos de quienes los invocan, como el caso de la sentencia T -1117 de 2002 donde se tutelaron los derechos de los empleados de la contraloría…”

Indicó que la respuesta negativa de la OCCRE está amenazando su derecho a ocupar cargos públicos por la mala interpretación normativa, al no aplicar el criterio de razonabilidad desarrollado por la Corte Constitucional, “…toda vez que el tratar de garantizar que los raizales ocupen todos los cargos del archipiélago no puede estar por encima del derecho a l mérito, habida cuenta que sería un juicio de ponderación errado, por tratarse de un concurso público de méritos donde ellos también tuvieron participación, ganando incluso algunos su derecho a ocupar varios cargos ofertados…”.

Refirió que el tribunal de mandado debió hacer el nombramiento desde la fecha que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar le comunicó el oficio CSJBOO23-39 del 14 de febrero de 2023 , a través del cual se remitió el Acuerdo CSJBOA23-15 del 8 de febrero de 2023, con el que se formuló ante dicho tribunal la lista de candidatos para proveer en propiedad el cargo en cuestión y llevar a cabo todas las etapas del proceso conforme con lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley 270 de 1996; sin embargo, no lo hizo.

1.4. Trámite en primera instancia

cuestión y llevar a cabo todas las etapas del proceso conforme con lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley 270 de 1996; sin embargo, no lo hizo.

1.4. Trámite en primera instancia

Mediante providencia del 13 de abril de 2023, el a quo admitió la acción de tutela y, en consecuencia, dispuso notificar a la Presidencia del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a la Presidencia del Consejo Se ccional de la Judicatura de Bolívar y a la Oficina de Control, Circulación y Residencia de la Gobernación del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – OCCRE.

Posteriormente, con auto del 2 de mayo de 2023 , se dispuso la vinculación de la señora Laura María Newball Forero, quien actualmente ocupa el cargo al que aspira ser nombrado el accionante, por tener interés en las resultas del proceso.Demandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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1.5. Contestaciones

1.5.1. Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar

Esta autoridad se opus o a lo pretendido por el actor, previo a solicitar que se declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la facultad para expedir el permiso de residencia temporal necesario para tomar posesión en el cargo de interés del accionante corresponde a la OCCRE.

declare su falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que la facultad para expedir el permiso de residencia temporal necesario para tomar posesión en el cargo de interés del accionante corresponde a la OCCRE.

Precisó que , en lo relacionado con los nombramientos y posesiones de servidores judiciales, esta es una competencia que, de conformidad con el artículo 175 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde a las corporaciones judiciales y jueces de la República.

Mencionó que las condiciones y requisitos para tomar posesión en los cargos del circuito de San Andrés, Providencia y Santa Catalina están establecidos en el Acuerdo CSJBOA17 -609 de 2017, norma que regula l a Convocatoria 4 de Empleados de Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios de la Rama Judicial, los cuales fueron reiterados a los aspirantes en los formatos de “opción de sede” que estos presentan, y, por lo tanto, corresponde a cada aspirante acreditarlos ante el respectivo nominador.

1.5.2. Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Esta autoridad judicial se opuso a la prosperidad de la solicitud de tutela, luego de considerar que, n o hay lugar amparar los derechos fundamenta les del accionante debido a que no existe ninguna vulneración.

Refirió que, a través de los oficios 93 y 94 del 28 d e febrero de 2023, se solicitó a la OCCRE y a la Secretaría de Educación Departamental que expidieran la certificación en la que constara s i el señor Rafael Ángel Rosales Jiménez tenía la calidad de residente en la isla de San Andrés y si había presentado el examen que acreditaba el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el

certificación en la que constara s i el señor Rafael Ángel Rosales Jiménez tenía la calidad de residente en la isla de San Andrés y si había presentado el examen que acreditaba el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el Archipiélago (“creole”), respectivamente.

Adujo que l a Secretaría de Educación del departamento comunicó que, en su base de datos, no existe evidencia de que el accionante haya elevado solicitud alguna para la aplicación del San Andrés Creole Oral Proficiency Test (SACOPT), examen con el cual se acredita el domini o del idioma inglés comúnmente hablado en el Archipiélago, y que la OCCRE indicó que el señor Rosales Jiménez no tiene residencia, ni registros de ingreso al departamento, pero que presentó una solicitud de residencia con fines de registro, que se encontraba en trámite.

Precisó que, la razón por la cual dicha corporación se abstuvo de nombrar en elDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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cargo de oficial mayor al actor fue que no acreditó los requisitos especiales, a pesar de haber sido oficiado para subsanar la omisión de aquellos al momento de presentar la opción de sede, en cumplimiento del Acuerdo 574 de 1999.

Solicitó que, se vinculara al proceso a la señora Laura María Newball Forero, en atención a que, es quien ocupa el cargo de oficial mayor objeto de demanda.

de presentar la opción de sede, en cumplimiento del Acuerdo 574 de 1999.

Solicitó que, se vinculara al proceso a la señora Laura María Newball Forero, en atención a que, es quien ocupa el cargo de oficial mayor objeto de demanda.

1.5.3. Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina - OCCRE

Pese a su notificación, esta entidad guardó silencio.

1.5.4. Laura María Newball Forero

La vinculada en mención se opuso a la prosperidad d e la solicitud de tutela, al considerar que no se desprende la real existencia de un perjuicio irremediable con las características requeridas para activar la herramienta constitucional en aras de proteger los derechos del accionante.

1.6. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 21 de julio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado accedió al amparo transitorio de los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez , de la siguiente manera:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, atendiendo lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO: AMPARAR TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo del señor Rafael Ángel Rosales Jiménez, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Control, Circulación y

Residencia del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa

conformidad con las razones expuestas en precedencia.

TERCERO: En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa CatalinaOCCRE, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, expida de manera provisional al actor la tarjeta de residencia que le permita desempeñar las funciones del cargo público al que accedió a través del concurso de méritos efectuado por la Rama Judicial.

CUARTO: ORDENAR al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, proceda a nombrar y a posesionar, luego de que acredite el idioma inglés con cualquiera de los exámenes enlistados en la Resolución nro. 018035 del 21 de septiembre de 2021 proferida por el Ministerio de Educación Nacional, de manera transitoria y mientras se resuelve la controversia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, al señor Rafael Ángel Rosales J iménez en el cargo de oficial mayor o sustanciador nominado en la corporación.Demandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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QUINTO: Atendiendo lo previsto por el artículo octavo del Decreto 2591 de 1991, el actor deberá promover, en un término máximo de cuatro meses, a partir de la

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QUINTO: Atendiendo lo previsto por el artículo octavo del Decreto 2591 de 1991, el actor deberá promover, en un término máximo de cuatro meses, a partir de la notificación del fallo de tutela, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023 y los demás actos administrativos que considere afectan sus derechos fundamentales; en caso de no interponerse el me canismo de defensa judicial en dicho plazo, cesarán los efectos del amparo. Adicionalmente, se precisa que las órdenes proferidas en este fallo de tutela permanecerán vigentes sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidi r de fondo sobre la acción instaurada por el afectado.

SEXTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SÉPTIMO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

El a quo motivó su decisión de la siguiente manera:

Advirtió que, en principio, el accionante podría controvertir la legalidad del precitado acto administrativo a través de los medios de control previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo e incluso solicitar el decreto de las medidas cautelares que considere pertinentes.

Consideró que, en este caso, la acción de tutela es procedente de manera

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo e incluso solicitar el decreto de las medidas cautelares que considere pertinentes.

Consideró que, en este caso, la acción de tutela es procedente de manera transitoria con el fin de precaver que se configure un perjuicio irremediable sobre los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y al trabajo del accionante, por lo siguiente:

Señaló que, en cuanto a la inminencia, se advertía a prima facie que existe una posible afectación sobre los derechos fundamentales del accionante porque, aunque está en el primer lugar de la lista de elegibles para ocupar en propiedad el cargo de oficial mayor o sustanciador en el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no ha sido nombrado, debido a que, mediante el Acuerdo nro. 08 del 14 de marzo de 2023, la precitada autoridad judicial resolvió abstenerse de hacer el nombramiento.

Refirió que estaban comprometidos los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y al trabajo, toda vez que el actor, al ocupar el primer lugar, tiene el derecho subjetivo de ser nombrado; no obstante, este derecho no ha sido satisfecho, pese a superar el concurso de méritos, en razón a que el tribunal accionado aduce que no ha cumplido unas condiciones legales.

Destacó que, el requisito de la inminencia est aba verificado porque cada día que pasa equivale a que el actor e sté en la imposibilidad de ejercer losDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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derechos fundamentales en mención, pese a que superó el concurso de méritos y ocupó el primer lugar en la lista de elegibles.

Indicó que e l perjuicio cumple con la característica de ser grave toda vez que están compr ometidos dos derechos de carácter fundamental, como lo son el acceso a cargos públicos y el trabajo; a lo que se agrega que la discusión planteada por el actor involucra el principio de mérito como una garantía de acceso a la función pública.

Adujo que, l as medidas a adoptar son urgentes, pues el actor no ha sido nombrado en propiedad, pese a que tiene el derecho subjetivo de ser nombrado por haber ocupado el primer lugar en la lista de elegibles, de donde se desprende que hay un hecho que presuntamente es tá afectando los derechos fundamentales de acceso a cargos públicos y trabajo; y, por ende, al existir inminencia, las medidas a adoptar para conjurar la situación, son igualmente urgentes.

Precisó que, las medidas a adoptar también son impostergables y e llo se desprende por la urgencia y la gravedad que se advirtió en precedencia.

Concluyó que la acción de tutela es procedente de manera transitoria, puesto que se advierte que, con lo dispuesto en el Acuerdo 08 del 14 de marzo de 2023, están comprometidos las mencionadas garantías ; además, en la

Concluyó que la acción de tutela es procedente de manera transitoria, puesto que se advierte que, con lo dispuesto en el Acuerdo 08 del 14 de marzo de 2023, están comprometidos las mencionadas garantías ; además, en la actualidad, pese a que el accionante ocupó el primer lugar en la lista de elegibles para ser nombrado en propiedad, está en la imposibilidad de ejercer tales derechos.

Examinó la controversia presentada a partir de los siguientes elementos:

1. En cuanto al requisito consistente en acreditar el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa

Catalina

Expuso que la decisión del tribunal demandado de abstenerse de n ombrar en propiedad al aquí accionante porque no acreditó el dominio del idioma inglés comúnmente hablado en el territorio af ecta los precitados derechos fundamentales.

Agregó que, l o anterior, dado que en el Acuerdo CSJBOA17 -609 del 6 de octubre de 2017, norma obligatoria que regula todo el proceso de selección mediante concurso de méritos, no se dispuso expresamente, como lo señaló el tribunal, que, de manera previa a optar por la sede de San Andrés Isla, el actor tendría que probar el dominio del idioma , ni tampoco el precitado acuerdo señaló en qué condiciones debía acreditarse. De manera que, para el nombramiento y posesión del señor Rosales Jiménez, el nominador está exigiendo requisitos que no están previstos expresamente en el acuerdo deDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros

nombramiento y posesión del señor Rosales Jiménez, el nominador está exigiendo requisitos que no están previstos expresamente en el acuerdo deDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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convocatoria.

Mencionó que, el Acuerdo nro. CSJBOA17 -609 del 6 de octubre de 2017, que convocó al proceso de selección, en el numeral octavo relativo a la etapa de “opción de sedes”, indicó que “para quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla, deberán acreditar e l cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los demás requisitos legales”.

Refirió que si bien es cierto el artículo 42 de la Ley 47 de 1993 estableció que son idiomas oficiales en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el castellano y el inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas, también lo es que, el artículo 45 ibidem, relativo a los empleados públicos, prevé que quienes “ejerzan sus funciones dentro del territorio del Departamento Archipiélago y tengan relación directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés”.

Mencionó que atendiendo una interpretación gramatical del artículo 45 ibidem, es posible concluir que (i) los destinatarios de dicha disposición son los empleados públicos que ejercen funciones en el departamento y tengan

Mencionó que atendiendo una interpretación gramatical del artículo 45 ibidem, es posible concluir que (i) los destinatarios de dicha disposición son los empleados públicos que ejercen funciones en el departamento y tengan relación directa con el público y que, (ii) a tales funcionarios, se les exige hablar los idiomas castellano e inglés, éste último, sin que el legislador se haya referido al comúnmente hablado por las comunidades nativas, por lo que debe entenderse que se trata del inglés general.

Consideró que en atención a que el acuerdo de convocatoria, en el numeral octavo, dispuso que quienes aspiren a vacantes en San Andrés Isla deberán acreditar el cump limiento de lo previstos en la Ley 47 de 1993 y, a su turno, el 45 ibidem, destinado de manera especial a los empleados públicos, exige que deberán hablar los idiomas castellano e inglés general, señaló que, el tribunal accionado al requerir al actor acreditar el idioma inglés comúnmente hablado en el territorio para nombrarlo en el cargo, solicitó requisitos que no están expresamente previstos en el acuerdo.

Adujo que, por el contrario, lo razonable es pedirle que compru ebe el manejo del idioma inglés en los términos del artículo 45 ibidem. Precisado lo anterior, el a quo adujo que la Sala deberá determinar la manera cómo el actor deberá acreditar el manejo del idioma inglés general, toda vez que el acuerdo de convocatoria, ni la Ley 47 de 1993 lo prevén.

1. En cuanto al requisito consistente en tener la calidad de residente en el

departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Hizo referencia a la regulación de dicho asunto, para destacar que el tribunal

1. En cuanto al requisito consistente en tener la calidad de residente en el

departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina

Hizo referencia a la regulación de dicho asunto, para destacar que el tribunal accionado, para exigirle al actor que tu viera la calidad de residente en el departamento y proceder a nombrarlo en propiedad, acudió a un marco normativo que no está expresamente definido en el acuerdo de convocatoria delDemandante: Rafael Ángel Rosales Jiménez Demandados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01683-02

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concurso, esto es, el Acuerdo CSJBOA17 -609 del 6 de octubre de 2017, norma que, como se ha dicho, es obligatoria y regula todo el proceso de selección mediante concurso de méritos.

Añadió que, el referido acuerdo no dispuso de manera expresa que previ o a aspirar a una vacante en San Andrés Isla, el actor debía acreditar que ten ía la calidad de residente en el departamento y tampoco hizo una remisión a las reglas del Decreto 2762 de 1991.

Precisó que, frente al acto administrativo controvertido, se desprende que el señor Rosales Jiménez solicitó a la Oficina de Control, Circulac ión y Residencia - OCCRE del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la expedición de la “tarjeta temporal con fines de regist