CE - 110010315000202301699001SENTENCIADECLARAIM20230608155008
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202301699001SENTENCIADECLARAIM20230608155008
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01699-00 Demandante: CARLOS ERNESTO CASTAÑEDA RAVELO Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Tema: Tutela contra providencia judicial. Declara improcedente por no cumplir con los requisitos de subsidiariedad y relevancia constitucional SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 1. Decide la Sala en primera instancia la acción de tutela formulada por el señor Carlos Ernesto Castañeda Ravelo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Esto, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. I. ANTECEDENTES 1. La tutela 2. El accionante, actuando nombre propio, presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B1. Con la solicitud de amparo la parte actora pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo en condiciones justas y a los principios de favorabilidad, indubio pro operario y la condición más beneficiosa para el trabajador. 3.
En sentir del señor Castañeda Ravelo, la transgresión de las citadas garantías constitucionales se configuró con el auto del 20 de octubre de 2022, providencia que negó la solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia de segunda instancia del 5 de mayo de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B2. 4. En esta última decisión se revocó la sentencia del 10 de diciembre de 2018, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C que había declarado la nulidad del artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947, emitida por 1 La tutela se presentó el 10 de abril de 2023. 2 En el trámite de los procesos acumulados identificados con los radicados 25000-23-25-000-2010-00909-00/1/2 y 25000-23-25-000-2012-01005-00/1.Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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la Asamblea de Cundinamarca. En su lugar, se determinó que sobre la norma en cuestión había operado el fenómeno del decaimiento de los actos administrativos. 1.1. Pretensión constitucional 5. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó: PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales invocados. SEGUNDO: Ordenar a la parte accionada que dentro de un término de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del fallo, proceda pronunciarse de fondo sobre las aclaraciones y/o adiciones y elevadas por el suscrito dentro del proceso. (SIC). 1.2. Hechos y providencias proferidas en el trámite del proceso ordinario 6. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la referencia de la siguiente manera: 7. El artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947, expedida por la Asamblea de Cundinamarca, concedió un incremento salarial del 20% a aquellos empleados y obreros que hubieran prestado, durante 20 años o más, sus servicios a ese ente territorial3. 8. El 5 de octubre de 2010, la señora Diana Patricia Rojas Porras interpuso demanda de nulidad contra el referido artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947. En similar sentido, el 4 de mayo de 2012, el Ministerio de Educación Nacional también controvirtió la misma disposición4. 9. Ambos demandantes alegaron que, al momento de proferir la ordenanza, la Asamblea de Cundinamarca estaba facultada para adoptar la decisión de establecer sobresueldos
de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 76 de la Constitución Política de 1886 [original] y el artículo 54 del Acto Legislativo 03 de 1910. Sin embargo, sostuvieron que, a partir de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 1968, se eliminó esta potestad a las asambleas departamentales. Además, sostienen que la Constitución Política de 1991 estableció que el régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales sería fijado por el Gobierno Nacional. En consecuencia, no pueden las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad. Por lo tanto, en criterio de los demandantes, la norma debía ser declarada nula. 10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 10 de diciembre 3 Artículo 5. Los empleados y obreros del Departamento que hayan cumplido veinte años o más, al servicio de Cundinamarca, que no hayan sido pensionados y que se hallen en el ejercicio de sus funciones con una antigüedad no menor de cinco años, sin solución de continuidad, tendrán derecho a un aumento del veinte por ciento del sueldo o jornal que devenguen.//La Gobernación procederá a liquidar en el presupuesto las partidas correspondientes, quedando ampliamente facultada para hacer las operaciones del caso, a fin de dar cumplimiento a esta disposición, la cual regirá desde el día primero de julio próximo. 4 Las demandas fueron acumuladas y las providencias principales fueron emitidas en el trámite del expediente identificado con el número de radicación 25000-23-25-000-2010-00909-00/1/2.Demandante: Carlos Ernesto
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de 2018, accedió a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, declaró la nulidad del artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947, expedida por la Asamblea de Cundinamarca. Para fundamentar su decisión, el a quo ordinario explicó que la competencia para fijar el régimen salarial de los empleos del sector territorial era concurrente entre el legislador y el gobierno nacional. Concretamente, sostuvo que el primero determina los parámetros generales y sobre estos el segundo fija los elementos propios del régimen salarial y prestacional. Por ende, concluyó que el artículo 5 de la referida ordenanza desconoció la Constitución Política de 1991, dado que las entidades territoriales ya no tienen la competencia para crear prestaciones sociales y sobresueldos para su empleados y trabajadores. 11. Inconforme con lo anterior, los terceros intervinientes [Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET, Carlos Ernesto Castañeda Ravelo, Jaime Raúl Taborda Mejía y Hernán Egberto Peralta Garzón] y el Departamento de Cundinamarca interpusieron recurso de apelación contra la anterior decisión. En síntesis, los recurrentes alegaron que la sentencia de primera instancia desconoció los derechos adquiridos de los funcionarios del Departamento de Cundinamarca. 12. El recurso de alzada fue conocido en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Esa autoridad judicial, mediante sentencia del 5 de mayo de 2022, revocó la decisión de primer grado. En su lugar, negó las pretensiones de los demandantes porque consideró que sobre el artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947 había operado el fenómeno jurídico del decaimiento de los actos administrativos. Lo anterior, porque concluyó que la misma fue derogada tácitamente por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 1968. 13. La
de la Ordenanza N.º 013 de 1947 había operado el fenómeno jurídico del decaimiento de los actos administrativos. Lo anterior, porque concluyó que la misma fue derogada tácitamente por el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 1968. 13. La Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación para fundamentar su decisión, explicó que el acto demandado fue proferido a la luz del ordenamiento vigente al momento de su entrada en vigor, por lo cual no podría hablarse de un acto viciado de nulidad. Sobre este punto expresamente se sostuvo: Por ende, contrario a lo expuesto por el a-quo, no es cierto que el artículo 5 de la Ordenanza 13 de 1947 se encuentre viciado de nulidad, dado que, como se vio, para el momento en que fue proferida, las Asambleas Departamentales tenían la competencia de proferir este tipo de actos administrativos de índole salarial. 14. Pese a lo anterior, en la sentencia ordinaria de segunda instancia se determinó que esta disposición había perdido su fuerza ejecutoria desde 1968 porque con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de ese año desaparecieron los fundamentos de derecho que lo justificaban. En este sentido, en esta providencia se explicó lo siguiente: Lo anterior no es óbice para que el Departamento de Cundinamarca examine la aplicación de esta normativa, dado que los empleados públicos que hayan ingresado a la administración con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen derecho a que sea aplicada la Ordenanza 13 de 1947 y, por lo mismo puede, mediante el medio
de control de nulidad y/o nulidad y restablecimiento del derecho «depende del caso en concreto», solicitar a la jurisdicción de lo contenciosoDemandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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administrativo la anulación de aquellos reconocimientos que se efectuaron con fundamento en este acto administrativo, ya que resulta evidente su derogación tácita por el actualmente competente para fijar el régimen salarial. 15. Una vez proferida la sentencia ordinaria de segunda instancia, algunos terceros intervinientes del proceso ordinario presentaron solicitudes de aclaración y/o adición de la decisión. Estas peticiones en síntesis sostenían que en el fallo: a. No analizó las figuras del decaimiento y derogatoria tácita, b. No especificó los efectos de la sentencia, c. Las citas que se mencionan en la sentencia, y las conclusiones a las cuales se llega con base en las mismas, resultan contradictorias y d. El derecho establecido en el artículo 5 de la Ordenanza N.º 13 de 1947 es de naturaleza salarial y, por ende, pese a la derogatoria tácita que se analizó, debe respetarse su vigencia y validez, concretamente, el reconocimiento de los derechos adquiridos. 16. Mediante auto de 20 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B negó las solicitudes presentadas porque consideró que no se alegó que la sentencia contuviera frases, conceptos o expresiones que ofrecieran motivos de duda. Además, porque en la providencia se resolvieron la totalidad de los puntos objeto de la controversia y no se observó que entre lo manifestado en la parte motiva o considerativa y lo ordenado en la parte resolutiva exista contrariedad. 17. En ese sentido, en el auto se explicó que pese a ser una demanda de simple nulidad, en la sentencia ordinaria de segunda instancia se explicó al Departamento de Cundinamarca que debía emprender las acciones judiciales pertinentes para dejar sin efectos los sobresueldos reconocidos. Sobre este punto expresamente se sostuvo: En tal sentido, se precisó, en cuanto a los efectos de la sentencia
sentencia ordinaria de segunda instancia se explicó al Departamento de Cundinamarca que debía emprender las acciones judiciales pertinentes para dejar sin efectos los sobresueldos reconocidos. Sobre este punto expresamente se sostuvo: En tal sentido, se precisó, en cuanto a los efectos de la sentencia que, si bien no se declaraba la nulidad de la norma acusada, ello no era óbice para que el departamento de Cundinamarca examinara la aplicación de esta normativa, pues, se demostró, que los empleados públicos que hayan ingresado a la administración con posterioridad a la expedición del Acto Legislativo 01 de 1968 no tienen derecho a que sea aplicada la Ordenanza 13 de 1947. 1.3. Sustento de la vulneración 18. El señor Carlos Ernesto Castañeda, tercero interviniente en el proceso ordinario y actor de la presente acción constitucional, alegó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental absoluto, sustantivo, error inducido y desconocimiento del precedente judicial. 19. Sobre el defecto procedimental absoluto la parte actora sostuvo que en la fijación del litigio se dejó sin señalar que en la providencia se haría un pronunciamientoDemandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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expreso sobre los efectos de la vigencia del artículo 5 de la Ordenanza N.º 013 de 1947. Por ende, considera que sobre este aspecto no tuvo la oportunidad de pronunciarse. En este punto recalcó que, a su juicio, las citas que se mencionan en la sentencia, y las conclusiones a las cuales se llega con base en las mismas, no tienen relación con lo que se estableció en la fijación del litigio. 20. Respecto del defecto material o sustantivo, el accionante adujo que en la sentencia se estableció que sobre la disposición controvertida había operado una derogatoria tácita en virtud de lo dispuesto en el artículo 11 del Acto Legislativo 01 de 1968. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que en el artículo 57 de esa misma reforma constitucional se estableció que las asambleas departamentales podían establecer las escalas de remuneración de sus empleados. 21. El señor Castañeda Ravelo sostuvo que la providencia censurada incurrió en un error inducido porque en la plataforma Samai existe constancia que al proceso se aportó un memorial en el que se introdujo la tesis del decaimiento de los actos administrativos. Por ende, en su sentir, aunque no se menciona este documento, es evidente que el mismo llevó a error a los consejeros de Estado que profirieron la sentencia ordinaria de segunda instancia. 22. Finalmente, para el actor, en la providencia censurada se desconoció el precedente judicial que el mismo Consejo de Estado, Sección Segunda ha proferido en relación con los principios de in dubio pro operario y favorabilidad. La Sala considera importante resaltar que el accionante no enunció las providencias que considera desconocidas ni explicó las reglas jurisprudenciales desatendidas. 1.4. Trámite de la acción de tutela 23. Mediante auto del 13 de abril de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y dispuso notificar al Consejo
providencias que considera desconocidas ni explicó las reglas jurisprudenciales desatendidas. 1.4. Trámite de la acción de tutela 23. Mediante auto del 13 de abril de 2023, el magistrado ponente admitió la tutela y dispuso notificar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B como autoridad accionada. Igualmente, en esa providencia se ordenó vincular como terceros con interés en las resultas del proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca5, a Diana Patricia Rojas Porras6, al Ministerio de Educación Nacional7, a la Asamblea de Cundinamarca8 y al Departamento de Cundinamarca. 24. En el auto admisorio también se decidió vincular como terceros con interés, por haber tenido igual condición en el proceso ordinario a las siguientes personas: Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, a Hernán Egberto Peralta Garzón, a Jaime Raúl Taborda Mejía, a Nilson 5 Corporación judicial que emitió el fallo ordinario de primera instancia en el trámite del proceso en el que se expidió la providencia que se censura mediante la presente acción de tutela. 6 En su calidad de parte demandante del proceso ordinario en el que se expidió la providencia que se censura mediante la presente acción de tutela. 7 En su calidad de parte demandante del proceso ordinario en el que se expidió la providencia que se censura mediante la presente acción de tutela. 8 Corporación que expidió la disposición demandada en el proceso ordinario en el que se expidió la providencia que se censura mediante la presente acción
de tutelaDemandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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Almanza Montero y a Rafael Eduardo Rubio Cardozo. Por su parte, se dispuso la vinculación al proceso de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos del artículo 610 del CGP. 25. También se ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que dejara constancia en el expediente 25000-23-25-000-2010-00909-02 de la existencia de la presente acción de tutela. Lo anterior, para que cualquier persona que hubiese sido parte, interviniente o estuviese interesado en ese proceso se enterará de la existencia de esta solicitud de amparo9. Finalmente, en el auto admisorio, se negó la solicitud de medida provisional. 26. Con posterioridad al auto admisorio, el Despacho sustanciador advirtió que no se vinculó al señor Alfredo Beltrán Sierra, quien intervino en el proceso ordinario en calidad de tercero. Por ende, mediante auto del 16 de mayo de 2023, se procedió en tal sentido. 1.5. Intervenciones 27. Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron los siguientes informes: 1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 28. El magistrado titular del despacho ponente de la providencia censurada mediante este mecanismo constitucional, rindió informe en el que manifestó que no advierte vulneración de derecho fundamental alguno. Por el contrario, sostiene que la solicitud de amparo está encaminada a proponer un debate como si se tratara de una tercera instancia. Esto, en la medida que lo planteado por la parte actora ya fue considerado, controvertido y juzgado en el escenario que correspondía, esto es, el medio de control de simple nulidad. 29. En consecuencia, solicitó que se denegaran las pretensiones de la solicitud de amparo. 1.5.2. Ministerio de Educación Nacional 30. Esta entidad rindió informe
el escenario que correspondía, esto es, el medio de control de simple nulidad. 29. En consecuencia, solicitó que se denegaran las pretensiones de la solicitud de amparo. 1.5.2. Ministerio de Educación Nacional 30. Esta entidad rindió informe en el que se hizo un recuento genérico de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial sobre el requisito de la subsidiaridad. Luego, solicitó declarar improcedente la presente acción de tutela. 1.5.3. La Asociación de Trabajadores de la Educación de Cundinamarca 31. En el informe rendido por el representante de esta asociación se manifestó que se compartían los argumentos propuestos por la parte actora. En este sentido, se señaló 9 El cumplimiento de esta orden consta en el índice 126 del proceso electrónico.Demandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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que se deben dejar sin efectos las sentencias proferidas en el proceso ordinario pues, en su criterio, afectan los derechos adquiridos de los empleados del Departamento de Cundinamarca, en especial los de los docentes. 1.5.4. Asamblea Departamental de Cundinamarca 32. El presidente de la Asamblea Departamental de Cundinamarca manifestó que esa corporación no ha incurrido en irregularidad alguna porque la Ordenanza N.º 13 de 1947 fue proferida de acuerdo con las facultades que le otorgó la Constitución de 1886 y el Acto Legislativo 03 de 1910, aplicables y vigentes para ese momento. En este sentido, solicitó que se declare su falta de legitimación por pasiva y se desvincule del presente proceso. 1.5.5. Departamento de Cundinamarca 33. El secretario jurídico de la Gobernación de Cundinamarca rindió informe en el que manifestó que el auto que negó la solicitud de aclaración y/o adición no resuelve los presupuestos de fondo que se plantearon y que estima siguen siendo necesarios. En este sentido, considera oportuno que la corporación judicial accionada aclare los siguientes aspectos que son consecuencia de la sentencia del 05 de mayo de 2022: A. Una vez la sentencia sujeta de aclaración requerida en este libelo, cobre ejecutoria, ¿el Ente Territorial debe seguir cancelando emolumentos correspondientes a sobresueldo del 20% a los trabajadores que se les reconoció este beneficio laboral, hasta que se revoquen los actos de contenido particular y concreto de cada servidor público, según los postulados de la revocatoria de
los actos administrativos de carácter particular y concreto? B. Se manifiesta por su despacho que se configuró un decaimiento del acto administrativo la ordenanza 13 de 1947, derogado tácitamente por el artículo 1 del acto legislativo 01 de 1968 por ausencia de presupuestos facticos que provocaron la expedición del acto y su sustento jurídico; Sin embargo, ¿esto sería causal para reintegro de rubros cancelados posteriores al año 1968? C. ¿Cuáles son los efectos jurídicos y alcance de la declaratoria del fenómeno de decaimiento de la Ordenanza No 13 de 1947, en lo que respecta al derecho adquirido de los empleados que han sido beneficiados de este sobre sueldo? 1.5.6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C remitió el enlace del expediente ordinario y aportó prueba del cumplimiento de la orden que se le impuso en el auto admisorio de dejar constancia en el proceso ordinario de la existencia de la presente acción de tutela. 1.5.7. La señora Diana Patricia Rojas Porras, una de las demandantes del proceso de nulidad simple en el que se profirió la decisión controvertida por medio de esta tutela, no pudo ser notificada a las direcciones que constaban en el expediente ordinario. Por ende, la Secretaría General la notificó por aviso, según consta en el índice 332 del expediente electrónico de este proceso. Igualmente, como ya se señaló, en el proceso ordinario elDemandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado:
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Tribunal Administrativo de Cundinamarca también dejó registrada anotación en el que se le informó a todas las parte e intervinientes de la existencia de la presente acción de tutela. Pese a lo anterior, la tercera con interés guardó silencio. 1.5.8. Los demás intervinientes del proceso ordinario, pese a haber sido enterados de la existencia de esta tutela, guardaron silencio. 1.5.9. Coadyuvantes 34. Es menester poner de presente que dentro del trámite de la presente acción constitucional se presentaron 302 escritos de coadyuvancias con unas características y argumentos similares. En estas intervenciones, las personas manifestaron que al ser funcionarios del Departamento de Cundinamarca que tienen más de 20 años de servicio en el ente territorial fueron afectados por la decisión tomada por la corporación judicial accionada. Esto, porque gozaban del incremento salarial fruto de la Ordenanza N.º 013 de 1947. 35. Por ende, sostienen que, en el fallo ordinario de segunda instancia, el Consejo de Estado no dio una orden expresa sobre el camino a seguir con los reconocimientos salariales realizados y sobre lo que consideran gozan de un derecho adquirido. 36. Finalmente, aducen que existe una incongruencia entre la parte considerativa y la resolutiva en la decisión controvertida porque cuando se fijó el litigió no se señaló que se iba a estudiar la vigencia de la Ordenanza N.º 013 de 1947. 37. A continuación, la Sala relaciona los coadyuvantes, quienes presentaron escrito de intervención en sentido similar: COADYUVANCIAS William Bermúdez Liliana Orozco Rojas Rafael Eberto Rivas Castañeda María Cristina Ruiz Peña José Fernando León Serrato Sonia Maritza Castillo Cubillos Marta Elena Zamudio Rodríguez Consuelo García Vanegas Azucena Rodríguez Fagua Myriam Esperanza Roa Castañeda Saul Antonio
Liliana Orozco Rojas Rafael Eberto Rivas Castañeda María Cristina Ruiz Peña José Fernando León Serrato Sonia Maritza Castillo Cubillos Marta Elena Zamudio Rodríguez Consuelo García Vanegas Azucena Rodríguez Fagua Myriam Esperanza Roa Castañeda Saul Antonio Rojas Sanabria José Hernando Serrano Serrano Jaime Alberto Serrato Forero Luis Eduardo Castro Castro Luz Marina Góngora Ríos Angela Margarita Morales Diaz Vilma Edith Moreno Acosta Orlando Bustos Páez Álvaro Uriel Sánchez Guayacán Nancy Marcela Posada Baquero Edwin Rolando Algecira Mahecha Alejandro Forero Orrego Elsa Eulalia Gómez Luque Efraín Cárdenas Ortega Maribel Andrade Parra Clara Inés Flórez Cifuentes Alirio Moreno Vargas Gloria Yaneth Gil Bustos Daniel Montaña Olga Yadira Sanabria NeiraDemandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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COADYUVANCIAS Yamile Farah Manzanera Sandra Victoria Olarte Rujana Alonso Muñoz Castillo German Cubillos Romero Jesús Alberto Escorcia Castillo Mariluz Quevedo Quevedo Jorge Ricardo Pérez Gómez Rubén Daniel Gómez Velásquez William Calderón Robledo José Ulises Queruz Jesús Alberto Escorcia Castillo Juan Carlos Coy Carrasco Luis Crescencio Martínez Aldana Ligia Romero Ariza Blanca Lucy Alfonso Saldaña Blanca Leonor Bernal Aponte Sergio Enrique Salazar Caicedo Patricia Chaparro Cañón Gilberth Anilio Martínez Varela Gonzalo Augusto Cruz Rodríguez Jairo Herrera García Celmira Rodríguez Góngora Flor Elizabeth Cabra Rincón Marisol Martínez Triana José del Carmen Ramírez Romero Gloria Yaneth Gil Bustos Jesús Alberto Escocia Castillo María Elvira Alfonso Ortiz Carlos Alfonso Triviño Díaz Martha Lilia Ballesteros Ortiz Esmeralda Vásquez Guzmán Beatriz Marina Ríos García Elcy Mery Parrado Parrado Myriam Jacqueline Ronderos Saavedra José Antonio Gutiérrez Duran Alba lucia Guerrero Sandra Constanza Puentes Millán Alba luz Pinto Vargas Luz Mary Martínez Agudelo Nohora Luz Delgado Rivera Jairo Prieto Daza German Barragán Ramírez Elda Roció Rodríguez Cajamarca Blanca Ramírez de Salazar Adriana Piedad Cruz Sáenz Elsy Janeth Méndez Rodríguez Henry Francisco Rojas Ardila Jaime Alfredo Chapetón Rozo Roberto Moreno Medina Jenny Teresa Devia Cifuentes Aida Consuelo Gómez Valbuena Mireya Carrasco Hernández Sofía Ramos Cortés Manuel Hugo Orjuela Zamora Armando Beltrán Peñuela
Beatriz Yadira Ávila Méndez José Jainer Méndez Peña Martha Morales Roldan Gloria Stella González Mora Constanza Cubides Lugo Elizabeth Forero Prieto Ciro Munévar Amoretegui Armando Reyes Montenegro Durby González Rodríguez Héctor Jesús Ordoñez Caicedo Elsy Janeth Méndez Rodríguez Oscar Armando Wilches Lozano José Mauricio Rodríguez Rodríguez Jesús Ordoñez Caicedo Rafael Alonso Díaz Díaz Héctor Jesús Ordoñez Caicedo Cecilia Ángel Camacho Rosalinda Melo Sanabria Olga Lucia Reyes Ramos Mauricio Delgadillo Diaz Olga Lucia Chavarro Rozo Jose Jiovany González Romero Juan Alberto Ordoñez Escobar Angela Clemencia Ramírez Cárdenas Martha Patricia Ocampo Guarín Aura Yamile Lizarazo Sonia Patricia Montoya Vargas Ildefonso Moreno Capera Álvaro Gallego Castillo Carlos Enrique Barrera Cubillos Flor Rocío Campos Verjan Pedro José Rodríguez Moreno Adalgisa Álvarez YepesDemandante: Carlos Ernesto Castañeda Ravelo Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2023-01699-00
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COADYUVANCIAS Ilsa María Villamil Acuña Olga María Duran Sandoval Claudia Lorena Cruz Ruiz Rosa Helena Grajales Giraldo Pedro Yesid Guzmán John Perilla Peñaloza Modesto Buitrago Amarillo Martha Ruth Pérez Fuentes Orlando Rangel Arrieta Ana Lucy Herrera Rodríguez Marylu Calderón Jiménez Sandra Isabel Linares Colmenares Freddy Gustavo Orjuela Hernández, Sulma Parra Medina María Trinidad Pachón Rodríguez Liliana Triana Cuellar Sandra Liliana Betancourt Duarte Nelson Gonzalo Gutiérrez Javier Alonso Morales Sierra Leonel Iván Garzón Ramírez María Victoria Gómez Martha Cecilia Vega Guarín Carlos Robayo Martin Yarith Emilce Maldonado Matiz Jorge Ricardo Cubillos Garzón Nohora Beatriz Manrique Carrillo Libia Mojica Silva Lina Rocío Vera Sánchez Beatriz Elena Gámez Calderón Luz Mar Gutiérrez Orjuela Diana Beatriz Aponte Novoa Clara Inés Rojas González Marleny Urbina Hernández Liliana Triana Cuellar Sandra Patricia Martínez Ruíz Martha Yolanda Castiblanco Caicedo José Flaminio Ortiz Caviedes Luz Mary Zamudio Mora Malen Saavedra Estupiñán Sonia Patricia Montoya Vargas María Constanza Cruz Prieto Sandra Xenia Castaño Durango Juan Manuel Acero Pinilla Myriam Ordoñez Muñoz María del Consuelo Infante Cruz Ana Graciela Leyva Cruz Juan Carlos Vega Zuluaga Luis Fernando Orozco Molina Elda Lucía Álvarez Barbos Sandra Inés Lozano Néstor Augusto Rodríguez Elsi Helena Martínez Bustamante Esperanza Castañeda Neiva Nohora Isabel Velásquez Julio César Romero Rojas Ruth Alonso Rodríguez Flor Amelia Cruz Prieto Luz Dary
Ordoñez Medina Hernán Giovanny Peñuela Saldaña Luisa Marina Rodríguez Núñez Yesid Rail Barahona Sandoval Víctor Hugo Villamil Mendieta Hever Arturo Rojas Muñoz José Ricardo Herrera Gómez José Antonio Pulido Nelson Darío Sánchez Guerra Elsa Teresa Mora Mora Fainory Jaidid Charry Montaña Nydia Milena Garzón Saza Alberto Aguirre Marroquín Jeannette Martínez Lucy Esperanza Nieto Almanza Marlen Rocío Ontibón Romero Nelly Laiton Poveda Luis salvador Pisciotti Ubaque Lucy Esperanza Nieto Almanza Jorge González Francia Helena Zambrano Orjuela N
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