CE - 110010315000202301705001SENTENCIA20230810114107

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CONSEJO DE ESTADO

SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISIÓN Nº 19

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-00

Convocante: Diego Vásquez Contreras

Convocado: Jairo Alberto Castellanos Serrano

Tema: Causales de pérdida de investidura de Indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias. Niega pretensiones.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir sobre la solicitud que, en ejercicio de la acción pública de Pérdida de Investidura de los Congresistas , consagrada en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 143 del Códig o de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y conforme a la Ley 1881 de 2018, instauró el ciudadano Diego Vásquez Contreras, en contra del Senador de la República Jairo Alberto Castellanos Serrano.

ANTECEDENTES

El señor Diego Vás quez Contreras, solicitó que se decrete la pérdida de investidura del Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano, elegido para el periodo 2022-2026, para que no vuelva a ejercer cargos de elección popular por haber incurrido en las causales de ley para su muerte política.

La solicitud de pérdida de investidura se fundamenta en los hechos que pueden

2022-2026, para que no vuelva a ejercer cargos de elección popular por haber incurrido en las causales de ley para su muerte política.

La solicitud de pérdida de investidura se fundamenta en los hechos que pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Que al s enador Alberto Castellanos Serrano , le inició la Procuraduría General de la Nación proceso disciplinario IUS E-2022-740475 – IUC D-2023-274-9777 por favorecer a su cuñado con diferentes contratos mientras fue alcalde de Toledo

Norte de Santander.

2. Que el convocado, en vez de pagar los servicios profesionales de un defensor, dio poder especial a su Asesora Grado 1 d e la Unidad de Trabajo Legislativo – UTL, quien es funcionaria pública, para asumir su defensa técnica.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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3. Que las UTL de los congresistas, se pagan de los impuestos y son según la Ley 4ª exclusivamente para funciones legislativas, no para hacer favores personales a los Senadores y Representantes y menos para que ejerzan como abogados de los mismos.

4. Que a la señora María Camila Rivera López se le reconoció personería jurídica para actuar dentro del proceso disciplinario IUS E -2022-740475 – IUC D -2023274-9777, que se le adelanta por corrupción a su jefe.

5. Que el convocado, es abogado de profesión siendo plenamente consciente de

para actuar dentro del proceso disciplinario IUS E -2022-740475 – IUC D -2023274-9777, que se le adelanta por corrupción a su jefe.

5. Que el convocado, es abogado de profesión siendo plenamente consciente de la falta cometida , al usar indebidamente los recursos de todos y valerse de su investidura para ahorrarse un profesional del derecho , con sus asesores legislativos, lo que además de configurar varios delitos y otras faltas disciplinarias, da lugar a decretar su pérdida de investidura.

6. Que esa práctica, también la ha ejercido el congresista convocado en otros procesos pe nales que se adelantan en su contra ante la Corte Suprema de Justicia, a través de la misma apoderada, con lo cual se demuestra su dolo.

Las causales en las que se fundamenta las pretensiones, son las siguientes:

Indebida destinación de dineros públicos: Expresó que el senador no puede valerse de su equipo o Unidad de Tra bajo Legislativo, creado para una labor netamente legislativa, para ahorrarse un abogado en las causas e investigaciones que afronta, así sean con ocasión a su calidad de senador.

Que la jurisprudencia es clara cuando afirma que la causal se presenta si se le da a los recursos una finalidad ilegal o prohibida en la ley tal como sucedió en esta oportunidad. Que, el Senador tiene un sueldo por encima de 37 millones de pesos, con los cuales puede y debe perfectamente cubrir los honorarios de los abogados que le deban asistir, antes que usar su equipo de trabajo legislativo que se paga con los recursos públicos de todos los ciudadanos para este fin ilegal.

con los cuales puede y debe perfectamente cubrir los honorarios de los abogados que le deban asistir, antes que usar su equipo de trabajo legislativo que se paga con los recursos públicos de todos los ciudadanos para este fin ilegal.

Tráfico de influencias: Indicó que, en este caso, se cumple con los requisitos que ha señalado el Consejo de Estado, p ara que se acredite esta causal. Q ue, el convocado le impuso, obligó u ordenó a otro servidor público , su asesora grado 1

María Camila Rivera López asumir su defensa dentro del proceso disciplinario que se le adelanta por corrupción (darle contratos a su cuñado) ante la Procuraduría, y el beneficio obtenido por el senador es que gracias a ese abuso de poder no pagó abogado, sino que lo asumió la sociedad de sus impuestos.

Que también está demostrado el dolo de la conducta, pues el convocado es abogado titulado y ha nombrado a la misma funcionaria pública en otras causas penales para que lo represente, por lo que es totalmente consciente de su actuar ilegal.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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Contestación de la solicitud

La parte convocada, s e opuso a las pretensiones , al considerar que los planteamientos y car gos, no solo son desprovistos del respectivo soporte constitucional y legal con el alcance dado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sin o ausentes de medios de convicción suficientes, que satisfagan el

planteamientos y car gos, no solo son desprovistos del respectivo soporte constitucional y legal con el alcance dado por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, sin o ausentes de medios de convicción suficientes, que satisfagan el estándar de prueba exigible para lograr la inhabilidad de por vida para ejercer un cargo de elección popular.

Manifestó que la señora María Camila Rivera López, simplemente, llevó a cabo una averiguación administrativa el 22 de febrero de 2023 de forma presencial ante la Procuraduría General de la Nación, dentro del radicado No. IUS E -2022-740475 – IUC D -2023-274-9777, única y exclusivamente, para notificarse del auto de apertura de investig ación, para que luego el senador disciplinado procediera a nombrar a su defensor de confianza según la especialidad de la causa investigativa.

Que es mentiroso y malintencionado, indicar que a la señora María Camila Rivera López, integrante de la UTL del senador accionado, le fue conferido poder especial para ejercer su def ensa técnica en la investigación disciplinaria; que prueba de ello, es que nunca actúo dentro de esa causa, y pocos días después, el congresista convocado designó a su abogado de confian za, para asumir su defensa técnica disciplinaria hasta este momento.

Consideró que el Senador no incurrió en la causal de indebida destinación de dineros públicos por el simple hecho de que una funcionaria de su UTL adelantara una labor secretarial de notificación dentro de un proceso disciplinario.

Que la conducta de la abogada María Camila Rivera López, se limitó a una labor administrativa de notificación del auto de fecha 13 de enero de 2023, más no, de

una labor secretarial de notificación dentro de un proceso disciplinario.

Que la conducta de la abogada María Camila Rivera López, se limitó a una labor administrativa de notificación del auto de fecha 13 de enero de 2023, más no, de representación del senador Jairo Alberto Castella nos Serrano dentro de la investigación disciplinaria y que tampoco se derivó de una función pública.

Que la conducta sobre la que descansa el reproche de indebida destinación de dineros públicos por emplear el senador convocado una UTL para notificarse de un auto dentro de la investigación No. IUS E -2022-740475 – IUC D -2023-2749777, es un asunto bagatela que no da lugar automáticamente a la pérdida de investidura de un congresista en virtud del principio de proporcionalidad.

Aseguró que la labor de n otificación llevada a cabo, no supuso tampoco una afectación a las funciones públicas encomendadas de las cuales se pudiera desprender la malversación de recursos públicos.

Que existe ausencia total de culpa o dolo del senador, al solicitar a la abogada que procediera a notificarse de un auto de apertura de investigación para enterarse y nombrar a un apoderado que asumiera su defensa técnica.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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Que no podía ni formal ni materialme nte ejercer como defensora dentro de la investigación disciplinaria IUS E -2022-740475 – IUC D -2023-274-9777 por

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Que no podía ni formal ni materialme nte ejercer como defensora dentro de la investigación disciplinaria IUS E -2022-740475 – IUC D -2023-274-9777 por insuficiencia de poder. Q ue el man dato conferido para notificarse del auto de apertura de investigación de fecha 12 de enero de 2023, tampoco cumplió los requisitos del Código General del Proceso y de la Ley 2213 de 202 2 por lo que no debe ser tenido en cuenta como prueba.

Consideró que no se cumplen los presupuestos legales y jurisprudenciales para hablar de un tráfico de influencias por el hecho de haber solicitado el senador demandado a su UT L, la notificación de un auto de apertura de investigación disciplinaria en su contra.

Trámite procesal

La solicitud radicada por el señor Diego Vásquez Contreras, el 9 de abril de 2023 , fue repartida el 10 de abril de 2023, fue inadmitida por auto del 12 de abril de 2023 y admitida mediante auto del 28 de abril de 2023.

A través del auto del 18 de mayo de 2023, se abrió el proceso a pruebas y se fijó fecha para llevar a cabo la práctica del interrogatorio de parte y de la prueba testimonial, para el día 14 de junio de 2023.

La diligencia de pruebas se llevó a cabo el día 14 de junio de 2023, d entro de la cual se rindió declaración de parte del señor Jairo Alberto Castellanos Serrano el testimonio de la señora María Camila Rivera López.

Posteriormente, a través del auto de 14 de juni o de 2023, se fijó fecha para la

cual se rindió declaración de parte del señor Jairo Alberto Castellanos Serrano el testimonio de la señora María Camila Rivera López.

Posteriormente, a través del auto de 14 de juni o de 2023, se fijó fecha para la audiencia pública del artículo 12 de la Ley 1881 de 2018, para el día 28 de junio de 2023 a las 9:00 a.m. y en esa misma fecha y hora fue desarrollada la diligencia.

AUDIENCIA PÚBLICA

Se celebró audiencia pública de manera virtual el 28 de junio de 2023 a las 9: 15 a.m., en la cual intervino el Ministerio Público y la parte Convocada, ante la inasistencia de la parte Convocante, como a continuación se resume:

Apoderado de la parte convocada. Refirió que, una vez revisado el expediente en su totalidad , no se pudo demostrar ninguna de las causales de pérdida de investidura solicitadas dentro del medio de control.

Frente a la indebida destinación de dineros públicos , dijo que no se logró establecer que el demandado haya usad o de manera directa o indirecta recursos públicos con el fin de dilapidar o afectar el erario.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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Que no se puede afirmar la existencia de la causal por el hecho de que una integrante de la UTL actuara, simplemente, notificándose de un auto de apertura de investigación en la Procuraduría General de la Nación, a efectos de poner en

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Que no se puede afirmar la existencia de la causal por el hecho de que una integrante de la UTL actuara, simplemente, notificándose de un auto de apertura de investigación en la Procuraduría General de la Nación, a efectos de poner en conocimiento de su jefe, para que éste a su vez nombrara a un apoderado que ejerciera su defensa técnica.

Que no se logró establecer que la señora María Camila Rivera López, haya ejercido su defensa técnica dentro del proceso, que del expediente emerge lo contrario, que no hay ningún tipo de actuación como alegatos, solicitud o recurso, o cualquiera otra de las permitidas dentro de ese proceso.

Que tampoco se demostró la ilicitud sustancial de la conducta, esto es, que la simple designación de una autorización esté amparada en el artículo 74 del Código General del Proceso, toda vez, que la funcionaria pública solo estaba facultada para notificarse dentro de una actuación disciplina ria, por lo que no se encuentra la demostración del elemento subjetivo.

En cuanto a la causal de tráfico de influencias, manifestó que no se encontró desarrollada dentro de la demanda y que, siguiendo la línea del Consejo de Estado, esa carga le corresponde exclusivamente al convocante.

Conforme con lo anotado, solicitó que se mantenga la investidura del Senador Mario Alberto Castellanos Serrano.

Ministerio Público. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado , expresó que el poder de la fu ncionaria María Camila Rivera López, es una manifestación concreta del derecho de postulación en materia procesal, incluida la disciplinaria. Que el objeto de ese poder, únicamente alude a la revisión del

expresó que el poder de la fu ncionaria María Camila Rivera López, es una manifestación concreta del derecho de postulación en materia procesal, incluida la disciplinaria. Que el objeto de ese poder, únicamente alude a la revisión del expediente y a la notificación del auto de apertura de la investigación disciplinaria y no a las facultades otorgadas por el artículo 77 del CGP y que ello concuerda con la declaración que ofreció la apoderada, en concordancia con los documentos visibles en los folios 85 y 88 en los que se encuentra la revocatoria del poder para la revisión del expediente, a la notificación y al apoderamiento.

Que lo anterior no es suficiente para configurar la causal alegada de indebida destinación de dineros públicos, puesto que, contrario a lo afirmado por el actor, no obedeció a un gasto como tal o de un abogado para que lo representara en un proceso administrativo sancionatorio.

En cuanto a la causal de tráfico de influencias, aseguró que no se trata de una influencia de tal envergadura del parlamentario hacía su fun cionario de la UTL, como para afirmar que la misma se efectuó anteponiendo su investidura de congresista y ejerciendo por ello, su poder de influencia, pues el mismo se da en función de la subordinación hacia su funcionario en el interior de su despacho, quien le encomienda una labor administrativa específica que no le reporta un beneficio concreto, ni probado en el expediente.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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Con base en los conceptos de moralidad administrativa y del derecho de buena fe y de buena administración consideró pertinente de cidir sobre la compulsa de copias a la autoridad disciplinaria, en pro de la salvaguardia de la totalidad de los recursos públicos, incluso si son mínimos como lo aludió el apoderado de la accionada, pues todo le pertenece a la ciudadanía en un Estado con recursos limitados. Que, resulta evidente que, si es posible advertir un reproche a los funcionarios involucrados por impartir y acatar órdenes funcionales para atender, así sea tangencialmente asuntos personales , sin ninguna relación ni causalidad con las funciones parlamentarias y las que se ejercen al interior de las UTL.

Por todo lo anterior, solicitó que no se decrete la pérdida de investidura del senador Jairo Alberto Castellanos Serrano.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala Especial d e Decisión N° 19 del Consejo de Estado, es competente para conocer en primera instancia de la solicitud de pérdida de investidura presentada en virtud de lo dispuesto en los artículos 183, 184 y 237 -5 de la Constitución Política, 37-7 de la Ley 270 de 1996 , 2 de la Ley 1881 de 2018 y el Acuerdo 011 de 31 de enero siguiente, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Problema jurídico

Debe la Sala Especial determinar, si el congresista Jairo Alberto Castellanos

de 31 de enero siguiente, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.

Problema jurídico

Debe la Sala Especial determinar, si el congresista Jairo Alberto Castellanos Serrano; incurrió en la causal de pér dida de investidura por indebida destinación de dineros públicos y tráfico de influencias , al conferirle poder especial a su Asesora Grado 1 de la Unidad de Trabajo Legislativo, María Camila Rivera López , dentro del proceso disciplinario IUS E -2022-740475 – IUC D -2023-274-9777, iniciado por la Procuraduría General de la Nación.

Acervo probatorio

Las pruebas aportadas y practicadas en el proceso son las siguientes:

• Copia del expediente disciplinario IUS E -2022-740475 – IUC D-20232749777.

• Certificado expedido por el Jefe de Recursos Humanos del Congreso de la República, respecto de la Historia Laboral de la señora María Camila Rivera López, en la que se resalta que mediante Resolución No. 684 del 10 de junio de 2022, expedida por la Dirección General Ad ministrativa del Senado de la República, se nombró en el cargo de Asesor Grado I, dentro de la UTLRadicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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del Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano y que mediante Acta No. 326 del 24 de julio de 2022, se posesionó en el cargo mencionado.

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del Senador Jairo Alberto Castellanos Serrano y que mediante Acta No. 326 del 24 de julio de 2022, se posesionó en el cargo mencionado.

• Resultado del escrut inio E-26 SEN del 13 de marzo de 2022 y constancia del Congreso de la República , con los que se acredita que el señor Jairo Alberto Castellanos Serrano , es Senador de la República en el periodo

2022-2026.

• Interrogatorio de parte rendido por el señor Jair o Alberto Castellanos

Serrano.

• Testimonio de la señora María Camila Rivera López.

Aspectos generales sobre la pérdida de investidura

La Constitución Política de 1991 regula la pérdida de investidura en los artículos 183 y 184. El desarrollo legal de es tas normas constitucionales se encuentra en la Ley 1881 de 2018, y el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011. Se caracteriza como un medio de control de naturaleza sancionatoria, en consecuencia, se debe desarrollar de acuerdo al principio del debido proceso dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Para la pérdida de investidura, aplican los principios de legalidad en sentido estricto –tipicidad-, taxatividad, pro homine e in dubio pro reo. La aplicación restrictiva se impone sobre la interpre tación extensiva o analógica. Se trata de un juicio subjetivo que el Consejo de Estado ha considerado de carácter ético, pues se reprochan conductas contrarias a la dignidad del cargo que se ostenta 1. El juez evalúa si el representante de la voluntad popul ar se comporta de acuerdo con las exigencias legales y constitucionales2.

se reprochan conductas contrarias a la dignidad del cargo que se ostenta 1. El juez evalúa si el representante de la voluntad popul ar se comporta de acuerdo con las exigencias legales y constitucionales2.

Entre otros atributos del proceso, se destaca: i) es de carácter jurisdiccional y conlleva una imperiosa consecuencia, pues la pérdida de investidura genera inhabilidad para ocupar cargos de elección popular iguales o similares; ii) tiene fuertes implicaciones democráticas, pues más que la limitación de los derechos políticos de un ciudadano, representa un juicio de carácter subjetivo respecto del comportamiento de un miembro de una corporación pública y su sujeción al imperio de la ley; iii) es un medio de control de carácter público, de allí que la

1 Al respecto, el Consejo de Estado ha sostenido: “La pérdida de investidura constituye una clara manifestación del ius puniendi del Estado, co n el fin de juzgar la conducta de los servidores públicos de elección popular, llamada a cumplir un papel fundamental en la democracia participativa y deliberativa, pues con ella se busca preservar valores esenciales de la democracia como la defensa del in terés general, el decoro, la rectitud, la lealtad, la imparcialidad, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y la buena marcha del servicio público en el ejercicio de la representación popular” (CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 11 de marzo de 2021. Exp. 15001 -23-33-000-2020-0168001(PI). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativ a, Sala Séptima de Decisión de Pérdida de

01(PI). M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés). 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativ a, Sala Séptima de Decisión de Pérdida de Investidura. Sente ncia del 20 de febrero de 2019. Exp. 11001 -03-15-000-2018-03883-00(PI). M.P. María Adriana Marín (E).Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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legitimación por activa la tenga cualquier ciudadano; iv) es un juicio de responsabilidad subjetiva, lo que implica verificar que existi ó una conducta dolosa o gravemente culposa3; v) cuenta con la garantía de la doble instancia; vi) tiene un término de caducidad de cinco años y vii) es una institución autónoma e independiente respecto de los demás regímenes de responsabilidad de los servidores públicos4.

Ahora bien, el análisis en los procesos de pérdida de investidura se surte en dos etapas. En primer lugar, se estudia desde una perspectiva objetiva que el miembro de una corporación pública haya incurrido en una conducta tipificada como causal para perder la investidura , según el régimen correspondiente. En segundo lugar, procede el análisis subjetivo de la conducta, donde se verifica que esta sea un acto volitivo y consciente que transgrede el régimen legal.

De las causales de pérdida de investidura invocadas en la demanda

Indebida destinación de dineros públicos

acto volitivo y consciente que transgrede el régimen legal.

De las causales de pérdida de investidura invocadas en la demanda

Indebida destinación de dineros públicos

En el presente caso, se advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la solicitud, es la prevista en el numeral 4º del artículo 183 de la Constitución Po lítica, que establece para los congresistas , la siguiente “4. Por indebida destinación de dineros públicos”.

Dicha causal no se encuentra definida en la Constitución o la ley, por lo que ha sido la jurisprudencia la que ha desarrollado su alcance.

Así, por ejemplo, en sentencia del 10 de agosto de 2021, la Sala Plena de esta Corporación, Magistrado Ponente Gabriel Valbuena Hernández, expediente con radicación 11001-03-15-000-2020-04001-01, expuso lo siguiente:

“44. En términos generales, la causal invoca da en este proceso, censura cualquier utilización de los dineros públicos para fines no previstos, distintos, prohibidos o no autorizados por la Constitución o la ley 5, con el propósito de erradicar y sancionar aquellas prácticas que se apartan de los fund amentos deontológicos propios de la función parlamentaria. Una de esas conductas reprochables la constituye el hecho de pagar o autorizar el pago de salarios a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus servicios o la remuneración, con cargo al erario de aquellas tareas, funciones, servicios o actividades ajenos a las misiones institucionales del Congreso.

a personas que en realidad no han ejercido sus funciones o prestado sus servicios o la remuneración, con cargo al erario de aquellas tareas, funciones, servicios o actividades ajenos a las misiones institucionales del Congreso.

3 Al respecto, el H. Consejo de Estado ha señalado: “i) si el congresista estaba en condiciones de comprender el hecho o circunstancia configurativa de la causa, ii) si le era exigible otra conducta o comportamiento, iii) si el congresista atendió las normas jurídicas y, finalmente, iv) si la sanción de pérdida de investidura, en el caso concreto, es necesaria para garantizar los fines fijados en la Constitución” (Ibid). 4 Ibid. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001 -03-15-000-2013-00865-00, sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI).Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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45. Esta corporación ha entendido que el comportamiento sancionable se configura cuando el parlamentario, en su condición de servidor público, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución,

configura cuando el parlamentario, en su condición de servidor público, al ejercer las competencias de las que ha sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el reglamento para los dineros públicos; destina o aplica tales recursos a materias expresamente prohibidas, innecesarias o injustificadas; busca un incremento patrimonial o un beneficio no necesariamente económico en su favor o de terceras personas 6, independientemente de que dicha actuación configure o no un delito penal 7. Lo importante, es que el congresista sea el determinador del detrimento patrimonial del Estado, al aplicar dineros públicos a un fin no autorizado8.

46. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 28 de marzo de 2017 9 precisó, que la causal se configura cuando se acreditan los siguientes presupuestos: (i) que se ostente la condición de miembro de una corporación de elección popular, (ii) que se esté frente a dineros públicos y (iii) que estos sean indebidamente destinados.

47. En efecto, la configuración de la causal supone que la destinación indebida de dineros públicos tenga lugar cuando el congresista ostente tal calidad, esto es, se encuentre posesionado y en el ejercicio del cargo y tenga la disponibilidad jurídica o material d e destinar o incidir en la destinación de los recursos que administra el Estado, ya sea porque ostenta la calidad de ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes estatales o porque en el ejercicio de sus funciones, ocasiona, determina o p ermite la incorrecta, ilícita o injusta destinación de dineros públicos. Esto último puede

ordenador del gasto, administrador o depositario de los bienes estatales o porque en el ejercicio de sus funciones, ocasiona, determina o p ermite la incorrecta, ilícita o injusta destinación de dineros públicos. Esto último puede ocurrir en los eventos relativos a la celebración de contratos o en los trámites de pago de la nómina, cuando deba certificar la prestación efectiva del servicio como condición indispensable para autorizar los pagos.

48. Esta corporación en la aludida sentencia del 28 de marzo de 2017 precisó que el sintagma « dinero público » está referido a los recursos públicos que administra el Estado. En ese sentido, los recurso s destinados al pago de salarios y prestaciones sociales al personal de las entidades públicas, se enmarcan dentro de ese concepto”.

6 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 3 de octubre de 2000. MP: Doctor Darío Quiñones Pinilla. Expedientes AC 10529 y AC 10968. 7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso A dministrativo, sentencia del 22 de noviembre de 2016, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001 -03-15-000-2015-02938-00, accionante: Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Cont encioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero de 2004, consejero ponente: Alier Hernández Enríquez, expediente: 11001 -03-15-000-2003-1149-01, accionante: Álvaro Gutiérrez Marenco, accionado: Dieb Nicolás Maloof Cuse.

consejero ponente: Alier Hernández Enríquez, expediente: 11001 -03-15-000-2003-1149-01, accionante: Álvaro Gutiérrez Marenco, accionado: Dieb Nicolás Maloof Cuse. 9 Consejo de Estado, Sala Plena d e lo Contencioso Administrativo Sentencia del 28 de marzo de 2017. MP. Rafael Francisco Suárez Vargas. Expediente 11001-03-15-000-2015-00111-00 (PI). Sentencia del 6 de mayo de 2014. MP. Enrique Gil Botero, Expediente: 11001 -03-15-000-2013-00865-00. Dicha aclaración se sustentó en la interpretación literal y gramatical del artículo 183 numeral 4 de la carta superior, acompasada con la historicidad de la norma, la finalidad perseguida con ella por el Constituyente de 1991 y con los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Corporación al resolver los casos concretos. Con ella se retomó la interpretación efectuada por la Sala Plena en sentencia del 5 de febrero de 2001, para concluirla causal corresponde a una descripción típica completa, en tanto indica un sujeto activo, el congresista; el verbo rector, destinar; la circunstancia de modo que lo cualifica, esto es, que sea la destinación sea indebida, y el objeto sobre el cual recae la acción, que viene a ser el bien jurídico protegido: los dineros públ icos, así como la consecuencia de su realización, la pérdida de la investidura de congresista.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01705-00

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