CE - 110010315000202301743001SENTENCIA20230725083841

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA 12 ESPECIAL DE DECISIÓN

Bogotá DC, siete (7) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI)

Demandante: MARÍA ANGÉLICA VARGAS

Demandado: POLIVIO LEANDRO ROSALES CADENA Medio de control: PÉRDIDA DE INVESTIDURA Causal: VIOLACIÓN DEL RÉGIMEN INHABILIDADES – HABER

GESTIONADO O CELEBRADO CONTRATOS CON

ENTIDADES ESTATALES EN INTERÉS PROPIO O DE

TERCEROS DENTRO DE LOS SEIS MESES

ANTERIORES A LA ELECCIÓN

Síntesis del caso: la ciudadana María Angélica Vargas demanda la investidura del Senador de la República Polivio Leandro Rosales Cadena con fundamento en la causal de violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y de conflicto de intereses, por considerar que en la condición de representante legal de la entidad sin ánimo de lucro Aico por la Pacha Mama celebró dos contratos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño dentro de los seis (6) meses anteriores a la elección, por lo que estaba incurso en la inhabilidad contenida en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política.

Temas: pérdida de investidura de congresistas – derecho punitivo – non bis in idem – nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos – cosa juzgada – no está configurada

Temas: pérdida de investidura de congresistas – derecho punitivo – non bis in idem – nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos – cosa juzgada – no está configurada porque la sentencia no está ejecutoriada - violación al régimen de inhabilidades – haber gestionado o celebrado contratos con entidades estatales, en interés propio o de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la elección – ausencia de culpabilidad – no se acreditó que el demandado hubiera actuado con dolo o culpa grave.

La Sala decide en primera instancia la solicitud de pérdida de investidura formulada por la señora María Angélica Vargas en contra del Senador de la República señor Polivio Leandro Rosales Cadena.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito de 11 de abril de 2023 (índice 1 SAMAI), la ciudadana colombiana María Angélica Vargas demandó la investidura del Senador de la República señor2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

Polivio Leandro Rosales Vargas con sustento en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política, esto es, “por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses” , para lo cual adujo que el demandado desconoció la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 179 ibidem, según la cual no podrán ser congresistas “Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de

cual adujo que el demandado desconoció la inhabilidad establecida en el numeral 3 del artículo 179 ibidem, según la cual no podrán ser congresistas “Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

Los fundamentos fácticos de la demanda de pérdida de investidura son, en síntesis, los siguientes:

1. El señor Polivio Leandro Rosales Cadena era el representante legal de la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) AICO por la Pacha Mama; en esa calidad celebró y suscribió dos (2) contratos interadministrativos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN).

1. El contrato interadministrativo no. 202100755 tuvo por objeto la prestación de servicios profesionales de la referida entidad sin ánimo de lucro en favor del IDSN para “establecer acciones para la consolidación del modelo de salud propia e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción de contenidos de componentes e implementación del SISPI, pueblo indígena Quillacinga” (índice 2

SAMAI).

1. Por su parte, el contrato interadministrativo no. 2021000759 se celebró con la finalidad de que la ESAL prestara sus servicios al IDSN para el “fortalecimiento del modelo de salud propia e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción de contenidos de componentes e implementación del SISPI del Pueblo Indígena de los Pastos” (índice 2 SAMAI).

modelo de salud propia e intercultural en el marco de la guía metodológica para la construcción de contenidos de componentes e implementación del SISPI del Pueblo Indígena de los Pastos” (índice 2 SAMAI).

1. Los mencionados contratos interadministrativos se suscribieron el 1 5 de septiembre de 2021 por parte de la ESAL a través del Sistema Elect rónico de Contratación Pública (SECOP II) y dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

de la elección de Congreso de la República para el periodo 2022 - 2026, pues, esta se llevó a cabo el 13 de marzo de 2022.

1. El señor Polivio Leandro Rosales Cadena incurrió en la inhabilidad consagrada en el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política y el numeral 3 del artículo 280 de la Ley 5 de 1992.

Como fundamentos jurídicos de la demanda, la solicitante señaló que el congresista demandado configuró los elementos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura de que trata el numeral 1 del artículo 183 de la Constitución Política toda vez que, gestionó y celebró contratos con entidades estatales, en beneficio propio o de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de las elecciones legislativas, además, el demandado “pretendía obtener un beneficio patrimonial y extrapatrimonial, lo que le permitía incidir en los resultados electorales. Suma a este

de terceros, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de las elecciones legislativas, además, el demandado “pretendía obtener un beneficio patrimonial y extrapatrimonial, lo que le permitía incidir en los resultados electorales. Suma a este interés propio el interés en favor de terceros, que como se puede observar en los objetos contractuales, dichos terceros son los pueblos indígenas Pastos y Quillacingas (…)” (índice 2 SAMAI) ; finalmente, en relación con el criterio de culpabilidad, manifestó que el demandado conocía que su comportamiento se encuentra prohibido, pues, era totalmente consciente de que al suscribir los mencionados negocios jurídicos incurría en la causal de inhabilidad, por lo que su conducta “no es simplemente imprudente, sino dolosa o, en su defecto, gravemente culposa” (índice 2 SAMAI).

2. Contestación de la demanda

El congresista demandado se opuso a la prosperidad de las pretensiones (índice 11 SAMAI) con fundamento en lo siguiente:

1. No está probado que el taita Polivio Leandro Rosales Cadena celebró, dentro de los seis (6) meses inmediatamente anteriores a la fecha de la elección como Congresista de la República , dos (2) contratos interadministrativos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) ni tampoco que se suscribieron a través

del SECOP II.

1. No se estructura el elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura, porque no todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene potencialidad de4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI)

Actor: María Angélica Vargas

porque no todo contrato suscrito con una entidad estatal tiene potencialidad de4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

configurar la inhabilidad, tal como ocurre con los servicios que se ofrecen de manera común a todos los ciudadanos (v gr contratos bancarios, seguros, servicios de salud, entre otros).

1. El taita Polivio Leandro Rosales Cadena no buscó satisfacer un interés propio o de terceros sino el interés general, público, esto es, el beneficio de comunidades y pueblos indígenas, pues, para el momento de los hechos el congresista demandado estaba revestido de una dignidad especial, pues, era el Gobernador del Cabildo del Resguardo de San Juan y representante legal de la ESAL AICO por la Pacha Mama.

1. No hay prueba o evidencia de que el señor Polivio Leandro Rosales Cadena haya recibido recursos económicos o materiales con ocasión de los contratos mencionados en la demanda y que pudieran servir para su beneficio electoral o particular, más aún si se tiene en cuenta que los referidos negocios jurídicos nunca llegaron a ejecutarse; además, las entidades especiales y las comunidades indígenas no pueden calificarse como “terceros”, como se hacía en e l marco de la Constitución anterior, ya que, son propiamente entidades públicas especiales, por lo cual no pueden ser catalogados como terceros a la luz de la disposición que consagra la mencionada inhabilidad.

1. El demandado busco satisfacer un interés superior y público, esto es, la salud de las comunidades indígenas.

lo cual no pueden ser catalogados como terceros a la luz de la disposición que consagra la mencionada inhabilidad.

1. El demandado busco satisfacer un interés superior y público, esto es, la salud de las comunidades indígenas.

1. La conducta del demandado no puede ser calificada como dolosa o gravemente culposa, por lo siguiente: (i) el señor Polivio Leandro Rosales Cadena nunca tuvo la intención real de suscribir los contratos interadministrativo s nos. 202100755 y 2021000759, tanto así que nunca se constituyeron pólizas o garantías para llevar a cabo su ejecución; (ii) el interés que se perseguía con la celebración de esos negocios jurídicos era la protec ción de un interés superior, sin que los cabildos o resguardos indígenas puedan ser calificados como “terceros”, por cuanto son entidades públicas especiales y sujetos colectivos de especial protección constitucional; (iii) las actuaciones del taita Polivio Leandro Rosales Cadena no se dirigieron a obtener beneficios patrimoniales o electorales, pues, no existieron prerrogativas económicas, materiales o inmateriales que denoten una conducta

contra la ética o la moral y, (iv) para el momento de los hechos, e l demandado no5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

era candidato al Senado de la República ni tenía la intención de serlo, porque esa decisión no es autónoma ya que dependía de la elección previa de las autoridades indígenas la cual se realizó el 2 de diciembre de 2021, es decir, cuatro (4) meses

decisión no es autónoma ya que dependía de la elección previa de las autoridades indígenas la cual se realizó el 2 de diciembre de 2021, es decir, cuatro (4) meses después de la gestión de los citados negocios jurídicos.

1. En este caso concreto es necesario realizar un control de convencionalidad para integrar en la decisión el componente y el enfoque étnico, de forma que cualquier interpretación factible debe preferirse la que mejor se adapte y proteja la autonomía cultural de la población indígena, al grado tal que es posible aplicar la excepción de inconstitucionalidad o de contraconvencionalidad en relación con las disposiciones o preceptos normativos que restrinjan derechos étnicos.

3. Audiencia pública

El 7 de junio de 2023 se adelantó la audiencia de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018 en la cual la Sala 12 Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado escuchó las conclusiones de las partes, quienes reiteraron los argumentos planteados en el curso del proceso (índice

28 SAMAI).

La actora insistió en los argumentos contenidos en el escrito de demanda ; el Ministerio Público solicitó denegar las súplicas de la demanda por considerar que el demandado al celebrar los contratos antes referidos no obtuvo provecho o interés propio o en favor de terceros y, en todo caso , de llegarse a conclu ir que la sola celebración de los negocios jurídicos configuró la causal de desinvestidura, el elemento subjetivo no estaría demostrado dado que no se acreditó que el congresista haya obrado con dolo o culpa; finalmente, el congresista y su apoderado

celebración de los negocios jurídicos configuró la causal de desinvestidura, el elemento subjetivo no estaría demostrado dado que no se acreditó que el congresista haya obrado con dolo o culpa; finalmente, el congresista y su apoderado solicitaron negar la petición de desinvestidura para lo cual pidieron la aplicación de un enfoque étnico, plural y multicultural al momento de valorar la configuración de los elementos objetivo y subjetivo de la causal invocada , toda vez que el propósito perseguido con la celebración de dichos negocios jurídicos era la satisfacción del interés general de los pueblos indígenas, circunstancia por la cual no es posible dar por acreditados los elementos objetivo y subjetivo de la inhabilidad invocada con la demanda.6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

Sin que se advierta causal de nulidad que invalide la actuación, decide la Sala en primera instancia 1 la solicitud de pérdida de investidura, para lo cual seguirá el siguiente derrotero: (i) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, (ii) naturaleza jurídica y finalidad del medio de control jurisdiccional de pérdida de investidura de congresistas , (iii) contenido y alcance de la causal de pérdida de investidura invocada, (iv) el principio non bis in idem y cosa juzgada en relación con el contrato no. 2021000755 el 15 de septiembre de 2021 (v) la celebración de contratos con entidades públicas en beneficio propio o de terceros como causal de

el contrato no. 2021000755 el 15 de septiembre de 2021 (v) la celebración de contratos con entidades públicas en beneficio propio o de terceros como causal de pérdida de investidura en este caso concreto, (vi) conclusión y, (vii) costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La solicitante pretende que se despoje de su investidura de congresista al señor Polivio Leandro Rosales Cadena, Senador de la República elegido para el período constitucional 2022 - 2026, por la supuesta violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades2, por el hecho de haber celebrado en la condición de representante legal de la ESAL AICO la Pacha Mama dos (2) distintos contratos con el Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN) dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la elección, en beneficio propio o de terceros3; el demandado niega haber tenido cualquier tipo de interés directo o indirecto en dichos asuntos y sostiene que obró sin dolo ni culpa grave.

La Sala mantendrá la investidura del demandado en lo que tiene que ver con la celebración del contrato no. 2021000755 de 2021, porque se advierte que el 22 de

1 El artículo 237.5 de la Constitución Política prevé que el Consejo de Estado conoce de los casos de pérdida de investidura de los congresistas; por su parte, el artículo 2 de la Ley 1881 de 2018 determina que corresponde a las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocer, en primera instancia, de las solicitudes de pérdida de investidura. 2 El señor Polivio Leandro Rosales Cadena está legitimado en la causa por pasiva ya que , quedó

que corresponde a las Salas Especiales de Decisión del Consejo de Estado conocer, en primera instancia, de las solicitudes de pérdida de investidura. 2 El señor Polivio Leandro Rosales Cadena está legitimado en la causa por pasiva ya que , quedó establecida su condición de Senador de la República para el período constitucional 2022 a 2026, con la copia de la Resolución no. E 3332 de 19 de julio de 2022, proferida por el Consejo Nacional Electoral, que declaró la elección de Senado de la República, asignó las curules para ese período y ordenó la expedición de las respectivas credenciales (índice 2 SAMAI). 3 El artículo 6 de la Ley 1881 de 2018 establece que la demanda deberá presentarse dentro del plazo de cinco (5) años contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho generador, so pena de que opere la caducidad dado que el hecho generador que se aduce se advirtió con la elección del Senador de la República Polivio Leandro Rosales Cadena, llevada a cabo el 13 de marzo de 2022, la solicitud de pérdida de investidura no se encuentra caducada.7

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

febrero de 2023 se profirió sentencia de primera instancia en el expediente no. 11001-03-15-000-2022-05556-00, proceso en el cual el demandado es el mismo señor Polivio Leandro Rosales Cadena , se debatieron los mismos hechos de esta demanda y se estudió la misma causal de desinvestidura , en relación con ese específico negocio jurídico.

señor Polivio Leandro Rosales Cadena , se debatieron los mismos hechos de esta demanda y se estudió la misma causal de desinvestidura , en relación con ese específico negocio jurídico.

En ese orden de ideas, la Sala declarará probada de oficio la excepción propia y autónoma del derecho punitivo y consistente en el “non bis in idem”, toda vez que el medio de control jurisdiccional de pérdida de investidura es de naturaleza sancionatoria o punitiva, de allí que tenga total aplicación el principio constitucional según el cual nadie puede ser juzgado ni procesado ni investigado dos veces por un mismo hecho.

Así las cosas, la Sala no estudiará de fondo los componentes objetivo y subjetivo de la causal alegada en la demanda respecto del contrato no. 2021000755 debido a que ya fueron materia de valoración probatoria, análisis jurídico y decisión por parte de la Sala 6 Especial de Decisión en la sentencia de 22 de febrero de 2023, la cual fue objeto de recurso de apelación y, por consiguiente, su conocimiento y competencia corresponde n en este momento a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación.

Por consiguiente, la Sala tiene competencia para pronunciarse sobre la solicitud de pérdida de investidura en lo que tiene que ver con la celebración o suscripción del contrato no. 2021000759 ; no obstante, denegará la petición de pérdida de investidura porque, si bien se acreditó la configuración del elemento objetivo de la causal, lo cierto es que no obran pruebas que permitan dar por establecido el elemento subjetivo, más aún si se tiene en cuenta que el demandado solo tuvo

investidura porque, si bien se acreditó la configuración del elemento objetivo de la causal, lo cierto es que no obran pruebas que permitan dar por establecido el elemento subjetivo, más aún si se tiene en cuenta que el demandado solo tuvo conocimiento de su postulación como congresista a partir de l 2 de diciembre de 2021 con la elección que de él hicieron las respectivas autoridades indígenas.

2. Naturaleza jurídica y finalidad del medio de control jurisdiccional de pérdida de investidura de congresistas

1. La acción pública de pérdida de investidura puede ser ejercida por cualquier ciudadano como expresión del derecho fundamental de participación democrática8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

en el control del ejercicio del poder político establecido en el artículo 40 de la Carta y su trámite en dos instancias está actualmente regulado en la Ley 1881 de 20184.

1. Según lo ha precisado la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional5 como del Consejo de Estado6 se trata de una acción ciudadana conducente a hacer efectiva, a través de un proceso de orden jurisdiccional, una responsabilidad ética y disciplinaria de los congresistas por razón de la comisión o configuración de una cualquiera de las causales previstas para el efecto en la Constitución Política7.

La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la naturaleza disciplinaria de este medio de control en los siguientes términos:

“Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de la i nvestidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad

medio de control en los siguientes términos:

“Por razón de su naturaleza y de los fines que la inspiran, la pérdida de la i nvestidura constituye un verdadero juicio de responsabilidad política que culmina con la imposición de una sanción de carácter jurisdiccional, de tipo disciplinario que castiga la transgresión al código de conducta intachable que los congresistas deben observar por razón del inapreciable valor social y político de la investidura que ostentan. Para la Corte, el tipo de responsabilidad política de carácter disciplinario exige al congresista que incurriere en la comisión de unas de las conductas que el Consti tuyente erigió en causal de pérdida de la investidura, es perfectamente diferenciable y separable de la penal que la misma pudiere también originar, por haber incurrido en un delito, independientemente de la acción penal.” (destaca la Sala).

En ese entendimiento también ha destacado el eminente carácter ético del juicio de desinvestidura de los congresistas y su propósito encaminado a preservar la dignidad del cargo y de la corporación pública correspondiente:

“La Corte debe insistir en que las normas con stitucionales sobre pérdida de investidura tienen un sentido eminentemente ético. Buscan preservar la dignidad del congresista y, aunque se refieran a conductas que puedan estar contempladas en la legislación como delictivas, su objeto no es el de imponer sanciones penales, sino el de castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan. Al congresista no se lo priva de su investidura inhabilitándolo para volver a

castigar la vulneración del régimen disciplinario impuesto a los miembros del Congreso en razón de la función que desempeñan. Al congresista no se lo priva de su investidura inhabilitándolo para volver a ser elegido en tal condición, por el hecho de haber incurrido en un determinado hecho punible y menos como consecuencia de haber sido

4 Con antelación a este cuerpo normativo el trámite estaba consagrado en la Ley 144 de 1994 la cual fue expresa e integralmente derogada por el artículo 24 de la Ley 1881 de 2018. 5 Véanse, entre otras, las sentencias C-319 de 1994 y C-247 de 1995. 6 Véanse, por ejemplo, las sentencias de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 30 de mayo de 2000, expediente AC-9877; 13 de febrero de 2001, expediente AC-11.946 y 20 de noviembre de 2001, expediente 2001-0130. 7 Aunque debe anotarse que, según el entendimiento dado por la jurisprudencia, la causal del artículo 110 constitucional es aplicable a todos los miembros de las corporaciones de elección popular.9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

hallado penalmente responsable. Lo que el Consejo de Estado deduce en el curso del proceso correspondiente es l a violación, por parte del implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos efectos,

implicado, de las normas especiales que lo obligan en cuanto miembro del Congreso. Se trata de un juicio y de una sanción que no están necesariamente ligados al proceso penal que, para los respectivos efectos, lleve a cabo la jurisdicción, pues la Constitución exige más al congresista que a las demás personas: no solamente está comprometido a no delinquir sino a observar una conducta especialmente pulcra y delicada que, si presenta manchas, así no sean constitutivas de delito, n o es la adecuada a la dignidad del cargo ni a la disciplina que su ejercicio demanda.”8 (negrillas de la Sala).

1. Por su parte, el artículo 1º de la Ley 1881 de 2018 establece que igualmente se trata de un juicio de tipo subjetivo y dispone, en for ma expresa e inequívoca, la necesaria acreditación del dolo o culpa grave en la actuación del servidor como presupuesto para la prosperidad de este medio de control, en los siguientes

términos:

“ARTÍCULO 1. El proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva. La acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su conducta dolosa o culposa , hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura establecidas en la Constitución.

Se observará el principio del debido proceso, conforme al artículo 29 de la Constitución Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa

Constitución Política.

PARÁGRAFO. Se garantizará el non bis in ídem. Cuando una misma conducta haya dado lugar a una acción electoral y a una de pérdida de investidura de forma simultánea, el primer fallo hará tránsito a cosa juzgada sobre el otro proceso en todos los aspectos juzgados, excepto en relación con la culpabilidad del congresista, cuyo juicio es exclusivo del proceso de pérdida de investidura. En todo caso, la declaratoria de pérdida de investidura hará tránsito a cosa juzgada respecto del proceso de nulidad electoral en cuanto a la configuración objetiva de la causal.” (se resalta).

Sobre ese preciso punto, debe advertirse que con antelación a la entrada en vigencia de la referida ley, la Corte Constitucional 9 ya había enfatizado en la necesidad de que se encuentre acreditada la culpa o el dolo del congresista para que prospere el juicio de pérdida de investidura, sobre la consideración de que imponer tan grave sanción sin acreditación del elemento subjetivo sería contrario a las garantías fundamentales por tratarse de un juicio de carácter punitivo y que por tanto la responsabilidad que en este se decide no puede ser de carácter objetivo, lo cual explicitó en los siguientes términos:

8 Ibidem. 9 Corte Constitucional, sentencia SU-424 de 2016.10

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

“(viii) El análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un

Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

“(viii) El análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un Estado de Derecho los juicios sancionatorios, por regla general, no pueden operar bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones q ue se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de una conducta típica, antijurídica y culpable.

(ix) Una sentencia proferida en un proceso de pérdida de investidura, incurre en un defecto sustantivo, cuando sanciona a un Repr esentante a la Cámara sin analizar si su conducta se produjo con culpa o dolo.” (negrillas adicionales).

1. En ese orden de ideas, es posible delimitar el medio de control y el proceso pérdida de investidura a partir de las siguientes características:

1. Es de naturaleza jurisdiccional sancionatoria10, pues, hace parte del ius puniendi del Estado y, a diferencia de los procesos sancionatorios administrativos, la competencia para tramitarlo y decidirlo corresponde a los jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con fundamento en el procedimiento jurisdiccional previamente definido por el legislador, con estricto apego a todos y cada uno de los subprincipios y subreglas que integran el derecho al debido proceso contenidos en el artículo 29 de la Carta Política11, proceso que culmina con una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada.

1. El objeto del proceso jurisdiccional es de carácter ético 12, en tanto las causales

el artículo 29 de la Carta Política11, proceso que culmina con una sentencia que hace tránsito a cosa juzgada.

1. El objeto del proceso jurisdiccional es de carácter ético 12, en tanto las causales consagradas por el Constituyente reflejan un código positivizado de conducta que tiene por objeto reprochar y sancionar comportamientos contrarios a la dignidad del cargo que ejercen los representantes del pueblo.

1. El medio de control y el proceso de pérdida de investidura son de carácter o naturaleza jurisdiccional y públicos ya que, generan un impacto directo sobre los derechos políticos de quien resulta sancionado, por cuanto si se remueve la investidura del congresista se produce una inhabilidad para ocupar cargos de elección popular13.

10 Corte Constitucional, sentencia SU-1159 de 2003, MP Manuel José Cepeda Espinosa. 11 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de marzo de 2018, exp. 2017 -00474-01, MP María Elizabeth García González. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentenci a del 21 de agosto de 2012, exp. 201100-254-00(PI), MP Hernán Andrade Rincón. 13 Constitución Política, artículo 179 numeral 4 y Ley 617 de 2000, artículos 30 numeral 1, 33 numeral 1, 37, numeral 1, 40 numeral 1.11

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01743-00 (PI) Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

La pérdida de investidura, a diferencia de otros trámites disciplinarios adelantados

Actor: María Angélica Vargas Pérdida de investidura – Sentencia de primera instancia

La pérdida de investidura, a diferencia de otros trámites disciplinarios adelantados por autoridades de naturaleza administrativa, tiene la característica de ser un medio de control jurisdiccional, esto es, se trata de un proceso adelantado ante