CE - 110010315000202301752001SENTENCIA20230830193308

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01752-00

Referencia: Acción de tutela

ACTORES: MARÍA ESPERANZA NEIRA DE LAGOS Y OTROS.

TESIS: LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA DIVERGENCIA OBEDECE A UN DEBATE DE MERA LEGALIDAD Y A ASPECTOS

QUE FUERON RESUELTOS DE FORMA ADMISIBLE POR LA AUTORIDAD

JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A

LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por l os actores contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR1 y la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE

ESTADO2.

1 En adelante el Tribunal 2 En adelante la Sección Tercera2

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Actores: MARÍA ESPERANZA NEIRA DE LAGOS Y OTROS.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Actores: MARÍA ESPERANZA NEIRA DE LAGOS Y OTROS.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores MARÍA ESPERANZA NEIRA DE LAGOS, JADITH YAMITH, ZULY KATERINE y FREDY GABINO LAGOS NEIRA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso , al acceso a la administración de justicia y de los principios de confianza legítima y seg uridad jurídica , los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA, al haber proferido las providencias de 21 de agosto de 2017 y 21 de noviembre de 2022, respectivamente, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2012-00053-02.

I.2.- Hechos

Refirieron que el 25 de mayo de 2011, su familiar, el señor GABINO LAGOS CALDERÓN se desplazaba con destino a Barranquilla, en un3

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vehículo tipo tractocamión , carrocería tanque, Marca Kenworth, identificado con placa XVP -143, afiliado a la COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA. -COPETRANy en la vía que de San Alberto conduce a la Mata, en el municipio de

identificado con placa XVP -143, afiliado a la COOPERATIVA SANTANDEREANA DE TRANSPORTADORES LTDA. -COPETRANy en la vía que de San Alberto conduce a la Mata, en el municipio de AguachicaCesar, colisionó con el vehículo tractocamión de placas XKF 480 de propiedad del señor ÁNGELO FERNANDO AYALA PRADA, conducido por el señor ANÍBAL BARAJAS, quien invadió el carril del sentido contrario, al impactar con unos reductores de velocidad que se encontraban en esa vía y, como consecuencia de lo anterior, falleció su familiar.

Precisaron que el 17 de julio de 20 12, con el propósito de que les fueran reconocidos los daños y perjuicios ocasionados por causa de la muerte de su familiar, l os señores MARÍA ESPERANZA NEIRA DE LAGOS, ZULY KATHERINE y JADITH YAMITH LAGOS NEIRA, LAURY VALENTINA LAGOS LEÓN , YUSOF STEVENSON LAGOS MORALES y CARMEN ROSA CALDERÓN promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la

NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE - INVIAS, la

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA -ANI-, el

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS , la CONCESIONARIA RUTA4

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DEL SOL S.A.S., la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE ORIENTE

S.A.S., la IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE

Actores: MARÍA ESPERANZA NEIRA DE LAGOS Y OTROS.

DEL SOL S.A.S., la COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE ORIENTE

S.A.S., la IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIAS PRIMAS – IMPOCOMA LTDA., los señores ÁNGELO FERNANDO AYALA PRADA y ANÍBAL BARAJAS, proceso al cual le fue asignado el número único de radicación 20001 -23-31-0002012-00053-00.

Sostuvieron que, la demanda le correspondió en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante s entencia de 10 de agosto de 2017, declaró probada la excepción de culpa exclusiva de un tercero y, en consecuencia, denegó las pretensiones de la demanda.

Relataron que, inconformes con lo anterior, presentaron recurso de apelación que fue desatado por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 20 22, confirmó la decisión del a quo, por considerar que no se configuró el nexo de causalidad entre el daño sufrido por la parte actora y la falla en el servicio atribuida a las entidades demandadas, toda vez que la causa eficiente de la ocurrencia del accidente fue la culpa exclusiva de un tercero, como eximente de la responsabilidad del Estado.5

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, lo cual vulneró sus derechos

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico, lo cual vulneró sus derechos fundamentales a la tutela efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad y debido proceso.

Alegaron que la SECCIÓN TERCERA incurrió en defecto fáctico, pues desconoció las pruebas aportadas con la demanda que daban cuenta de que la omisión de las entidades demandadas en señalizar adecuadamente las vías, se encontraba probada, pues en el lugar del siniestro se instaló un reductor de velocidad de forma ilegal, ya que el mismo no cumplía con los requerimientos legales y la señalización necesarios, lo cual, había dado lugar a la ocurrencia del siniestro.

Además, señalaron que se encontraba probada la falla en el servicio debido a que la ANI no vigiló que su contratista cumpliera el deber de instalar las señales y cumplir los trámites legales en lo referente a los reductores de velocidad y el MINISTERIO DE TRANSPORTE6

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no actuó como autoridad, exigiendo el cumplimiento de la ley y de sus propios reglamentos.

I.4.- Pretensiones

La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado -Sección 3La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia:

“[…] se dejen sin efectos las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Cesar y el Consejo de Estado -Sección 3Subsección A, los días 10 de agosto de 2017 y 21 de noviembre de 2022, respectivamente, dentro del proceso 20001 -23-31000-2012-00053-02 y en su lugar se profiera una nueva sentencia, favorable a las suplicas de la demanda de reparación directa instaurada […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela de la referencia.

Adujo que la decisión cuestionada se encuentra ajustada a derecho y tampoco se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados por los demandantes , toda vez que estructuraron su argumentación en la configuración de una falla del servicio , sin7

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embargo, en el proceso nunca se acreditaron los elementos constitutivos de la responsabilidad de la administración.

Señaló que, en el caso objeto de estudio, se encontró probado el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero -atribuible al particular que conducía el vehículo de placas XKF480-, toda vez que invadió el carril contrario cuando dicha maniobra estaba demarcada como prohibida en la vía donde ocurrió el accidente, lo cual rompía el nexo causal entre la falla atribuida y el perjuicio ocasionado a los demandantes.

invadió el carril contrario cuando dicha maniobra estaba demarcada como prohibida en la vía donde ocurrió el accidente, lo cual rompía el nexo causal entre la falla atribuida y el perjuicio ocasionado a los demandantes.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El INVIAS por intermedio de apoderado judicial , s olicitó declarar la improcedencia de la presente solicitud de amparo constitucional por incumplir el requisito general de relevancia constitucional, por ser utilizada para reabrir un debate legal.

Afirmó que el hecho de que las autoridades judiciales accionadas no hayan accedido a las pretensiones del proceso de reparación directa, no justificaba que la parte actora acudiera a la acción de tutela con8

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la finalidad de reabrir un debate judicial que ya había sido debidamente clausurado por el juez natural de la causa y así constituir una tercera instancia, reclamando el reconocimiento de unos derechos que no habían sido vulnerados.

I.6.2.- La ANI, a través de apoderada especial, solicitó improcedente la presente acción y alegó que esa entidad no incurrió en violación o amenaza de los derechos fundamentales de los demandantes, habida cuenta que, en efecto, en la demanda no se cuestiona ninguna de sus actuaciones.

Afirmó que el simple desacuerdo frente a las valoraciones probatorias no es suficiente para que se configure el defecto fáctico, pues ello

cuenta que, en efecto, en la demanda no se cuestiona ninguna de sus actuaciones.

Afirmó que el simple desacuerdo frente a las valoraciones probatorias no es suficiente para que se configure el defecto fáctico, pues ello implicaría que el juez de tutela desconozca el principio de autonomía judicial y, además, dicho defecto únicamente se configura cuando la valoración probatoria es contraevidente, arbitraria, omisiva o contraria a la sana crítica, situación que no ocurría en el presente caso.

I.6.2.- SEGUROS DEL ESTADO S.A. , actuando por intermedio de apoderada general, manifestó que se deben denegar las pretensiones9

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de la acción, toda vez que las decisiones cuestionadas se encuentran ajustadas a derecho.

Sostuvo que los argumentos de la parte accionante no tienen vocación de prosperidad, en tanto que las sentencias cuestionadas se encuentran debidamente motivadas y tuvieron en cuenta todos los elementos materiales probatorios allegados al proceso, tales como, los informes del accidente de tránsito; la inspección técnica al cadáver de la Policía Judicial de Aguachica ; la relatoría técnica realizada por el agente inspector de tráfico de la concesionaria Ruta del Sol, entre otros, que permitieron establecer que la vía se encontraba en óptimas condiciones y debidamente demarcada, lo cual, conllevó a denegar las pretensiones de la demanda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

encontraba en óptimas condiciones y debidamente demarcada, lo cual, conllevó a denegar las pretensiones de la demanda.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de10

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Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María E lizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos c onstitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos c onstitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la se ntencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin11

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perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde12

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institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sob re todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales de rechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de

es comprensible pues, sin que l a acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judici al, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.13

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, com o lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece de l apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho funda mental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del14

tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del14

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01752-00

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texto)

En el caso bajo examen, los accionantes pretenden que se dejen sin efectos las providencias de 21 de agosto de 2017 y 21 de noviembre de 2022 , proferidas por el TRIBUNAL y la SECCIÓN TERCERA, respectivamente, a través de las cuales se denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa identificada con el número único de radicación 2012-00053-02.

A las citadas providencias la parte actora les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, habida cuenta que, a su juicio, la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en defecto fáctico por la indebida valoración de las pruebas que demostraban la responsabilidad del Estado en la muerte de su familiar, el señor GABINO LAGOS CALDERÓN, el 25 de mayo de 2011 , quien se desplazaba en un vehículo tipo tractocamión, carrocería tanque, por la vía que conduce de San Alberto a la Mata, en el municipio de AguachicaCesar, debido a que otro tractocamión invadió el carril del sentido contrario, al impactar con unos reductores de velocidad que se encontraban en15

de San Alberto a la Mata, en el municipio de AguachicaCesar, debido a que otro tractocamión invadió el carril del sentido contrario, al impactar con unos reductores de velocidad que se encontraban en15

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01752-00

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esa vía.

Ahora bien, la Sala conviene en mencionar que únicamente se referirá a la providencia proferida por la SECCIÓN TERCERA, teniendo en cuenta que fue esta la que puso fin al debate procesal.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de «evidente relevancia constitucional» . Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías16

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01752-00

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías16

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esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.17

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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [6]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [7].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, e s un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [8].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afe cción de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutel a debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutel a debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [9].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o

[6] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [7] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [8] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso ”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisió n sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su

artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisió n sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”18

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declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da luga r a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto

tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [10]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que es ta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de d