CE - 110010315000202301766011SENTENCIAMODIFICA20230629150029

Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01766-01

Demandante: INÉS MERCEDES VENCE DE BARROS

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Acción de tutela por derecho a la salud . Modifica el fallo impugnado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte demandada, la EPS Sanitas, contra la sentencia del 18 de mayo de 2023, por medio de la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado, accedió al amparo del derecho fundamental a la salud de la accionante y, en consecue ncia, ordenó lo siguiente:

“3. Ordenar a la EPS Sanitas y a la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S. que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la presente decisión, autoricen y practiquen la cirugía denominada

“3. Ordenar a la EPS Sanitas y a la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S. que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la presente decisión, autoricen y practiquen la cirugía denominada resección de tumor en ojo derecho a la señora Inés Mercedes Vence de Barros, por la especialidad o subespecialidad que determine el médico tratante y garantizar la prestación de los servicios médicos para el tratamiento de su patología.”

I. ANTECEDENTES

1. La petición de amparo

La señora Inés Mercedes Vence de Barros interpuso acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Superintendencia Nacional de Salud, la EPS Sanitas y la clínica Santa María del Caribe, por considerar vulnerados los derechos fundam entales a la salud, a la vida, a la dignidad humana, igualdad y el principio de solidaridad.Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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Para la parte actora sus garantías constitucionales se vulneraron pues no se ha ordenado, de forma inmediata, la cirugía de resección del tumor en el párpado infe rior de su ojo derecho, para “poder evitar que lo pierda ”, así como su vida por falta de un tratamiento oportuno.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

“PRIMERO pretendo con esta acción de tutela como CON MEDIDA

como su vida por falta de un tratamiento oportuno.

En consecuencia, la parte demandante pretende:

“PRIMERO pretendo con esta acción de tutela como CON MEDIDA CAUTERAL URGENTE Y mecanismo def initivo y excepcional para evitar un perjuicio irremediable como es mi vida, para que el juez constitucional me garantice mis derechos fundamentales, a la salud, a la vida, a la dignidad humana, al principio de solidaridad, a la igualdad a una tutela judicial efectiva a los precedente s de la co rte constitucional y ordene al presidente de Colombia, cumplir sus funciones conforme al numeral 22. Ejercer la inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos, el ministerio de protección social y de salud, la superintendencia de salud, ordene a la empresa prestadora de salud sanita, a la clínica Santamaría, al doctor cesar julio Fernández, a realizar en el término de la distancia la cirugía plástica del tumor en el parpado inferior de mi ojo y así evitar que lo pierda y mi vida por falta de tratamiento a tiempo…

SEGUNDO que el presidente de Colombia conforme a sus funciones ordene a la empresa de salud sanitas y a la clínica santa maría del caribe ordenar de forma inmediata la realización de la cirugía para salvar a mi ojo.

TERCERO que el ministro de salud y el superintendente de salud conforme a sus funciones ordenar de forma inmediata la realización de la cirugía para serval a mi ojo Cuarto que el juez constitucional resuelva de fondo la acción d e tutela conforme a los principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad.”1

Como medida provisional, solicitó:

“QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DECRETA DE FORMA INMEDIATA la

fondo la acción d e tutela conforme a los principios DE OFICIOSIDAD y de informalidad.”1

Como medida provisional, solicitó:

“QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DECRETA DE FORMA INMEDIATA la medida cautelar urgente ordenando a la EPS sanita y a la clínica santa maría del caribe y al doctor, al doctor cesar julio Fernández, a realizar en el término de la distancia la cirugía plástica del tumor en el parpado inferior de mi ojo y así evitar que lo pierda y mi vida por falta de tratamiento a tiempo conforme a los artículos Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Artícu lo

49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. De no conceder esta medida cautelar urgente puedo perder mi vida y mi ojo.” 2

1 Se transcribe del texto original. 2 Ibidem.Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que tiene 74 años de edad y que se encuentra afiliada en el régimen

www.consejodeestado.gov.co 3

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

2. Hechos

Sostuvo que tiene 74 años de edad y que se encuentra afiliada en el régimen contributivo de la EPS Sanitas, desde el 1° de febrero de 2022.

Indicó qu e el 21 de septiembre de 2022 fue valorada en la clínica Santa María del Caribe por el cirujano plástico César Julio Fernández Rojas, quien diagnosticó:

“PACIENTE QUE PRESENTA TUMOR EN PARPADO INFERIOR QUE

DEBE SER RESECADO Y RECONSTRUIDO CON COLGAJOS

PEDICULADOS EN NUMERO DE TRES COLGAJOS, SE LE INFORMA A LA HIJA DE LA POSIBILIDAD DE UN ELECTROPION QUIEN MANIFIESTA QUE SI QUE SE OPERE, DA PASO PARA EL ACTO

QUIRURGICO”3.

Señaló que, el 11 de enero de 2023 fue valorada por anestesiología de la misma IPS, en la cual se señaló: “Diagnóstico principal: C698 – LESIÓN DE SITIOS CONTIGUOS DEL OJO Y SUS ANEXOS [ ] Análisis y plan:

PROGRAMAR CX AYUNO 8HS”.

Informó que, a la fecha de radicación de este mecanismo de amparo no se le ha practicado la cirugía en mención.

3. Sustento de la petición

La actora sostuvo que desde hace más de cinco meses ha solicitado a la IPS Santa María del Caribe que autorice la cirugía para retirar el tumor.

Indicó que, la referida IPS como respuesta “… siempre manifiestan que el

La actora sostuvo que desde hace más de cinco meses ha solicitado a la IPS Santa María del Caribe que autorice la cirugía para retirar el tumor.

Indicó que, la referida IPS como respuesta “… siempre manifiestan que el cirujano plástico, atiende solo una vez al mes y la lista de espera es con el medico es larga…”.

Mencionó que, por lo anterior, se encuentra en lista de espera, lo que ha puesto en riesgo sus derechos fundamentales invocados.

Señaló que, a la fecha de presenta ción de la acción de tutela, no le han programado la cirugía, pese a que el médico tratante le “... manifestó que era de urgencia esa cirugía por lo delicado que esta el tumor y la ubicación…”.

Refirió que, incluso ha acudido por urgencias a la IPS para recibir la atención médica requerida y tampoco la atienden.

3 Trascrito con posibles errores ortográficos.Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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Resaltó que, el presidente de la República tiene la responsabilidad de proteger los derechos de la persona y, ordenar a la EPS y a la clínica Santamaría del Caribe que le realice la cirugía que le fue ordenada de forma inmediata.

4. Trámite en primera instancia

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de

Santamaría del Caribe que le realice la cirugía que le fue ordenada de forma inmediata.

4. Trámite en primera instancia

El Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá mediante auto del 10 de abril de 2023, declaró su falta de competencia para conocer el recurso de amparo y ordenó rem itirlo al Consejo de Estado, por reparto.

Con proveído del 28 de abril de 2023, se admitió la acción de tutela y, en consecuencia, se ordenó notificar como demandados a la Presidencia de la República, la Superintendencia de Salud, la EPS Sanitas y la clínica Santa María del Caribe.

Asimismo, dispuso que se notificara a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, se publicara en la página web del Consejo de Estado el proveído para el conocimiento de los terceros interesados.

A su vez, negó la medida cautelar solicitada, así:

“La actora solicitó, como medida provisional, se ordene a la EPS Sanitas, a la clínica Santa María del Caribe y al médico César Julio Fernández, que realicen la cirugía plástica del tumor en el p[á]rpado inferior de su ojo.

Al respecto, el despacho advierte que, de la argumentación planteada por la accionante para solicitar el decreto de la medida cautelar, no se evidencia la necesidad y urgencia de decretarla si se tiene en cuenta que corresponde a la pretensión de la acci ón de tutela, razón por la que será en el fallo la oportunidad para pronunciarse al respecto.”

5. Contestaciones

5.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

corresponde a la pretensión de la acci ón de tutela, razón por la que será en el fallo la oportunidad para pronunciarse al respecto.”

5. Contestaciones

5.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República

Esta entidad solicitó que se declare su falta de legitimación en la caus a por pasiva, porque no ha cometido ninguna omisión que permita a la accionante reclamarle la tutela de sus derechos fundamentales.

Advirtió que no es la autoridad competente para emitir algún tipo de autorización médica que le permita acceder a los insum os y al tratamiento médico que reclama la actora.

Precisó que el Área de Correspondencia de la Presidencia de la República verificó su sistema de gestión documental y emitió la CERT23 -001565 /Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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GFPU 13081012 del 05 de mayo de 2023, donde certificó que, a l a fecha, no se ha recibido ninguna comunicación de parte del accionante.

5.2. Superintendencia Nacional de Salud

Esta entidad también solicitó su desvinculación del trámite de la presente acción de tutela, porque carece de legitimación en la causa por pasiva.

Indicó que la vulneración alegada no deviene de una acción u omisión atribuible a esa entidad, pues de los hechos narrados, se desprende que el accionante requiere servicios médicos que son negados por trabas

Indicó que la vulneración alegada no deviene de una acción u omisión atribuible a esa entidad, pues de los hechos narrados, se desprende que el accionante requiere servicios médicos que son negados por trabas administrativas presentadas por la EPS, que es la llamada a responder de fondo dentro del presente asunto.

5.3. Clínica Santa María del Caribe

Esta entidad pidió que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela de la referencia, porque no hay vulneración de los derechos fundamentales invocados por la actora.

Informó que, atendió a lo requerido por la accionante y programó consulta externa de cirugía plástica para la actora, con el fin de que se haga la revaloración de la patología que padece y así definir la conducta a seguir.

Precisó que, "…cumplió con la autorización de la orden de la programación por consulta externa con el médico especialista en cirugía plástica CESAR JULIO FERNANDEZ ROJAS con vínculo contractual en la entidad, el día miércoles 10 de mayo de 2023 a las 6:00 pm …”

5.4. EPS Sanitas

Esta entidad solicitó que se despache desfavorablemente la acción de tutela, porque no ha vulnerado los derechos fundamentales deprecados por la actora.

Agregó que, de manera subsidiaria, en caso de que se acceda a las pretensiones del recurso de amparo, se tenga en cuenta lo siguiente:

“SEGUNDA: Que el fallo se delimite en cuanto a la patología objeto de amparo, que en el presente trámite constitucional es la que dio origen a la acción de tutela, estableciéndose que las prestaciones de las tecnologías

“SEGUNDA: Que el fallo se delimite en cuanto a la patología objeto de amparo, que en el presente trámite constitucional es la que dio origen a la acción de tutela, estableciéndose que las prestaciones de las tecnologías en salud proceden siempre y cuando se cuente con orden y/o justificación de los médicos tratantes adscritos a EPS Sanitas S.A.S., y los mismos sean proporcionadas en instituciones adscritas a la red de prestadores.

TERCERA: Por último, qu e se ordene de manera expresa a la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DEDemandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (ADRES) que reintegre a esta Entidad en un término perentorio, el 100% de los costos de los servicios y tecnologías en Salud NO PBS que en vi rtud de la orden de tutela se suministre a la accionante.”

Expuso que la EPS le ha brindado a la actora todas y cada una de las prestaciones médico - asistenciales que ha requerido debido a su estado de salud, lo cual ha efectuado a través de un equipo mu ltidisciplinario, y acorde con las respectivas órdenes médicas emitidas por los médicos tratantes.

Afirmó que, a la fecha se está dando cumplimiento a la autorización de las órdenes médicas vigentes, radicadas por la usuaria o familia, a través del

con las respectivas órdenes médicas emitidas por los médicos tratantes.

Afirmó que, a la fecha se está dando cumplimiento a la autorización de las órdenes médicas vigentes, radicadas por la usuaria o familia, a través del canal virtual o presencial establecidos.

Añadió que “…respecto del procedimiento de RESECCIÓN DE TUMOR EN PÁRPADO INFERIOR, es preciso tener en cuenta que la usuaria no allega prueba siquiera sumaria como lo es una orden m édica que permita constatar la prescripción por parte de un galeno tratante adscrito a EPS SANITAS SAS, por lo que no resulta posible autorizar dicho procedimiento médico.”

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 18 de mayo de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, acced ió al amparo del derecho fundamental a la salud de la accionante y, en consecuencia, ordenó lo siguiente:

“1. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Presidencia de la República y la Superintendencia Nacional de Salud.

2. Tutelar e l derecho fundamental a la salud a la señora Inés Mercedes

Vence de Barros. En consecuencia:

3. Ordenar a la EPS Sanitas y a la IPS Clínica Santa María del Caribe S.A.S. que, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la expedición de la presente d ecisión, autoricen y practiquen la cirugía denominada resección de tumor en ojo derecho a la señora Inés Mercedes Vence de Barros, por la especialidad o subespecialidad que determine el médico tratante y garantizar la prestación de los servicios médicos pa ra el tratamiento de su patología.”

resección de tumor en ojo derecho a la señora Inés Mercedes Vence de Barros, por la especialidad o subespecialidad que determine el médico tratante y garantizar la prestación de los servicios médicos pa ra el tratamiento de su patología.”

Indicó, como cuestión previa que, si bien en el escrito de tutela se alude al señor presidente de la República, este no tiene incidencia en la prestación de servicios de salud ni en la autorización de procedimientos qui rúrgicos, omisión de la cual se predica la vulneración de los derechos fundamentales deprecados por la actora.

Precisó que, en esa medida, correspondería a los jueces del circuito conocer la presente acción de tutela. Sin embargo, por circunstancias excep cionalesDemandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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se puede inaplicar la anterior disposición, cuando de por medio está la garantía de derechos fundamentales como la vida, la salud y la integridad personal, e incluso, cuando éstos por las circunstancias del caso en concreto pueden verse seriamente afectados de remitirse el asunto al juez competente, en lugar de decidirse de manera inmediata la controversia planteada.

Hizo alusión a la edad de la accionante y que por sus condiciones particulares debía asumirse el conocimiento de la acción de tutela.

Aclaró que no existía prueba que permitiera inferir que la demandante

planteada.

Hizo alusión a la edad de la accionante y que por sus condiciones particulares debía asumirse el conocimiento de la acción de tutela.

Aclaró que no existía prueba que permitiera inferir que la demandante hubiese acudido ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Superintendencia Nacional de Salud, lo cual evidenciaba la falta de legitimación en la causa por pasiva de estos.

Mencionó las que el 11 de enero de 2023, la señora Vence de Barros fue valorada por anestesiología de la misma IPS. Sin embargo, la actora refiere que no se le ha autorizado ni practicado la cirugía, pese a que el médico tratante la prescribió hace más de cinco meses y le informó que era un procedimiento que se requería de urgencia, en atención a la ubicación y tamaño del tumor.

Adujo que, por su parte la IPS Clínica Santa María del Caribe. informó que programó para el 10 de mayo de 2023, a las 6:00 p.m. cita con el médico especialista en cirugía plástica, doctor César Julio Fernández Rojas, para lo cual aportó como prueba la respectiva orden.

Preciso que, en comunicación telefónica sostenida con la actora, el día 11 de mayo de 2023, informó que acudió a la cita médica programada con el especialista, quien reiteró que el tumor que padece debe ser operado, resecado y reconstruido con colgajos, pero el procedimiento debe realizarlo un médico oculoplástico.

Refirió que la accionante también manifestó su preocupación e inconformidad con la respuesta dada por el médico tratante, pues indicó que siendo el

resecado y reconstruido con colgajos, pero el procedimiento debe realizarlo un médico oculoplástico.

Refirió que la accionante también manifestó su preocupación e inconformidad con la respuesta dada por el médico tratante, pues indicó que siendo el mismo especialista que la diagnosticó, esperó más de seis meses para indicarle que debe acudir a otro médico. Aseguró que en varias oportunidades se acercó a la clínica para pedir que le autorizaran y programaran la cirugía, pero la respuesta siempre ha sido, que el especialista solo atiende una vez al mes y está en lista de espera para programar el procedimiento. Que radicó los documentos entregados por el galeno tratante, el 10 de mayo de 2023, pero en la clínica le informaron que hay disponibilidad de citas hasta dentro de un mes.Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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Señaló que la demandante, mediante memorial radicado en la misma fecha, aportó la evolución de consulta exte rna y la orden de remisión para valoración y tratamiento con médico oculoplástico.

Evidenció que desde hace más de siete meses la señora Inés Mercedes Vence Barros requiere de un procedimiento quirúrgico denominado resección de tumor en párpado inferior d erecho, que, a la fecha, no se ha llevado a cabo, por la demora en la programación del procedimiento.

Vence Barros requiere de un procedimiento quirúrgico denominado resección de tumor en párpado inferior d erecho, que, a la fecha, no se ha llevado a cabo, por la demora en la programación del procedimiento.

Resaltó el hecho de que , tan solo hasta la cita del 11 de mayo de 2023, la IPS, por intermedio del mismo especialista que atendió a la accionante desde el mes de septiembre de 2022, le indicara a la señora Vence de Barros que debe ser intervenida por un oculoplástico.

Expuso que, tal prescripción, debió determinarse desde un primer momento, pues el diagnóstico de la paciente es exactamente el mismo.

Adujo que, cuando se supera el momento adecuado en el que debe practicarse un examen, procedimiento o tratamiento, se está ante la vulneración del derecho a la salud, ante la falta de diligencia de la entidad que presta el servicio.

Mencionó que, el acceso a los servicios de salud no puede verse obstruid o por trámites administrativos que competen a las EPS o IPS. Por lo que, corresponde a las accionadas garantizar el procedimiento quirúrgico que requiere la actora, independientemente de las gestiones internas necesarias para que la EPS Sanitas o la IPS Clínica Santa María del Caribe, garanticen la prestación de los servicios médicos para el tratamiento de su patología, conforme con la prescripción del médico tratante.

Agregó que, la EPS Sanitas solicitó que se le ordene al ADRES el reintegro del 100% de los costos de los servicios y tecnologías en Salud NO PBS que en virtud de la orden de tutela se suministre a la accionante.

Agregó que, la EPS Sanitas solicitó que se le ordene al ADRES el reintegro del 100% de los costos de los servicios y tecnologías en Salud NO PBS que en virtud de la orden de tutela se suministre a la accionante.

Indicó que no se emitiría ninguna orden al respecto, pues es un procedimiento que se encuentra legal y reglamentariamente previst o, además, es de pleno conocimiento de las EPS. Para tal efecto, citó como fundamento la Ley 1753 de 2015, para señalar que no se requiere orden judicial para que la EPS adelante el recobro ante el ADRES o el ent e territorial de los gastos en que haya incurrido en la prestación del servicio de salud y que legalmente no esté obligada, independientemente de que sean producto de una orden de tutela o como consecuencia de la autorización de su comité técnico científico.Demandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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6. Impugnación

Mediante escrito recibido el 31 de mayo de 2023 la EPS Sanitas impugnó el fallo de primera instancia, el cual fue notificado vía electrónica el 26 del mismo mes y año.

Destacó que la usuaria no allegó prueba siquiera sumaria como lo es una orden médica que permita constatar la prescripción por parte de un médico tratante adscrito a EPS Sanitas, por lo que no resulta posible autorizar dicho procedimiento médico.

Destacó que la usuaria no allegó prueba siquiera sumaria como lo es una orden médica que permita constatar la prescripción por parte de un médico tratante adscrito a EPS Sanitas, por lo que no resulta posible autorizar dicho procedimiento médico.

Informó que, con el fin de que el galeno tratante bajo su autonomía médica prescriba el tratamiento pertinente, se están adelantando todas las gestiones con el área de servicios de salud para que se realice la valoración por cirugía plástica y reconstructiva, así como la posterior autorización.

Indicó que debe tenerse en cuenta que la oportunidad en la asignación de las citas para atención médica, procedimientos, exámenes paraclínicos, etc., no depende de esta Entidad, ya que son cada una de las IPS quienes manejan y disponen de sus agendas (que no solo están dispuestas para los de EPS Sanitas, sino también para otros afiliados del Sistema General de Seguridad Social en Salud) acorde con las condiciones de oferta y demanda de cada institución. Por lo que, se trata de una gestión de terceros no imputable a esta EPS y que sale del ámbito de control de esta compañía.

Mencionó que la EPS Sanitas suministra los servicios de salud que requieren los pacientes por medio de IPS, que hacen parte de su red de prestadores, las cuales cuentan con autonomía e independencia, y son estas quienes manejan y disponen de la agenda y por ende programación de las consultas e intervenciones quirúr gicas, por tanto, no tiene injerencia, más allá de la labor de auditoría que se ejerce.

Señaló que los profesionales en salud gozan de plena autonomía y autorregulación médica y son quienes tienen el conocimiento científico para determinar las necesidades de un paciente, tal y como se establece en los

labor de auditoría que se ejerce.

Señaló que los profesionales en salud gozan de plena autonomía y autorregulación médica y son quienes tienen el conocimiento científico para determinar las necesidades de un paciente, tal y como se establece en los artículos 1 04 y 105 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 17 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015.

Resaltó que, las normas transcritas se encuentran orientadas a proteger la autonomía del profesional de la salud, su relación con el paciente, la pertinencia clínica, la libertad de la que goza el profesional de la salud para emitir su opinión médica y tomar las decisio nes que consideren las más adecuadas dentro del marco de esquemas de autorregulación, la ética, la racionalidad y la evidencia científica, todo lo anterior, fundamentado precisamente en la autonomía que garantiza el libre ejercicio de la profesión médica p ara determinar lo que bien considere sobre el diagnóstico yDemandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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tratamiento de la paciente.

Adujo que, ha actuado de acuerdo con la normatividad vigente, razón por la cual solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, toda vez que no se configur ó ninguna violación a los derechos fundamentales de la accionante.

Expuso que es entendible que los usuarios del sistema de seguridad social

cual solicitó que se declare improcedente la acción de tutela, toda vez que no se configur ó ninguna violación a los derechos fundamentales de la accionante.

Expuso que es entendible que los usuarios del sistema de seguridad social en salud deseen hacer más rápida y efectiva la satisfacción de su derecho fundamental y supongan que mediante el rec urso a ciertos cauces ello no va a tener lugar, por básicas razones de debido proceso y el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, no obstante, el juez constitucional no puede ordenar a una E PS el cumplimiento para hacer efectivo un derecho fundamental que nunca ha sido vulnerado.

Precisó que, no se debe tutelar un derecho fundamental que jamás ha sido transgredido.

Indicó que, para la programación de los servicios, las IPS cuentan con lineamientos propios, de programación de servicios , ya sean citas, procedimientos quirúrgicos, toma de muestras y en general, funciones estas que no le competen a las EPS, como en su caso, en los términos definidos en el artículo 185 de la ley 100 de 1993.

Resaltó que las instituciones prestadoras de s alud son las encargadas de prestar los servicios de salud a los afiliados cotizantes y benefic iarios de las EPS, conforme con el artículo 185 de la Ley 100 de 1993.

Destacó que, al no existir orden médica alguna que indique la “necesidad de los servicios so licitados por el paciente” , considera y solicita se abstenga de ordenarlas, habida cuenta de que el médico es quien decide que servicios, procedimientos, medicamentos e insumos médicos requiere un paciente. Precisó que e n el presente caso el galeno fue cla ro en indicar la impertinencia de dicho servicio.

ordenarlas, habida cuenta de que el médico es quien decide que servicios, procedimientos, medicamentos e insumos médicos requiere un paciente. Precisó que e n el presente caso el galeno fue cla ro en indicar la impertinencia de dicho servicio.

Reiteró que, no existe orden médica actual conocida o radicada y que haya sido expedida por médico tratante adscrito a EPS Sanitas; por lo que, debe negarse la acción de tutela, puesto que, no existe evid encia de ello para resección de tumor en párpado inferior de la actora.

Insistió en que son los médicos tratantes quienes conocen las necesidades de los pacientes, de manera que al no encontrarse ordenado el mismo, no puede consecuencialmente el señor juez acceder a tal “…petición caprichosa de la señora sólo porque aquella considera que la necesita, sin tener como soporte la ORDEN M[É]DICA ACTUAL expedida por los médicos tratantes de [l]a EPS que son los expertos y conocen de fondo la patología de losDemandante: Inés Mercedes Vence de Barros Demandados: Presidencia de la República y otros Rad: 11001-03-15-000-2023-01766-01

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pacientes y por supuesto, son los idóneos para indicar cuál es la necesidad médica de cada uno de estos, para lo cual, efectiv amente, expiden las [ó]rdenes m[é]dicas de rigor.”

Destacó que la salud es un servicio público obligatori