CE - 110010315000202301840011SENTENCIA20230926163841

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01840-01

Demandante: Guillermo Alberto Perafán Cardona

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01840-01

Demandante: Guillermo Alberto Perafán Cardona Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la

Carrera Judicial

Temas: Tutela contra acto administrativo proferido en concurso de méritos.

Convocatoria 27.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia del 22 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que declaró la carencia actual de objeto por hecho superado.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Guillermo Alberto Perafán Cardona, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Guillermo Alberto Perafán Cardona, quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos y funciones públicas.2

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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene a la accionada suspender las actuaciones que originaron su inadmisión en la Convocatoria 27, en la que participó para el cargo de juez administrativo, código 270011.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. Se inscribió en la Convocatoria 27, para el cargo de juez administrativo, código 170011, en la que superó la prueba de aptitudes y conocimientos.

1. Mediante Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 y su anexo, la entidad lo inadmitió del proceso de selección, por no presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidad e incompatibilidades, causal de rechazo establecida en el numeral 3.5. del acuerdo de la convocatoria.

1. El 16 de febrero de 2023, radicó solicitud de revisión de documentos, poniendo de presente el cumplimiento de los requisitos y la nimiedad del requerimiento por el cual

numeral 3.5. del acuerdo de la convocatoria.

1. El 16 de febrero de 2023, radicó solicitud de revisión de documentos, poniendo de presente el cumplimiento de los requisitos y la nimiedad del requerimiento por el cual se le inadmitió en la convocatoria, y aportando los soportes y la declaración sobre la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.

1. A través de respuesta con radicado CJO23-1393 fechado del 17 de marzo de 2023, notificada vía correo electrónico el 22 de marzo de siguiente, la entidad confirmó la decisión de inadmisión del proceso de selección.

1. Tal como lo establecen los artículos 164 -3 de la Ley 270 de 1996 y 4 de la Resolución CJR23-006114 del 08 de febrero de 2023, contra la decisión de inadmisión no proceden recursos en vía gubernativa; y el medio de control de nulid ad y restablecimiento del derecho, procedente para controvertir dicho acto, se torna ineficaz para garantizar la protección inmediata que requieren sus garantías fundamentales, pues para el momento en que se logre el fallo es probable que la lista de elegi bles ya haya sido agotada.3

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1. La decisión le genera un perjuicio de carácter irremediable, toda vez que, luego de haber aprobado la prueba de aptitudes y conocimientos, se le impidió continuar en las

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1. La decisión le genera un perjuicio de carácter irremediable, toda vez que, luego de haber aprobado la prueba de aptitudes y conocimientos, se le impidió continuar en las demás etapas del concurso de méritos, cercenando la posibilidad de acceso a la dignidad de juez de la República a través del mérito y, con ello, las expectativas familiares, sociales, profesionales, personales y económicas.

1.1.3. Los defectos invocados

En sentir del accionante, la decisión de la autoridad accionada incurrió en un exceso ritual manifiesto, dadas las siguientes circunstancias:

1. Al momento de la inscripción diligenció los formularios electrónicos dispuestos por la convocante a través de la Plataforma KACTUS, la cual exigió a todos los participantes

manifestar lo siguiente:

DECLARACIÓN JURAMENTADA Declaro bajo la gravedad de juramento, que no me encuentro incurso en ninguna causal legal o constitucional de inhabilidad para el nombramiento o de incompatibilidad para el ejercicio del cargo para el cual concurso. La información aquí suministrada es auténtica y veraz, por lo tanto, aut orizo irrevocablemente a la entidad para verificarla a través de los medios que considere convenientes.

1. Lo anterior quiere decir que la inscripción en la convocatoria tenía implícita la declaración juramentada sobre ausencia de inhabilidades e incompa tibilidades, sin la cual hubiese sido imposible concluir el proceso de inscripción en la convocatoria, ya que la parametrización de la plataforma así lo exigía.

1. Por su parte, dentro del instructivo de la Convocatoria, publicado días después de

cual hubiese sido imposible concluir el proceso de inscripción en la convocatoria, ya que la parametrización de la plataforma así lo exigía.

1. Por su parte, dentro del instructivo de la Convocatoria, publicado días después de la apertura del proceso de selección, se especificó en la página 2, lo siguiente:

Para participar en esta Convocatoria, so pena de las investigaciones a que haya lugar y del rechazo de plano de la inscripción, es de forzosa observancia cumplir, acreditar los requisitos mínimos para el cargo de aspiración y, además, adjuntar los documentos que así lo acreditan, manifestándolo bajo la gravedad de juramento, escribiéndolo en el espacio «perfil de hoja» que se encuentra en el formulario de «datos básicos», así: «Declaro bajo la gravedad del juramento que cumplo y acredito los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que soportan mi inscripción».4

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1. Dicha manifestación se realizó al momento de la inscripción y, con ella, dio cuenta, nuevamente, del cumplimiento del requisito, esto es, de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades.

1. Asimismo, durante la presentación de la prueba de aptitudes y conocimientos, la entidad solicitó realizar nuevamente la declaración sobre el cumplimiento de requisitos mínimos, que incluye la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, según lo prevé

1. Asimismo, durante la presentación de la prueba de aptitudes y conocimientos, la entidad solicitó realizar nuevamente la declaración sobre el cumplimiento de requisitos mínimos, que incluye la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, según lo prevé el artículo 127 de la Ley 270 de 1996.

1. Sumado a lo dicho, es de tomar en cuenta que se ha pre sentado a otras de las convocatorias desarrolladas por la accionada, en algunas de las cuales ha resultado en listas de elegibles y ha tomado posesión de cargos en propiedad; que, desde el año 2012, antes de inscribirse a las convocatorias, se desempeñó co mo empleado o contratista de diferentes entidades estatales, siendo necesario para el desempeño de los empleos el no encontrarse incurso en inhabilidades e incompatibilidades; y que, actualmente, labora para la Rama Judicial, en el Juzgado 14 Administrativ o de Medellín, como profesional universitario, cargo para el que también aportó el certificado de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades , información laboral y contractual que fue debidamente aportada a la plataforma del concurso KACTUS.

1. Así las cosas, se tiene que la Unidad de Carrera ha tenido cinco oportunidades para convalidar el requisito por el cual fue inadmitido de la convocatoria, así: a) con la información de registro diligenciada al momento de inscripción en la convocatoria, en la q ue se declaró bajo la gravedad de juramento la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades; b) con la información descrita en el formulario electrónico de inscripción, sobre el cumplimiento de todos los requisitos, dentro de los cuales se encuentra la a usencia de inhabilidades e incompatibilidades; c) con la constancia

incompatibilidades; b) con la información descrita en el formulario electrónico de inscripción, sobre el cumplimiento de todos los requisitos, dentro de los cuales se encuentra la a usencia de inhabilidades e incompatibilidades; c) con la constancia firmada al momento de presentar la prueba de aptitudes y conocimientos; d) al momento de revisar la solicitud de revisión de documentos, a la cual se adjuntaron todos los soportes necesarios para demostrar que no se encuentra incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad; y e) con la verificación de documentos de su expediente laboral, teniendo en cuenta que actualmente se desempeña como5

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profesional universitario de Juzgados Administr ativos y que en otras oportunidades también se ha encontrado vinculado a la Rama Judicial.

1. Adicional a lo anterior, para el momento de la toma de posesión del cargo, una sexta oportunidad se presentaría para que los participantes acreditaran la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, esto es, en el término de 20 días, tal como se establece en el artículo 133 de la Ley 270 de 1996.

1. La autoridad tutelada incurrió en una actividad contradictoria, pues al realizar el proceso de inscripción, los participantes diligenciaron la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, por lo que no es dable exigir el documento en una forma específica, a pesar de que ya cuenta con el contenido en la

proceso de inscripción, los participantes diligenciaron la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, por lo que no es dable exigir el documento en una forma específica, a pesar de que ya cuenta con el contenido en la información integral que reposa en la plataforma dispuesta para el concurso; además, pese a haber sido nombrado y ha haber tomado posesión en diferentes cargos de la Rama Judicial, en los cuales debió demostrar la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, lo excluyó arbitrariamente de la convocatoria por un requisito que ya había encontrado satisfecho anteriormente.

1. Sumado a lo dicho, la entidad permitió la convalidación de un requisito equivalente, atinente a las causales de rechazo, la del 3.8., pero sin razón, impidió que quienes fueron inadmitidos por la causal 3.5. se les convalidara el cumplimiento del requisito con la manifestación realizada al momento de presentar la prueba escrita de aptitudes y conocimientos. Por tanto, al haber permitido la conval idación de otros requisitos igualmente referidos a causales de rechazo del proceso, está incurriendo en un tratamiento desigual a los participantes sin justificación.

1. El legislador ha previsto que la acreditación de requisitos relacionados con el empleo, como lo son la ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, deben ser verificados con posterioridad al nombramiento y previo a la toma de posesión del cargo, pudiendo presentar las pruebas que acrediten tal circunstancia al momento de la toma de pos esión. Es trascendental hacer referencia a la vigencia de aquellos requisitos, pues las condiciones de inhabilidad e incompatibilidad hacen referencia a circunstancias que no son inmóviles, que son mutables, pudiendo presentarse o6

la toma de pos esión. Es trascendental hacer referencia a la vigencia de aquellos requisitos, pues las condiciones de inhabilidad e incompatibilidad hacen referencia a circunstancias que no son inmóviles, que son mutables, pudiendo presentarse o6

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desaparecer con el paso del tiempo, por lo que es necesaria su verificación al momento de la toma de posesión y mientras se esté en el ejercicio del cargo.

1. Establecer reglas que supongan la inadmisión de participantes por requisitos que el legislador ha previsto que sean verificados al momento del nombramiento y toma de posesión de los funcionarios es una extralimitación de funciones de la Unidad de

Carrera y una vulneración de las reglas de la carrera judicial, que debe resolverse en favor de aquellos a quienes con la dec isión de inadmisión se les están afectando garantías fundamentales.

1.2. Actuación procesal de primera instancia

1.2.1. El 19 de abril de 2023, el consejero de Estado Juan Enrique Bedoya Escobar admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Administrativa de Carrera Judicial y a la Universidad Nacional de Colombia , como demandados, para que, dentro del término de dos días, rindieran informe sobre los hechos de tutela ; y tuvo como pruebas los documentos allegados con el escrito de tutela.

Universidad Nacional de Colombia , como demandados, para que, dentro del término de dos días, rindieran informe sobre los hechos de tutela ; y tuvo como pruebas los documentos allegados con el escrito de tutela.

1.2.2. El 21 de abril de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad Administrativa de Carrera Judicial y al Fondo Pensional de la Universidad Nacional de Colombia.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. La Unidad de Administración de la Carrera Judicial. El 26 de abril de 2023, la directora de la entidad, Claud ia M. Granados R. solicitó negar por improcedente la acción de tutela, en atención a los siguientes argumentos:

1. Como se establece en el acuerdo de convocatoria y se evidencia con la foto de la pantalla del ingreso de información de documentos, en el r eglamento siempre estuvo establecido que uno de los documentos a aportar al momento de la inscripción al concurso era la declaración juramentada, en formato PDF, de no encontrarse incurso7

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en inhabilidades o incompatibilidades para ejercer el cargo, requisi to que cumplieron más de 3.389 aspirantes de los que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos, por lo que en aplicación del principio de la igualdad no puede ahora favorecerse a aquellos que no cumplieron con dicha carga. El instructivo de inscripció n hace parte

más de 3.389 aspirantes de los que pasaron la prueba de aptitudes y conocimientos, por lo que en aplicación del principio de la igualdad no puede ahora favorecerse a aquellos que no cumplieron con dicha carga. El instructivo de inscripció n hace parte del acuerdo de convocatoria y también tiene carácter obligatorio, razón por la cual su aplicación y guía debe hacerse de manera integral, no siendo posible fraccionarlo a conveniencia o hacer interpretaciones sobre el cumplimiento de requisitos.

1. De otra parte, contrario a lo manifestado por el accionante, no es cierto que la obligación de aportar la declaración se haya sustituido o convalidado con el formulario previsto electrónicamente en la plataforma, toda vez que este se relacionaba con una afirmación general sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para postularse al cargo, por lo que no se contempló para convalidar ninguno de los documentos exigidos, ni modificar las causales de rechazo previstas en el acuerdo de convocatoria. Adicionalmente, frente a la manifestación de eventuales subsanaciones en consideración a su participación en otras convocatorias y de que la información contenida en la inscripción se entiende rendida bajo juramento, es necesario reiterar que en l as normas de la convocatoria no están previstas dichas situaciones. La verificación de requisitos mínimos se realizó con la documentación cargada al momento de la inscripción, por lo cual no es posible acudir a criterios diferentes para considerar subsanada dicha causal de rechazo.

1. Por otro lado, respecto del argumento de que la declaración presentada al momento de la inscripción cumple y acredita los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado, se aclara que la causal regulada en el numeral 3.5 numeral 3 del artículo

1. Por otro lado, respecto del argumento de que la declaración presentada al momento de la inscripción cumple y acredita los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado, se aclara que la causal regulada en el numeral 3.5 numeral 3 del artículo 3°, del Acuerdo PCSJA18-11077, difiere de la establecida en el numeral 3.8., pues mientras que la primera se refiere a una «declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades», frente a la que el acuerdo de convocatoria estableció de manera expresa que debía allegarse en documento independiente, en formato PDF, en la segunda, se hace referencia al hecho de «no haber declarado bajo juramento al momento de la inscripción, que cumple y acredita los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que los soportan», que al entenderse como una manifestación, fue convalidado con la8

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declaración prevista en el cuadernillo de la prueba de aptitudes y conocimientos suscrita por los aspirantes al momento de la presentación, motivo por el cual a ningún concursante se rechazó por la citada causal.

1.3.2. La Universidad Nacional de Colombia. El 26 de abril de 2023, el director del Proyecto Contrato 096 de 2018, consultor para el diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y/o aptitudes,

Proyecto Contrato 096 de 2018, consultor para el diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas psicotécnicas, de conocimientos, competencias y/o aptitudes, en el marco del concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria 27), rindió informe en los siguientes términos:

1. Dentro de la normativ a vigente, existe la posibilidad de elevar solicitudes a la accionada destinadas a modificar la decisión de exclusión y, además, los cuestionamientos que puedan surgir en torno a la decisión de rechazo del aspirante son pasibles de control jurisdiccional. D icho lo anterior, se precisa que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios dispuestos para dicho fin. Asimismo, tampoco resulta procedente de manera excepcional, puesto que en el medio ordinario se pueden adoptar medidas de carácter inmediato, como serían las previstas en la Ley 1437 de 2011.

1. Ahora bien, es de advertir que, a la fecha de presentació n del infor me, las accionadas han brindado respuesta clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por el accionante, esto es, a través de la Resolución CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023, que resolvió no modificar la decisión adoptada en Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, que rechazó al tutelante por no cumplir con el requisito de aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e

CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, que rechazó al tutelante por no cumplir con el requisito de aportar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades; y en el Oficio CJO23-1393 del 17 de marzo de 2023, en el que se le informó de las razones concretas de su exclusión , una vez efectuado el procedimiento de verificación de requisitos mínimos respecto de su situación particular.

1.4. Otras actuaciones9

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1.4.1. El 9 de mayo de 2023, el señor Freddy Alexander Niño Cortés radicó escrito de coadyuvancia de la acción de tutela, en la que presentó argumentos tendientes a reforzar lo dicho por el accionante en torno a la protección del derecho a l trato en condiciones de igualdad, al considerar que, sin tener autorización o habilitación por parte de la norma que regula la convocatoria, la Unidad de Administración de Carrera Judicial ha tenido por subsanadas la causal de rechazo del numeral 3.8 y para algunos otros participantes la del numeral 3.5.

1.4.2. El 9 de mayo de 2023, el señor Guillermo Alberto Perafán Cardona solicitó agregar como hechos y material probatorio sobrevinientes, los aportados por el señor Freddy Alexander Niño Cort és en el escrito de coadyuvancia, por resultar

agregar como hechos y material probatorio sobrevinientes, los aportados por el señor Freddy Alexander Niño Cort és en el escrito de coadyuvancia, por resultar trascendental para el análisis de fondo de la vulneración a sus garantías constitucionales.

1.4.3. El 7 de junio de 2023, el accionante, señor Guillermo Alberto Perafán Cardona aportó al plenario, el fallo de tutela de primera instancia STP5284-202, CIU 11001-0230-000-2023-00335-00, radicación 129939, Acta 103, proferido por la Corte Suprema de Justicia con efectos inter comunis a todos los excluidos en la Convocatoria 27, por la causal 3.5.; y el 9 de junio siguiente, aportó el acto administrativo mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura dio cumplimiento al fallo de tutela, admitiéndolo a la Convocatoria 27.

1.5. Sentencia impugnada

El 22 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la carencia actual de objeto por hecho superado, al advertir que el señor Guillermo Alberto Perafán Cardona y todos los aspirantes que fueron inadmitidos de la Convocatoria 27, por la causal 3.5., fueron admitidos para continuar en el concurso de méritos, en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STP5284-2023 del 31 de mayo de 2023, que le otorgó efectos inter comunis a la orden de amparo proferida.

1.6. Impugnación10

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a la orden de amparo proferida.

1.6. Impugnación10

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El 8 de agosto de 2023 , el accionante impugnó la decisión de primera instancia, en orden a que se revoque y, en su lugar, se realice un análisis de fondo y completo de los hechos y probanzas aportadas al plenario, dados los siguientes argumentos:

1. Aunque en la actualidad existe una protección relativa de los derechos fundamentales conculcados, la situación no se encuentra determinada de manera definitiva, toda vez que las actuaciones judiciales que dieron lugar a su readmisión en la Convocatoria 27, no se encuentran en firme. Ello, dada la posibilidad de una eventual revocatoria del fallo de tutela de primera instancia proferido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, y el consecuente decaimiento del acto administrativo Resolución CJR23-0213 del 8 de junio de 2023.

1. Es necesario que el juez constitucional realice el análisi s de fondo de la acción de tutela para garantizar la protección efectiva de sus derechos, pues estos no pueden dejarse a merced de las resultas de otros procesos y procedimientos; además, es del caso estudiar las condiciones particulares que no han sido ob jeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia, como lo es su condición de persona de especial protección constitucional por ser víctima del conflicto armado.

caso estudiar las condiciones particulares que no han sido ob jeto de análisis por la Corte Suprema de Justicia, como lo es su condición de persona de especial protección constitucional por ser víctima del conflicto armado.

1. La Unidad de Administración de Carrera de la Rama Judicial, respecto a la procedencia de la admisión de l os concursantes que participaron en la Convocatoria 27 y que fueron excluidos por la causal 3.5, permitió su admisión no porque haya aceptado que cometió un error y vulneró las garantías fundamentales de quienes fueron excluidos por aquella causal de manera injusta, sino porque existe una orden judicial que así lo ordena. Así, en el evento que aquella protección de carácter judicial

deje de existir, procederá de inmediato la Unidad de Carrera a la inaplicación de la Resolución CJR23-0213 del 8 de junio de 2023, al tenor de lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011.

2. Consideraciones

2.1. Competencia11

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De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 1.º del Decreto 1983 de 2017, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al

según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia y a prevención, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda, de conformidad con el reglamento al que se re fiere el artículo 2.2.3.1.2.4»; en concordancia con lo dispuesto en el artículo 86 Constitucional y el inciso 2, artículo 25 del Acuerdo n.º 080 de 20191, según el cual «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a rep arto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la p resente impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por la Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dilucidar si, en el caso, corresponde confirmar lo resuelto por el a quo , respecto de la carencia actual de objeto por hecho superado, o si, por el contrario, según el alegato del accionante, concierne realizar un pronunciamiento de fondo sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela.

2.3. Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la carencia actual de objeto se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto frente

2.3. Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional la carencia actual de objeto se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto frente a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir por i) un hecho superado, ii) un daño consumado y/o iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

1Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.12

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Tratándose del «hecho superado», se ha señalado que este tiene lugar cuando entre la interposición de la acción de tute la y el fallo, se satisface la pretensión, es decir, «que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario»,2 resultando inocua cualquier intervención del juzgador para proteger los derechos invocados, en tanto ya la autoridad accionada los ha garantizado.

Respecto del «daño consumado», se ha referido que este se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro. 3 Así, al existir la imposibilidad de

manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro. 3 Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procede nte es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho; sin embargo, es de tener en cuenta que la acción constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha consumado la vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a excepción de que, según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se « continúe la acción u omisión violat