CE - 110010315000202301850011SENTENCIA20230811153119

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

Demandante: DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL

Temas: Debido proceso. Concurso de méritos Convocatoria 27.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 23 de mayo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Subsección A de la Sección Tercera, que resolvió:

«(…)

PRIMERO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la se ñora Pili Natalia

Salazar Salazar.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos

«(…)

PRIMERO: NEGAR la solicitud de coadyuvancia presentada por la se ñora Pili Natalia

Salazar Salazar.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por estimar vulnerado el derecho fundamental al debido proceso. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones :

“PRIMERA: AMPARAR de manera definitiva mis derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO —artículo 29 superior —, as í como el de ACCEDER AL DESEMPE ÑO DE FUNCIONES Y CARGOS P ÚBLICOS —artículo 40, numeral 7° superior—, al estimarlos vulnerados por parte del CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

SEGUNDA: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que en un t érmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a contabilizar o computar como experiencia profesional, los días correspondientes a mi ejercicio profesional como asesor jur ídico sin representaci ón judicial de la persona natural JORGE ELI ÉCER

ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a contabilizar o computar como experiencia profesional, los días correspondientes a mi ejercicio profesional como asesor jur ídico sin representaci ón judicial de la persona natural JORGE ELI ÉCER GAITÁN AMAYA, para el per íodo comprendido entre el 7 de febrero y el 26 de octubre deRadicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

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2017 y, en consecuencia, dar por acreditado el requisito m ínimo de experiencia de dos (2) años para poder ser aspirante al cargo p úblico de “JUEZ MUNICIPAL LABORAL DE

PEQUEÑAS CAUSAS”.

TERCERA: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que en un t érmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela respectivo, proceda a modificar la Resolución CJR230061 de 8 de febrero de 2023 en su artículo segundo, en el sentido de REVOCAR EL RECHAZO del suscrito accionante, DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA,

la Resolución CJR230061 de 8 de febrero de 2023 en su artículo segundo, en el sentido de REVOCAR EL RECHAZO del suscrito accionante, DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA, identificado con la cédula de ciudadanía 1.026.574.769 de Bogotá D.C., dentro del concurso de méritos destinado a la conformaci ón de los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, espec íficamente, para el cargo optado de “JUEZ MUNICIPAL

LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS”.

CUARTA: En consecuencia, ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL que en un t érmino perentorio de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci ón del fallo de tutela respectivo, proceda a expedir acto administrativo seg ún el cual sea declarado que, yo, DANIEL CAMILO AGUDELO TOLOSA, identificado con la c édula de ciudadan ía 1. 026.574.769 de Bogot á D.C., fui ADMITIDO dentro del concurso de m éritos destinado a la conformaci ón de los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, específicamente, para el cargo

de “JUEZ MUNICIPAL LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS”.

QUINTA: EFECTUAR o IMPARTIR, en ejercicio de las facultades ultra petita y extra petita

de “JUEZ MUNICIPAL LABORAL DE PEQUEÑAS CAUSAS”.

QUINTA: EFECTUAR o IMPARTIR, en ejercicio de las facultades ultra petita y extra petita del juez constitucional, cualquier otra declaraci ón u orden que su Honorable Magis tratura encuentre ajustada a Derecho. Con miras a buscar la protecci ón de mis derechos constitucionales fundamentales alegados como vulnerados u otros, que, sin haber sido expresamente indicados, usted estime transgredidos por parte de la accionada.

SEXTA: ORDENAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL - UNIDAD DE ADMINISTRACI ÓN DE

CARRERA JUDICIAL que dentro del término perentorio fijado por su judicatura, siguiente a la notificación del fallo de tutela respe ctivo, remita a su Despacho las constancias respectivas del cumplimiento de las órdenes dadas con miras a conjurar la vulneración de mis derechos fundamentales, so pena de dar inicio a los tr ámites previos a la apertura del incidente de desacato del que trata el artículo 27 del Decreto – Ley 2591 de 1991, en concordancia, en lo pertinente, con la Ley 1564 de 2012.

SÉPTIMA: Finalmente, EXHORTAR al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA –

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACI ÓN JUDICIAL - UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL para que en lo sucesivo se abstenga de exteriorizar conductas similares, an álogas o equivalentes que resulten constitutivas de la vulneración de mis derechos constitucionales fundamentales o en condiciones an álogas de los de terceras personas concursantes, inclusive”.

exteriorizar conductas similares, an álogas o equivalentes que resulten constitutivas de la vulneración de mis derechos constitucionales fundamentales o en condiciones an álogas de los de terceras personas concursantes, inclusive”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por medio del acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, abrió convocatoria de concurso de méritos para la conformación de los Registros Nacionales de Elegibles par a la provisión de cargos en la Rama Judicial. Precisó que el concurso comprende dos etapas: la de selección y la de clasificación. Dentro de la primera se encuentran las fases de prueba de aptitudes y de conocimientos, la de verificación de requisitos míni mos y el curso de formación judicial.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

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El señor Daniel Camilo Agudelo Tolosa se inscribió para el cargo de Juez Municipal

Laboral de Pequeñas Causas. Señaló que, como consta en la resolución CJR220351 del 1 de septiembre de 2022, aprobó la prueba de aptit udes y de conocimientos, en la que obtuvo puntaje de 849,40, lo que habilitó su paso a la segunda fase.

Posteriormente, la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, en la resolución CJR23 -0061 del 8 de febrero de 2023, dispuso rechazar la postulación del accionante en razón a que no acreditó el requisito mínimo de experiencia profesional (causal de rechazo Nro. 3.4), decisión contra la que presentó solicitud de verificación de documentos y, la entidad, por medio de oficios CJO23 -776 y CJO23 -1148 de 2023 del 20 de febrero y 10 de marzo de 2023, informó que la documentación cargada en el aplicativo Kactus no acreditó el requisito mínimo de experiencia, esto es, los dos años de experiencia profesional.

Lo anterior, por cuanto se computó el término de dos años de experiencia profesional sin tener en consideración unas certificaciones que no cumplían con los requerimientos del acuerdo y, además, sin haber considerado el certificado que demostraba que reali zó asesoría al señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya con posterioridad a la obtención del título de abogado, en la que a pesar de que no ejerció representación ni derecho de postulación, si lo asesoró en un proceso judicial ejecutivo de mínima cuantía que cursó en un Juzgado Civil Municipal de San José de Cúcuta.

3. Argumentos de la acción de tutela

ejerció representación ni derecho de postulación, si lo asesoró en un proceso judicial ejecutivo de mínima cuantía que cursó en un Juzgado Civil Municipal de San José de Cúcuta.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la entidad accionada vulneró sus derechos al debido proceso administrativo, al igual que su derecho a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, con fundamento en las siguientes razones:

Expuso que, en este caso, se cumplen los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, toda vez que: (i) con la determinación de la autoridad demandada se conculcaron los derechos fundamen tales invocados; (ii) contra la decisión no procede recurso alguno al interior del procedimiento administrativo y, asimismo, amén de proceder contra esa decisión administrativa los mecanismos defensa ante esta jurisdicción, no resultan idóneos y eficaces para la protección de los derechos, pues, aunque la decisión llegue a ser favorable, esta se daría de forma tardía y las siguientes etapas del concurso ya se habrían surtido; (iii) se configura un perjuicio irremediable en la medida en que se le imposibilitaría el acceso al cargo público por no poder seguir con las demás etapas del concurso, agregó que, el juez administrativo aun ni en ejercicio de la facultad de decretar medidas cautelares, podrá evitar que el concurso continúe.

En lo que respecta al fondo del asunto, censuró que la entidad demandada, pese a haber establecido, en el artículo 2 del acuerdo PCSJA18 -11077, la posibilidad de aportar certificados provenientes de personas naturales para la acreditación de la

En lo que respecta al fondo del asunto, censuró que la entidad demandada, pese a haber establecido, en el artículo 2 del acuerdo PCSJA18 -11077, la posibilidad de aportar certificados provenientes de personas naturales para la acreditación de la experiencia profesional, no le dio el alcance adecuado al certificado que anexó para su postulación, expedido por señor Jorge Eliécer Gaitán Amaya sobre la labor que ejecutó en ejercicio de su profesión de abogado, por cuanto “[…] la invalidó totalmente al no provenir de un Despacho judicial —en el entendido que solo estos pueden probar o certificarRadicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

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el ejercicio del litigio —; sin embargo, como se puede apreciar del texto integral de la misma, la asesoría jurídica y legal suministrada al señor GAITÁN AMAYA no tuvo representación judicial, o ejercicio del derecho de postulación derivado de un poder por él conferido, en otras palabras, nunca acudí de manera directa al proceso judicial que lo involucró o actuando en nombre de él, por lo cual el Despacho no podía certificarme en forma alguna”.

Señaló que, si bien es cierto, nunca ejerció la representación judicial del señor

acudí de manera directa al proceso judicial que lo involucró o actuando en nombre de él, por lo cual el Despacho no podía certificarme en forma alguna”.

Señaló que, si bien es cierto, nunca ejerció la representación judicial del señor Gaitán Amaya, también lo es, que esas actuaciones que realizó se circunscriban al ejercicio de la profesión de abogado. Al efecto, con apoyo del artículo 2 del Decreto 196 de 1971, disposición según la cual, es misión de abogado “[…] asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas” y de algunas providencias del Consejo de Estado 1, que delimitan lo que involucra el ejercicio de la profesión de abogado, afirmó que acreditó el ejercicio de la profesión de abogado durante el tiempo que asesoró al señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya.

Resaltó que el acto administrativo por medio del cual se le excluyó del concurso de méritos viol ó el derecho al debido proceso administrativo, toda vez que, omitió realizar el análisis de la certificación proveniente del señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya, de conformidad con lo que la misma autoridad dispuso en el acto de apertura del concurso de mérit os, punto en el cual, sostuvo que la entidad desconoció las reglas fijadas en el propia Convocatoria, en las que estableció que para certificar la experiencia profesional, era posible anexar certificaciones provenientes de personas naturales.

Argumentó que, se quebrantó el derecho de acceso a cargos y funciones públicas, habida cuenta que, la decisión de la entidad accionada le impide continuar el proceso para el acceso a un cargo y función pública en la Rama Judicial.

4. Trámite Previo

Argumentó que, se quebrantó el derecho de acceso a cargos y funciones públicas, habida cuenta que, la decisión de la entidad accionada le impide continuar el proceso para el acceso a un cargo y función pública en la Rama Judicial.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, en auto del 21 de abril de 2023, admitió la demanda, ordenó notificar a la Unidad de Admi nistración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia, vinculó al proceso a los aspirantes al cargo de Juez Municipal Laboral de Pequeñas Causas y dispuso comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado sobre la acción de tutela.

5. Oposición

La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, indicó que le asiste la facultad de reglar la carrera judicial, indicó que, de conformidad con esas atribuciones, profirió el acuerdo PCSJA18 -11077 del 16 de agosto de 2018 a fin de dar apertura al concurso de méritos para la provisión de cargos en la Rama Judicial y en virtud de ello, los participantes que se inscribieron se obligaron a cumplir con los lineamientos allí consignados.

Afirmó que, dentro de los requerimientos del acuerdo estaba el relacionado con que la experiencia profesional que sería tenida en cuenta era la adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogad o y, por su parte, el relativo a la

1 Citó sentencias de la Sección Quinta, entre otras, las identificadas con radicaciones: 0676;1628;

posterioridad a la obtención del título de abogad o y, por su parte, el relativo a la

1 Citó sentencias de la Sección Quinta, entre otras, las identificadas con radicaciones: 0676;1628; 2000-0036-01; 2000-0035-01; 11001-03-28-000-2014-00135-00.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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prueba del litigio , se debía efectuar por medio del certificado emitido por el despacho judicial correspondiente.

Explicó que mediante resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, se rechazó al accionante por la causal 3.4 (experiencia profesional) . Sostuvo que, dentro d el término de solicitud de verificación de requisitos mínimos el concursante aportó nuevos documentos para soportar la experiencia exigida , por lo que, mediante Oficio CJO23 -1148 del 10 de marzo de 2023 , se le informó al interesado que la experiencia profesional exigida para el cargo se contabilizó a partir de la obtención del título de abogado, que en su caso fue el 26/03/2015, de suerte que , las certificaciones expedidas por la Corporación Opción Legal y Fundación SJR

experiencia profesional exigida para el cargo se contabilizó a partir de la obtención del título de abogado, que en su caso fue el 26/03/2015, de suerte que , las certificaciones expedidas por la Corporación Opción Legal y Fundación SJR cumplen con los parámetros exigidos p or la convocatoria, mientras que otros 5 documentos no satisfacían los requerimientos, por ende, tan solo se evidenció que cuenta con 641 días de experiencia.

Indicó que los requisitos establecidos en el acuerdo son claros en prever que solo es posible acreditar la experiencia profesional en el campo del litigio, circunstancia que se relaciona con la labor de asesor al señor Jorge Eliecer Gaitán Amaya, por medio del certificado del despacho judicial correspondiente. Además, expuso que no es viable valorar la nueva documentación aportada por el demandante en la solicitud de verificación de documentos porque fue presentado con posterioridad al término de inscripción que transcurrió entre las 12:00 horas del 27 de agosto y las 24:00 horas del 7 de septiembre de 2018, por lo que se presentaron de extemporáneamente.

Adicionalmente, señaló que no se acreditó el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción de tutela al existir los respectivos medios de defensa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, aunado a que la presunción de legalidad que reviste a los actos administrativos solo permite que sea el juez administrativo quien pueda dejarlo sin efectos.

La Universidad Nacional de Colombia allegó informe en el que indicó que la acción de tutela es improcedente por configurarse una carencia actual del objeto, porque todas las inconformidades y reparos del actor fueron resueltos por medio

administrativo quien pueda dejarlo sin efectos.

La Universidad Nacional de Colombia allegó informe en el que indicó que la acción de tutela es improcedente por configurarse una carencia actual del objeto, porque todas las inconformidades y reparos del actor fueron resueltos por medio de la resolución CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023 y de los Oficios CJO23 -776 del 20 de febrero de 2023 y CJO23-1148 de 10 de marzo de esta anualidad.

Además, sost uvo que no se cumple el requisito de subsidiariedad de la acción, puesto que el actor cuenta con medios defensa para controlar esas decisiones administrativas, por ende, debe de acu dir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Tampoco se estructura un perjuicio irremediable y los derechos que alega el actor como transgredidos, nunca fueron menoscabados, máxime que este tuvo siempre la oportunidad de manifestar su s inconformidades.

6. Intervención de los terceros interesados El señor Jorge Eduardo Montes Escobar, en calidad de inscrito a la convocatoria, manifestó coadyuvar las pretensiones formuladas en la acción de tutela incoada por el señor Agudelo Tolosa. Advirtió que, al igual que al actor, se le rechazó su postulación por no haber acreditado los requisitos mínimos para el cargo y, aunque subsanó los yerros dentro del término de verificación de documentos, se leRadicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

Demandante: Daniel Camilo Agudelo Tolosa

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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desestimó todos los argumentos, con lo cual se les dio prevalencia a los presupuestos formales sobre lo sustancial.

La señora Libia Amparo Gil Gil, en igual condición, coadyuvó las pretensiones que elevó el accionante, señaló que también fue excluida del concurso por la misma causa, es decir, por no haber acreditado con suficiencia los requisitos para el cargo.

Se refirió a la sentencia de tutela STP5284-2023, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que ese alto Tribunal tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la idoneidad y eficacia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos proferidos en el marco de los concursos de méritos para la provisión de cargos en la Rama Judicial, con fundamento en lo cual, sostu vo que se cumplió con el requisito de subsidiariedad porque el medio de control de nulidad y el restablecimiento del derecho en ineficaz para la salvaguarda de las prerrogativas constitucionales presuntamente quebradas.

Adujo desconocido el derecho a la igualdad porque la autoridad accionada decidió admitir a otros participantes que habían sido rechazados por la causal 3.5, aun

presuntamente quebradas.

Adujo desconocido el derecho a la igualdad porque la autoridad accionada decidió admitir a otros participantes que habían sido rechazados por la causal 3.5, aun cuando el acto de apertura de concurso otorgó la potestad de subsanar esos defectos con posterioridad a la inscripción. Sostuvo que la autoridad demandada le dio primacía a las formas sobre los sustancial porque no les dio la posibilidad de subsanar la postulación allegando los documentos requeridos.

La señora Pili Natalia Salazar Salazar afirmó que, por medio de la Resoluci ón CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, la entidad accionada desconoció el principio de equivalente funcional (art ículo 6 de la Ley 527 de 1999) de la misma manera que el principio de neutralidad tecnol ógica, porque exigió cargar un documento en formato pdf, sin embargo, ignoró que al momento de inscribirse en la p ágina web todos los concursantes diligenciaron un recuadro (mensaje de datos) que contiene la misma información que el documento exigido.

La señora Margarita Rosa Espitaleta Gulfo , en igual condición, coadyuvó las súplicas del actor con fundamento en que también fue excluida del concurso por la misma causal y los argumentos que esgrimió no fueron tenidos en cuenta por la accionada. Formuló razonamientos que resultan similares a los de la señora Gil Gil.

Al efecto también referenció la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal, para fundar la idea de que sí se cumple el requisito de subsidiaridad porque, dada la realidad que vive la jurisdicción del contencioso ad ministrativo para fallar

Al efecto también referenció la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal, para fundar la idea de que sí se cumple el requisito de subsidiaridad porque, dada la realidad que vive la jurisdicción del contencioso ad ministrativo para fallar en primera instancia estas demandas , haría inocuo un posible fallo favorable al no haber posibilidad de reintegrarse al concurso.

Alegó que la autoridad demandada desconoció el principio de igualdad por haber admitido a personas i nmersas en la causal 3.8; ins istió en que la accionada le dio primacía a las formas sobre lo sustancial al excluirlos por un asunto meramente formal y, finalmente, mencionó que se desconocieron los principios constitucionales del mérito y la carrera admini strativa, pues los aspirantes ya demostraron contar con los conocimientos requeridos.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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7. Sentencia de primera instancia El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , en sentencia del 23 de mayo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para ejercer la defensa de sus

mayo de 2023, declaró improcedente la acción de tutela porque no se cumplió el requisito de subsidiariedad, en la medida en que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para ejercer la defensa de sus derechos, pues lo que pretende es desvirtuar la legalidad de la resolución CJR230061 del 8 de febrero de esta anualidad. Concluyó que no encontró acreditado el perjuicio irremediable al que hacía alusión el accionante.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de tutela de primera instancia sin exponer los argumentos de inconformidad con el fallo de tutela de primera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución P olítica, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

En primer término, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad. De encontrarse cumplido este requisito y los

irremediable.

Problema jurídico

En primer término, le corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad. De encontrarse cumplido este requisito y los demás establecidos por la jurisprudencia, la Sala procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados en la acción de tutela y determinará si la parte demandada vulneró los derechos fundamentales invocados, al excluir al actor del concurso de méritos para la provisión de cargo de Juez Municipal Laboral de Pequeñas Causas por no haber acreditado el requisito de experiencia profesional para acceder al cargo.

Para resolver, la Sala referirá a: (i) la subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción de tutela para cuestionar las decisiones que se profieren en desarrollo de un concurso de méritos y (iii) el caso concreto.

1. Del requisito general de subsidiariedad

La subsidiariedad consiste en impedir que la acci ón de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicaci ón, se convierta en un mecanismo principal de protecci ón de los derechos fundamentales, pues eso ser ía tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales , igualmente, eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01850-01

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De conformidad con el artículo 86 co nstitucional y el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela solo será procedente cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice medio para evitar la consumación de un perjuicio irremediable. De ma nera que la acci ón de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protecci ón que el ordenamiento jur ídico ha dispuesto para la protecci ón id ónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte Constitucional manife stó2:

“La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficient