CE - 110010315000202301888011SENTENCIA20231011114638

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Expediente núm. 110010315000-2023-01888-01

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA IMPUGNADA. EL NOMINADOR DEBE VERIFICAR SI EN EL JUZGADO LABORA ALGUNA PERSONA QUE CUMPLA LOS REQUISITOS PARA SER JUEZ Y, EN CASO AFIRMATIVO, REALIZAR EL

ENCARGO. VACACIONES COLECTIVAS DEL RÉGIMEN DE LA RAMA

JUDICIAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL TRABAJO EN CONDICIONES DIGNAS, AL

DESCANSO, A LA SALUD Y A LA IGUALDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE TUNJA 1 contra la sentencia de 28 de julio de 2023 , mediante la cual la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C” - DEL CONSEJO DE ESTADO 2, amparó los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso y a la igualdad de la señora GLADYS

1 En adelante el TRIBUNAL. 2 En adelante la SECCIÓN TERCERA.2

Número único de radicación: 110010315000-2023-01888-01

1 En adelante el TRIBUNAL. 2 En adelante la SECCIÓN TERCERA.2

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Actora: GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO.

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CONSTANZA MEDINA BRANDO.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

La señora GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO, en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud, a la familia y a la igualdad, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL 3, la DIRECCIÓN EJECUTIVA

SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA 4, el TRIBUNAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA , debido a que no autorizaron la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal para nombrar un reemplazo que la sustituya mientras disfruta de su período de vacaciones.

I.2 Hechos

3 En adelante la DIRECCIÓN EJECUTIVA. 4 En adelante la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL.3

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4 En adelante la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL.3

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Afirmó que se desempeña como Juez Cuarta Penal del Circuito Judicial de Tunja, en carrera.

Manifestó que con ocasión del Acuerdo núm. CSJBOYA20-80 de 30 de septiembre de 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare dispuso para la atención en segunda instancia de asuntos de control de garantías, dejar el despacho para el cual es titular en turno, razón por la que fueron suspendidas sus vacaciones del período 2020.

Afirmó que, posteriormente, solicitó ante el TRIBUNAL y ante la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL el goce de sus vacaciones, petición denegada por la autoridad judicial mediante Resolución de la Sala de Gobierno núm. 014 de 2 de marzo de 2023 por no contar con el Certificado de Disponibilidad presupuestal.

Manifestó que, ante la falta de respuesta de la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL, radicó nuevamente solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal.

Señaló que, en respuesta a lo anterior, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL a través de oficio DESAJTU023 1518 de4

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Señaló que, en respuesta a lo anterior, la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL a través de oficio DESAJTU023 1518 de4

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10 de abril de 2023, le informó que no cuenta con disponibilidad presupuestal para cubrir lo relacionado con el disfrute de sus vacaciones.

I.3. Fundamentos de derecho

A su juicio , la imposibilidad del disfrute de sus vacaciones, con ocasión de la negativa a asignar la disponibilidad presupuestal para nombrar su reemplazo durante dicho período por parte de la autoridad accionada, vulnera sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud y a la igualdad.

Adujo que no puede la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL vulnerar sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y al descanso, bajo el argumento de que no se puede generar Certificado de Disponibilidad Presupuestal por una circular de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Jud icatura, pues fue precisamente dicha entidad la que solicitó suspender sus vacaciones, sumado al hecho de que trabajar demasiadas horas de continuo representa un peligro para su salud y la de sus5

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de continuo representa un peligro para su salud y la de sus5

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familias, pues producto del estrés laboral que presenta ha tenido que acudir a múltiples médicos y especialistas.

Finalmente puso de presente la sentencia de 24 de junio de 20215 proferida por la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia en lo referente al descanso como derecho fundamental del trabajador.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó el escrito de tutela el amparo de sus derechos fundamentales invocados up supra y, además se ordene:

“[…] a la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Tunja, deje sin efecto la Resolución No. 14 del 02 de marzo de 2023 y proceda a concederme las vacaciones solicitadas, que pretendo disfrutar a partir del 04 de septiembre del presente año. Disponiendo, si fuere del caso, esa Corporación la dil igencias necesarias y pertinentes ante las autoridades que deben tramitar el certificado de disponibilidad presupuestal, sin que esto pueda constituir una razón para negarme el disfrute de mis vacaciones.

Tercero. ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Naciona l de Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Boyacá y Casanare, así como al Consejo Superior de la Judicatura, adelanten, si fuere del caso,

Administración Judicial, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Boyacá y Casanare, así como al Consejo Superior de la Judicatura, adelanten, si fuere del caso, las diligencias necesarias para disponer las cuestiones de tipo administrativo financieras, pertinentes, para que pueda disfrutar de mis vacaciones […]”.

5 Radicación núm. T-05001-22-03-000-2021-00111-01.6

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I.5. Defensa

I.5.1. El Consejo Superior de la Judicatura adujo que no es posible endilgarle responsabilidad alguna, toda vez que las acciones y omisiones que atribuye la actora como vulneradas recaen exclusivamente sobre la Dirección Ejecutiva Seccional, la cual actúa como ordenadora del gasto, por lo que solicitó ser desvinculado del presente trámite constitucional.

I.5.1. La Dirección Ejecutiva Seccional alegó que la actora tiene calidad de funcionario judicial, por lo que en virtud de lo establecido por las directrices nacionales y la normativa vigente, el disfrute de las vacaciones está bajo la discrecionalidad del nominador del despacho, según la necesidad del servicio, el cual para el caso concreto es el TRIBUNAL.

Sostuvo que la actora, por pertenecer al régimen de vacaciones

el disfrute de las vacaciones está bajo la discrecionalidad del nominador del despacho, según la necesidad del servicio, el cual para el caso concreto es el TRIBUNAL.

Sostuvo que la actora, por pertenecer al régimen de vacaciones colectivas, se rige conforme a lo reglado por la Circular PSAC1144 de 13 de noviembre de 2014 de tal forma que no debe solicitar asignación de recursos para atender los reemplazos por vacaciones.7

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De otra parte, puso de presente que no ha vulnerado de ninguna manera los derechos fundamentales de la accionante, sino que por el contrario, cuenta con la debida apropiación presupuestal para cancelar la liquidación por sus vacaciones como Juez Penal, como es su obligación legal, más no para proveer un reemplazo, lo cual no es un requisito legal para acceder al disfrute de vacaciones.

Así las cosas, afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva en el asunto, ya que no se está oponiendo al disfrute de las vacaciones y , por tanto , no ha vulnerado los derechos fundamentales de la actora.

I.5.3. La Dirección Ejecutiva solicitó declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no está llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del reemplazo de la actora para la concesión del

legitimación en la causa por pasiva, en la medida en que no está llamada ni obligada a la disposición de recursos que permitan la contratación del reemplazo de la actora para la concesión del período de vacaciones solicitado.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 28 de julio de 2023, amparó los derechos al trabajo, al descanso y a la igualdad8

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de la señora GLADYS CONSTANZA MEDONA BRANDO , al considerar que las barreras bajo las cuales se restringió sus derechos son una carga desproporcionada que la funcionaria no está en el deber de soportar.

Refirió que, si bien la actora pertenece al régimen de vacaciones colectivas, no existe una regulación específica para el caso bajo estudio, en el cual las vacaciones fueron suspendidas por necesidades del servicio y se previó que posteriormente se disfrutarían, de tal forma que el supuesto fáctico mas singular que existe es el contenido en la Circular PSAC11 -14 de 2011, que se refiere a la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales.

Advirtió que la respuesta emitida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL resulta acertada, en tanto que solo se pueden solicitar rubros para el reemplazo del Juez que entra a período de

judiciales del régimen de vacaciones individuales.

Advirtió que la respuesta emitida por la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL resulta acertada, en tanto que solo se pueden solicitar rubros para el reemplazo del Juez que entra a período de vacaciones individu ales cuando no se puede encargar a un empleado en ese puesto y en el asunto bajo examen, resulta claro que la actora está sometida al régimen de vacaciones colectivas.9

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Aseveró que, por el contrario, la respuesta emitida por el TRIBUNAL si es desafortunada, pues negó la concesión de las vacaciones sin que en el expediente obre prueba de que se hubiera indagado sobre la conformación del juzgado y la existencia de empleado que pudiera ser encargado, por lo que se pudo constatar un actuar omisivo de parte del nominador.

Así las cosas, destacó que el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales de la actora al negar el disfrute de vacaciones por falta de expedición del CDP, por cuanto este no es exigible al régimen de vacaciones de la accionante y sin haber verificado en primer lugar la posibilidad de designar por encargo a un empleado del mismo despacho.

Por lo anterior, ordenó al TRIBUNAL que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, verifique si en el juzgado

primer lugar la posibilidad de designar por encargo a un empleado del mismo despacho.

Por lo anterior, ordenó al TRIBUNAL que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la decisión, verifique si en el juzgado en el cual es nominadora la actora alguna persona cumple con los requisitos para ser juez y, en caso afirmativo, le encargue del despacho a este empleado. Igualmente, a que emita el correspondiente acto administrativo en el que conceda el derecho a las vacaciones de la accionante y determine el período del disfrute de vacaciones, previa coordinación con la beneficiaria.10

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Finalmente dispuso que, solo en caso de que ningún empleado del juzgado cumpla con los requisitos para ser juez, ordenará al TRIBUNAL, a la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL y a la DIRECCIÓN EJECUTIVA , según corresponda, que adelanten todas las gestiones administrativas necesarias para que se adopten las medidas conducentes a conceder las vacaciones solicitadas sin que se afecte el correcto servicio de administración de justicia.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL presentó escrito de impugnación contra la sentencia de primera instancia.

Señaló que resulta atentatorio contra los derechos de los servidores judiciales que se contemple la posibilidad y más aún si

El TRIBUNAL presentó escrito de impugnación contra la sentencia de primera instancia.

Señaló que resulta atentatorio contra los derechos de los servidores judiciales que se contemple la posibilidad y más aún si se pretende que un empleado judicial funja como funcionario, sin que cuente con la retribución de sus servicios como Juez de la República, dec isión que arrasa con el principio universal del derecho laboral relativo a que a trabajo igual salario igual.

Aseveró que el a quo responsabilizó exclusivamente al TRIBUNAL11

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de la presunta vulneración de los derechos fundamentales de la actora, sin reparar que la Corporación como nominador no puede ir más allá de sus atribuciones, de conceder unas vacaciones a la titular del juzgado pero sin la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por parte del único órgano que tiene la obligación y competencia para ello, además de ignorar que fue el propio Consejo Superior de la Judicatura quien originó la situación al ordenar la suspensión de vacaciones de los jueces que están en el régimen de vacaciones colectivas.

Indicó que la decisión proferida en primera instancia va en desacuerdo con lo dicho por el Consejo de Estado en los casos en que se ha amparado el derecho a las vacaciones, pero designando, de manera primigeni a y concreta , como sujeto vulnerador de derechos, a la Rama Judicial.

desacuerdo con lo dicho por el Consejo de Estado en los casos en que se ha amparado el derecho a las vacaciones, pero designando, de manera primigeni a y concreta , como sujeto vulnerador de derechos, a la Rama Judicial.

Afirmó que, si bien es el nominador, el acto administrativo que conceda unas vacaciones queda supeditado a que haya disponibilidad de recursos para designar al juez de reemplazo, so pena de tener que asumir los magistrados la responsabilidad por el pago de los salarios y emolumentos que se generen.12

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Sostuvo que, sumado a lo anterior, la forma como se emitió la orden de tutela implicaba la obligatoria vinculación al trámite a todos y cada uno de los empleados del juzgado, comoquiera que es claro que la decisión los vincul a y son los que tienen la posibilidad de manifestar su asentimiento o rechazo a asumir la responsabilidad asignada por el a quo.

Por lo anterior, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, en la medida en que el agente vulnerador de los derechos fundamentales no resulta ser la Corporación sino la autoridad administrativa, quien es la competente para emitir el certificado de disponibilidad presupuestal.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

autoridad administrativa, quien es la competente para emitir el certificado de disponibilidad presupuestal.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Polí tica, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 30 de 6 de13

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abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Cuestión previa

La Sala pone de presente que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta necesario precisar los extremos de la litis para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el alcance del contenido de la sentencia.

La Sala advierte que la DIRECCIÓN EJECUTIVA, la DIRECCIÓN SECCIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia TSECCIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA solicitaron ser desvinculados de la presente acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

Cabe señalar que la Corte Constitucional, mediante sentencia T1001 de 30 de noviembre de 2006, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T -416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la14

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sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. (…).

La legitimación pasiva s e consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Const itución como

procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Const itución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, d e manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[[2]]. (Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2001 M.P. Clara Inés Vargas, esta misma Corporación anotó que: "... cuand o del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe c uando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).15

de tutela se rompe c uando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño […]” (Destacado de la Sala).15

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Para la Sala, es claro que a la DIRECCIÓN EJECUTIVA , la DIRECCIÓN SECCIONAL y el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA les asiste un interés sustancial con lo que se discute en el proceso, pues se trata de un asunto administrativo de la Rama Judicial, por lo que era necesaria su vinculación dentro del mismo, independiente de que las pre tensiones tuvieran o no vocación de prosperar , razón por la cual se denegarán sus solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 6. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 6. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

6 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».16

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defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

La actora instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, al descanso, a la salud y a la igualdad al no permitírsele el disfrute de las vacaciones correspondientes al período 2020, debido a que no se autorizó la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal para nombra r un reemplazo que la sustituya mientras el disfrute de las mismas.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, a través de sentencia de 28 de julio de 2023, amparó los derechos fundamentales de la señora GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO al considerar que los

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, a través de sentencia de 28 de julio de 2023, amparó los derechos fundamentales de la señora GLADYS CONSTANZA MEDINA BRANDO al considerar que los asuntos de índole administrativa no pueden afectar el derecho al goce y disfrute del período vacacional que legalmente les asiste a los trabajadores; máxime, teniendo en cuenta que el descanso constituye un derecho fundamental derivado del derecho al trabajo en condiciones dignas.17

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En consecuencia, la SECCIÓN TERCERA ordenó al TRIBUNAL que verifique si en el juzgado del cual es titular la actora labora alguna persona que cumpla los requisitos para ser juez y en caso afirmativo, le encargue del despacho y de forma subsiguiente emita el acto administrativo en el que se disponga la concesión de las vacaciones solicitada, previa coordinación con la beneficiaria.

Asimismo, ordenó que solo en caso de que ningún empleado del juzgado cumpla con los requisitos para ser juez, el TRIBUNAL en asocio con la DIRECCIÓN EJECUTIVA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL , adelanten todas las gestiones administrativas necesarias para que se adopten las medidas conducentes a conceder las vacaciones de la actora, sin que se afecte el correcto servicio de administración de justicia.

EJECUTIVA SECCIONAL , adelanten todas las gestiones administrativas necesarias para que se adopten las medidas conducentes a conceder las vacaciones de la actora, sin que se afecte el correcto servicio de administración de justicia. Finalmente dispuso que, en todo caso, la concesión del descanso no podrá superar las noventa y seis (96) horas luego de que se determine que no hay un empleado que pueda ser encargado del despacho, con independencia de la fecha en la que la interesada disfrute de su receso.

Inconforme con lo anterior, el TRIBUNAL impugnó la sentencia de primera instancia y solicitó que se revoque en la medida en que18

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se determine como agente vulnerador de los derechos fundamentales a la autoridad administrativa competente para emitir el certificado de disponibilidad presupuestal.

Para lo anterior, el TRIBUNAL argumentó que la orden emitida por el a quo resulta atentatori a contra los derechos de los servidores judiciales del Juzgado, pues ello arrasa con el principio universal del derecho laboral relativo a que a trabajo igual salario igual. Además, que le fue endilgada una vulneración sin verificar que no puede conceder unas vacaciones sin el respectivo Certificado de Disponibilidad P resupuestal y que fue el propio Consejo Superior de la Judicatura quien originó la situación al ordenar la suspensión de vacaciones de la actora.

que no puede conceder unas vacaciones sin el respectivo Certificado de Disponibilidad P resupuestal y que fue el propio Consejo Superior de la Judicatura quien originó la situación al ordenar la suspensión de vacaciones de la actora.

Aseveró que la decisión proferida en primera instancia va en contravía de lo dicho por el Consejo de Estado en casos similares, sumado al hecho de que la forma como se emitió la orden de tutela implicaba la obligatoria vinculación al trámite a todos y cada uno de los empleados del juzgado.

Conforme con lo anterior, corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de19

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procedibilidad y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales deprecados al denegar las vacaciones solicitadas, tal como lo dispuso el a quo o si, contrario a ello, las responsables de la vulneración son la DIRECCIÓN EJECUTIVA y la DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL y, por tanto, la orden emitida debe ser revocada.

La Sala advierte que la solicitud de amparo fue promovida dentro de un término razonable, por cuanto la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se originó con ocasión a la expedición de la Resolución de la Sala de Gobierno núm. 014 de 2

de un término razonable, por cuanto la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados se originó con ocasión a la expedición de la Resolución de la Sala de Gobierno núm. 014 de 2 de marzo de 2023 expedida por el TRIBUNAL, a través de la cual le fue negada la petición de vacaciones, mientras que la acción de tutela fue radicada el 18 de abril siguiente.

Por otro lado, en lo que concierne a la subsidiariedad la Sala también encuentra acreditado dicho requisito, como quiera que , por una parte, el objeto de la acción de tutela es lograr la protección inmediata del derecho a las vacaciones como garantía mínima de los trabajadores y, por otra, en razón a que el eventual medio de control y restablecimiento del derecho resultaría ineficaz, respecto a la necesidad de que se efectué un20

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nombramiento de remplazo durante el tiempo que esté en vacaciones7.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que la solicitud de amparo cumple con los requisitos de procedibilidad, razón por la que la Sala procede a abordar el estudio del fondo del asunto.

Del derecho al trabajo y el régimen de vacaciones de la Rama Judicial

Respecto del derecho al trabajo el artículo 25 de la Constitución P