CE - 110010315000202301903001SENTENCIA20230626212810

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01903-00

Demandante: Héctor Julio Lindarte Carrascal

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., quince (15) de junio dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01903-00

Demandante: Héctor Julio Lindarte Carrascal Demandado: Presidencia de la República y otro

Temas: Tutela por omisión en resolver solicitud de implementación de medidas de protección

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra de la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Protección

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Héctor Julio Lindarte Carrascal , quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad e integridad personal y, como consecuencia de lo anterior, so licitó que se emitan las siguientes órdenes:

Que se le ordene al señor presidente de la República doctor GUSTAVO FRANCISCO

y a la seguridad e integridad personal y, como consecuencia de lo anterior, so licitó que se emitan las siguientes órdenes:

Que se le ordene al señor presidente de la República doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, al señor ministro del interior ALFONSO PRADA GIL y al señor director de2

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la Unidad Nacional de Protección (UNP) ALFONSO RODRÍ GUEZ BALLESTEROS , se me implemente un esquema de protección para el suscrito y mi núcleo familiar

Que se tomen las medidas a que haya lugar en mi sitio de trabajo para salvaguardar mi vida y familia.

Que se le ordene a la Subdirección de P rotección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) me permita postular las hojas de vida de los hombres de protección.

Que la medida sea inmediata.

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 21 de noviembre de 2022, aproximadamente, a las 22:00 horas, se encontraba departiendo con algunas personas frente a la urbanización «La Concordia» en la vía Puerto Santander, zona rural del municipio de Cúcuta (Norte de Santander).

1. Luego de un tiempo , fue dopado y abordad o en su propio vehículo por algunos sujetos, y cuando recuperó el conocimiento se dio cuenta que fue privado de su

Puerto Santander, zona rural del municipio de Cúcuta (Norte de Santander).

1. Luego de un tiempo , fue dopado y abordad o en su propio vehículo por algunos sujetos, y cuando recuperó el conocimiento se dio cuenta que fue privado de su libertad por una grupo armado ilegal, con fines de secuestro extorsivo.

1. El 6 de enero de 2023, aprovechando el descuido de quienes lo tenían recluido, logró fugarse del lugar de cautiverio y reunirse con su familia.

1. El 25 de enero de 2023, solicitó al gobierno nacional la asignación de un esquema de protección, dada su militancia al movimiento político Centro Democrático, y el 22 de febrero siguiente, la Unidad Nacional de Protección le realizó un estudio de l nivel de riesgo.

1. Para la fecha de interposición de la acción de tutela, 18 de abril de 2023, la Unidad Nacional de Protección aún no le ha notificado del resultado.

1. Actualmente, se encuentra vigilado por integrantes del grupo armado ilegal y, por tanto, escondido de la insurgencia.3

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1. Lo narrado fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la N ación y la Defensoría del Pueblo, entidades que también solicitaron la implementación de la medida de protección y , sin embargo, la UNP no ha tomado en cuenta tales pronunciamientos.

Procuraduría General de la N ación y la Defensoría del Pueblo, entidades que también solicitaron la implementación de la medida de protección y , sin embargo, la UNP no ha tomado en cuenta tales pronunciamientos.

1. Acude al mecanismo de amparo a efectos de que se ordene al gobierno nacional brindarle las garantías de seguridad, hasta que pueda conseguir asilo en otro país.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 25 de abril de 2023, el consejero de Estado Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, en calidad de demandados, y requirió a las referidas autoridades para que, dentro de los dos días siguientes a la notificación de la providencia, informaran sobre el trámite y estado en que se encuentra la solicitud de protección presentada el 25 de enero de 2023, por el señor Hécto r Julio Lindarte Carrascal, y enviaran copia digitalizada del expediente administrativo relacionado con dicho requerimiento. Asimismo, ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los demandados para que procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.

1.2.2. El 2 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal, a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección.

1.3. Contestación de la demanda

proveído al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal, a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Ministerio del Interior. El 4 de mayo de 2023, el jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad, solicitó declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, desvi ncularla del trámite de tutela. Señaló que l as pretensiones expuestas por el accionante son ajenas a la competencia del Ministerio, ya que, en lo que al programa de p rotección se refiere, solo presenta recomendaciones frente a las medidas de protección a adoptar. La entidad4

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encargada y quien tiene l a responsabilidad exclusiva de definir las medidas y la manera de cómo se implementan y se operativizan los esquemas de seguridad es la Unidad Nacional de Protección (UNP).

1.3.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE). El 5 de mayo de 2023, el coordinador del Grupo de Defensa Judicial de la entidad solicitó la desvinculación de la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que Unidad Nacional de Protección ( UNP) es la encargada de recepcionar, analizar e implementar las medidas de protección

entidad solicitó la desvinculación de la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que Unidad Nacional de Protección ( UNP) es la encargada de recepcionar, analizar e implementar las medidas de protección solicitadas; que la Presidencia no tiene injerencia sobre la UNP, ni tampoco es la encargada de revisar las decisiones y/o resoluciones que expida dicha entidad; y que el DAPRE contestó de manera clara y oportuna a la petición del accionante, y conforme a lo establecido por la Ley 1555 del 30 de junio de 2015, remiti ó a las entidades competentes la solicitud.

1.3.3. El señor Héctor Julio Lindarte Carrascal. El 5 de mayo de 2023, el accionante presentó memorial en el que señaló lo siguiente:

1. El 12 de abril de 2023, a través de la Resolución 00002283, la Unidad Nacional de Protección (UNP) adoptó la siguiente decisión: «(f) Recomendaciones del CERREM: Implementar esquema tipo uno conformado por un (1) vehículo convencional y dos (2) personas de protección. Implementar un (1) chaleco blindado y un (1) medio de comunicación». La decisión de la UNP lo pondera dentro de la población víctima de la violación de derechos humanos e inf racción al Derecho Internacional Humanitario, por lo cual le califica como riesgo extraordinario.

1. El esquema aprobado no es suficiente por los siguientes motivos : a) la UNP debe tener en cuenta que mi secuestro fue perpetuado por la estructura 33 de l as disidencias del grupo terrorista Fuerzas Revolucionarias de Colombia ( FARC), grupo

1. El esquema aprobado no es suficiente por los siguientes motivos : a) la UNP debe tener en cuenta que mi secuestro fue perpetuado por la estructura 33 de l as disidencias del grupo terrorista Fuerzas Revolucionarias de Colombia ( FARC), grupo subversivo muy peligroso; b) con solo dos hombres de protección no podría enfrentar un hostigamiento de sujetos integrantes de las disidencias de las FARC, que utilizan armamento de largo alcance como fusiles y a metralladoras, y el factor sorpresa, la superioridad numérica y logística nos harían muy vulnerables an te un hostigamiento; c) requiero un vehículo no convenciona l «blindado» y un arma de apoyo; d) no es5

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claro que dentro de la resolución se le incluya como víctima de violación del derecho internacional humanitario (DIH) y no se l e dé un esquema de p rotección como riesgo consumado; e) requiere que el E stado le brinde seguridad, ya que su salida del país es inminente y que se encuentra tramitando un asilo en el exterior.

1. Por todo lo anterior, solicito que se ordene al director de la UNP reconsiderar la medida y adicionar la decisión en lo siguiente: aprobar un vehículo no convencional «blindaje nivel 3», un vehíc ulo convencional «tipo campero», cuatro h ombres de protección y un arma de apoyo «subametralladora» para uno de los escoltas;

«blindaje nivel 3», un vehíc ulo convencional «tipo campero», cuatro h ombres de protección y un arma de apoyo «subametralladora» para uno de los escoltas; asimismo, que se le permita postular las hojas de vida de los hombres de protección ante el operado r, principalmente, se tenga en cuenta al e scolta Édison Alfonso Torrado García, quien es de su estricta confianza, reúne los requisitos y es conocedor de todas las vías del departamento.

1.4. Otras actuaciones

1.4.1. El 19 de mayo de 2023, el consejero Rafael Francisco Suár ez Vargas ordenó notificar a la Unidad de Protección (UNP) en calidad de accionada, del auto admisorio de la demanda, proferido el 25 de abril de 2023, y del memorial de fecha 5 de mayo de 2023, aportado al plenario por el accionante, a las direcciones elect rónicas correspondencia@unp.gov.co y noti.judiciales@unp.gov.co ; y requirió a la UNP para que, dentro de los dos días siguientes a la comunicación del proveído, remitiera copia de la Resolución 00002283 del 12 de abril de 2023, mediante la cual resolvió la petición del 25 de enero de 2023, presentada por el señor Héctor Julio Lindarte Carrascal, respecto de la implementación de m edidas de protección a su favor, e informara del protocolo que sigue la entidad en casos en que el protegido presenta desacuerdo en torno al esquema de protección implementado, por no ser suficiente para resguardar su seguridad.

1.4.2. El 26 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó

desacuerdo en torno al esquema de protección implementado, por no ser suficiente para resguardar su seguridad.

1.4.2. El 26 de mayo de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó de la providencia al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal, a la Unidad Nacional de Protección, a la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior.6

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1.4.3. El 31 de mayo de 2023, la Unidad Nacional de Protección (UNP), a través del jefe de la Oficina Asesora Jurídica remitió copia de la Resolución 0000228 3 del 12 de abril de 2023, y rindió informe en que el que señaló que cuando el protegido tiene discrepancias con el esquema de protección establecido por la UNP, debe seguir con el procedimiento de implementación de medidas de protección, a fin de que se revisen sus inconformidades.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República […] serán repartidas para su c onocimiento en primera i nstancia, al Consejo de Estado» ,

acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República […] serán repartidas para su c onocimiento en primera i nstancia, al Consejo de Estado» , esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si, en el caso, existe vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad e integridad personal del accionante, en torno a lo acontecido con la petición del 25 de enero de 2023, en la que solicitó la adopción de medidas de protecci ón para res guardar su seguridad o si, por el contrario, según las contes taciones presentadas por las partes, se configura el fenómeno de la carencia actual de objeto.

2.3. Marco normativo

2.3.1. Sobre el proceso para la adopción de medidas de seguridad

Los programas de protección ofrecidos por el Estado a través de la Unida d Nacional del Protección se encuentra n actualmente reglamentado s en el Decreto 1066 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector7

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Administrativo del Interior , que en su a rtículo 2.4.1.2.40. , establece como proceso ordinario del programa de protección, el siguiente:

ARTÍCULO 2.4.1.2.40. Procedimiento ordinario del programa de protección. El procedimiento ordinario del programa de protección es el siguiente:

ordinario del programa de protección, el siguiente:

ARTÍCULO 2.4.1.2.40. Procedimiento ordinario del programa de protección. El procedimiento ordinario del programa de protección es el siguiente:

1. Recepción de la solicitud de protección y diligenciamiento del formato de caracterización inicial del solicitante, por parte de la Unidad Nacional de Protección.

2. Análisis y verificación de la pertenencia del solicitante a la población objeto del programa de protección y existencia del nexo causal entre el riesgo y la actividad que este desarrolla.

3. Traslado al Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información - Ctrai.

4. Presentación del trabajo de campo del Ctrai al Grupo de Valoración Preliminar.

5. Análisis de caso en el Grupo de Valoración Preliminar.

6. Valoración del caso por parte del Cerrem.

7. Adopción de medidas de prevención y protección por parte del Dire ctor de la Unidad Nacional de Protección mediante acto administrativo.

8. El contenido o parte del contenido del acto administrativo de que trata el numeral anterior será dado a conocer al protegido mediante comunicación escrita de las medidas de protección aprobadas. En los casos en que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM no recomiende medidas en razón a que el riesgo del peticionario fue ponderado como ordinario, se dará a conocer tal situación a través de comunicación escrita.

9. Implementación de las medidas de protección, para lo cual se suscribirá un acta en donde conste la entregada de estas al protegido.

10. Seguimiento a la implementación.

11. Reevaluación.

9. Implementación de las medidas de protección, para lo cual se suscribirá un acta en donde conste la entregada de estas al protegido.

10. Seguimiento a la implementación.

11. Reevaluación.

PARÁGRAFO 1. La realización de la evaluación del ries go, cuando haya lugar a ella, es un requisito sine qua non para que el caso pueda ser tramitado y se puedan asignar medidas de protección.

PARÁGRAFO 2. El nivel de riesgo de las personas que hacen parte del Programa de Protección será revaluado una vez al año, o antes si existen nuevos hechos que puedan generar una variación del riesgo.

PARÁGRAFO 3. Las medidas de protección solo podrán ser modificadas por el Cerrem cuando exista una variación de las situaciones que generaron el nivel de riesgo.

PARÁGRAFO 4. Los casos de servidores y ex servidores públicos, surtida la instancia del Grupo de Valoración Preliminar, serán presentados individualmente ante un Comité especial conformado por el Director de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, el Director de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional8

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o su delegado, y el Subdirector de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, quienes definirán las medidas a implementar.

A partir de lo anterior, se desprende que la Unidad Nacional de Protección debe

o su delegado, y el Subdirector de Evaluación de Riesgo de la Unidad Nacional de Protección o su delegado, quienes definirán las medidas a implementar.

A partir de lo anterior, se desprende que la Unidad Nacional de Protección debe realizar estudios sólidos en los cuales se determine o califique los niveles de riesgo que presentan los potenciales beneficiarios de las medidas de protección ; que los niveles de riesgo se deben reevaluar una vez al año para determina r las posibles variaciones que existan en las situaciones que dieron origen o identificación a l protegido como tal; y que, uno de los principios que orientan las acciones en materia de protección, es el de temporalidad, lo que implica que las medidas de seguridad se mantendrán mientras subsista un nivel de riesgo «extraordinario o extremo».

2.3.2. Sobre la carencia actual de objeto

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la ca rencia actual de objeto se configura en casos en que la orden del juez de tutela no tiene ningún efecto frente a las pretensiones de la acción, lo cual puede ocurrir por i) un hecho superado, ii) un daño consumado, y/o iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

Tratándose del «hecho superado» , se ha señalado que este tiene lugar cuando entre la interposición de la acción de tutela y el fallo, se satisface la pretensión, es decir, «que por razones ajenas a la intervención del juez constitucional desaparece la causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario»1, resultando inocua cualquier intervención del juzgador para proteger los derechos invocados, en tanto ya la autoridad accionada los ha garantizado.

causa que originó la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario»1, resultando inocua cualquier intervención del juzgador para proteger los derechos invocados, en tanto ya la autoridad accionada los ha garantizado.

Respecto del «daño consumado», se ha referido que este se presenta cuando se ejecuta el daño o la afectación que se pretendía evitar con la acción de tutela, de tal manera que el juez ya no puede dar una orden con el fin de hacer que cese la vulneración o impedir que se materialice el peligro .2 Así, al existir la imposibilidad de evitar la vulneración o peligro, lo único procedente es el resarcimiento del daño causado por la violación de derecho; sin embargo, es de tener en cuenta que la acción constitucional se hace totalmente improcedente cuando se ha consumado la

1 Sentencia T715 de 2017. 2 Sentencia SU-225 de 20139

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vulneración, dada su naturaleza preventiva y no indemnizatoria, a excepción de que , según lo señala el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se «continúe la acción u omisión violatoria del derecho».

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente», que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, la jurisprudencia ha sostenido que, a diferencia del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en

Y, en torno al «acaecimiento de una situación sobreviniente», que hace que ya la protección solicitada no sea necesaria, la jurisprudencia ha sostenido que, a diferencia del escenario anterior, la situación sobreviniente no debe tener origen en una actuación de la accionada, sino que se origina bien porque el accionante asumió la carga que no le correspondía o bien porque la nueva situación hizo innecesario conceder el derecho.3

No obstante, la Corte Constitucional también ha explicado que, si bien, en casos en que se configura la carencia actual de objeto no resulta viable emitir la orden de protección solicitada por el actor: sí es perentorio un pronunciamiento de fondo sobre el asunto, precisando si se presentó o no la vulneración de que dio origen a la presentación de la acción de tutela, i) en los casos en que la consumación del daño ocurre durante el trámite de la acción, ii) cuando se impone la necesidad del pronunciamiento por la proyección que pueda tener el asunto ,4 o iii) por la necesidad de disponer correctivos frente a personas que puedan estar en igual situación o que requieran de especial protección constitucional . Y no es perentorio un pronunciamiento de fondo, en los casos de i) hecho superado, o ii) acaecimiento de una situación sobreviniente , salvo cuando es evidente que la providencia objeto de revisión debió haber sido decidida de una forma diferente, pese a no tomar una decisión en concreto ni impartir orden alguna, esto, «para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las

decisión en concreto ni impartir orden alguna, esto, «para llamar la atención sobre la falta de conformidad constitucional de la situación que originó la tutela o para condenar su ocurrencia y advertir la inconveniencia de su repetición, so pena de las sanciones pertinentes, si así lo considera», según lo pre scribe el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991.5

2.4. Hechos probados

3 Sentencias T-988 de 2007, T-585 de 2010, T-200 de 2013 y T-481 de 2016, entre otras. 4 Artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. H ipótesis excepcional de procedencia de la indemnización de perjuicios en el trámite de la acción de la tutela. 5 Sentencia T-205A de 201810

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De los documentos aportados al expediente de tutela, la Sala puede establecer como ciertos los siguientes hechos:

1. El 25 de enero de 2023, el señor Héctor Julio Lindarte Carrascal presentó petición ante la Defensoría del Pueblo -Defensoría Regional de Norte de Santander, solicitó atención, con relación a su situación de seguridad, por ser víctima de secuestro y de amenazas en su contra y de su familia.

1. El 1 de febrero de 2023, mediante el radicado 20230060240317341, la Defensoría del Pueblo-Defensoría Regional de Norte de Santander, solicitó al comandante de la

amenazas en su contra y de su familia.

1. El 1 de febrero de 2023, mediante el radicado 20230060240317341, la Defensoría del Pueblo-Defensoría Regional de Norte de Santander, solicitó al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta iniciar, de manera urgente, la ruta de protección e implementación de las medidas de protección necesarias para el señor Héctor Julio Lindarte Carrascal, a fin de garantizar su derecho a la vida e integridad personal de él y de su familia.

1. El 2 de febrero de 2023, a través del radicado OFI23-00017035/GFPU13050000, la Consejería Presidencial para l os Dere chos Humanos y Derecho Internacional Humanitario informó al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal que la petición fue remitida a la Unidad Nacional de Protección, a la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación, mediante los Oficios OFI2300017012, OFI23-00017022 y OFI23-00017028 del 2 de febrero de 2023, entidades competentes en materia de protección, seguridad e investigación.

1. El 9 de febrero de 2023, el procur ador regional de Norte de Santander remitió a la Unidad Nacional de Protección el derecho de petición del señor Héctor Julio Lindarte Carrascal, en orden a que realizara el estudio de nivel de riesgo, y tomara las medidas urgentes en materia de seguridad.

1. El 12 de abril de 2023, a través de la Resolución 00002283, la Unidad Nacional de Protección dio a conocer al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal que el Comité de

medidas urgentes en materia de seguridad.

1. El 12 de abril de 2023, a través de la Resolución 00002283, la Unidad Nacional de Protección dio a conocer al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal que el Comité de Evaluación del Ries go y Recomendación de Medidas ( CERREM) validó su nivel de riesgo como extraordinario y que, en consecuencia, se procedía a adoptar las medidas de protección recomendadas por el CERREM, consistentes en: implementar esquema tipo uno, conformado por 1 vehículo convencional y 2 personas de11

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protección, así como 1 cha leco blindado y un medio de comunicación, con una temporalidad inicial de 12 meses, contados a partir de la firmeza del acto administrativo, sin perjuicio de que las medidas puedan ser modificadas por el CERREM, de conformidad con el parágrafo 3 del artícu lo 2.4.1.2.40. y los artículos 2.4.1.2.45 y 2.4.1.2.46 del Decreto 1066 del 2015 adicionado y modificado.

2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto

El señor Héctor Julio Lindarte Carrascal acudió al uso de la acción de tutela por sentir vulnerados sus derechos fundamentales la vida y a la seguridad e integridad personal, en torno a lo acontecido con la petición del 25 de enero de 2023, en la que

sentir vulnerados sus derechos fundamentales la vida y a la seguridad e integridad personal, en torno a lo acontecido con la petición del 25 de enero de 2023, en la que solicitó la adopción de medidas de protecci ón para resguardar su seguridad. Lo anterior, en atención que para la fecha de interposición de la acción de tutela, 18 de abril de 2022, aun no tenía conocimiento sobre el trámite dado por el gobierno nacional respecto de la asignación de un esquema de protección.

Pues bien, se dejó visto e n el acápite «marco normativo» que el proce dimiento ordinario establecido en el programa de protección , dispuesto en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto 1066 de 2015, consta de las siguientes etapas: i) recopilación y análisis de información de los casos, por parte del Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de Información ( CTRAI) para entrega al Grupo de Valoración Preliminar; ii) determinación sobre el nivel de riesgo y concepto sobre la s medidas idóneas a implementar por parte del Grupo de Valoración para ser presentadas ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas ( CERREM); iii) recomendaciones por parte d el CERREM, al Director de la Unidad Nacional de Protección, en torno a las medidas de protección a implementar; y, f inalmente, iv) expedición del acto administrativo por parte d el Director de la Unidad Nacional de Protección, en el que se acogen o no las recomendaciones realizadas por el CERREM.

Para lo que compete al caso, se tiene i) que el 25 de enero de 2023 , el señor Héctor

Protección, en el que se acogen o no las recomendaciones realizadas por el CERREM.

Para lo que compete al caso, se tiene i) que el 25 de enero de 2023 , el señor Héctor Julio Lindarte Carrascal presentó petición ante la Defensoría del Pueblo -Defensoría Regional de Norte de Santander, en la que solicitó la adopción de medidas de protección para resguardar su seguridad; ii) que e l 9 de febrero de 2023, el procurador regional de Norte de Santander remitió a la Unidad Nacional de12

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Protección el derecho de petición , en orden a que realizara el estudio de nivel de riesgo, y tomara las medidas urgentes en mat eria de seguridad; y iiii) que e l 12 de abril de 2023, a través de la Resolución 00002283, la Unidad Nacional de Protección dio a conocer al señor Héctor Julio Lindarte Carrascal que el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas ( CERREM) validó su nivel de riesgo como extraordinario y que, en c onsecuencia, se procedía n a adoptar las medidas de protección recomendadas por el CERREM.

En ese contexto, se advierte que aunque es cierto que entre el 25 de enero de 2023, fecha en que se radicó la solicitud de adopción de medidas de protección, y el 12 de abril de 2023, cuando la Unidad Nacional de Protección emitió el acto administrativo

fecha en que se radicó la solicitud de adopción de medidas de protección, y el 12 de abril de 2023, cuando la Unidad Nacional de Protección emitió el acto administrativo de implementación de medida