CE - 110010315000202301930011SENTENCIA20230915190016

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01930-01

Demandante: XIOMARA CARRILLO ARGOTE Y OTROS

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01930-01

Demandantes: XIOMARA CARRILLO ARGOTE, ÁGUEDA ISABEL ARGOTE

MORALES, VÍCTOR HUGO CANTILLO CARRILLO, JESÚS

MANUEL CANTILLO CARRILLO Y KEVIN YOCHSIMIR

CARRILLO ARGOTE, QUIEN ACTÚA EN NOMBRE PROPIO Y

EN REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES KEVIN JOSÉ

CARRILLO PIMENTEL Y MARIANA ANDREA CARRILLO

PIMENTEL

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

“A”

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de r eparación directa por omisión en el deber de ejecutar medidas de protección a persona que había denunciado amenazas . Defecto fáctic o por indebida valoración de testimonio

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación

persona que había denunciado amenazas . Defecto fáctic o por indebida valoración de testimonio

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la autoridad judicial accionada contra la sentencia de 26 de mayo de 202 3, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, dentro de la acción de tutela, en la que se resolvió:

“PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de Xiomara Carrillo Argote, Águeda Isabel Argote Morales, Víctor Hugo Cantillo Carrillo, Jesús Manuel Cantillo Carrillo y Kevin Yochsimir Carrillo Argote, quien actúa en nombre propio y en representación de los menores Kevin José Carrillo Pimentel y Mariana Andrea Carrillo Pimentel vulnerados por el defecto fáctico en el que incurrió la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia proferida el 10 de octubre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, que revocó la sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda de reparación directa tramitada bajo el radicado No. 47001-23-33-000-2019-0069900/01 (68.683)

TERCERO: ORDÉNASE a la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta.

Estado dictar, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, una nueva sentencia que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí expuesta.

CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación del Tribunal Administrativo del Magdalena, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

QUINTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.2

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Demandante: XIOMARA CARRILLO ARGOTE Y OTROS

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I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes manifestaron que el 10 de octubre de 2016 , el señor Yefry Manuel Carrillo Argote recibió un mensaje de texto con una amenaza de muerte en la que se le conminaba a irse del barrio donde vivía junto con su familia.

Sostuvieron que el 11 de octubre de 2016 recibió otro mensaje de texto en el que se reiteraba la amenaza y se le daba un plazo de siete días para abandonar su vivienda, por lo que al día siguiente presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación la cual se radicó bajo el No. 470016001019201604907.

se reiteraba la amenaza y se le daba un plazo de siete días para abandonar su vivienda, por lo que al día siguiente presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación la cual se radicó bajo el No. 470016001019201604907.

Afirmaron que e l mismo 12 de octubre de 2016 , la Fiscalía General de la Nación ofició al comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta para que se desplegaran medidas preventivas de protección a su favor, por lo que , mediante memorando No. 832 de 15 de octubre de 2016 , el Comando Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Santa Marta ordenó que se desplegaran medidas preventivas, consistentes en un curso de autoprotección , rondas policiales y patrullajes.

Adujeron que, no obstante, ese memorando solo fue entregado al coman dante del distrito de policía de Santa Marta el 18 de octubre de 2016, un día después del plazo señalado en las amenazas para que el señor Carrillo Argote y su familia se fueran del barrio.

Sostuvieron que m ediante memorando No. 235 de 24 de octubre de 2016 , el comandante de la Estación de Policía de Bastidas asignó al Cuadrante No. 11 para que llevara a cabo las medidas preventivas a favor de l señor Carrillo Argote, “sin embargo el referido cuadrante nunca recibió el memorando pues no aparece que fuese recibido por sus integrantes”.

Relataron que e l 28 de octubre de 2016 , el señor Carrillo Argote apareció asesinado de forma violenta en su residencia.

Afirmaron que, con base en lo anterior, presentaron demanda de reparación

Relataron que e l 28 de octubre de 2016 , el señor Carrillo Argote apareció asesinado de forma violenta en su residencia.

Afirmaron que, con base en lo anterior, presentaron demanda de reparación directa contra la Nación , Ministerio de Defensa Nacional , Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación , con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa y patrimonial y el reconocimiento de los perjuicios causados por la omisión en la que habrían incurrido al no b rindar protección al señor Carrillo Argote.

Indicaron que la demanda correspondió , en primera instancia , al Tribunal Administrativo de Magdalena, que en sentencia de 16 de febrero de 2022 accedió a las pretensiones y condenó a las entidades demandadas, luego de considerar que si bien el daño fue causado por terceros, de conformidad con la Ley 906 de 2004, la Fiscalía General de la Nación debía adelantar medidas urgentes para proteger a la víctima, en coordinación con las autoridades de policía, a las cuales les correspondía ejecutar lo ordenado. Adujo que, aunque esa entidad ordenó a la Policía Nacional que adoptara medidas preventivas, no adelantó más actuaciones ni hizo seguimiento al cumplimiento de las mismas, a pesar de que las amenazas se materializarían en una fecha próxima.3

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3 La decisión señaló, adicionalmente, que la Policía Nacional se limitó a elaborar un documento con las medidas a tomar, pero que en el expediente no obraba prueba de que estas finalmente se ejecutaran.

Refirieron que l a Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional apelaron la sentencia. La primera entidad, en el sentido de señalar que la víctima no cumplía los requisitos para ingresar a su programa especial de protección, ya que no demostró un riesgo extraordinario o extremo contra su vida , pero que, en todo caso, sí ordenó a la Policía que adoptara medidas preventivas, con lo cual cumplió con su deber. Por su parte, la Policía Nacional insistió en que la protección de la víctima correspondía a la Unidad Nacional de Protección y que el daño era imputable a terceros.

Por último, a firmaron que por sentencia de 10 de octubre de 2022 , la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado revocó la decisión del a quo y negó las pretensiones de la demanda , tras considerar que las demandadas no incurrieron en una falla en el servicio y que, en el caso, “se adoptaron las medidas que resultaban consecuentes con su condición ”, argumento que, señalan, es “totalmente alejado a la realidad y del material probatorio obrante en el expediente, pues el memorando No. 832 tan solo fue comunicado al funcionario al que estaba dirigido el 18 de octubre del 2016 esto es un (1) día después del plazo concedido para concretar las amenazas”.

pues el memorando No. 832 tan solo fue comunicado al funcionario al que estaba dirigido el 18 de octubre del 2016 esto es un (1) día después del plazo concedido para concretar las amenazas”.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes presentaron acción de tutela en defensa de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, los cuales considera n vulnerados por la sentencia de 10 de octubre de 2022, mediante la cual la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado revocó la decisión favorable de primera instancia y negó las pretensiones de la demanda, en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

Señalaron que el fallo objetado incurre en defecto fáctico, por la indebida valoración de las pruebas que fueron determinantes para la adopción de la decisión, a lo que agregaron que es abiertamente contraria a la realidad probatoria, “ pues la misma se apartó de los elementos materiales probatorios allegados y recaudados oportunamente en las etapas procesales pertinentes y los que utilizó los interpretó de una forma errada para sostener su tesis a través de la cual niega las pretensiones de la demanda”.

De manera específica, adujeron que en el caso i) fue valorado indebidamente el testimonio de la señora Wendy Milena Pimentel, excuñada y amiga de la víctima, en tanto, señalan, contrario a lo indicado en el fallo censurado , a partir de ese testimonio no era posible inferir que la víctima había recibido amenazas anteriores

en tanto, señalan, contrario a lo indicado en el fallo censurado , a partir de ese testimonio no era posible inferir que la víctima había recibido amenazas anteriores y que no las informó a las autoridades de forma oportuna, pues la testigo se refiere únicamente a las amenazas del 10 y 11 de octubre de 2016, que sí fueron denunciadas.

Adujeron que en el caso es claro que la testigo hizo referencia a las amenazas en las que ya le indicaban a la víctima una fecha para su concreción, quien acudió a las autoridades el 12 de octubre de ese mismo año y las puso en su conocimiento solicitando protección, por lo que, aducen, contrario a lo manifestado por la accionada, el señor Carrillo Argote “ no omitió nada y sí puso de presente las4

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4 amenazas recibidas. De hecho, la misma testigo manifestó en su declaración que antes de esas fechas el hoy occiso no había recibido amenazas”.

Indicaron que ii) tampoco es ci erto que la testigo h ubiera afirmado que la víctima estaba al tanto de las medidas preventivas adoptadas, lo que permitió a la accionada concluir que las mismas sí fueron ejecutadas , y que, en cambio, lo que prueba el testimonio es que las accionadas incumplieron sus deberes e incurrieron en una falla del servicio.

accionada concluir que las mismas sí fueron ejecutadas , y que, en cambio, lo que prueba el testimonio es que las accionadas incumplieron sus deberes e incurrieron en una falla del servicio.

Señalaron que en el caso iii) no se valoró el oficio No. S -2016-356/DISAMEBASTIDAS-29 de 20 de diciembre de 2016, en el cual el comandante de la Estación de Policía Rodrigo de Bastidas le informó al Comandante del Distrito Uno de Policía de Santa Marta las actividades realizadas en relación con las medidas de prevención y autoprotección asignadas a esa unidad en el año 2016, el cual evidencia que nada se hizo respecto de las medidas solicitadas en los memorandos No. 832 y 235, relativos al caso del señor Carrillo Argote, “por lo que analizadas las pruebas en conjunto se concluye que contrario a lo manifestado por el operador judicial en su decisión nada hizo la POLICIA NACIONAL para ejecutar las medidas de protección asignadas a YEFRY MANUEL CARRILLO (Q.E.P.D.) cometiendo una vía de hecho”.

Sobre el particular, indicaron que si la Policía Nacional tan solo hubiese ejecutado las medidas preventivas consistentes en brindarle el curso de auto protección, los patrullajes y las revistas policiales de que tratan los literales b, c y d del artículo 10 del Decreto 4912 del 2011, “ el joven CARRILLO ARGOTE (Q.E.P.D.) habría hecho uso de tales medidas y muy seguramente su homicida no hubiese escogido el lugar de residencia de su víctima para cometer el ilícito, pues si los patrullajes y revistas se hubiesen adelantado muy seguramente el hoy occiso estaría con vida,

hecho uso de tales medidas y muy seguramente su homicida no hubiese escogido el lugar de residencia de su víctima para cometer el ilícito, pues si los patrullajes y revistas se hubiesen adelantado muy seguramente el hoy occiso estaría con vida, pues fue esa omisión de las autoridades y en especial de la POLICIA NACIONAL las que permitieron al homicida cometer su fin perseguido y anunciado desde el pasado 10 y 11 de octubre de 2016”.

Expresaron que iv) contrario a lo concluido por la autoridad judicial accionada, no es cierto que las autoridades demandadas en el medio de control de reparac ión directa no estuvieran al tanto de la gravedad de las amenazas , pues los términos de la s mismas fueron puestos de presente en la denuncia presentada oportunamente por la víctima.

Indicaron que en el caso v) la accionada dio por probado, sin estarlo, que la Policía Nacional tuvo en consideración el nivel de riesgo de la víctima y que adoptó las medidas pertinentes para mitigar el peligro, “ en cambio, lo que se demostró es que la Policía recibió el memorando de la Fiscalía el 18 de octubre de 2016, es dec ir, un día después del plazo dado en la amenaza y que estas no se comunicaron oportunamente al cuadrante asignado”.

Finalmente, refirieron que vi) la autoridad judicial accionada yerra al concluir que no e ra posible inferir que el homicidio estuvo relacionado con las amenazas recibidas, pues las pruebas sí permiten advertir con suficiencia que la muerte de l señor Carrillo Argote estuvo relacionada con las amenazas, pues esta sucedió el

no e ra posible inferir que el homicidio estuvo relacionado con las amenazas recibidas, pues las pruebas sí permiten advertir con suficiencia que la muerte de l señor Carrillo Argote estuvo relacionada con las amenazas, pues esta sucedió el mismo mes en que las recibió, vencido el plazo dado para que se fuera del barrio y en la escena del crimen se encontró otra amenaza contra el hermano de la víctima directa.5

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3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“1.- Se amparen los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de XIOMARA CARRILLO ARGOTE, KEVIN YOCHSIMIR CARRILLO ARGOTE, AGUEDA ISABEL ARGOTE MORALES, VICTOR HUGO CANTILLO CARRILLO, JESUS MANUEL CANTILLO CARRILLO, FRANCISCO CARRILLO POLO (Q.E.P.D.) y de los menores KEVIN JOSE CARRILLO PIMENTEL y MARIANA ANDREA CARRILLO PIMENTEL vulnerados por la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO con ocasión a la expedición de la sentencia de segunda

MARIANA ANDREA CARRILLO PIMENTEL vulnerados por la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO con ocasión a la expedición de la sentencia de segunda instancia fechada del 10 de octubre del 2022 y notificada el 27 de octubre del 2022 dictada al interior del proceso de reparación directa No. 47001 -23-33-000-2019-0069901(68.683).

2.- Se deje sin efecto la decisión contenida en la sentencia de segunda instancia fechada del 10 de octubre del 2022 por medio de la cual la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar negó las pretensiones de la demanda.

3.- Se ordene a la SUBSECCIÓN A, SECCIÓN TERCERA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ESTADO a proferir nueva decisión a través de la cual se realice una valoración armónica de todos los medios de prueba obrantes dentro del proceso de reparación directa que dan cuenta sin lugar a dudas de la responsabilidad patrimonial de las entidades demanda das por su omisión en atender los deberes constitucionales y legales en los hechos”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia digital de l as actuaciones surtidas en el medio de control de reparación directa radicado con el No. 2019-00699-01, actor a: Xiomara Carrillo Argote y otros.

5. Trámite procesal

Se allegó copia digital de l as actuaciones surtidas en el medio de control de reparación directa radicado con el No. 2019-00699-01, actor a: Xiomara Carrillo Argote y otros.

5. Trámite procesal

Por auto de 21 de abril de 2023, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a los accionantes y a la autoridad judicial accionada. Igualmente , al Tribunal Administrativo del Magdalena, a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , como tercer os interesados en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud, por cuanto, adujo, lo que se pretende es adelantar una tercera instancia para que se lleve a cabo un análisis probatorio adicional en contravía de los principios de autonomía e independencia judicial, ya que el juez puede formar libremente su convencimiento.

Agregó que la valoración probatoria se rige por los principios de autonomía e independencia del juzgador, quien puede formar libremente su convencimiento, según su libre apreciación, “análisis en el cual podrá dar mayor credibilidad a unos elementos que a otros, sin que ello se traduzca en una vulneración a la garantía del debido proceso, de ahí que para que el alegado defecto fáctico se configure es6

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debido proceso, de ahí que para que el alegado defecto fáctico se configure es6

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6 necesario que el operador judicial adelante un estudio probatorio arbitrario, caprichoso o irracional, lo cual no ocurrió en el sub examine”.

Finalmente, adujo que el amparo constitucional no está llama do a prosperar dado que la providencia objeto de tutela se soportó en la normativa aplicable al presente caso y la valoración conjunta y razonable de las pruebas practicadas.

6.2. Respuesta de la Policía Nacional

El apoderado de la institución rindió informe en el que solicitó que se denegaran las pretensiones de la demanda , por cuanto, señaló, en el caso no se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes, pues en la sentencia objetada se demostró que la Policía Nacional obró de conformidad a la ley y no incurrió en una omisión al deber de protección, pues sí adoptó medidas encaminadas a salvaguardar a la víctima.

Adujo que el hecho de que no obre en el expediente constancia alguna de anotaciones en el libro de población, no quiere decir que la Policía Nacional incurrió en una omisión a su deber, pues dentro de las pruebas obrantes en el medio de control obran documentos en los cuales se asigna la responsabilidad para adelantar las actuaciones con el fin de realizar las medidas preventivas a

incurrió en una omisión a su deber, pues dentro de las pruebas obrantes en el medio de control obran documentos en los cuales se asigna la responsabilidad para adelantar las actuaciones con el fin de realizar las medidas preventivas a favor del señor Yefry Manuel Carrillo Argote, así como la declaración rendida por la señora Wendy Milena Pimentel Mendoza, la cual expuso que el fallecido conocía sobre las medidas preventivas, el número del cuadrante y las labores de patrullaje realizadas.

Finalmente indicó que la tutela no es procedente porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

6.3. Respuesta de la Fiscalía General de la Nación

La asesora jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, por cuanto, sostuvo, los accionantes no sustentaron los defectos contra la providencia cuestionada.

Indicó que el defecto fáctico no se configura, en tanto “ la decisión atacada no desbordó los criterios de proporcionalidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, toda vez que el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A realizó una valoración de la prueba bajo los criterios establecidos y requisitos legales”.

Para terminar, sostuvo que los actores pretenden recuperar oportunidades procesales perdidas y que , en el caso , no se observa la vulneración de derechos fundamentales alegada.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por medio de sentencia de 26 de mayo de 2023, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y

fundamentales alegada.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, por medio de sentencia de 26 de mayo de 2023, amparó los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los actores, dejó sin efectos la sentencia proferida el 10 de octubre de 2022 por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, y ordenó a esa autoridad judicial dictar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación una nueva sentencia que se aju ste a lo dispuesto en la parte motiva del mismo.7

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7 Luego de referirse al cumplimiento de los requisitos de proced encia de la acción de tutela contra providencias judiciales , indicó que , conforme lo alegaban los accionantes, la testigo Wendy Milena Pimentel Mendoza no hizo referencia a amenazas anteriores que no fueron informadas a las autoridades, sino que se pronunció sobre aquellas recibidas el 10 y 11 de octubre de 2016, y precisó que solo cuando se recibió la segunda amenaza la víctima denunció los hechos.

Sostuvo que lo anterior resulta relevante para la decisión cuestionada, pues la autoridad judicial accionada consideró que la Policía Nacional y la Fiscalía General

solo cuando se recibió la segunda amenaza la víctima denunció los hechos.

Sostuvo que lo anterior resulta relevante para la decisión cuestionada, pues la autoridad judicial accionada consideró que la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación no pudieron valorar debidamente el nivel de riesgo de la víctima, tras indicar que la testigo había manifestado que la víctima “ había recibido amenazas de tiempo atrás, pero que no había hecho nada inicialmente ”, conclusión que no se desprende del testimonio de la señora Pimentel Mendoza, quien señaló únicamente que el señor Car rillo Argote interpuso la denuncia cuando recibió la segunda amenaza, en la que le dieron un plazo, esto es, el 11 de octubre de 2016.

De otra parte, frente a la afirmación del fallo objetado conforme con la cual la testigo Wendy Milena Pimentel Mendoza afirmó que la víctima conocía las medidas preventivas que se iban a adoptar y, aún más, que las mismas se ejecutaron, sostuvo que dicha afirmación tampoco se sigue del testimonio rendido y citado en la sentencia objeto de tutela , en el que la testigo sostuvo que al señor Carrillo Argote “ solamente le dijer on que le iban a dar unas medidas preventivas que le dieron el número del cuadrante y le iban a hacer rondas”.

Adujo que ese punto coincide con otro de los reproches presentados en el escrito de tutela, relacionado con la valoración del oficio No. S -2016-356/DISAMEBASTIDAS-29 de 20 de diciembre de 2016 , el cual fue aportado por la Policía Nacional en la contestación de la demanda de reparación directa , el cual da

EBASTIDAS-29 de 20 de diciembre de 2016 , el cual fue aportado por la Policía Nacional en la contestación de la demanda de reparación directa , el cual da cuenta de la totalidad de las medidas de prevención ejecutadas en el 2016 por parte del cuadrante de policía que tendría a cargo la protección del señor Carrillo Argote, y en el que no se relaciona ninguna medida a favor del mismo, a pesar de que en el oficio se incluyeron incluso las medidas que fueron desistidas , prueba frente a la que la autoridad judicial accionada omitió pronunciarse.

En este sentido, concluyó que l a decisión objeto de reproche constitucional reconoce que no se encontraron registros de las actuaciones de la Policía Nacional en el libro de población, a pesar de que ello era su deber, según lo indicó la Oficina de Derechos Humanos de la Policía Metropolitana de Santa Marta en el memorando No. 832 del 15 de octubre de 2016, por lo que la decisión adoptada se funda en la afirmación de una testigo según la cual la víctima fue informada de que se iban a adelantar medidas a su favor , aun cuando no existía constancia de la ejecución material de las mismas, ni siquiera en los archivos aportados por la misma Policía Nacional.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la autoridad judicial accionada impugnó el fallo de primera instancia y solicit ó que se revocara, en escrito en el que sostuvo que en el caso “ se desconocieron los principios de autonomía e independencia judicial del juez natural al valorar las pruebas, y ii) el alcance dado en sede de tutela a la prueba testimonial no resulta

revocara, en escrito en el que sostuvo que en el caso “ se desconocieron los principios de autonomía e independencia judicial del juez natural al valorar las pruebas, y ii) el alcance dado en sede de tutela a la prueba testimonial no resulta consecuente con las manifestaciones de la declarante Wendy Milena Pimentel Mendoza”.8

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8 Sobre el particular, indicó que la decisión impugnada desc onoce el rol y la autonomía del juez natural, al sostener que la valoración del testimonio de la señora Wendy Milena Pimentel Mendoza no fue la adecuada, para así dar paso a la conclusión probatoria a la que, en su criterio, se debía llegar, “ al punto de que en la sentencia de tutela impugnada se le dio un alcance a la prueba que desconoce su contenido”.

Luego de citar extensamente el testimonio objeto de controversia , afirmó que del mismo, en concordancia con el contenido de la denuncia presentada por el señor Carrillo Argote y las reglas de la sana crítica, “le permitieron a la Sala reafirmar, de manera razonable, que las amenazas se venían presentando desde fechas anteriores al 10 de octubre de 2016, entendido bajo el cual se encontró coherente que para el 24 de octubre siguiente él ya estuviera “muy delgado” y con problemas cardíacos, por el estrés que le habría generado la situación”.

anteriores al 10 de octubre de 2016, entendido bajo el cual se encontró coherente que para el 24 de octubre siguiente él ya estuviera “muy delgado” y con problemas cardíacos, por el estrés que le habría generado la situación”.

En relación con el argumento del fallo impugnado conforme con el cual de la declaración de la señora Pimentel Mendoza s olo era posible concluir que la víctima directa conocía que le iban a dar unas medidas de seguridad preventivas, más no que se ejecutaron, indicó que de la afirmación de aquella conforme con la cual a la víctima “solamente le dijeron que le iban a dar unas medidas preventivas de que le dieron el número del cuadrante, de que le iban a hacer rondas”, se podía inferir que al señor Carrillo Argote sí se le informó sobre las medidas de seguridad preventivas que se establecieron a su favor, así como el número del cuadrante y se le puso al tanto de las labores de patrullaje que se adelantarían, y que “ la prueba testimonial permitió concluir que las medidas de protección establecidas a favor del señor Carrillo Argote sí fueron ejecutadas”.

Finalmente, manifestó que, a su juicio , si bien la declarante indicó que no hubo patrullajes, no es menos cierto que sus manifestaciones no resultaban coherentes en ese sentido, en cuanto ella vivía en un barrio diferente al de residencia de la víctima directa, “ al punto de que se enteró de su situación por teléfono y, en el marco de los hechos, lo habría visitado una vez, el 24 de octubre de 2016, pero lo cierto es que la testigo no residía en el lugar de los hechos”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

cierto es que la testigo no residía en el lugar de los hechos”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en los té