CE - 110010315000202301943001SENTENCIA20230623085323

Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

Accionante: Mercedes Eliza Maya Pascumal y otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-01943-00

Accionante: Mercedes Eliza Maya Pascumal y otro

Accionado: Tribunal Administrativo de Nariño

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial dictada en proceso de reparación directa , en el que se pretendió la declaratoria de responsabilidad médica.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección decide la acción de tutela instaurada por la señora Mercedes Eliza Maya Pascumal, quien actúa en nombre propio y de su menor hijo Jaime Daniel Pantoja Maya, contra el Tribunal Administrativo de Nariño.

ANTECEDENTES

La parte actora promovió acción de tutela para que se proteja n sus derechos fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al acce so a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados por la autoridad judicial precitada.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

fundamentales a la dignidad humana, a la igualdad, al acce so a la administración de justicia y al debido proceso, los cuales consideró vulnerados por la autoridad judicial precitada.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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HECHOS

La accionante afirmó que instauró demanda de reparación directa contra el Hospital Universitario Departamental de Nariñ o E.S.E., por la muerte de su compañero sentimental, Jaime Bayardo Pantoja Pascumal, durante la prestación del servicio médico asistencial , luego de que fuera ingresado con lesiones causadas con arma de fuego.

Así mismo, indicó que el 16 de febrero de 20 16 se celebró la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, en la cual se tuv ieron como pruebas documentales las aportadas con la demanda , dentro de las que se encontraba el Informe Técnico de Medicina Legal 2011C -06030506925 del 15 de febrero de 2011, que se llevó a cabo sobre la historia clínica de l señor precitado . Igualmente, señaló que , en atención a las pruebas solicitad as por la parte demandada, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto ordenó a la Fundación Hospital San Pedro de Pasto rendir dictamen pericial.

Adicionalmente, manifestó que el 1.° de marzo de 2017 el Juzgado precitado dictó

demandada, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pasto ordenó a la Fundación Hospital San Pedro de Pasto rendir dictamen pericial.

Adicionalmente, manifestó que el 1.° de marzo de 2017 el Juzgado precitado dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda , con fundamento en argumentos contradictorios en relación con el dictamen pericial aportado, frente al cual, en principio, sostuvo que tenía plena validez probatoria, pero, posteriormente, adujo que la parte activa no cumplió con el deber de facilitar su práctica, lo cual lo llevó a valorar los testimonios técnicos de los galenos que atendieron a la víctima, a pesar de que fueron tachados de sospechosos, por su relación de dependencia con la demandada.

También aseguró que en esa providencia se coligió que no estaba demostrad a una falla del Hospit al respecto a los protocolos médicos, sino únicamente en los aspectos administrativos, a pesar de que ello es contrario al Oficio 001944 del 2 de febrero de 2011, en el que el asesor de Auditor ía Médica del Hospital Universitario Departamental de Nariño precisó que no se efectuaron valoraciones médicas al paciente en la tarde del día que ingresó (31 de enero de 2011) ; no existe evidencia de que se hubiera llamado al médico especialista; y solo hasta las 21:00 horas el médico de urgencias solicitó interconsu lta con UCI y se realizó el traslado a cuidados intensiv os, sede desde donde se convocó al cirujano de UCIRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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traslado a cuidados intensiv os, sede desde donde se convocó al cirujano de UCIRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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de turno, quien, finalmente, lo valor ó, y a las 01:00 horas del 1.° de febrero de 2011 se realizó la cirugía.

De igual manera, refirió que el profe sional de au ditoría médica consignó que el paciente no recibió tratamiento oportuno y se presentó una actitud pasiva del personal de urgencias ante la ausencia del cirujano de turno , lo cual coincide con lo anotado en el Oficio HOSP002010 del 2 de febrero de 2011 , y evidencia el incumplimiento del doctor César Urbano, según el contenido del Oficio C.I.002407. Aunado a lo anterior, hizo mención a la versión libre rendida por dicho galeno, acorde con la cual, a su juicio, se trataba de una urgencia vital que requería atención médica, a pesar de lo cual no fue requerido; situaciones que demostraban la falla en el servicio.

Por lo anterior, expuso que interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia y el 10 de marzo de 2023 el Tribu nal Administrativo de Nariño confirmó la decisión recurrida, porque determinó que no estaban probados todos los elementos de la responsabilidad patrimonial.

Ahora, para fundamentar en esta sede su desacuerdo con la sentencia de

de Nariño confirmó la decisión recurrida, porque determinó que no estaban probados todos los elementos de la responsabilidad patrimonial.

Ahora, para fundamentar en esta sede su desacuerdo con la sentencia de segunda instancia , expuso q ue en ella el ad quem , frente al Informe Técnico Médico Legal 2011C-06030506925, consideró que si bien fue solicitado y allegado por la parte demandante, esta no cumplió con el deber de facilitar su práctica ; sin embargo, esa afirmación no es de recibo, da do que : 1) la prueba fue como anticipada del proceso que cursó en el Juzgado Primero Civil Municipal de Pasto, bajo el radicado 2011 -00411; 2) su consecución se realizó con la notificación y convocación de la contraparte, quien no se hizo presente; 3) una vez obtenida se radicó con la demanda ; 4) en el trámite de la audiencia inicial se corrió nuevamente traslado del mentado documento y 5) el a quo le confirió pleno valor probatorio.

Además, adujo que la declaración rendida por el doctor Héctor Guillermo López Moncayo no está soportada en la historia clínica, y se desvirtuó con los informes de medicina interna y hospitalización, en los que consta la negligencia del personal de asistencia del Hospital . Así mismo, aseveró que el Tribunal Administrativo de Na riño no tuvo en cuenta los oficios CI002407 del 7 de febrero de 2011 y AM001944 del 2 de igual mes y anualidad , en los que se reconoce queRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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de 2011 y AM001944 del 2 de igual mes y anualidad , en los que se reconoce queRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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se presentaron conductas que derivan en la falta de oportunidad en la atención por parte del personal asistencial y la conducta reincidente del doctor César Burbano de no asistir al llamado de aquel.

Insistió en que las declaraciones de los testigos técnicos se adecúan a las condiciones descritas en la tacha formulada , dado que contradicen los informes rendidos por la Oficina de Auditor ía y Hospitalización de la demandada en el proceso ordinario.

En suma, concluyó que en las sentencias controvertidas en esta sede se incurrió en defecto fáctico, en sus dos modalidades, por: 1) no darle validez probatoria al dictamen pe ricial, al Informe de Control de Auditoría Médica del Hospital Universitario Departamental de Nariño C.I.002407 del 7 de febrero de 2011, al Informe de Coordinación de Hospitalización HUDN A.M.001944 del 2 de igual mes y año, a la versión libre del doctor César Burbano del 3 de noviembre de 2011, a las declaraciones del personal asistencial para la época de los hechos y a la historia clínica; y 2) tener por probados hechos inexistentes, como la confusión de turnos que dio lugar a la desatención del paciente , la existencia de una demora al

las declaraciones del personal asistencial para la época de los hechos y a la historia clínica; y 2) tener por probados hechos inexistentes, como la confusión de turnos que dio lugar a la desatención del paciente , la existencia de una demora al interior del Hospital San José de T úquerres que fue determinante en la muerte del señor Jaime Bayardo Pantoja Pascumal , el hecho de que la prueba pericial aportada con la demanda adolece de vicios que impiden su estudio y la valoración de las declaraciones de los testigos técnicos, a pesar de tratarse de contratistas o funcionarios de la entidad.

Adicionalmente, alegó que la autoridad judicial accionada también incurrió en decisión sin motivación, porque sus conclusiones se alejan del material probatorio obrante en el plenario , y en desconocimiento del precedente judicial , comoquiera que, primero, en materia de falla médica es factible estructurar la responsabilidad a partir de la prueba indiciaria, como ocurre en el presente asunto, conforme se ha señalado en la Sección Tercera desde el 2008 ; concretamente, citó las sentencia dictada en el proceso con radicado 660012310001997363201 ( 16775) y la proferida el 5 de diciembre de 2018, expediente 11001 031500020100000000, y, segundo, el derecho a la salud ha sido reconocido como autónomo y debe ser especialmente protegido . Por último, señaló que aquella incurrió en violación directa de la Constitución Política, al desconocer el derecho a la salud.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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directa de la Constitución Política, al desconocer el derecho a la salud.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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PRETENSIONES

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, acceso a la administración de justicia y debido proceso vulnerados por el Tribunal Administrativo de Nariño ; en consecuencia, requirió ordenarle a este último proferir una nueva decisión, en la que incorpore los argumentos y razonamientos expuestos en el escrito de tutela, tenga en cuenta las pruebas y las consideraciones expuestas en esta decisión y reconozca de oficio, en la modalidad de perjuicios inmateriales, por la afectaci ón relevante 1) de los derechos constitucional y convencionalmente relevantes 100 smmlv, b) del derecho a la familia igual valor y c) a la salud la misma cuantía.

TRÁMITE DEL PROCESO

El 27 de abril de 2023 el magistrado ponente admitió la acción de tut ela de la referencia mediante proveído, en el que se ordenó notificar y correr traslado, para que ejercieran su derecho de defensa, al Tribunal Administrativo de Nariño , como accionado; y al Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E , como tercera con interés en las resultas del proceso. Igualmente, el 17 de mayo de igual anualidad, ordenó notificar, al señor César Burbano Ortiz, a la Previsora S.A. y a la

tercera con interés en las resultas del proceso. Igualmente, el 17 de mayo de igual anualidad, ordenó notificar, al señor César Burbano Ortiz, a la Previsora S.A. y a la Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionarbienestar.

POSICIÓN DEL ACCIONADO

El Tribunal Administrativo de Nariño , por conducto de l magistrado Álvaro Montenegro Calvachy, luego de hacer un recuento de los antecedentes del proceso de reparación directa que dio lugar a esta acción constitucional y de transcribir in extenso la sente ncia de segunda instancia , manifestó que no ha incurrido en la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que, si bien confirmó la sentencia de primera instancia , lo cierto es que ello se debió a que no se encontraron probados todos los elementos de la responsabilidad patrimonial, máxime cuando la parte demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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Al respecto, aclaró que con base en lo contenido en la histor ia clínica no fue posible determinar los hechos u omisiones endilgados al centro asistencial, ni mucho menos la remisión tardía del paciente efectuada por otra entidad. Además, indicó que la decisión adoptada se ajustó a derecho y, por ende, no puede tornarse en ilegítima.

mucho menos la remisión tardía del paciente efectuada por otra entidad. Además, indicó que la decisión adoptada se ajustó a derecho y, por ende, no puede tornarse en ilegítima.

En esa medida, señaló que no se puede pretender que la acción de tutela se convierta en una etapa procesal adicional, en la que se controvierta un asunto que ya fue resuelto conforme a las garantías legales y constitucionales , especialmente cuando se valoraron la totalidad de las pruebas , lo que deja sin soporte los argumentos de la accionante.

Por último, refirió que la Sala Plena del Consejo de Estado, en la sentencia dictada el 31 de julio de 2012, en el proceso con radicado 11001 -03-15-000-2009-0132801, reconoció, de manera excepcional, la procedencia de este mecanismo para discutir providencias judiciales cuando se esté en presencia de vulneración de derechos fundamentales, con lo cual está de acuerdo; sin embargo, esclareció que en el presente asunto el origen de la solicitud de amparo no deviene de una conculcación de aquellos, sino de una inconformidad frente a una decisión que fue adversa a la parte actora.

En consecuencia, peticionó tener en cuenta lo consignado en la sente ncia censurada en esta sede, donde constan los razonamientos que dieron lugar a negar las pretensiones de la demanda de reparación directa.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionarbienestar , mediante apoderado, expuso que no participó materialmente en la atención al señor Jaime Bayardo Pantoja Pascumal , quien ingresó el 31 de enero de 2011 a

La Cooperativa Multiactiva de Servicios Integrales Gestionarbienestar , mediante apoderado, expuso que no participó materialmente en la atención al señor Jaime Bayardo Pantoja Pascumal , quien ingresó el 31 de enero de 2011 a las instalaciones de la E.S.E. Hospital San José de T úquerres, según consta en el Contrato de Concesión 2011-165 que ce lebró con el municipio de T úquerres; en virtud de lo cual, aseguró que, acertadamente, el a quo declaró probada su falta de legitimación en la causa por pasiva.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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Así las cosas, expresó que se abstendría de pronunciarse de fondo en esta acción, toda vez qu e desconoce los hechos y derechos que fueron resueltos en las decisiones judiciales que son objeto de revisión.

La Previsora S.A. , por medio de apoderada, adujo que la petición de amparo no está llamada a prosperar, dado que el Tribunal accionado no infr ingió el ordenamiento jurídico ni incurrió en defecto fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución Política que, de forma excepcional, permitieran la intervención del juez constitucional en asuntos que son de competencia exclusiva de los jueces naturales.

Igualmente, mencionó que el Tribunal Administrativo de Nariño tuvo en cuenta la

excepcional, permitieran la intervención del juez constitucional en asuntos que son de competencia exclusiva de los jueces naturales.

Igualmente, mencionó que el Tribunal Administrativo de Nariño tuvo en cuenta la historia clínica de la atención brindada al señor Jaime Bayardo Pantoja Pascumal en el Hospital Universitario Departame ntal de Nariño y l os testimonios técnicos rendidos, de lo cual pudo establecer las condiciones de salud del paciente y los procedimientos efectuados por la entidad demandad a; sin embargo, destacó que en el expediente no obraba la historia clínica que mostr ara la prestación del servicio médico en el Hospital San José de Túquerres, la cual era necesaria para determinar si aquella se efectuó de manera adecuada y oportuna.

Bajo ese entendido, afirmó que la autoridad judicial no encontró acreditados todos los elementos constitutivos de la responsabilidad de la demandada , pues, si bien existió tardanza en el servicio de cirugía del Hospital Universitario Departamental de Nariño , ello no constituyó la causa eficiente del daño , teniendo en cuenta la gravedad de la s lesiones, la alta probabilidad de infección y que el paciente fue atendido previamente en el Hospital San José de Túquerres.

Por lo tanto, concluyó que no se avizora la configuración del defecto fáctico consistente en una indebida valoración probatoria , pues el análisis que se efectuó no fue arbitrario ni irrazonable . Agregó que la decisión adoptada se encuentra debidamente motivada y ajustada a las normas sustanciales y procedimentales , por lo cual debe negarse la protección deprecada.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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por lo cual debe negarse la protección deprecada.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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CONSIDERACIONES DE LA SALA

Para efectos de resolver la presente acción , la Sala abordará las siguientes temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II) caso concreto.

I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales y al me nos una de las causales específicas establecid as en la Sentencia C590/052. Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18, estas se enlistaron así:

“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se

la esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.

(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se pretenda conjurar la consumación de un perjuici o irremediable a sus derechos fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir el medio judicial ordinario.

(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre las decisiones de las autoridades judiciales.

(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación. Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de lesa humanidad).

1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013. 2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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2 M.P. Jaime Córdoba TriviñoRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.

(vi) Que la acción n o se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso proceso de selección ante la Co rte, que torna definitivas las providencias excluidas de revisión.”

Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la Corte Constitucional identificó los siguientes:

“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el func ionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base

“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstituciona les o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente di cho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

“i. Violación directa de la Constitución.”

En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que habilite el amparo constitucional.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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II. Caso concreto

La señora Mercedes Eliza Maya Pascumal, en nombre propio y de su menor hijo Jaime Daniel Pantoja Maya, solicitó la salvaguarda de su s derechos fundamentales a la dignidad humana, igualdad, acceso a la administración de justicia y debido p roceso, los cuales consideró vulnerado s por el Tribunal Administrativo de Nariño , con ocasión de la expedición de la sentencia del 10 de marzo de 2023 en el proceso de reparación directa que promovió en contra del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E.

Para soportar la anterior petición, manifestó, en síntesis, que la autoridad judicial precitada incurrió en defecto fáctico, por no darle valor a varias de las pruebas obrantes en el expediente, tener por probados hechos inexistentes y no aceptar la tacha formulada a los testigos técnicos ; en decisión sin motivación, en tanto sus conclusiones se alejaron de l material probatorio obrante en el plenario; en desconocimiento del precedente judicial sobre la posibilidad de estructurar la responsabilidad a partir de la prueba indiciaria , y el derecho a la salud; y en violación directa de la Constitución Política, al desconocer el referido derecho.

Pues bien, en primer lugar, se precisa que el estudio que aquí se efectuará se

responsabilidad a partir de la prueba indiciaria , y el derecho a la salud; y en violación directa de la Constitución Política, al desconocer el referido derecho.

Pues bien, en primer lugar, se precisa que el estudio que aquí se efectuará se limitará a la sentencia d e segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Nariño, por ser la que puso fin al proceso y la que fue expedida por el aquí accionado.

En segundo lugar, se observa que se encuentran cumplidos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela para discutir providencias judiciales, puesto que 1) el asunto a resolver es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos fundamental es reclamados en protección; 2) la accionante no cuenta con otros medios de defensa judicial para discutir lo aquí expuesto; 3) la acción se presentó dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria de aquella; 4) no se alegó una irregularidad procesal; 5) el solicitante identificó claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos transgredidos y 6) no se trata de una sentencia de tutela.Radicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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Esclarecido lo anterior, a esta Subsección le corresponde examinar , en tercer lugar, si en la sent encia discutida en esta sede se configuraron los defectos

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Esclarecido lo anterior, a esta Subsección le corresponde examinar , en tercer lugar, si en la sent encia discutida en esta sede se configuraron los defectos previamente referenciados. Así, lo primero que se advierte es que el Tribunal Administrativo de Nariño , para adoptar la decisión de confirmar la sentencia recurrida, en la que se negaron las pretens iones de la demanda, valoró la historia clínica de la atención recibida por el señor Jaime Bayardo Pantoja Pascumal en el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., las radiografías de abdomen y tórax que le fueron practicadas, la ecografía de abdomen, el angitac de cuello, el reporte en las notas de enfermería , el Informe Técnico Médico Legal 2011C06030506925 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Informe de Auditoría Clínica y los testimonios de los señores Héctor Gui llermo López Moncayo, Germán Caden, Álvaro Sánchez Fajardo, Benito Guillermo Enríquez Cajigas y Leidi Viviana Zambrano Romero.

Al respecto, esta Sala observa que la anterior valoración le permitió concluir a la autoridad judicial precitada que no se demos traron todos los elementos de la responsabilidad, puesto que no se acreditó que existiera una falla en la prestación del servicio médico a cargo de la entidad demandada que generara el daño. Sobre el particular, aclaró que en el expediente únicamente obrab a la historia clínica del paciente frente a la atención que recibió en el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., m as no respecto a la prestación previa en el Hospital San José

el particular, aclaró que en el expediente únicamente obrab a la historia clínica del paciente frente a la atención que recibió en el Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E., m as no respecto a la prestación previa en el Hospital San José de Túquerres E.S.E. en las 12 horas iniciales de evolución , lo q ue impedía determinar si se presentó una atención inadecuada.

Igualmente, aquel dilucidó que , si bien se evidenció una cierta tardanza en el servicio de cirugía que recibió de la demandada , ello no constituyó la causa eficiente del daño , dada la gravedad de las lesiones, la alta probabilidad de infección y la ausencia de prueba sobre la atención brindada inicialmente en el centro médico de Túquerres.

A pesar de lo anterior , en esta sede constitucional, la parte accionante consider ó que el Tribunal Admin istrativo de Nariño no otorgó valor probatorio al Informe Técnico Médico Legal 2011C -06030506925; sin embargo, la Subsección observa que la autoridad judicial , si bien es cierto esclareció que ese documento no fue presentado como prueba pericial, pues aun cuando fue solicitada y allegada por laRadicado: 11001 -03 -15 -000 -2023 -01943 -00

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