CE - 110010315000202301951001SENTENCIA20230629161952

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

Actora: Luz Edith Ricardo Solera

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01951-00

Demandante: LUZ EDITH RICARDO SOLERA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

“C”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de reparación directa por falla en el servicio médico gineco -obstetra. Pérdida de oportunidad. Defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial. Requisito general de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional y se propone n argumentos incongruentes con los del proceso ordinario

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Luz Edith Ricardo Solera , quien actúa mediante apoderado judicial , contra la Sección Tercera, Subsección “ C” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales al

promovida por la señora Luz Edith Ricardo Solera , quien actúa mediante apoderado judicial , contra la Sección Tercera, Subsección “ C” del Consejo de Estado, en la que pide el amparo constitucional de su s derechos fundamentales al debido proceso , a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerados con la sentencia de 2 9 de julio de 2022, mediante la cual revocó la decisión favorable de p rimera instancia y , en su lugar, negó las pretensiones tendientes a declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial del Estado po r el fallecimiento de la señora Nuris del Carmen Solrey Yanes por una supuesta falla en el servicio médico gineco -obstetra en el marco del medio de control de reparación directa con radicado No. 05001-23-31-000-2007-00520-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que su padre, el señor Pablo Ricardo Páez presentó 1 en su nombre y en el de sus hermanos, una de manda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Salud y Protección Social, la E.S.E Rafael Uribe Uribe, el Instituto de Seguros Sociales, la Clínica Urab á S.A. y la E.S.E Hospital Antonio Roldan Betancur, con el fin de que se resarcieron los pe rjuicios causados por el fallecimiento de la señora Nuris del Carmen Solrey Yanes como consecuencia de “una cesárea innecesaria” que se le practicó y que le gener ó un desgarro en la arteria uterina que posteriormente conllevó una hemorragia.

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“una cesárea innecesaria” que se le practicó y que le gener ó un desgarro en la arteria uterina que posteriormente conllevó una hemorragia.

1 Igualmente, la parte demandante la conformaban las señoras Ana Luz Camaño Solera, Maria De Los Santos Solera Yanes, Nelly Camaño Solera, Tenilda Del Carmen Camaño Solera, Ana Luz Camaño Solera, Lina Maria Camaño Solera y Nelly De La Cuz Solera Yanes y los señores Abel Antonio Camaño Polo, Abel Antonio Camaño Solera y Dar ío Manuel

Camaño Solera.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

Actora: Luz Edith Ricardo Solera

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Afirmó que el Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo de 30 de abril de 2010, declaro la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Salud y Protección Social y de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe. Adicionalmente, “no encontró reproche a la conduct a asumida por la E.S.E Antonio Roldan Betancur; estimó demostrado con el material probatorio que la cesárea fue una conducta indicada para el caso y frente a las complicaciones posteriores al procedimiento relacionadas con el desgarro de arteria uterina de recha y la coagulopatía de consumo, consideró que la primera fue controlada dentro del procedimiento quirúrgico, pero en relación con coagulopatía de consumo que se presentó con posterioridad, estimó que la misma no se atendió de manera oportuna, fallando los protocolos de consecución de unidades de

primera fue controlada dentro del procedimiento quirúrgico, pero en relación con coagulopatía de consumo que se presentó con posterioridad, estimó que la misma no se atendió de manera oportuna, fallando los protocolos de consecución de unidades de sangre y de remisión a un centro de mayor complejidad, al haberse iniciado una cesárea sin tener en cuenta que se trataba de una mujer con tipo de sangre de difícil consecución y que ello demuestra una negligenc ia, unas fallas administrativas de la entidad, que le restaron a la paciente oportunidad a la paciente de recuperar la salud, lo que le llevó a la muerte, concluyendo así que la responsabilidad quedó demostrada y bajo la pérdida de oportunidad determinó el porcentaje de la pérdida”.

Finalmente, manifestó que contra la anterior decisión las partes interpusieron recurso de apelación. La Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado mediante sentencia de 29 de julio de 2022 2 , revocó esa determinación y negó las pretensiones de la demanda , al considerar que no se demostró la falla en el servicio por practicarle la cesárea a la señora Nuris del Carmen Solera Yaneni , ni se incurrió en una mala praxis, además que la pérdida de la oportunidad no fue alegada ni se puede concluir como un cargo alegado de la lectura integral de la demanda, por lo que se desconocería el principio de congruencia.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerado s por la Sección Tercera,

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar en los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia , supuestamente vulnerado s por la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado con la sentencia de 29 de julio de 2022, por medio de la cual se revocó el f allo del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones tendientes al pago de los perjuicios causados por el fallecimiento de la señora Nuris del Carmen Solera Yaneni.

En primer lugar, se refiri ó al cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en los casos en los que se reproche la constitucionalidad de una providencia judicial.

Luego indic ó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico, por indebida valoración del dictamen pericial, la historia clínica y l os documentos del proceso disciplinario.

Afirmó que la autoridad judicial accionada realizó una valoración parcial de la prueba pericial, toda vez que se desechó los apartes del informe pericial que le resultaban favorables a la demandante, específicamente, la lesión vascular.

Señaló que en el informe elaborado por el perito se advirtió que después de la cesárea y la lesión de la arteria uterina “se debe realizar una vigilancia del estado clínico y de los signos vitales”, pero que “no queda claro si se hizo con la frecuencia que el caso ameritaba”; y que tal vigilancia también era posible a través “de controles de laboratorio para determinar la severidad del sangrado puesto que a veces clínicamente no es fácil cuantificarlo ”; sin embargo “no hay evidencia de exámenes en la historia

el caso ameritaba”; y que tal vigilancia también era posible a través “de controles de laboratorio para determinar la severidad del sangrado puesto que a veces clínicamente no es fácil cuantificarlo ”; sin embargo “no hay evidencia de exámenes en la historia aportada”, información que se cotejó con la historia clínica de la que se evidenció que el cuidado de la paciente se relegó al personal de enfermería que no cuenta

2 Se notificó mediante edicto desfijado el 16 de noviembre de 2022.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

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con la formación y experiencia para determinar si están cursando el tipo de complicaciones que se presentaron.

Agregó que dicho dictamen señaló que previo a la intervención de la paciente se conocía que la misma se encontraba anémica, que tenía un tipo de sangre de difícil consecución en caso de ser requerida, que no h abía presencia del personal especializado necesario para el manejo de una eventual complicación y que “el sistema de coagulación per se, se encuentra alterado en la materna por su condición de gestante (…) Porque las pacientes obstétricas en particular tie nen una serie de cambios fisiológicos en su sistema vascular y de coagulación que las hace más susceptibles a presentar complicaciones más serias y de mayor mortalidad cuando tienen lesiones vasculares”; y por ello se concluye en el dictamen que se debió “ tomar la decisión de remitir al paciente a un centro hospitalario donde se contara con los recursos para atender

presentar complicaciones más serias y de mayor mortalidad cuando tienen lesiones vasculares”; y por ello se concluye en el dictamen que se debió “ tomar la decisión de remitir al paciente a un centro hospitalario donde se contara con los recursos para atender las posibles complicaciones que se podrían derivar de este caso”, pero esto no fue evaluado en la sentencia”.

Sostuvo que la vigilancia y segu imiento de la paciente no se dio de acuerdo a sus necesidades y antecedentes, lo que conllevó que cualquier acción que se realizara después de la remisión no fuera eficaz, por lo que la reposición de líquido y las probables alteraciones en la coagulación p or la forma en que se hizo, fue determinada para la tardía remisión de la paciente al centro hospitalario de mayor nivel donde se contaran con los recursos para controlar las eventuales complicaciones que pudieran presentarse dadas las particularidades de la paciente.

Resaltó que en la sentencia objetada se desconocieron los deberes legales que le asistía al personal de la Clínica de Urabá S.A. en relación con la atención de la paciente y el diligenciamiento de la historia clínica y la remisión, pues no b astaba con asignarle a la paciente una enfermera para que le realizara seguimiento esporádico y la acompañara en su traslado a otra institución sino que además era necesario que el personal médico de forma directa realizara la revisión de la paciente y dil igenciara la historia clínica con datos veraces y en el caso de la remisión, enviar ese registro médico a la institución receptora para brindarle elementos técnicos de referencia al personal médico.

Indicó que se encuentra registrad o en la historia de la Clínica de Urabá S.A ., por

remisión, enviar ese registro médico a la institución receptora para brindarle elementos técnicos de referencia al personal médico.

Indicó que se encuentra registrad o en la historia de la Clínica de Urabá S.A ., por notas de enfermería, que la paciente estaba pálida e inquieta, con dolor abdominal, lo cual no fue objeto de seguimiento por el personal médico a pesar de lo establecido en el numeral 2 del artículo 119 y en el artículo 10 de la Ley 23 de 1981, pero tal circunstancia acreditada con el registro médico simplemente fue obviada por la autoridad judicial accionada.

Afirmó que a partir del pliego de cargos del proceso disciplinario adelantado contra los galenos Martha Cecilia Palacios Diez y Raúl Hernán Paredes Zambrano, estudiado en conjunto con el dictamen pericial, se podía concluir que la anemia preoperatoria de la paciente ni la p érdida de sangre registrada en la nota operatoria no ameritaba tra nsfusiones, sin embargo, s i ordenó las 2 unidades de glóbulos rojos era indicativo de que el sangrado había sido mayor a 1000 cc, por lo que la situación resultaba más grave de lo registrado en la historia clínica.

Agregó que “el número de cristaloides a suministrar a la paciente en la transfusión, necesarios para atender los signos de shock que presentaba en correlación con los que efectivamente le fueron suministrados - acorde con los registros de historia clínica-, dado que entre la cirugía finalizada a las 11:30 am y la transfusión realizada a las 5:00 pm, debió al menos ordenarse la cantidad de cristaloides que pudieran de alguna manera mejorar el estado de la paciente; pero la cantidad

clínica-, dado que entre la cirugía finalizada a las 11:30 am y la transfusión realizada a las 5:00 pm, debió al menos ordenarse la cantidad de cristaloides que pudieran de alguna manera mejorar el estado de la paciente; pero la cantidad suministrada fue inferior a la necesitada acorde con los antecedentes de la paciente y las dificultades para el suministro de las unidades de sangre enRadicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

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oportunidad, lo que contribuyó de forma determinante en el deterioro de la paciente”.

Señalo que del pliego de cargos también se evidenciaba que los signos presentados por la paciente y relatados en la hist oria anunciaban la presencia de una hemorragia activa y de un posible “choque hipovolémico en camino”.

Sostuvo que si bien el pliego de cargos no constituye una prueba, lo cierto es que de este se evidencian indicios verificables con la historia clínica, en la literatura técnica y en las normas aplicables.

Resaltó que el testimonio del médico Carlos Alberto Gonzales Ossa , el cual fue valorado en la sentencia objetada, no conocía los antecedentes de la paciente, las particularidades de la zona y las defici encias advertidas en el diligenciamiento de la historia clínica.

De otro lado, afirmo que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial , pues pasó por alto que al momento

particularidades de la zona y las defici encias advertidas en el diligenciamiento de la historia clínica.

De otro lado, afirmo que la autoridad judicial accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial , pues pasó por alto que al momento de la presentación de la demanda no existía en la jurisprudencia el daño autónomo por pérdida de la oportunidad.

Por último, manifestó que la sentencia de 5 de abril de 2017 3 de la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado, desarrolla la postura adecuada “al caso de marras y que simplemen te no fue considerada por el Consejo de Estado en la sentencia de segunda instancia, pues en el caso en concreto quedó acreditado que en la coagulopatía que condujo a la muerte de la señora Nuris del Carmen Solera Yanes tuvo incidencia, además de la falta de vigilancia y seguimiento de la paciente y del suministro de los cristaloides que ella necesitaba - para evitar la aparición de la coagulopatíala falta de traslado a una institución de mayor nivel, lo que supuso una pérdida de oportunidad, que no fue considerada en el análisis de responsabilidad, pues al parecer al no plantearse de forma categórica la oportunidad de recuperación por el perito, se optó la Sala falladora por la interpretación más lesiva y de facto se desestimó la incidencia de la ausencia de vigilancia y supervisión de la paciente, la ausencia de suministro de los cristaloides necesarios para la condición de la paciente, la ausencia de diligenciamiento adecuado de la historia clínica y la ausencia de remisión de la paciente a una instituci ón de mayor nivel de forma oportuna en la probabilidad de recuperación, probabilidad que aunque no era

necesarios para la condición de la paciente, la ausencia de diligenciamiento adecuado de la historia clínica y la ausencia de remisión de la paciente a una instituci ón de mayor nivel de forma oportuna en la probabilidad de recuperación, probabilidad que aunque no era definitiva, existía, tal y como fue consignado en el dictamen”.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“1. Solicito se tutelen los D erechos Fundamentales al debido proceso y a la igualdad y el derecho constitucional de acceso a la Justicia y en consecuencia se revoque la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Profiriendo sentencia el 29 de julio de 2022 notificada el 10 de novie mbre de 2022, mediante el cual se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentido de declarar la caducidad de la acción de reparación directa.

2. Como consecuencia de lo anterior ruego que ordene dejar sin efectos la decisión de segunda instancia proferida por Consejo de Estado dentro del proceso radicado número 05001-23-31-000-2007-00520-01 (52077)”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónic o de 8 de mayo de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el link de l pr oceso de reparación directa que promovieron el señor Pablos Ricardo Páez y otros contra la Nación, Ministerio de Salud y

3 Radicado No. 17001-23-31-000-2000-00645-01, C.P.: Ramiro Pazos Guerrero.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

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Protección Social, la E.S.E Rafael Uribe Uribe, el Instituto de Seguros Sociales, la Clínica Urab á S.A. y la E.S.E Hospital Antonio Rol dan Betancur (radicado No. 05001-23-31-000-2007-00520-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de abril de 202 3, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Antioquia, a la Nación – Ministerio de Salud y Protección Social, al Patrimonio Autónomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidación - P.A.R. I.S.S., a la Clínica de Urabá S.A., a la E.S.E. Hospital Antonio Roldán Betancur, a la Administradora Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES) y a los señores Pablo Ricardo Páez, Esneider Ricardo Solera, Marjelica Ricardo Solera, Jonathan Ricardo Solera, Dilson Andrés Ricardo Solera, Elis Johanna Ricardo Solera, Ana Isabel Ricar do Solera, Marleny del Carmen Ricardo Gómez, Donaldo Enrique Ricardo Gómez, Ana Luz Camaño Solera, María de los Santos Solera Yanes, Abel Antonio Camaño Polo, Nelly Camaño Solera, Tenilda del Carmen Camaño Solera, Abel Antonio Camaño Solera, Lina María Cam año Solera, Darío Manuel Camaño Solera y Nelly de la Cruz Solera Yanes , así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del

Camaño Solera, Tenilda del Carmen Camaño Solera, Abel Antonio Camaño Solera, Lina María Cam año Solera, Darío Manuel Camaño Solera y Nelly de la Cruz Solera Yanes , así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 36781 a 36791 de 26 de abril de 2023 4 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Tercera, Subsección “C” del Consejo de Estado

En escrito de 28 de abril de 2023, el magistrado ponente de la sentencia objetada pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, con sustento en que no se incurrió en los defectos alegados, tal como se expone a continuación:

Afirmó que la decisión objeto de reproche constitucional se ajustó a las pruebas y a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de los cuales se constat ó que no se acreditó la falla en la prestación del servicio médico. Adicionalmente, resaltó que no se le violentó el debido proceso ni el derecho de defensa o contradicción de las pruebas, pues está demostrado que el fallo se adoptó siguiendo el procedimie nto indicado, que la demandante gozó de las oportunidades que la ley le concede para intervenir, al punto que presentó un recurso de apelación al que se le dio el correspondiente trámite, en el que valga decir, uno de sus reparos era precisamente que no se debía aplicar la pérdida de oportunidad, por cuanto consideraba acreditada plenamente la falla en la prestación del servicio médico y se le concedió la oportunidad para alegar de

decir, uno de sus reparos era precisamente que no se debía aplicar la pérdida de oportunidad, por cuanto consideraba acreditada plenamente la falla en la prestación del servicio médico y se le concedió la oportunidad para alegar de conclusión de la cual hizo uso.

Sostuvo que la accionante hace una selección de los argumentos expuestos en la prueba técnica y resaltó aquellos apartes que pueden consignar alguna afirmación que redunde en la demostración de la falla que pretende, sin embargo, a diferencia de la valoración integral y exhaustiva que de dicha prue ba se hizo en la

4 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguie ntes direcciones de correo electrónico: info@villegasabogadosasociados.com, notifnyepes@consejodeestado.gov.co; ncardenasa@consejodeestado.gov.co; notifgsanchez@consejodeestado.gov.co; jhernandezca@ consejodeestado.gov.co; notifjrodriguez@consejodeestado.gov.co; sjaimesv@consejodeestado.gov.co; aangarital@consejodeestado.gov.co, contacto@clinicadeuraba.com, notificacionestutelas@colpensiones.gov.co; notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, inths01@edatel.net.co, notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co, luzedithricardosolerapromo2018@gmail.com, archivoissliquidado@issliquidado.com.co; notificaciones@fiduagraria.gov.co,

ces3secr@consejodeestado.gov.co, sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co; tadmin01anq@notificacionesrj.gov.co; tadmin03anq@notificacionesrj.gov.co; recepcionmstadmant@cendoj.ramajudicial.gov.co y sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

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sentencia objetada, lo que pretende la parte actora es que se tomen proposiciones incompletas, de modo tal que parezca que el dictamen fue concluyente en dar por demostrada la falla del servicio médico, cuando en realidad el informe lo úni co que dio por sentado fue que la realización del procedimiento de cesárea era procedente por las condi ciones fetales, que la lesión vascular ─desgarro de la arteria uterina─ se consideraba como riesgo asociado a la cesárea ”sangrado de origen ginecobstetrico secundario a atención de parto por cesárea” y como coyuntura a la condición fetal.

Resaltó que aun cuando en el dictamen se hizo referencia a la posibilidad de que el volumen de sangre que transfundió el Hospital Antonio Roldán Betancur hubiera alterado el sistema de coagulación de la paciente, tal aserto como se analizó en la sentencia de segunda ins tancia, se planteó de manera hipotética y no expresamente relacionado con el caso, máxime cuando la transfusión de sangre a

alterado el sistema de coagulación de la paciente, tal aserto como se analizó en la sentencia de segunda ins tancia, se planteó de manera hipotética y no expresamente relacionado con el caso, máxime cuando la transfusión de sangre a la señora Nuris del Carmen Solera Yanes se llevó a cabo en el hospital al que fue remitida, es decir, cuando ya presentaba la anomalía coagulatoria que se presentó al producirse la lesión vascular en desarrollo de la cesárea.

Agregó que el dictamen arrojó que la causa del fallecimiento provino de la alteración en el proceso de coagulación relacionada con factores intrínsecos y particulares de cada organismo.

Indico que la demandante se vale de tergiversaciones con tal de lograr la acreditación del supuesto defecto fáctico, tanto así que dice que en la sentencia de forma concluyente se dice que “la oportunidad de recuperación de la vida y salud de la paciente era nula y que con o sin vigilancia y remisión el resultado sería el mismo ”, cuando en el fallo ni siquiera se pronunció sobre la pérdida de oportunidad porque no había sido comprendida en la litis.

De otro lado, señaló que los r eparos respecto a la historia clínica en lo que tiene que ver con la atención prestada a la paciente mientras se surtía la remisión al centro hospitalario de mayor nivel, constituye un nuevo argumento que pretende incorporar mediante la acción de tutela, c uando lo cierto es que si en la sentencia no se llegó a las conclusiones que ahora presenta la accionante, es porque aquellas carecían de asidero probatorio.

Resaltó que en el escrito de tutela se afirmó que en la historia clínica no se consignaron datos veraces, sin ningún respaldo probatorio para mantener dicha

aquellas carecían de asidero probatorio.

Resaltó que en el escrito de tutela se afirmó que en la historia clínica no se consignaron datos veraces, sin ningún respaldo probatorio para mantener dicha afirmación.

Afirmó que con respecto al cargo de la indebida valoración d el proceso disciplinario, en la sentencia de segunda instancia se ofrecieron las razones por las cuales se consideró que d icha prueba no encontraba mérito probatorio , y menos aún se podían valorar las pruebas practicadas en ese proceso, pues no se dieron a instancias de las partes inmersas en la controversia contenciosa administrativa.

Agregó que el accionante propone indicios contradictorios y carentes de fundamento, pues, por un lado, dice que uno de esos indicios indicaba que la anemia preoperatoria no era de tal magnitud como para ameritar transfusión y, a renglón seguido, sin percatarse del contraste, indica que a la pac iente no se le suministró la cantidad de sangre en la transfusión.

Por último, manifestó que el daño autónomo de la pérdida de la oportunidad se había aplicado en la jurisprudencia para la época en que presentó la demanda de reparación directa, para lo cual señaló la sentencia de 11 de agosto de 2010 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferida en el proceso con radicadoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01951-00

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interno No. 18596 y que, además , la acción de tutela no es “el escenario para hacer disquisiciones teóricas sobre asuntos que la Corporación meridianamente ha clarificado y, en todo caso, para el reconocimiento de dicho daño también se precisa de un elemento de certidumbre que debe estar acreditado. A esto se añade que, en el presente caso, el juez contencioso -administrativo esta ba limitado por el principio de congruencia que lo limitaba a fallar conforme a lo que fue objeto de pretensión y, se insiste, la pérdida de oportunidad no hizo parte de los hechos o pretensiones de la demanda, a tal punto, que una de las razones que esgri mieron en la apelación los familiares de la víctima fue, precisamente, la de repulsar la condena por pérdida de oportunidad que había hecho la primera instancia. Esta última razón, per se, deja a los argumentos de la tutela sin margen de acogida, pues resu lta inadmisible que aquello que el accionante consideró inaplicable en el proceso de reparación directa, ahora lo utilice como estribo para impulsar el reclamo constitucional”.

6.2. Respuesta de la Clínica de Urabá S.A.

En escrito de 28 de abril de 2023, el apoderado de la institución prestadora del servicio de salud pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, pues la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la demandante.

servicio de salud pidió que se negaran las pretensiones de la acción de tutela, pues la autoridad judicial accionada no vulneró los derechos fundamentales de la demandante.

Afirmó que la parte actora utiliza la acción de tutela como una tercera instancia, con el fin de reabrir el debate probatoria que culminó en el proceso ordinario.

Indico que la autoridad judicial accionada valoró en conjunto la totalidad de las pruebas allegadas al proceso y a partir de la s reglas de la sana cr ítica, por consiguiente, concluyó que no existió falla en el servicio en relación con el proceso de atención de la paciente familiar de la demandante.

Señaló que la accionante no puede pretender que solo con fragmentos aislados de las pruebas se tome una decisión frente al caso concreto, mal haría entonces el sistema judicial en valorar una sola prueba y tomar la decisión solo frente a ella, es por eso que el juez natural del asunto, con base en el principio de unidad de la prueba valoró en conjunto toda la historia clínica, los testimonios y los documentos

Sostuvo que “de manera aislada, sorpresiva y además sin sustento probatorio, el accionante realiza unas afirmaciones respecto a nuevos reproches en el proceso de atención que no ti enen además ninguna relación de nexo de casualidad con el fallecimiento de la paciente (ausencia de laboratorios para determinar la gravedad del sangrado; ausencia de personal especializado al momento de la complicación, lo cual NO ES CIERTO, la paciente siempre estuvo vigilada no solo por las enfermeras profesionales sino también por los médicos de turno; lesión inadvertida o aflojamiento de la sutura, donde no hay una sola prueba fehaciente de dicha afirmación, son solo algunas hipótesis

ES CIERTO, la paciente siempre estuvo vigilada no solo por las enfermeras profesionales sino también por los médicos de turno; lesión inadvertida o aflojamiento de la sutura, donde no hay una sola prueba fehaciente de dicha afirmación, son solo algunas hipótesis sin sustento que ligeramente afirmó el perito; necesidad de la remitir a la paciente antes de la cesárea, lo cual claramente no se reporta como requisito en ninguno de los protocolos médicos de atención de partos, máxime cuanto la CLÍNICA DE URABÁ se encuentra habilitada p ara atender partos de segundo nivel de atención con ginecobstetricia)”.

Finalmente, manifestó que la parte actora en el proceso ordinario apeló porque considero que no se debió aplicar la pérdida de oportunidad, sin embargo, en la solicitud de amparo pretende