CE - 110010315000202301960001SENTENCIA20230629114958

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01960-00

Accionante: John Janer Calero Silva

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01960-00

Accionante: John Janer Calero Silva Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciale s, emitidas en un proceso ejecutivo, mediante las cuales se declaró probada de oficio la excepción de pago de la obligación y se confirmó esta decisión. Incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, con respecto a los defectos procedimental y sustantivo, y ausencia de defecto fáctico.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Jhon Janer Calero Silva en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor J ohn Janer Calero Silva, por intermedio de apoderado judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia . Como co nsecuencia de lo anterior, requirió dejar sin efectos la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-006-2019-00128-01, para, en su lugar, ordenar a la autoridad judicial precitada garantizar el cumplimiento de las órdenes impartidas en el fallo emitido el 15 de agosto de 2014 por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali en el medio de control de nulidad y restableci miento del derecho con número 76001-33-33-006-2009-00123-00, de la siguiente manera:2

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«[…] 2.1: La nueva sentencia del Tribunal Administrativo deba garantizar el cumplimiento de la orden primera de la parte resolutiva, es decir, debe garantizar que la nul idad declarada de la planta de empleos respecto de JOHN JANER CALERO SILVA produzca efectos.

cumplimiento de la orden primera de la parte resolutiva, es decir, debe garantizar que la nul idad declarada de la planta de empleos respecto de JOHN JANER CALERO SILVA produzca efectos.

2.2 La nueva sentencia del Tribunal Administrativo deba garantizar el cumplimiento de las órdenes primera y segunda de la parte resolutiva, es decir, que el reintegro de JOHN JANER CALERO SILVA no pueda entenderse cumplido con una vinculación a la planta de personal, que sea anterior al fallo ordinario, pues esto sería dejar sin efectos la orden de nulidad del Decreto No. 1087 del 24 de octubre de 2008, proferida en forma sobreviniente.

2.3 La nueva sentencia del Tribunal Administrativo deba garantizar el cumplimiento de las órdenes segunda y quinta de la parte resolutiva, junto con sus fundamentos de la parte motiva, es decir, que el restablecimiento ordenado se pague a título de indemnización y no a título salarial.

2.3 La nueva sentencia del Tribunal Administrativo deba garantizar el cumplimiento de las órdenes segunda y quinta de la parte resolutiva, junto con sus fundamentos de la parte motiva, es decir, que el restablecimiento ordenado se pague a título de indemnización y no a título salarial […]».

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. El 24 de octubre de 2008 , el alcalde del municipio de Palmira, Valle del Cauca, profirió los decretos núm. 1086, 1087 y 1088, mediante los cuales (i) adoptó la nueva estructura de la administración central; (ii) modificó la planta de personal de la

profirió los decretos núm. 1086, 1087 y 1088, mediante los cuales (i) adoptó la nueva estructura de la administración central; (ii) modificó la planta de personal de la Alcaldía referida, suprimiendo, entre otros, el cargo de carrera administrativa que ocupaba el señor John Janer Calero Silva de agente de tránsito, código 403, grado 12; (iii) precisó la escala salarial aplicable a los empleos adoptados luego de la reestructuración, respectivamente; y la Resolución núm. 285, a t ravés de la cual adoptó el Manual Específico de Funciones, Requisitos y Competencias que regía para los empleos públicos pertenecientes a la nueva planta de personal.

1. La reestructuración arrojó un total de 4 plazas para el cargo de agente de tránsito en el municipio de Palmira, el cual pasó de denominarse agente de tránsito, código 403, grado 12 , a agente de tránsito, código 403, grado 1, vacantes que el alcalde

suplió a su discreci ón, sin tener en cuenta las normas propias de la carrera administrativa.3

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1. El 31 de octubre de 2008, el señor John Janer Calero Silva solicitó su reincorporación en la nueva planta de personal, por lo cual el 26 de noviembre de igual anualidad el alcalde del referido municipio remitió a la Comisión Nacional del

reincorporación en la nueva planta de personal, por lo cual el 26 de noviembre de igual anualidad el alcalde del referido municipio remitió a la Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante CNSC) esta reclamación y las presentadas por los demás afectados.

1. El 30 de abril de 2009, el señor Calero Silva, en forma paralela, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener (i) la nulidad de l Decreto núm. 1087 del 24 de octubre de 2008 y del oficio de comunicación de la supresión de su cargo, (ii) el reintegro sin solución de continuidad al mismo cargo u otro similar que desempeñaba antes de la reforma administrativa, y (iii) el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales desde el momento de la supresión del cargo hasta que fuera efectivamente reintegrado. Proceso al cual le fue asignado el número de radicado 76001-33-33-006-2009-00123-00.

1. El 3 de julio d e 2009, la CNSC, mediante la Resolución núm. 419, resolvió las reclamaciones mencionadas y, en consecuencia, ordenó al alcalde del municipio de Palmira incorporar, en un término de 15 días, a los reclamantes en alguno de los 4

cargos del empleo público de carrera administrativa denominado agente de tránsito , código 403 , grado 1, como consecuencia de su derecho preferente a ser revinculados en la nueva planta de empleos de la entidad . Decisión que fue confirmada el 19 de noviembre de 2009, a través de la Resolución núm. 1295.

código 403 , grado 1, como consecuencia de su derecho preferente a ser revinculados en la nueva planta de empleos de la entidad . Decisión que fue confirmada el 19 de noviembre de 2009, a través de la Resolución núm. 1295.

1. El 15 de julio de 2010, el señor Calero Silva formuló acción de cumplimiento en contra del municipio de Palmira, para que acatara en forma inmediata lo dispuesto en los actos administrativos precitados.

1. El 19 de agosto de ig ual anualidad, el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali declaró improcedente la referida acción. Sin embargo, el 12 de octubre del mismo año el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la anterior providencia y, en su lugar, accedió a las súplicas planteadas.4

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1. El 23 de mayo de 2011, el alcalde de la entidad territorial multicitada, a través de la Resolución núm. 470, ordenó la incorporación del señor Calero al cargo de agente de tránsito, código 403, grado 1, como una inconsistencia de la planta, por cuanto los cuatro cargos existentes a que hacen alusión dichas resoluciones se encuentran

ocupados con funcionarios que gozan de derechos de carrera administrativa. En consecuencia, el 14 de julio de 2011 el demandante tomó posesión de dicho cargo.

cuatro cargos existentes a que hacen alusión dichas resoluciones se encuentran ocupados con funcionarios que gozan de derechos de carrera administrativa. En consecuencia, el 14 de julio de 2011 el demandante tomó posesión de dicho cargo.

1. El 15 de agosto de 2014, el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali dictó sentencia de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en los siguientes términos:

«[…] 1.- DECLARASE la nulidad del Decreto 1087 del 24 de octubre de 2008 por el cual se establece la Planta de Personal de la Alcaldía del Municipio de Palmira expedido por el señor Alcalde (sic) del Municipio (sic)de Palmira Valle en cuanto suprimió el cargo del señor JHON JANER CALERO SILVA.

2.- ORDENASE al Municipio (sic) de Palmira Valle que reintegre al señor JHON JANER CALERO SILVA sin solución de continuidad para todos los efectos legales, al cargo de AGENTE DE TRANSITO CODIGO (sic) 403 GRADO 1 y pague los salarios, prestaciones legales y extralegales desde el momento de la supresión del cargo hasta que sea efectivamente reintegrado siempre y cuando dichas sumas no se hubieren cancelado ya […]

3.- ORDENASE al Municipio (sic) de Palmira Valle que descuente de la condena impuesta, el monto que pagó el actor por concepto de indemnización a raíz de la supresión del cargo que desempeñaba […]

5. DECLARASE que no hay lugar a los descuentos del servidor público por el período comprendido entre la remoción por el acto cuya nulidad se decreta y el reintegro […]»

supresión del cargo que desempeñaba […]

5. DECLARASE que no hay lugar a los descuentos del servidor público por el período comprendido entre la remoción por el acto cuya nulidad se decreta y el reintegro […]»

1. El 7 de marzo de 2016, el alcalde del municipio mencionado, a través del Decreto núm. 072, obedeció únicamente el aparte de la providencia aludida, relati vo a reconocer y pagar los salarios y prestaciones que dejó de recibir el señor Calero desde el 23 de noviembre de 2008 hasta el 14 de noviembre de 2011.

1. El 3 de mayo de 2019, este último solicitó la ejecución de la sentencia, al considerar que el ente territorial no cumplió las órdenes de reintegro y de reconocimiento y pago total de lo adeudado hasta que fuera efectivamente reintegrado.

1. El 15 de marzo de 2022 , el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali declaró probada de oficio la excepción de pago de la obligación y, en5

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consecuencia, dio por terminado el proceso , debido a que, por un lado, el señor Calero Silva fue reintegrado en julio de 2011 al carg o de agente de tránsito, código 403, grado 1, en cumplimiento de la Resolución 419 del 3 de julio de 2009, emitida

Calero Silva fue reintegrado en julio de 2011 al carg o de agente de tránsito, código 403, grado 1, en cumplimiento de la Resolución 419 del 3 de julio de 2009, emitida por la CNSC y del fallo proferido el 12 de octubre de 2010 en la acción de cumplimiento; y, por el otro, la entidad ejecutada canceló por con cepto de salarios y prestaciones la suma de $ 48.353.081, cifra que según el concepto del área de contabilidad adscrita al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca satisface plenamente el crédito.

1. Por lo anterior, la parte demandante interpuso r ecurso de apelación y el 30 de septiembre de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

En sentir del accionante, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en las sentencias del 15 de marzo de 2022 y del 30 de septiembre de igual anualidad, respectivamente, incurrieron en los siguientes defectos:

1. Defecto procedimental y sustantivo , por apartarse absolutamente del procedimiento aplicable e interpretar de forma inadecuada la parte resolutiva de la providencia que pretendía ejecutarse , debido a que las órdenes previstas en el numeral 2.° de la sentencia proferida el 15 de agosto de 2014 por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali no fueron impartidas de forma aislada, sino que fueron proferidas en conjunto con el numeral 5.°, «donde se dispuso que no había lugar a realizar descuentos al servidor público por el período

Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali no fueron impartidas de forma aislada, sino que fueron proferidas en conjunto con el numeral 5.°, «donde se dispuso que no había lugar a realizar descuentos al servidor público por el período comprendido entre la remoción por el acto cuya nulidad se decreta y el reintegro», por lo que el juez ejecutivo debía partir de la base de que el restablecimiento económico ordenado no se daba en térm inos salariales, sino indemnizatorios, de manera que no podía hacer descuentos de las vinculaciones laborales que se dieron antes de la providencia precitada , pues ello trasladaría la carga al demandante de auto indemnizarse y le permitiría a la entidad al lí demandada obrar de manera negligente en el cumplimiento del fallo.6

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2. Defecto fáctico, puesto que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca valoró de forma caprichosa el cuadro comparativo emitido por la Comisión Nacional del Servicio Civil en la Resolución núm. 419 de 2009, comoquiera que, en primer lugar, le confirió a la autenticidad del documento , la capacidad de anular la orden proferida en la sentencia ejecutada , la cual no consistía en la vinculación a un cargo equivalente en la nueva planta de personal, sino en la vinculación de forma sobreviniente a la nulidad declarada ; y, en segundo lugar, al afirmar que no ha sido

en la sentencia ejecutada , la cual no consistía en la vinculación a un cargo equivalente en la nueva planta de personal, sino en la vinculación de forma sobreviniente a la nulidad declarada ; y, en segundo lugar, al afirmar que no ha sido tachado de falso, confund ió la autenticidad d el documento con la corrección de su contenido.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 27 de abril de 2023, el despacho sustanciador (i) admitió la acción de la referencia en contra del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, (ii) vinculó al municipio de Palmira, como tercero interesado en los resultados del proceso, y (iii) comisionó a la primera autoridad judicial mencionada para que notificara a todas las personas que intervinieron dentro del proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-006-201900128-00/01, a excepción del señor John Janer Calero Silva y de la entidad territorial precitada, y, adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali

El secretario Francisco Ortega indicó que las partes vinculadas en la presente acción de tutela constituyen todos los intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado 76001-33-33-006-2019-00128-00/01, por lo que no es posible realizar la diligencia de notificación ordenada. Además, remitió copia digital del expediente precitado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia7

notificación ordenada. Además, remitió copia digital del expediente precitado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia7

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La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo di spuesto en el ordinal 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Cuestión previa

Antes de plantear el problema jurídico, se aclara que el análisis del presente asunto se centrará únicamente en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , al ser la autoridad que puso fin al proceso ejecutivo, en tanto que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela superó los requisitos generales de procedencia. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con ocasión de la expedición de las sentencias cuestionadas, se vulneraron los derechos fundamentales deprecados por el accionante.

superó los requisitos generales de procedencia. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con ocasión de la expedición de las sentencias cuestionadas, se vulneraron los derechos fundamentales deprecados por el accionante.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción en tre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T -492 de 1995, T -567 de 1998, SU -047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una

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específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución . La Corte hizo especial hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.5.1. En el caso bajo estudio no se cumple el requisito de relevancia constitucional, frente a los defectos procedimental y sustantivo, comoquiera que el debate se centra en aspectos estrictamente económicos. Sin embargo, sí se encuentra superada esta exigencia, co n respecto al defecto fáctico, puesto que se discute la indebida valoración probatoria de un documento, por medio de la cual el Tribunal accionado9

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consideró que se encontraba cumplida la orden de reintegro del aquí accionante impartida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Cali en la sentencia del 15 de agosto de 2014 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número 76001-33-33-006-2009-00123-00.

de Cali en la sentencia del 15 de agosto de 2014 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número 76001-33-33-006-2009-00123-00.

2.5.2. Frente al defecto fáctico, s e agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, comoquiera que la decisión cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del proceso ejecutivo.

2.5.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, por cuanto la providencia emitida el 30 de septiembre de 2022 fue notificada el 19 de octubre de igual año y la acción de tutela fue remitida a la Secretaría General del Consejo de Estado el 19 de abril de 2023, esto es, en el término de los seis meses previstos jurisprudencialmen te como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales.

2.5.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis probatorio.

2.5.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.

2.5.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro del trámite de un proceso ordinario.

2.6. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso con radicado 76001-33-33-006-2019-00128-00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.6. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso con radicado 76001-33-33-006-2019-00128-00/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.6.1. El 25 de febrero de 2019 el señor John Janer Calero Silva instauró demanda ejecutiva en contra del municipio de Palmira, Valle del Cauca, con el fin de que se10

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librara mandamiento de pago por las siguientes sumas: (i) $ 134.877.833 correspondientes a los salarios y prestaciones sociales adeudados desde el 1.° de noviembre de 2008 hasta el 7 de marzo de 2016, fecha en la que se llevó a cabo el reintegro de aquel; y (ii) $ 130.366.777 por concepto de los intereses de mora adeudados desde la ejecutor ia de la sentencia (10 de septiembre de 2014) hasta el 20 de febrero de 2019.

2.6.2. El 15 de marzo de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Cali, en la audiencia de instrucción y juzgamiento, (i) declaró probada de oficio la excepción de pago de la obligación , (ii) dio por terminado el proces o y (iii) no condenó en costas a la parte demandante. Para el efecto, expuso lo siguiente:

excepción de pago de la obligación , (ii) dio por terminado el proces o y (iii) no condenó en costas a la parte demandante. Para el efecto, expuso lo siguiente:

«[…] Considera esta célula judicial que la fecha real de reintegro, revinculación o reincorporación al municipio de Palmira, correspondiente a aquella que en efecto materializa la orden impuesta en la sentencia N° 142 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali el día 15 de agosto de 2014 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral con radicado No. 7600133-33-006-2009-00123-00, donde a vuelta de ser reiterativo señaló que el cargo al cual debía ser reintegrado el demandante debía corresponder a aq uel titulado “Agente de Tránsito Grado 01, Código 403”, contrario a lo argüido por el señor Calero Silva en su escrito de la demanda ejecutiva, no se concreta en el año 2016 ni mucho menos en el año 2014, año éste último que corresponde al fallo en el proceso ordinario, pues lo cierto es que la realidad fáctica y legal desplegada y asomada en el presente asunto hace constar que el actor fue en efecto reintegrado o revinculado al cargo de “Agente de Tránsito Grado 01, Código 403” para el mes de julio de 2011 , donde se ha podido acreditar que, producto de la acción de cumplimiento ya ampliamente citada en el cuerpo de esta providencia, la administración municipal demandada dispuso lo pertinente para el reintegro del señor Calero Silva al cargo que fuese ordena do, se itera, tanto en la

acreditar que, producto de la acción de cumplimiento ya ampliamente citada en el cuerpo de esta providencia, la administración municipal demandada dispuso lo pertinente para el reintegro del señor Calero Silva al cargo que fuese ordena do, se itera, tanto en la Resolución No. 0419 del 3 de julio de 2009 proferida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, como en el fallo de segunda instancia en el interior de la acción de cumplimiento adiada 12 de octubre de 2010 emanada del Tribunal Contencioso Administrativo del Vale del Cauca, sumado a la decisión primigenia, aquí objeto de ejecución, aquella emanada de la sentencia N° 142 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali el día 15 de agosto de 201 4, esto es, el de “Agente de Tránsito Grado 01, Código 403”.

Resulta pues probatoriamente acreditado, que la orden impuesta en la sentencia ordinaria y que dio lugar a la solicitud de ejecución en contra de la entidad municipal, en lo que atañe al reintegro del actor fue satisfecha por la entidad demandada desde el 14 de julio de 2011 […]

Resuelto entonces este primer interrogante, se hace necesario pronunciarse acerca de lo también ordenado en el fallo ordinario, esto es que el municipio de Palmira: “Pague los salarios, prestaciones legales y extralegales desde el momento de la supresión del cargo hasta que sea efectivamente reintegrado siempre y cuando dichas sumas no se hubieren cancelado ya”11

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hasta que sea efectivamente reintegrado siempre y cuando dichas sumas no se hubieren cancelado ya”11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01960-00

Accionante: John Janer Calero Silva

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Corolario de lo expuesto, considera esta célula jud icial que el valor cancelado al señor John Janer Calero Silva, se itera, producto de la liquidación oficial que la entidad territorial dispuso hacer a través del Decreto 072 del 7 de marzo de 2016 en favor del demandante para el interregno de tiempo compre ndido del 24 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2011 en suma final de $48.353.081 satisface en su totalidad la orden de pago hecha a través de la sentencia N° 142 proferida por el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali el d ía 15 de agosto de 2014 dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral con radicado No. 7600133-33-006-2009-00123-00.

En todo caso, considera oportuno el Despacho señalar que si bien la parte actora sostiene que la sentencia objeto de recaudo dispuso que no podía realizarse descuento de lo devengado por el hoy demandante por concepto de lo recibido como consecuencia del desempeño de otro cargo, lo cierto es que tal como se dejó reseñado a lo largo de esta providencia, ese presupuest o no se cumple, toda vez que desde el 14 de julio de 2011 el señor Calero Silva fue revinculado o reintegrado al cargo señalado u ordenado

esta providencia, ese presupuest o no se cumple, toda vez que desde el 14 de julio de 2011 el señor Calero Silva fue revinculado o reintegrado al cargo señalado u ordenado en la mencionada sentencia, esto es, “Agente de Tránsito Grado 01, Código 403”, misma que ordenó el pago de salarios y prestaciones legales y extralegales desde la supresión del cargo y hasta el reintegro efectivo, siempre que no se hubieren cancelado ya, lo que corresponde al periodo del 24 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2011, las cuales quedó probado fuer