CE - 110010315000202301967011SENTENCIA20231003161136

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: CÉSAR ALBERTO NARANJO BEDOYA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Debe reunir los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda su estudio de fondo / REQUISITO GENERAL DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – No se cumple en este caso, dado que el demandante busca discutir aspectos netamente económicos.

La Sala decide1 la impugnación interpuesta por la p arte actora contra la sentencia del 19 de mayo de 20232, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones de la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 20 de abril de la presente anualidad, el señor César Alberto Naranjo Bedoya, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d el Quindío , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso

por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo d el Quindío , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. Formuló las siguientes pretensiones:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 16 de marzo de 2023, en el expediente rad. No. 63001 -3333-006-2022-00045-02, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS

FUENTES FORMALES DE DERECHO , GARANTÍA A LA SEGURIDAD

SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE

1 La Sala advierte que, el 8 de septiembre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Suscrita por los magistrados César Palomino Cortés , Juan Enrique Bedoya Escobar y Carmelo

Perdomo Cuéter.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2

JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionant e, por co nsiderar que

JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionant e, por co nsiderar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del

H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora co mo fue solic itada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes

expedientes:

CONSEJO DE ESTADO

No. RADICADO

EXPEDIENTE

FECHA

DECISIÓN

MAGISTRADO

PONENTE

CONSEJEROS

FIRMANTES 1 08001-23-33000201300666-01 (0833-16) 6 de agosto de 2020

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

SENTENCIA DE

UNIFICACIÓN DEL

CONSEJO DE

ESTADO

2 76001-23-3100020090086701, No. Interno: 4854-2014 24 de enero de 2019

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

- Dr. CARMELO

PERDOMO CUÉTER 3 11001-0315000201803499-01 29 de julio de 2019

Dr. NICOLÁS

YEPES

CORRALES

Dr. JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS

- Dr. GUILLERMO

SÁNCHEZ LUQUE 4 08001 23 33

000 2014 00173-01 (1688-16) 2 de diciembre de 2019

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 5 08001-23-33000201400208-01 10 de junio de 2020

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 6 08001-23-31000201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

000201400254-01 (4960-2017) 22 de octubre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 7 08001-23-33000201400132-01 12 de noviembre de 2020

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 8 08001 23 31

000 2014 00815 01 (4979 – 2017) 17 de junio de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGASRadicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3

9 08001-23-33000201500331-01 17 de junio de 2021

Dr. CÉS AR

PALOMINO

CORTÉS

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre

Dra. SANDRA LISSET

IBARRA VÉLEZ - Dr.

CARMELO

PERDOMO

CUÉTER 10 19001-23-33000-20150044502(048320) 4 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 11 08001-23-33000201401127-01 (1002-2021) 25 de noviembre de 2021

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 12 40001-23-40000201700134-01 (2208-2020) 25 de noviembre de 2021

Dr. WILLIA M

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 13 080001-23-40000201590008-01 (2387-2020) 11 de noviembre de 2021

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 14 080001-23-40000201490022-01 (5154-2016) 11 de noviembre de 2021

Dr. GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 15 080001-23-33000201700931-01 (1001-2021) 20 de enero de 2022

Dr. GABR IEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZDr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ VARGAS 16 080001-23-33000201500075-01 (2660-2020) 3 de marzo de 2022

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 17 76001-23-33000201300756-01 (2224-2020) 28 de abril de 2022

Dr. CARMELO

PERDOMO

CUÉTER

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 18 080001-23-40000201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

CORTÉS - Dra.

SANDRA LISETH

IBARRA 18 080001-23-40000201700795-01 (2659-2020) 9 de mayo de 2022

Dr. RAFAEL

FRANCISCO

SUÁREZ

VARGAS

Dr. WILLIAM

HERNÁNDEZ

GÓMEZ - Dr.

GABRIEL

VALBUENA

HERNÁNDEZ 19 47-001-23-33000201900359-01 (4004-2021) 19 de mayo de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTERRadicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

4

20 47-001-2333000-20190037601 (44622021) 1 de julio de 2022

Dra. SANDRA

LISETH

IBARRA

Dr. CÉSAR

PALOMINO CORTÉS

• Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 21 08001-23-33000201500509-01 (2140-2020) 22 de Agosto de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

22 08001-23-33000de 2022

Dr. CÉSAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER 22 08001-23-33000201590124-01 (2394-2020) 22 de Septiembre de 2022

Dr. CESAR

PALOMINO

CORTÉS

Dr. SANDRA LISSET

IBARRA VELEZ – Dr.

CARMELO

PERDOMO CUÉTER

1.2. Hechos

De la solicitud de tut ela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

Desde el 26 de mayo de 2010, el señor César Alberto Naranjo Bedoya labora como docente en el departamento del Quindío. Además, se encuentra afiliad o al Fondo Nacional de Prestaciones S ociales del Magisterio3 y es beneficiari o del régimen de cesantías anualizadas.

El 16 de julio de 2021, el hoy accionante le solicitó a la Secretaría de Educación Departamental del Quindío y al Fomag el reconocimiento y pago de la sanción por la no consi gnación de c esantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses, con fundamento en el régimen establecido en las Leyes 52 de 1975 y 50 de 1990, petición que fue remitida a la Fiduprevisora S.A., sin que se le hubiera dado respuesta alguna.

En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor César Alberto Naranjo Bedoya demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento del Quindío, con el fin de que se declarara la

En ejercicio de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor César Alberto Naranjo Bedoya demandó al Ministerio de Educación Nacional – Fomag y al Departamento del Quindío, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ad ministrativo ficto d erivado del silencio frente a la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses.

Mediante sentencia del 9 de agosto de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia negó las súplicas de la demanda , por considerar que el señor César Alberto Naranjo Bedoya se encontraba afiliad o al Fomag y, por tanto, tenía un régimen especial de cesantías en el cual no operaba la sanción por mora.

Contra la anterior decisión, el accionante interpuso recurso de apelación en el cual expuso que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han establecido que

3 En adelante Fomag.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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era posible aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, en virtud d el principio de favora bilidad. Es decir, que como en la Ley 91 de 1989 —régimen especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

especial de los docentes — no existe regulación sobre la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías, se debía aplicar la norma más favorable, esto es, la Ley 50 de 1990, que sí lo estableció.

En providencia del 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de l Quindío confirmó la decisión de primera instancia, bajo el argumento de que no era posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso del señor Naranjo Bedoya, quien había ocupado el cargo de docente oficial al servicio del departamento de l Quindío y se encontrab a cubierto por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

De igual modo, determinó que no existía un precedente consolidado de obligatoria aplicación y, por tanto, en aplicación del principio de autonomía e independencia judicial, consideró que el régimen general de cesantías consagrado en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975 consagra la obligación de reconocer, liquidar y pagar las cesantías a un fondo privado hasta el 15 de febrero de cada año, generándose por el incumplimiento del plazo legal las sanciones establecidas en dichas normas.

Finalmente, insistió en que dicho régimen no se aplica al sector docente, sino a los servidores afiliados a fondos privados de cesantías.

1.3. Argumentos de la tutela

A lo largo del escrito de tutela, de forma resumida, la parte actora sostuvo que el Tribunal Administrativo del Quindío desconoció el precedente fijado por l a Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 2 sentencias del

Tribunal Administrativo del Quindío desconoció el precedente fijado por l a Corte Constitucional en la sentencia SU -098 de 2018, así como en 2 2 sentencias del Consejo de Estado, entre las cuales se destacan la sentencia de tutela del 29 de julio de 2019 y la SU -2013-00666 del 6 de agosto de 2020, en las qu e se determinó que la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sí resultaba aplicable a los docentes oficiales.

Luego de hacer un recorrido histórico sobre el Fomag y su funcionamiento, adujo que, si bien los docentes gozan de un régimen esp ecial, lo cierto es que, en virtud del principio de favorabilidad, se les debe aplicar la normativa del régimen general que consagra la sanción mora toria por la no consignación de las cesantías, esto es, la Ley 50 de 1990.

De otra parte, el accionante señaló que el ad quem no argumentó con claridad por qué se apartó del precedente fijado en las 22 sentencias emitidas por el ConsejoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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de Estado, pues lo único que expresó es que «existía unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe sen tencia unificada, despreciando la masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contr ario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de

masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que conforman la sección 2da del H.C.E.».

Agregó que, contr ario a la decisión del Tribunal, la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales no d esconoce el principio de inescindibilidad, pues, como se ha evidenciado, se aplica la norma de manera integral favoreciendo al docente oficial. Además, indicó que, al existir un vacío normativo, lo más lógico es llenarlo con la norma más favorable.

Asimismo, mencion ó que la aut oridad judicial accionada desconoció el principio de seguridad jurídica, toda vez que « existe una abierta discordancia, entre lo expresado por la Sección Segunda, en más de 22 ocasiones entre los años 2021, 2022 y 2023 y la decisión adoptada el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo del Quindío, en el expediente radicado No. 63001-3333-006-202200045-02».

Sostuvo que existe una sucesión de « irregularidades sustantivas » dentro de la decisión de segunda instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Quindío.

Finalmente, citó 1 0 sentencias proferidas por diferentes juzgados administrativos del país, en las que, con fundamento en el principio de favorabilidad, se reconoció la sanción moratoria por la consignación tardía de las ces antías anual es a los docentes demandantes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de abril de 2023, el despacho sustanciador de primera

de 1990.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 24 de abril de 2023, el despacho sustanciador de primera instancia admitió la acción de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo d el Quindío , como parte demandada, y, como ter ceros con interés, al Ministerio de Educación Nacional , a la Fiduprevisora, en calidad de adminis tradora del Fondo Nacio nal de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag, y al departamento del Quindío.

2.2. Si bien el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia aportó un informe relacionado con la solicitud de amparo de la referencia, lo cierto es que, una vez revisadas las actuaciones dentro del expediente de tutela de primera instancia, el Despacho advierte que la autoridad judicial en mención no fue vincul ada comoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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demandada ni como tercero con interés. Por tanto, la Sala se abstendrá de considerarlo.

2.3. La Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio manifestó que las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado me diante la Le y 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el

cuanto el Fomag fue creado me diante la Le y 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja. En ese sentido, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que «ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia».

Solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo porque la autoridad judicial accionada decidió la controversia conforme a la normativa establecida y observó las garantías procesales.

2.4. El Ministerio de Educación Nacional solicitó que se desvinculara del proceso de tutela de la referencia, debido a que este organismo «no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada».

2.5. En memorial radicado el 4 de mayo de 2023, el apoderado del accionante insistió en los argumentos de la tutela.

2.6. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en providencia del 19 de mayo de 2023, negó la solicitud de amparo, por considerar que el fallo del 16 de marzo de 2 023, emitido por el Tribu nal Administrativo del Quind ío, no desconoció el precedente fi jado en la sentencia SU-098 de 2018, debido a que el caso allí analizado es fáctica y jurídicamente diferente al del señor César Alberto Naranjo Bedoya, pues, entre otras razones, este no acreditó que fuera docente de nivel territorial ni que estuviera afiliado a un fondo privado.

Resaltó que la Corte Con stitucional, mediante la sentencia SU–573 de 2019,

Naranjo Bedoya, pues, entre otras razones, este no acreditó que fuera docente de nivel territorial ni que estuviera afiliado a un fondo privado.

Resaltó que la Corte Con stitucional, mediante la sentencia SU–573 de 2019, aclaró que la SU-098 de 2018 no constituía precedente aplicable para los eventos en los que los docentes oficiales (i) estuvieron inscritos en el escalafón de carrera con nombramiento en propiedad, (ii) tuvieran vinculación laboral vigente con e l respectivo ente territorial, (iii) fueran afiliados al Fomag y (iv) no hayan solicitado el pago efectivo de las cesantías.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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Finalmente, indicó que la autoridad ju dicial accionada, en aplicación del principio de autonomía judicial, determinó que no e ra viable aplicar las dispos iciones consagradas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a que las cesantías de los docentes oficiales no se ad ministran en cuentas individuales, por cuanto el Fomag fue creado mediante la Ley 91 de 1989 , bajo el principio de unidad de caja. Agregó que la decisión en cuestión estudió razonablemente los hechos, las pruebas allegadas al proceso, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso y, por ende, su actuación no es contraria a derecho.

4. Impugnación4

La parte actora impugnó la anteri or decisión, para lo cual reiteró los argumen tos

por ende, su actuación no es contraria a derecho.

4. Impugnación4

La parte actora impugnó la anteri or decisión, para lo cual reiteró los argumen tos expuestos en la tutela y solicitó que se revoque la providencia en mención y, en su lugar , se ampare los derechos fundamentales alegados en la solicitud de amparo de la referencia.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala dete rminar si ha y lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 19 de mayo de 2023, por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante el cual negó las pretensiones de la solicitud de amparo.

Para el efecto, primero se de berá analiza r si en el caso concreto la solicitud de amparo cumplió con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente, el de relevancia constitucional . Sólo en el evento de que se hubiera cumplido tal requisito , junto c on los demás exigidos por la jurisprudencia, la Sala descenderá al análisis de fondo que corresponde, para establecer si la autoridad demandada vulner ó o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

2. Análisis de la Sala

2.1. Del cumplimiento del r equisito de relevancia constitucional, en relación con la supuesta falta de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plen a de esta Corporación se ñaló que el requisito de la relevancia consti tucional tiene como finalidad (i) proteger la

En sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plen a de esta Corporación se ñaló que el requisito de la relevancia consti tucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judi cial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya

4 Concedida mediante auto del 25 de agosto de 2023, M .P. César Palomino Cortés. Documento con id 11001031500020230196700005025100033, visible en el índice 2 3 del expediente digital cargado en el aplicativo Samai.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si u na solicitud de amparo de tutel a tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por la vulneración de derechos f undamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello « [n]o basta, entonces, ad ucir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acci ón de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proce so judicial ventilen

adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proce so judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos judiciales, pues los principios de seguridad j urídica y de coherencia del ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, se reclama la protección de los derechos fundamentales al debid o proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida el 16 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Quindío, por medio del cual confirmó la sentencia dictada el 9 de agosto de 2022, por el Juzgado Sexto Administrativo de Armenia, que negó las pretensiones de la demanda de nulida d y restablecimiento del derecho instaurada por el señor Césa r Albert o Naranjo Bedoya.

En el fondo, el accionante alega que tiene derecho al re conocimiento y el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, pues, en su criterio, se le debe aplicar el art ículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagr a dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones:

se le debe aplicar el art ículo 99 de la ley 50 de 1990, que sí consagr a dicha sanción.

La Sala anticipa que la acción de tutela no tiene vocación de prosperidad. Tal afirmación encuentra respaldo en las siguientes razones: En primer lugar, la solicitud de amparo elevada por el se ñor Naranjo Bedoya carece de relevancia cons titucional, debido a que es evidente que la controversia que aquí se examina , en el fondo, es de carácter legal e indudablemente seRadicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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direcciona a un debate de índole económico, pues se pretende el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia de unificación SU573 de 2019, revocó diferentes fallos en los que se negaron tutelas que pretendían el pago de la sanción moratoria por la no consignación de sus cesantías, para, en su lugar, declararlas improcedentes por falta de relevancia co nstitucional, precisamente porque consideró que comprendían discusiones económicas o patrimoniales para las cuales no estaba instituida este instrumento constitucional.

Así lo indicó:

[L]a sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La ju risprudencia de esta Cor poración ha reconocido el carácter irrenuncia ble de las c esantías, como una prestación

un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional. La ju risprudencia de esta Cor poración ha reconocido el carácter irrenuncia ble de las c esantías, como una prestación patronal de rango legal cuya final idad es “auxiliar a la persona que se queda temporalmente sin trabajo” 5 . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha pr estación, la tutela devendría procedente cuan do se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al m ínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no correspond a a la finalidad misma d e las cesantías, si no a una penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los térm inos solicitados, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los anteced entes de los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la medida en que los tres accionantes ma ntienen vigente su vínculo laboral con el Departamento del Atlántico6

Asimismo, en varias oportunidades, el Consejo de E stado ha considerado que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías es un asunto netamente económico. Por ej emplo, esta Subsección, en la sentencia del 1 8 de marzo de 20227, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene d erecho al reconocimiento de la sanción

netamente económico. Por ej emplo, esta Subsección, en la sentencia del 1 8 de marzo de 20227, indicó lo siguiente:

La accionante discute que tiene d erecho al reconocimiento de la sanción moratoria porque la entidad pública pagadora contaba con 45 días a parti r del acto administrativo que ordenó la liq uidación de sus cesantías para cancelar dicha prestación social y se tardó más de 260 días en mora.

En ese orden de ideas, se considera que la controversia gira en torno a una cuestión netamente económica, toda vez que la inconformidad que se planteó se limita al pago de un derec ho patrimonial -pago de la sanción moratoria - y no se orienta a la protecció n de los derechos fundamentales invocados en la demanda de tutela.

Esta Corporación ya se pronunció sobre un tema similar y consideró que:

33. [E]sta S ala otorga relevancia cons titucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviese relacionada c on una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango fundamental, como lo son las

5 Cita original de la providencia: Sentencia SU-336 de 2017. 6 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 18 de marzo de 2022, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico, expediente 11001-03-15-000-2021-09117-01Radicación: 11001-03-15-000-2023-01967-01

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Demandante: César Alberto Naranjo Bedoya Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

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cesantías; no obstante, en asunto s como el caso en concreto, se ha sostenido q ue las prete nsiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económ ico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se tornan improcede ntes frente al amparo constitucional.

34. El anterior lineamiento acogido por la Sala se ha construido en estricto seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU573 del año 2019, providencia cuyo