CE - 110010315000202301968011SENTENCIA20230803170108

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”

Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., tres (3) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01968-01

Accionante: CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia/ medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en la consignación de las cesantías docentes

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación formulada por el accionante contra la sentencia del 26 de mayo de 2023 proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante la cual rechazó por improcedente la acción de tutela de la referencia por no acreditar el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

Accionante : César Willy Naranjo Clavijo

requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

Accionante : César Willy Naranjo Clavijo

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I. ANTECEDENTES

El accionante invoc ó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. El señor César Willy Naranjo Clavijo fue vinculado como docente en el municipio de Armenia desde el 16 de mayo de 2005 hasta la fecha, por lo que su régimen de cesantías es anualizado.

1.2. El 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año 2020.

1.3. Por lo anterior, el 13 de julio de 2021 el accionante formuló petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que no fue resuelta por dicha entidad.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del accionante demandó el acto administrativo ficto o presunto con ocasión del silencio negativo , proceso que por reparto

no fue resuelta por dicha entidad.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del accionante demandó el acto administrativo ficto o presunto con ocasión del silencio negativo , proceso que por reparto correspondió al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, dependencia judicial que, mediante sentencia del 10 de agosto de 2022, resolvió negar las súplicas de la demanda.

1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal Administrativo del Quindío, a través de la sentencia del 30 de marzo deACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2023, al considerar que no era factible hacerle extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, porque su régimen de cesantías se rige por la Ley 91 de 1989.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, porque no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

porque no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 relacionada con el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo fondo.

Igualmente, señala que la autoridad judici al accionada desconoció el precedente establecido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en la que estableció que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en consecuencia, tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías anuales.

Finalmente, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 2 2 sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO en la sentencia proferida el día 30 de marzo de 2023, en elACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

Accionante : César Willy Naranjo Clavijo

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia expediente rad. No. 63001 -3333-001-2022-00015-02, transgredió los derechos

fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD

SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE

DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES

FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA

IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO

CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la (Sic) accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de es te órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la S ección Segunda del H.

el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la S ección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).

4. INTERVENCIONES

Mediante auto del 24 de abril de 2023 la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia y ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Quindío como accionado y al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Armenia, al municipio de Armenia y a la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) como terceros interesados en las resultas del proceso.

4.1. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo del FOMAG solicitó ser desvinculada del presente proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto

Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 p odían administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías.

No obstante, indicó que el FOMAG era una entidad creada por la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja , por lo que la totalidad de recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través de un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino qu e ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Por otra parte, sostuvo que las circunstancias fácticas relacionadas en la sentencia SU 098 de 2018 no corresponden a las misma s que se fundamentaron la demanda que resultó desfavorable a las pretensiones del accionante, puesto que en el asunto bajo estudio no se cuestionó la afiliación inoportuna al FOMAG que ocasionó el retardo en la consignación del auxilio de cesantías.

5. PROVIDENCIA IMPUGNADA

La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, mediante sentencia del 26 de mayo de 2023 rechazó por improcedente la acción de tutela, al considerar que no se acreditó el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Al respecto, manifestó que no se acreditó dicho requisito, en la medida en que se reiteraron los argumentos planteados ya resueltos en el

de tutela, al considerar que no se acreditó el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Al respecto, manifestó que no se acreditó dicho requisito, en la medida en que se reiteraron los argumentos planteados ya resueltos en el proceso ordinario.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia Por otra parte, señaló que no existía una postura unificada al respecto, por lo que era factible para el Tribunal apartarse del precedente invocado por la parte actora , así como tampoco había lugar aplicar lo dispuesto en la Ley 50 de 1990 en virtud del principio de favorabilidad, porque no se podía predicar l a inexistencia de normatividad que regulara el reconocimiento prestacional del auxilio de cesantías a favor de los docentes, ni un vacío legal que permit iera la remisión a dicha disposición normativa.

6. IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó el fallo de primera instancia, para lo cual , después de i nsistir en los argumentos expuestos en la demanda de tutela, señaló que desde el 2019 existe en el Consejo de Estado una postura decantada respecto de la aplicación de la sanción moratoria por consignación extemporánea del auxilio de cesantías anualizadas contemplada en la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial.

postura decantada respecto de la aplicación de la sanción moratoria por consignación extemporánea del auxilio de cesantías anualizadas contemplada en la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial.

Por otra parte, indicó que en reciente pronunciamiento el alto tribunal en materia de lo contencioso administrativo, en un asunto de idéntica naturaleza como el que aquí se discute, encontró superado el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Corresponde a esta Sala de Subsección conocer la presente acción de tutela, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991 y 333 de 2021.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

Accionante : César Willy Naranjo Clavijo

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2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema j urídico se circunscribe a determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío, al proferir la sentencia del 30 de marzo de 2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías de l accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al

consignación oportuna de las cesantías de l accionante, incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia.

Para dar respuesta a los anteriores planteamientos se procederá a analizar: i) la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad; y solo de encontrarla procedente iii) el defecto sustantivo; iv) el desconocimiento del precedente y v) el caso concreto.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los

1 Corte Constitucional. Sentencia C-590-05. 2 Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001 -03-15-0002009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

Accionante : César Willy Naranjo Clavijo

Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cum plimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judicia les, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio

derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia const itucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la p resentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedarACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

3.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurispru dencia, que habilitan su interposición.

3.1.1. En efecto, esta Sala de Subsección considera que los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados se encuentran plenamente individualizados.

3.1.2. Asimismo, se encuentra que la sentencia objeto de tutela carece de recursos o rdinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.1.3. Se observa igualmente que la interposición se dio en un lapso «razonable y proporcionado», por cuanto la providencia cuestionada se profirió el 30 de marzo de 2023 y la acción de tutela se presentó el 20 de abril de 2023.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3.1.4. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, indicó la parte actora en el escrito de impugnació n que en reciente pronunciamiento el Consejo de Estado , en un asunto de idéntica naturaleza, encontró superado el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional.

Así pues, es necesario reiterar que la Corte Constitucional ha delineado un conjunto de reglas que dan a entender cuándo un asunto tiene una marcada importancia. Así, en sentencia T-114 de 2002, indicó que los asuntos legales cumplen con este requisito cuando de ellos se desprenden violaciones a los derechos fundamentales.

En efecto, ha señalado que:

«[…] la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes».

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como

fundamentales de las partes».

Así las cosas, contrario a lo indicado en la primera instancia, el asunto a resolver sí es de marcada relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como consecuencia de un desconocimiento del precedente y un defecto sustantivo en que presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada.

Por lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, realizar el estudio de fondo de la acción de tutela en cuestión a efectos de identificar si se incurrió en la vulneración de derechos fundamentales alegada.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional 3, el defecto material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales4, es decir, se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido

norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, (ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las sentencias con efecto erga omnes , que son aquellas de aplicación general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no previsto en la disposición»5.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda en una hermenéutica no si stémica de la norma, es decir, con omisión del análisis de otras disposiciones que regulan el caso, (vii) cuando

3 Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras. 4 Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

5 Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto, (viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta derechos fundamentales (ix) cuando sin un mínimo de argumentación se desconoce el precedente judicial, (x) y cuando el juez no aplica la excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de la Constitución»6.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción de tutela resultaría improcedente7.

3.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de las autoridades y específicamente en la interpreta ción y aplicación de la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 8. En ese sentido, el

la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van a decidir los casos iguales de la misma forma 8. En ese sentido, el precedente judicial9 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues

6 Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos. 7 Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger. 8 Ver entre otras las sentencias C -836 de 2001, T -1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009. 9 En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. , la Corte Constitucional precisó que precedente judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo”.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino también materializa la igualdad en la aplicación del derecho10.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto sentido11. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de transparencia e igualdad”12.

No obstante lo anterior, el so metimiento al precedente no puede convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien sean estos verticales u horizontales13, siempre y cuando cumplan con (i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras

el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras

10 MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no 1, p. 249-266. 11 Sentencia T-109 de 2019. M.P . Gloria Stella Ortiz Delgado. 12 Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 13 Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T589 de 2007.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: ( 60 1) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los principios de autonomía e independencia que caract erizan la labor judicial14.

3. El caso concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el señor César Willy Naranjo Clavijo en contra del Tribunal Administrativo

judicial14.

3. El caso concreto

En el presente asunto se decide la acción de tutela instaurada por el señor César Willy Naranjo Clavijo en contra del Tribunal Administrativo del Quindío, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia con ocasión de la providencia del 30 de marzo de 2023 pues, en su entender, incurrió en un defecto sustantivo y en un desconocimiento de precedente judicial.

Por su parte, la Sección Tercera Subsección B del Consejo de Estado rechazó por improcedente la acción de tutela, al estimar que en el asunto bajo estudio no se demostró el requisito de procedibilidad de relevancia constitucional , en la medida en que se reiteraron los argumentos planteados ya resueltos en el proceso ordinario.

En el escrito de impugnación la parte actora después de insistir en los argumentos expuestos en el escrito de la demanda indicó que desde el 2019 existe en el Consejo de Estado una postura decantada respecto de la aplicación de la sanción moratoria por consignación extemporánea del auxilio de cesantías anualizadas contemplada en la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial.

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

14 Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.ACCI ÓN DE TUT E L A Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

Accionante : César Willy Naranjo Clavijo

Radicado : 11001 -03 -15 -000 -2023 -01968 -01

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