CE - 110010315000202302031001SENTENCIA20230630140308
Detalles
- Título
- CE - 110010315000202302031001SENTENCIA20230630140308
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS
TESIS: SE DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO FRENTE AL DERECHO
DE PETICIÓN. LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS FUE
RESUELTA. SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE
AMPARO EN RELACIÓN CON LOS REPROCHES RELATIVOS AL
RECHAZO DEL ACTOR DE LA CONVOCATORIA 27, POR INCUMPLIRSE
EL REQUISITO DE LA SUBSI DARIEDAD. NO SE ACREDITÓ LA
EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN, A LA IGUALDAD, A LA
DIGNIDAD HUMANA, AL DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO Y AL
ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor
contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.
1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.2
Número único de radicación: 110010315000-2023-02031-00
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1.
1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.2
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Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
I. – ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al trabajo, al acceso a cargos públicos y al principio de primacía del derecho sustancial sobre las formas, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial, así como con la falta de respuesta a la solicitud que elevó el 13 de febrero del presente año.
I.2.- Hechos
Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18 -11077 de3
Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18 -11077 de3
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16 de agosto de 2018, emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA.
Precisó que, entre otros requisitos, dicho cargo exige contar como mínimo con 2 años de experiencia profesional, para lo cual aportó las certificaciones que acreditaban dicho término.
Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, en las que obtuvo un puntaje aprobatorio.
Expresó que, mediante la Resolución núm. CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023 expedida por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, fue rechazado del concurso por la causal 3.4, bajo el argumento de que no había acreditado la experiencia mínima para el cargo al cual se postuló.
Refirió que el 13 de febrero de 2023 solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la verificación de la documentación que presentó con su inscripción , así como la nueva experiencia que ha
se postuló.
Refirió que el 13 de febrero de 2023 solicitó a la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL la verificación de la documentación que presentó con su inscripción , así como la nueva experiencia que ha adquirido, sin que su petición hubiese sido resuelta a la fecha de4
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presentación de la acción de tutela de la referencia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Argumentó que la presente acción de tutela es procedente de cara a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado sobre la materia, comoquiera que los mecanismos ordinarios no son idóneos, porque el debate no se limita a un asunto de legalidad, sino que tiene una trascendencia constitucional porque la vulneración recae sobre derechos fundamentales.
Expuso que de la literalidad de las normas que regulan la convocatoria, no se advierte que est é excluida la posibilidad de que en la etapa de verificación de experiencia “[…] pudiera valorar la experiencia que se consiguiera luego de la inscripción al concurso de méritos […]”.
Mencionó que, por el contrario, la convocatoria prevé una etapa de reclasificación para quienes lleguen a integrar el registro de elegibles, en la que se puede aportar nuevos documentos, por lo que no permitir a los rechazados acreditar nueva experiencia vulnera el derecho a la igualdad.5
reclasificación para quienes lleguen a integrar el registro de elegibles, en la que se puede aportar nuevos documentos, por lo que no permitir a los rechazados acreditar nueva experiencia vulnera el derecho a la igualdad.5
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Resaltó que no es razonable “[…] rechazar a un aspirante que cuenta con los requisitos para ejercer el cargo de Juez Promiscuo Municipal, que ha superado la calificación a la prueba en 3 ocasiones afirmando que no se cumplen con los requisitos, omitiendo el paso d el tiempo de 5 años en la prueba […]”.
Sostuvo que, en todo caso, para el momento de la inscripción a la convocatoria ya cumplía con la experiencia requerida, la cual, en su sentir, debe contabilizarse desde la terminación de materias y no solo aquella obtenida desde que obtuvo el título profesional.
Agregó que el hecho de que no se hubiese resuelto su solicitud de verificación de requisitos vulnera su derecho de petición.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:
“[…] PRIMERO: Tutelar a favor de la JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS, identificado con CC 1.053.811.402 el derecho de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al trabajo y al acceso a los cargos públicos, primacía del derecho sustanci al sobre las formas, a la
derecho de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al trabajo y al acceso a los cargos públicos, primacía del derecho sustanci al sobre las formas, a la consecución de justicia material, vulnerados presuntamente por la Unidad de Carrera Judicial, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, al haber sido rechazado del concurso de méritos6
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para jueces, a pesar de cumplir los re quisitos y haberlos acreditado oportunamente, y al no contestar la solicitud de revisión.
SEGUNDO: En consecuencia, con la tutela a los anteriores
derechos, se ordene a la Unidad de Carrera Judicial, Rama Judicial y Consejo Superior de la Judicatura en ca beza de su Director o quien haga sus veces ordenar la admisión en la convocatoria 027 de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS identificado con CC 1.053.811.402 y a que se valore integralmente la experiencia remitida con la cual se da cumplimiento a los requisitos de admisión a la convocatoria.
TERCERO: Como pretensión subsidiaria, se ordene a la Unidad
de Carrera Judicial, Rama Judicial y Consejo Superior de la Judicatura. en cabeza de su Director o quien haga sus veces que se valore la experiencia desde la fecha de terminación de materias de derecho de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ
de Carrera Judicial, Rama Judicial y Consejo Superior de la Judicatura. en cabeza de su Director o quien haga sus veces que se valore la experiencia desde la fecha de terminación de materias de derecho de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS identificado con CC. 1.053.811.402, aportada oportunamente en la inscripción a la convocatoria y demás etapas concedidas.
CUARTO: Como pretensión subsidiaria, se ordene a la Unidad de
Carrera Judicial, Rama Judicial y Consejo Superior de la Judicatura. en cabeza de su Director o quien haga sus veces a que se valore la experiencia luego de la inscripción en el concurso de méritos de JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS identific ado con CC. 1.053.811.402, aportada oportunamente a la convocatoria en la etapa de verificación de documentación y en la solicitud de revisión señalada en los hechos […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.7
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Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia le corresponde reglamentar la carrera judicial, ex pidió el Acuerdo PCSJA18 -11077
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Apuntó que teniendo en cuenta que conforme con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia le corresponde reglamentar la carrera judicial, ex pidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que alude el actor.
Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes manifestaban que se encontraban conforme s con las normas establecidas en el acuerdo de la convocatoria, sin que se t enga conocimiento de que curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido.
Añadió que, en efecto, el actor fue rechazado por la causal 3.4 , por no acreditar el requisito de la experiencia mínima, frente a lo cual en término aquel solicitó la verificación de la información que presentó al momento de la inscripción y allegó nueva documentación.
Precisó que mediante Oficio CJO23-1144 de 10 de marzo de 2023 dio respuesta a la solicitud del actor, aclarándole que “[…] la experiencia laboral exigida para el cargo se contabilizó a partir de la obtención del título de abogado, que en este caso es 11/11/2015 y que la sumatoria de los tiempos de las certificaciones que cumplen con los8
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parámetros definidos en la convocatoria, es decir las de asistente de
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parámetros definidos en la convocatoria, es decir las de asistente de licitaciones y contratista, teniendo en cuenta los extremos temporales allí indicados y debidamente demostrados, no acredita el término mínimo requerido para el cargo de aspiración equivalente a 720 días, advirtiendo que con los certificados allegados acr editó un tiempo total de 298 días […]”.
Sostuvo que además le indicó al actor que las certificaciones expedidas por la alcaldía de Manizales en el cargo de judicante y el Ministerio de Transporte en el cargo de contratista; no son válidas, en razón a que la primera corresponde a experiencia anterior a la obtención del título de abogado y en la última no aporta acta de cumplimiento o de liquidación.
Argumentó que además las nuevas certificaciones aportadas por el aspirante con la solicitud de verificación de requisitos no pueden ser validadas, por cuanto se trata de documentación allegada con posterioridad al cierre de la etapa de inscripciones.
Comentó que, en todo caso, los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que la actora cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos, por lo que la acción de9
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tutela carecería del requisito de procedibilidad para abordar el estudio del fondo del asunto.
I.5.2.- La UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA señaló que la solicitud de verificación de requisitos elevada por el actor fue resuelta a través de Oficio CJ023-1144 de 10 de marzo de 2023, en el que le fueron indicadas las razones por las cuales no cumplió con la experiencia mínima requerida al momento de la inscripción a la convocatoria.
Manifestó que no es procedente subsanar la falta de acreditación de la experiencia con documentos que no fueron presentados con la inscripción a la convocatoria , además porq ue: “[…] todas las actuaciones administrativas desarrolladas hasta el momento, incluyendo la expedición de la resolución en comento, se encuentran amparadas por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la administración, al momento de ma nifestarse a través del acto debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.10
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los c asos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19912. Dicha acción se establece como
2 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».11
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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio
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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, a la igualdad, a la dignidad humana, al debido proceso, al trabajo y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL, por una parte, al expedir la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial y, por otra, al no dar respuesta a una solicitud que le elevó el 13 de febrero siguiente para que efectuara la verificación de sus requisitos de admisión.
A través de la referida resolución la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL rechazó del referido concurso al actor, bajo el argumento de que no había acreditado la experiencia mínima para el cargo al12
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que se había inscrito.
En relación con dicho aspecto, la controversia deviene del hecho de
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que se había inscrito.
En relación con dicho aspecto, la controversia deviene del hecho de que, en sentir del actor, la autoridad accionada debe tener en cuenta la experiencia que obtuvo incluso desde la terminación de materias y no solo la adquirida después de l grado, así como aquella que ha adquirido con posterioridad a la inscripción a la convocatoria.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, determinar si las autoridades accionadas vulnerar on los derechos deprecados por el actor , al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27, así como al no haber dado respuesta a la solicitud que aquel elevó el 13 de febrero siguiente sobre la verificación de sus requisitos de inscripción.
Comoquiera que el problema jurídico versa sobre i) los reproches contra la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023 y; ii) la falta de respuesta a la solicitud de 13 de febrero siguiente, la Sala13
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abordará el estudio de dichos aspectos de forma separada.
Del derecho de petición
El derecho de petición es una garantía susceptible de protección directa a través de la acción de tutela3 que se encuentra prevista en el artículo 23 de la Constitución Política, así:
“[…] Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolució n. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales […]”.
Respecto del derecho de petición, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C-818 de 20114, estableció que:
“[…] En relación con lo que debe entenderse como elementos estructurales esenciales del derecho fundamental de petición, reiteradamente, la Corporación ha señalado que estos se constituyen en la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas. Sobre el particular, la Sentencia T-490 de 2005, reiterada por
3 Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es
3 Ver, sentencia T-230/20, Corte Constitucional, Mp Luis Guillermo Guerrero Pérez “[…] respecto del requisito de subsidiariedad, es preciso anotar que, visto el asunto sub-judice, el recurso de amparo es el mecanismo de defensa judicial idóneo y eficaz para la protección del derecho de petición, si se tiene en cuenta que, en el ordenamiento colombiano no existe otra alternativa para proceder a su amparo, tal y como insistentemente lo ha señalado esta Corporación […]”. 4 M.P. Dr. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.14
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la Sentencia T-1130 de 2005, T-373 de 2005, T-147 de 2006 y T-108 de 2006, señaló:
“En lo que concierne al derecho de petición, considera la Sala que conforme a las reglas que en esa materia ha fijado esta Corporación y que se encuentran contenidas, entre otras, en la Sentencia T -466 de 2004, el núcleo esencial del derec ho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, el cual en el asunto de la referencia resulta lesionado puesto que el Seguro Social, según se ha reseñado, no demostró haber dado respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
respuesta a la petición del actor formulada el 5 de noviembre de
2003. Esta sola circunstancia impedía al a-quo dar aplicación al artículo 26 del Decreto 2591 de 1991”.
En igual sentido, en la Sentencia T147 de 2006, se dijo:
“La abundante jurisprudencia de la Corte Constitucional en materia de caract erísticas esenciales del derecho de petición, cuyo núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, tiene como presupuesto esencial una de dos circunstancias: (i) que al accionante no se le permita presentar petición, o (ii) que exista presentación de una solicitud por parte del accionante. En este sentido, la vulneración del derecho de petición se presentará o bien por la negativa de un agente de recibir la respectiva petición o frustrar su presentación – circunstancia (i) -; o bien que habiendo presentado una petición respetuosa no ha obtenido respuesta, o que la solicitud presentada no fue atendida debidamente –circunstancia (ii).”
De la misma manera, las Sentencias T -1160A de 2001, T-1889 de 2001, T-846 de 2003, T-306 de 2003, T-447 de 2003, T-855 de 2004, T-734 de 2004, T-915 de 2004, T-192 de 2007, T-243 de 2008, T-325 de 2010, entre muchas otras, han señalado que el derecho de petición en su contenido comprende los siguientes elementos: ( i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas;
elementos: ( i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) una respuesta que debe ser pronta y oportuna, es decir otorgada dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la15
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materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independientemente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido […]”.
El derecho de petición es considerado fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como el de información, participación política y libertad de expresión.
Asimismo, que el núcleo esencial de dicho derecho reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumpl ir con estos requisitos: ser
resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.
Que, por ello, la respuesta debe cumpl ir con estos requisitos: ser oportuna; debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado ; ser puesta en conocimiento del peticionario. Si la misma no cumple con estos parámetros se incurre en una vulneración del derecho cons titucional fundamental de petición.16
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Por su parte, la Ley Estatutaria 1755 de 30 de junio de 2015 5 se ocupó de regular el derecho fundamental de petición y sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En lo pertinente al objeto y modalidades del derecho de petición, se refirió así la citada Ley:
“[…] Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autor idades, en los términos señalados en este código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del der echo de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que
general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.
Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del der echo de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar: el reconocimiento de un derecho, la intervención de una entidad o funcionario, la resoluci ón de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado, o de persona mayor cuando se trate de menores en relación a las entidades dedicadas a su protección o formación […]”.
5 “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.17
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En cuanto al término para resolver las distintas peticiones, la Ley 1755 estableció que es de quince (15) días siguientes a su recepción, excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días,
excepto cuando se trate de peticiones de documentos y de información o consultas a las autoridades en relación con las materias a su cargo, cuyo plazo es de diez (10) y treinta (30) días, respectivamente. En todo caso, si no es posible resolver la petición en los plazos señalados, la autoridad debe informar esa circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado, precisando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.
Precisado lo anterior, la Sala advierte que en el presente asunto el actor adujo que la autoridad accionada n o resolvió la solicitud que elevó el 13 de febrero de 2013, a través de la que le solicitó que efectuara una revisión de la documentación con la que acreditaba el requisito de la experiencia, así:
“[…] Yo Juan David Salvador Vélez Cárdenas, ciudadano en ejercicio, identificado con cédula de ciudadanía número 1.053.811.402, y tarjeta profesional de abogado 266328, actuando en nombre propio, de la manera más atenta me permito interponer recurso de reposición contra la RESOLUCIÓN CJR23-0061 (08 de febrero de 2023) y sus anexos, y/o solicitud de revisión de documentación por cuanto se me RECHAZA por supuestamente no acreditar las calidades señaladas en el18
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Actor: JUAN DAVID SALVADOR VÉLEZ CÁRDENAS
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, que se relacionan en el anexo 2, y en particular, por la causal 3.4 atinente a la experiencia, lo que constituye una posible vulneración a mis derechos fundamentales, por cuanto se incurre presuntamente en una vía de hecho al no apreciar los elementos de prueba cargados en el sistema para el concurso, sistema que presenta fallas constantes, y también no atender a la verdad material por correspondencia, pues cuento con la experiencia y estudios suficientes para ser ADMITIDO, como se evidencia en documentos anexos.
En este orden de ideas, solicito de manera respetuosa se reponga y se cambie la decisión por admitido, y/o se revise la documentación aportada para validar que en efecto cumplo los requisitos exigidos, dando cumplimiento a la garantía constitucional al debido proceso, a la primacía del derecho sustancial sobre las formas, a la consecución de justicia material y la garantía del derecho a participar en la selección de cargos públicos, todos ellos derechos de rango constitucional.
Agradezco su atención y respuesta […]”
Ahora bien, conforme con los s
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