CE - 110010315000202302034001SENTENCIA20230627122312

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro

Oriente E.S.E.

Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Subsección D

Temas: Tutela contra providencia judicial / Oportunidad para decidir de la excepción de caducidad / Defecto procedimental por transgresión del principio de congruencia y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA _________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud formulada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 , 1069 de 2015 y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia

Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. promovió solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001-33-42-057-202000189-01.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

1. María Adela Chávez Sterling , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda en contra de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. , con el fin de cuestionar el acto

1 Ver índice 2 de SAMAI. Archivo denominado «ED_2ESCRITODETUTELA(.pdf) NroA ctua 2»2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales adeudadas con ocasión de los servicios profesionales proporcionados a través de diversos contratos de prestación de servicios.

1. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en audiencia inicial celebrada el 13 de septiembre de 2021 d eclaró la caducidad del medio de control respecto de las pretensiones de reconocimiento y pago de prestaciones sociales comunes y ordinarias reclamadas por la demandante. Decisión que no fue recurrida.

medio de control respecto de las pretensiones de reconocimiento y pago de prestaciones sociales comunes y ordinarias reclamadas por la demandante. Decisión que no fue recurrida.

1. Mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2022, el juzgado de conocimiento declaró la nulidad parcial del acto acusado y ordenó «establecer, mes a mes, si existió diferencia entre los aportes realizados directamente por la contratista MARÍ A ADELA CHÁVEZ STERLING y los valores que debieron ser liquidados con destino al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales pactados durante todo el tiempo de su vinculación, esto es, entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de marzo de 2017». Decisión contra la cual ambas partes interpusieron recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante sentencia del 9 de marzo de 2023 confirmó parcialmente la decisión del a quo, en tanto modificó los numerales tercero y cuarto así:

«[…] TERCERO: DECLARAR NO probada la excepción de caducidad y, en consecuencia, DECLARAR la nulidad total del acto administrativo contenido en el Oficio No. 20191100245261 del 12 de agosto de 2019, mediante el cual la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales, con ocasión de los servicios prestados por MARÍA ADELA CHÁVEZ STERLING, mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la entidad accionada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CHÁVEZ STERLING, mediante la modalidad de contratos de prestación de servicios.

CUARTO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a la entidad accionada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD

CENTRO ORIENTE E.S.E. a:

a) Pagar a la señora MARÍA ADELA CHÁVEZ STERLING, las pre staciones sociales devengadas por un empleado de planta de la entidad demandada para el cargo de Enfermero, Código 243, Grado 20, incluidas las vacaciones, teniendo como base el salario devengado para el citado empleo de planta, durante el período comprendido entre el 1° de junio de 2011 y el 31 de marzo de 2017.

b) Establecer, mes a mes si existió diferencia entre los aportes realizados directamente por la contratista MARÍA ADELA CHÁVEZ STERLING y los valores que debieron ser liquidados con destino al si stema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales, teniendo como base de liquidación el salario devengado por un empleado de planta de la entidad demandada en el cargo de Enfermero, Código 243, Grado 20, durante todo el tiempo de su vincu lación, esto es, entre el 1 de junio de 2011 y el 31 de marzo de 2017, y en caso afirmativo consigne su valor en la correspondiente Administradora a la cual se encuentre afiliada. […]»

1. La parte actora considera que la corporación judicial tutelada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción al incurrir en defecto

procedimental por desconocimiento del principio de congruencia al declarar no3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

fundamentales al debido proceso y de contradicción al incurrir en defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia al declarar no3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. probada la excepción de caducidad, pese a que ello ya había sido resuelto en audiencia inicial celebrada el 13 de septiembre de 2021 , lo cual evidencia que la sentencia fue más allá de los cargos propuestos en la apelación y que se desatendió que las etapas procesales son preclusivas.

Por otra parte, adujo que la decisión incurrió desconocimiento del precedente contenido en el auto proferido el 18 de febrero de 2021 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B 2, del cual «es posible establecer que en la audiencia inicial el juez puede decidir sobre la excepción de caducidad, por lo que el trámite seguido por el juez de primera instancia fue correcto».

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] PRIMERO. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., y en consecuencia dejar sin valor, ni efecto el numeral segundo de la sentencia de segunda instancia proferido por el Tribun al Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D”, Magistrado ponente Israel Soler Pedroza del 09 de marzo de 2023, a través del cual se modifica el numeral tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2022.

Magistrado ponente Israel Soler Pedroza del 09 de marzo de 2023, a través del cual se modifica el numeral tercero y cuarto de la sentencia de primera instancia del 31 de mayo de 2022.

SEGUNDO. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E., manteniendo en incólume la decisión de audiencia inicial de fecha de fecha 13 de septiembre de 2021 del Juzgado 57 administrativo de Bogotá, respecto de la caducidad de la acción. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda, Subsección D3, solicitó negar las pretensiones de amparo toda vez que no se vulneraron los derechos fundamentales cuya protección se invoca.

Respecto del defecto procedimental alegado explicó que en el recurso de apelación parcial presentado por la parte demandante se solicitó el reconocimiento de las prestaciones sociales correspondientes a todo el tiempo laborado en la Subred Centro Oriente E.S.E. bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios , lo cual implicaba analizar si había operado o no la caducidad.

En este punto recordó que, de acuerdo con el inciso 3 del artículo 328 del CGP, «el juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella», y que el inciso 2 del artículo 187 del CPACA, dispone que el juez de manera oficiosa puede analizar de fondo las excepciones propuestas.

2 CP Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente 11001032500020160009800

y que el inciso 2 del artículo 187 del CPACA, dispone que el juez de manera oficiosa puede analizar de fondo las excepciones propuestas.

2 CP Sandra Lisset Ibarra Vélez. Expediente 11001032500020160009800 3 Ver índice 10 de SAMAI. Archivo denominado « RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_20232034OKCONTEST(.pdf) NroActua 10»4

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En cuanto al desconocimiento del precedente contenido en el auto de 18 de febrero de 2021, refirió que contrario a la tesis allí expuesta, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en providencia del 16 de septiembre de 2021 4 señaló que «el juez no debe declarar la excepción de caducidad en la audiencia inicial, excepción que no se encuentra prevista en el artículo 100 del CGP y por ende, no tiene la calidad de previa, sino de perentoria que debe resolverse en sentencia anticipada o en sentencia ordinaria, de conformidad con el inciso 4 del parágrafo del artículo 175 del CPACA, modif icado por el artículo 38 de la Ley 2080/21 y el artículo 187 del CPACA.»

De acuerdo con lo anterior, refirió que su decisión se fundamentó en la postura más reciente del Consejo de Estado, la cual determina que la excepción de caducidad «debe adoptarse en sentencia anticipada o en la sentencia ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda».

Finalmente, e n cuanto al derecho a la defensa y contradicción que la entidad

«debe adoptarse en sentencia anticipada o en la sentencia ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda».

Finalmente, e n cuanto al derecho a la defensa y contradicción que la entidad demandante considera vulnerados, adujo que la sentencia acusada fue proferida en el marco de las etapas procesales señaladas por la ley, «puesto que no está previsto un trámite distinto, no hay legalmente una etapa donde se pueda escuchar al interesado, antes de tomar una decisión, como la que fue adoptada por este Despacho».

1.2.2. El Juzgado Cincuenta y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá 5 refirió que la solicitud de tutela no cuestiona la decisión proferida en primera instancia, la cual fue suscrita por un funcionario judicial distinto a quien rinde informe.

Sin perjuicio de ello, refirió que «se ajustó al marco normativo aplicable al caso, se fundó en las pruebas válidamente recaudadas y en el análisis crítico de las mismas, además, se pronunció en concreto frente a problema jurídico que quedó establecido e n la audiencia inicial, cuya decisión cobró firmeza al no haber sido objeto de recursos por las partes que fueron debidamente representadas por apoderado judicial, razón por la cual no se configuró defecto alguno que pueda vulnerar los derechos fundamentales alegados».

1.2.3. María Adela Chávez Sterling 6 señaló que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no vulneró los derechos fundamentales de la entidad demandante , toda vez que fue proferida a la luz del artículo 187 del CPACA, que establece que en «la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el

Cundinamarca no vulneró los derechos fundamentales de la entidad demandante , toda vez que fue proferida a la luz del artículo 187 del CPACA, que establece que en «la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas la excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la n o reformatio in pejus.»

2. Consideraciones

4 CP. William Hernández Gómez. Expediente 05001-23-33-000-2019-02462-01 (2648-2021) 5 Ver índice 12 de SAMAI. Archivo denominado « RECIBEPRUEBAS_ANEXO20230203400 (.pdf) NroActua 12» 6 Ver índice 11 de SAMAI. Archivo denominado « RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_MEMORIALTUTELA(.pdf) Nr oActua 11»5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

En atención a los argumentos expuestos en los escritos de tutela y de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, 7 esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso -administrativo del Consejo de Estado8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criter io mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los

fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala]. […]»

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cu áles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso -administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González. 9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fal lo de la Sala Plena antes reseñada.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena, 10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 11 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea relevante en la constitución; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, e l cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos,12 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos

a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.13

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿la presente solicitud de tutela , en cuanto al cargo de desconocimiento del principio de congruencia, cumple con el requisito de procedibilidad adjetiva de la subsidiariedad?

Por otra parte, se deberá establecer si: ¿ El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción de la Subred Integrada de

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso -administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 11 Entre otras en las sentencias T -949 del 16 de octubre de 2003; T -774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

C-590 de 2005. 12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. con ocasión de la sentencia del 9 de marzo de 2023 a través de la cual resolvió nuevamente acerca de la caducidad ya decretada en audiencia inicial y no recurrida, con lo cual incurrió, presuntamente, en desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1.1. De la subsidiariedad frente al reclamo relacionado con el defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia

El artículo 86 constitucional señala que: «[…] Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone las causales de improcedencia de la solicitud de amparo:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»

Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 14, es decir, no es un mecanismo de defensa ju dicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el meca nismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

En el caso concreto, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de contradicción, los cuales consideró vulnerados con la sentencia proferida el 9 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D , por incurrir en defecto procedimental por desconocimiento del principio de congruencia al declarar no probada la excepción de caducidad, pese a que ello ya había sido resuelto en audiencia inicial celebrada el 13 de septiembre de 2021, lo cual evidencia que la sentencia fue más allá de los cargos propuestos en la apelación y que se desatendió que las etapas procesales son preclusivas.

En este orden de ideas, se considera que la inconformidad planteada por la parte

2021, lo cual evidencia que la sentencia fue más allá de los cargos propuestos en la apelación y que se desatendió que las etapas procesales son preclusivas.

En este orden de ideas, se considera que la inconformidad planteada por la parte actora debe ser dil ucidada por el juez natural del asunto a través del recurso

14 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. extraordinario de revisión, en los términos de los artículos 248 y 250 de la Ley 1437

de 201115, que señalan:

Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.»

Artículo 250.Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:

[…]

5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. [..:]

En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de subsidiariedad, la Corte Constitucional en sentencia SU – 026 de 2021 sostuvo lo siguiente:

En cuanto al recurso extraordinario de revisión en materia contencioso-administrativa como mecanismo de defensa idóneo y eficaz y la falta de subsidiariedad, la Corte Constitucional en sentencia SU – 026 de 2021 sostuvo lo siguiente:

«[…] 5.1. En la sentencia C-520 de 2009, al estudiar una demanda contra el artículo 57 (parcial) de la Ley 46 de 1998, la Corte Constitucional se refirió a la naturaleza y finalidad del recurso extraordinario de revisión en el ordenamiento jurídico colombiano. Expuso que este recurso, previsto por el legislador en la jurisdicción ordinaria –civil, penal y laboral– y la jurisdicción contencioso -administrativa[36], es una excepción al principio de cosa juzgada de l as sentencias ejecutoriadas, pues busca “enmendar los errores o ilicitudes cometidos en su expedición, así como restituir el derecho del afectado a través de una nueva providencia fundada en razones de justicia material, que resulte acorde con el ordenamiento jurídico”[37].

5.2. El recurso extraordinario de revisión es un mecanismo de defensa que fue creado para deshacer las sentencias ejecutoriadas cua ndo se tiene conocimiento de falencias que llevaron al juez a emitir un fallo contrario al derecho. [38] En ocasiones, es necesario dejar sin valor una sentencia ejecutoriada “debido a que, por circunstancias no conocidas en el momento de adoptar la decisión, o acaecidas con posterioridad a la decisión, se revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud” [39]. Este recurso, entonces, constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que

revela que ésta se fundó en un error, fraude o ilicitud” [39]. Este recurso, entonces, constituye una excepción necesaria al principio de cosa juzgada, en la media en que busca restablecer la justicia material al anular una sentencia ilegítima y ordenar emitir un nuevo fallo acorde con el ordenamiento jurídico.

[…]

5.5. Respecto de la tipología y comprensión particular de estas causales, el Consejo de Estado precisó que, a excepción del numeral 4°, ninguno de los numerales que posibilitan la revisión extraordinaria apuntan a reabrir el debate jurídico ni refutan el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley. Por el contrario, las causales cuestionan puntualmente las irregularidades procesales y probatorias que afectaron la integridad de la decisión y vulneraron los derechos de las partes. Al respecto, dicha autoridad judicial expuso que “las causales de los numerales 5 y 8 son de índole procesal, mientras que las causales de los numerales 1, 2, 3, 6 y 7 recaen sobre aspectos que atañen a la validez o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión” [41].

15 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02034-00

Demandante: Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. 5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contenciosoadministrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado.

5.6. Lo anterior erige al recurso extraordinario de revisión en materia contenciosoadministrativa como un medio de defensa idóneo y eficaz cuando la vulneración del derecho al debido proceso tiene origen en un fallo judicial que se encuentra ejecutoriado. De hecho, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la innegable semejanza entre la acción de tutela y el recurso de revisión cuando se busca proteger este derecho:

“A través de ese medio [recurso extraordinario especial de revisión] se plantearía la controversia sobre el debido proceso en términos idénticos a los que constituyen el presupuesto para resolver la acción de tutela, al punto que un pronunciamiento del juez constitucional dejaría sin oficio al juez competente. Los dos procesos, el extraordinario especial de revisión y el de tutel a, tendrían identidad de causa petendi y de petitum, y resulta claro que no puede haber, sobre la misma causa, dos pronunciamientos judiciales concurrentes”[42].

5.7. Estas similitudes entre los dos mecanismos de defensa han llevado a la Corte Constitucional a establecer la siguiente subregla de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales:

“[E]l recurso de revisión constituye un mecanismo idóneo y eficaz de defensa judicial dependiendo de la naturaleza de los derechos invocados por el peticionario, y la cobertura brindada por las causales aplicables al proceso específico. Así, el recurso será eficaz cuando a) la única violación a legada sea el derecho al debido proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del rec urso, porque concurren

proceso y, eventualmente, la de otros derechos que no tienen carácter fundamental, o b) cuando el derecho fundamental cuya protección se solicita sea susceptible de ser protegido de manera integral dentro del trámite del rec urso, porque concurren en él (i) causales de revisión evidentemente dirigidas a salvaguardar dicho derecho, y (ii) en caso de