CE - 110010315000202302035011SENTENCIA20230908152252

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARA FISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL -UGPPDemandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE L BOYACÁ Y JUZGADO

TERCERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE DUITAMA

Temas: Tutela contra providencia s judiciales. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. pensión de sobrevivientes bajo los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 . Presupuesto de la subsidiariedad. Recurso extraordinario de r evisión para controvertir sentencias judiciales que establecen montos pensionales que presuntamente desbordan lo establecido en el ordenamiento jurídico

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnació n presentada por la parte actora contra la sentencia de 2 de junio de 2023 1 , dictada

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnació n presentada por la parte actora contra la sentencia de 2 de junio de 2023 1 , dictada por la Sección Tercera, Subsección “ A” del Consejo de Estado , que declaró improcedente la acción de tutela por desatender el requisito de subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que por medio de la Resolución No. RDP 041561 del 2 de noviembre de 2017, negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes solicitada por la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo, en calidad cónyuge sobreviviente del señor Ra fael Hernán Izquierdo Avella quien falleció el 20 de octubre de 1982 2 . Ello, bajo el argumento de que no se cumplían los requisitos establecidos en el Decreto 1848 de 1969 y la Ley 12 de 1975 que exigen 20 años de servicio por parte del causante , quien en este caso acreditaba 10 años y 7 meses.

1 El expediente ingresó al despacho para fallo de segunda instancia el 12 de julio de 2023. 2 Resulta importante precisar que la UGPP señaló en la demanda que el fallecimiento ocurrió el 19 de octubre de 1982 . N o obstante , en el certificado de de función que obra en el expediente se observa que la fecha correcta es 20 de octubre de 19 82, por lo que se hace referencia a esta última en la narración de los hechos.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

observa que la fecha correcta es 20 de octubre de 19 82, por lo que se hace referencia a esta última en la narración de los hechos.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 Afirmó que este acto administrativo fue confirmado a través de las Resoluciones Nos. RDP 045800 del 5 de diciembre de 2017 y RDP 048480 del 29 de diciembre de 2017, que resolvieron los recursos de reposición y apelación, respectivamente. Manifestó que frente a los precitados actos a dministrativos la señora Guaqueta Camejo presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes bajo el régimen pensional consagrado en la Ley 10 0 de 1993, a pesar de que el fallecimiento del causante se produjo antes de la vigencia de esta normativa.

Indicó que por sentencia de 20 de abril de 2021, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama accedió a las pretensiones de la demanda, en el sentido de declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y a título de restablecimiento del derecho ordenó que se reconociera en favor de la señora Blanca Yenny Guachetá Camejo la pensión de so brevivientes en cuantía del 45% del promedio de los salarios o rentas sobre las cuales hubiese cotizado el señor

restablecimiento del derecho ordenó que se reconociera en favor de la señora Blanca Yenny Guachetá Camejo la pensión de so brevivientes en cuantía del 45% del promedio de los salarios o rentas sobre las cuales hubiese cotizado el señor Rafael Hernán Izquierdo Avella durante los diez (10) años anteriores a su fallecimiento, a partir del 1° de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y con efectos fiscales a partir del 28 de agosto de 2014, dado el fenómeno de la prescripción.

Esa decisión se fundamentó en la postura de la Corte Constitucional sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, en materia pensional, contenida en la sente ncia T -564 de 2015 3 que estableció las condiciones para reconocer la pensión de sobrevivientes en casos en que el fallecimiento del causante se produjo con anterioridad a la vigencia de la citada norma, tales como: “(i) que el afiliado haya fallecido, y hubiese cotizado una elevada cantidad de años al sistema, (ii) que las mencionadas cotizaciones no hubiesen configurado derecho pensional alguno, y, (iii) sin que al momento de su fallecimiento haya estado vigente la figura de la pensión de sobrevivientes”.

En ese sentido, el juzgador de primera instancia destacó que esa corporación judicial ha indicado que el acceso a esa prestación pensional se encuentra relacionada con la dignidad humana que debe garantizarse a lo s familiares del causante que derivaban su subsistencia de los recur sos que aquél pr oveía, y protegerlos del impacto de su muerte que , en últimas , es la finalidad de esta

relacionada con la dignidad humana que debe garantizarse a lo s familiares del causante que derivaban su subsistencia de los recur sos que aquél pr oveía, y protegerlos del impacto de su muerte que , en últimas , es la finalidad de esta prestación pensional. Además, indicó la Corte Constitucional en la mencionada sentencia señaló que “no resulta admisible pensa r que una persona que aportó al sistema al menos 50 semanas en los 3 años anteriores a su fallecimiento, fue lo suficientemente solidaria con éste como para que el Estado pueda llegar a reconocer a su núcleo familia r una prestación económica que garantice que el impacto de su muerte no sea tan drástico; pero que otra, que falleció antes de una fecha determinada, a pesar de haber cotizado una cantidad significativa de años (ya no se trata de semanas), no pueda llegar a configurar esta misma prerrogativa y qu e sea su núcleo familiar el que tenga que someterse a condiciones de absoluta e irrazonable desprotección y desamparo”.

3 M.P. Alberto Rojas Ríos. Al respecto señaló que esta postura fue reiterada en las sentencias T116 de 2016 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-525 de 2017 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 De acuerdo con lo anterior, el Juzgado accionado acreditó las anteriores

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 De acuerdo con lo anterior, el Juzgado accionado acreditó las anteriores condiciones para aplicar los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes , al encontrar demostrado que el señor Rafael Hernán Izquierdo Avella acumuló un tiempo de servicios equivalente a 10 años, 7 meses y 27 días en su labor de docente del colegio Seminario Diocesano de Duitama entre el 22 de febrero de 1972 y el 19 de octubre de 1982.

Por último, la demandante adujo que frente a esa petición presentó recurso de apelación que fue decidido por el Tribunal Administrativo de Boyacá , que por sentencia de 27 de octubre de 2022 confirmó la decisión recurrida.

En esa decisión se mantuvo la línea argumentativa del juez de primera instancia , en el sentido de que la finalidad de la pensión de sobrevivientes es la protección de los familiares del causante que dependían e conómicamente de aquél y que la fecha del fallecimiento no puede ser un criterio para justificar el trato desigual entre los beneficiarios del causante que cuya muerte se produjo antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y los del que murió después.

Aseveró que correspond ía dar a plicación al precedente judicial de la Corte Constitucional relativo a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 , siempre y cuando el cotizante hubiere efectuado una “elevada canti dad de años y que dichas cotizaciones no hayan configurado el derecho pensional”.

Constitucional relativo a la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 , siempre y cuando el cotizante hubiere efectuado una “elevada canti dad de años y que dichas cotizaciones no hayan configurado el derecho pensional”.

En todo caso, se refirió a la postura del Consejo de Estado en esa materia en el sentido de que no es posible aplicar retroactivamente el régimen general de pensiones para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando el causante haya fallecido en vigencia de un régimen pensional anterior, no obstante, el Tribunal accionado indicó que se aparta ba de esta postura para aplicar la de la Corte Constitucional, en virtu d de lo establecido en la sentencia C -634 de 2011 4 , que señaló que se aplicará de manera preferente las decisiones de la Corte Constitucional que interpreten normas constitucionales aplicables a la resolución de un caso concreto.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela en defensa de los de rechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como el principio sostenibilidad financiera del sistema pensional , los cuales considera vulnerados con las sentencias de 27 de octubre de 2022 y 20 de abril de 2021, proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo de Boyacá y el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama , que accedieron a las pretensiones de la demanda de nulidad y re stablecimiento del derecho promovida por la señora Blanca Jenny Guaq ueta Camejo , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Comenzó por referirse al cumplimiento de los presupuestos generales de

por la señora Blanca Jenny Guaq ueta Camejo , en el sentido de ordenar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes.

Comenzó por referirse al cumplimiento de los presupuestos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales, en tant o, adujo, es un asunto que reviste relevancia constitucional porque se reclama la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de

4 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 justicia y el principio de sostenibilid ad financiera del sistema pensional que fueron vulnerados por la decisión cuestionada pues, afirmó, configura una vía de hecho al aplicar los presupuestos establecidos en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, cuando debió aplicarse el régimen pensional vig ente al momento del fallecimiento del causante que estaba consagrado en la Leyes 33 de 1973, 12 de 1975 y en el Decreto 3135 de 1968.

Del mismo modo, manifestó que se cumple el presupuesto de subsidiariedad porque se agotaron los recursos ordinarios proce dentes. En este punto, aseveró que, aunque el recurso extraordinario de revisión resulta procedente , no es el medio idóneo para garantizar los derechos fundamentales de la entidad y proteger el erario de manera efectiva , teniendo en cuenta el grave impacto de la decisión

que, aunque el recurso extraordinario de revisión resulta procedente , no es el medio idóneo para garantizar los derechos fundamentales de la entidad y proteger el erario de manera efectiva , teniendo en cuenta el grave impacto de la decisión judicial cuestionada en los recursos del sistema pensional. En este punto, se refirió a la amenaza de un perjuicio irremediable por el detrimento en el erario que conlleva el pago de la mesada pensional en cuantía de $759.473 para el 28 de agosto de 2014 y del retroactivo por valor de $111.839.929.

En relación con la inmediatez, adujo que se cumple dicho presupuesto porque la sentencia de segunda instancia quedó ejecutoriada el 4 de noviembre de 2022 y la acción de tutela se interpuso dentr o de los seis meses siguientes. Asimismo, sostuvo que se identificaron los hechos que generaron la vulneración de los derechos fundamentales invocados y no se trata de tutela contra tutela.

En ese orden, alegó la configuración de los siguientes defectos:

• Defecto fáctico , porque las autoridades judiciales accionadas habrí an omitido la valoración de pruebas aportadas como el registro civil de defunción que da cuenta de que el causante falleció el 20 de octubre de 1982 , por lo que los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes aplicable s eran los consagrados en las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975 y el Decreto 3135 de 1968.

Asimismo, se refirió a la omisión del certificado de servicios expedido por el Ministerio de Educación Nacional que establece q ue el causante laboró 10 años, 7 meses y 28 días.

3135 de 1968.

Asimismo, se refirió a la omisión del certificado de servicios expedido por el Ministerio de Educación Nacional que establece q ue el causante laboró 10 años, 7 meses y 28 días.

• Defecto sustantivo, el cual se habría configurado porque las autoridades judiciales accionadas omitieron la aplicación de la norma vigente al mome nto del fallecimiento del causante , esto es, la Ley 33 de 1 973 y el Decreto 3135 de 1968 que exige n 20 años de servicios prestados por el causante para acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Además, aseveró que se inaplicó la figura de retrospectividad en materia pensional de forma indebida y se desconoció el principio de irretroactividad de la ley consagrado en la Ley 153 de 1887.

Al respecto, explicó que las autoridades judiciales fundamentaron la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 , porque al existir una beneficiaria de la pensión de sobrevivientes la situación que pe rmite acceder al reconocimiento de esta prestación continuaba produciend o efectos, lo que consideró un yerro porque la pensión de sobrevivientes se causa con el5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5 fallecimiento del causante y, por lo tanto, los derech os prestacion ales derivados de esa circunstancia se rigen por la nor matividad vigente en ese

www.consejodeestado.gov.co

5 fallecimiento del causante y, por lo tanto, los derech os prestacion ales derivados de esa circunstancia se rigen por la nor matividad vigente en ese momento, a lo que agregó que la citada ley establece expresamente que sus efectos rigen a partir de la entrada en vigencia, esto es, 1 de abril de 1994.

En este p unto, bajo los anteriores fundamentos, ad ujo que las autoridades judiciales incurren en un abuso del derecho, en tanto: (i) se efectuó una interpretación errada de la normatividad que permite determinar el régimen pensional vigente que debe aplicarse para determinar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, (ii) se aplicó de manera inadecuada la figura de retrospectividad de la Ley 100 de 1993 en materia pensional, (iii) se desconoció el principio de irretroactividad de la ley, (iv) se apl icó de ma nera incorrecta el principio de favorabil idad y (v) se desconoció la sentencia de unificación del Consejo de Estado Sección Segunda del 25 de abril de 2013 Rad. 76001233100020070161101 MP Luis Rafael Vergara Quintero reiterada en fallo del 04 de junio de 2 013 rad. 05001233100020080097501(228512) M.P. Bertha Lucía Ramírez donde se rectificó la posición de esa Corporación respecto a la aplicación de la figura de la retrospectividad de la ley señalando que ese principio solo puede tener aplicación, si la norma que resulta más favorable para el demand ante estaba vigente cuando se consolidó la exigibilidad del derecho, lo cual en este caso no se dio ya que para la data

que ese principio solo puede tener aplicación, si la norma que resulta más favorable para el demand ante estaba vigente cuando se consolidó la exigibilidad del derecho, lo cual en este caso no se dio ya que para la data del fallecimiento del causante no estaba vigente las exigencias del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 ya que como se itera la norma aplicable era las Leyes, 33 de 1 973 y 12 de 1975 y el Decreto 3135 de 1968 que le exigían que el causante hubiera fallecido con 20 años de servicio”.

• Desconocimiento del precedente judicial , porque se desate ndieron sentencias proferidas por la Corte Constit ucional y el Consejo de Estado sobre el alcance de la retrospectividad de la ley y la irretroactividad. Para tal efecto, efectuó la transcripción de algunos apartes de las siguientes

sentencias:

Consejo de Estado

➢ Sentencia de 4 de julio de 2013 5 , proferida por la Sección Segunda. ➢ Sentencia del 25 de abril de 2013 6 , dictada por la Sección Segunda.

Corte Constitucional

➢ Sentencia C-177 de 2005 7 . ➢ Sentencia T-039 de 2009 8 . ➢ Sentencia C-619 de 2001 9 . ➢ Sentencia T-110 de 2011 10 . ➢ Sentencia T-564 de 2015 11 .

5 Expediente No 05001233100020080097501. M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. 6 Expediente No 76001233100020070161101. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 7 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 8 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 9

6 Expediente No 76001233100020070161101. M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. 7 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 8 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 9 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 10 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRINCIPALES

Primero. Conforme a lo anterior, solicito de manera respetuosa, sean AMPARADOS los derechos fundamentales deprecados por la UG PP, vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ por el evidente detrimento del erario en razón a que mes a mes se le debe pagar a la señora BLANCA JENNY GUAQUETA CAMEJO una mesada actual de $1.203.032 M/cte a la cual no se tiene derecho.

Segundo. Consecuentemente DEJAR sin efectos los fallos del 20 de abril de 2021 y 27 de octubre de 2022 proferidos por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 152383333003

DEL CIRCUITO DE DUITAMA y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 152383333003 2018 0045200, en razón a que aplican indebidamente la figura de la retrospectividad de la ley, desconocen la figura de la irretroactividad de la Ley 100 de 1993 y pasan por alto en forma ilegít ima que el derecho pensional de sobrevivencia se consolidó el [20] de octubre de 19 82 a raíz del fallecimiento del señor RAFAEL HERNÁN IZQUIERDO lo que hacía que la norma que debía regir su caso para efectos del reconocimiento pensional de sobrevivencia era el Decreto 3135 de 1968 y las Leyes 33 de 1973 y 12 de 1975, normas vigente para la fecha del deceso.

Tercero. Que como consecuencia de lo anterior se sirva ordenar al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dictar nueva sentencia ajustada a derecho esto es revocando la sentencia dictada por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUI TO DE DUITAMA del 20 de abril de 2021, para en su lugar negar las pretensiones de la demanda en razón a que en este caso no podí a aplicarse la Ley 100 de 1993 por no ser la norma vigente a la data del deceso del señor RAFAEL HERNÁN IZQUIERDO ocurrida el [20] de octubre de 1982 y al no haber cumplido el requisito del tiempo de servicio determinado en el Decreto 3135 de 1968 y las Le yes 33 de 1973 y 12 de 1975 como normas que debían regir la prestación del señor RAFAEL HERNAN.

• SUBSIDIARIAS

tiempo de servicio determinado en el Decreto 3135 de 1968 y las Le yes 33 de 1973 y 12 de 1975 como normas que debían regir la prestación del señor RAFAEL HERNAN.

• SUBSIDIARIAS

En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:

PRIMERO. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales de la

UGPP vulnerados por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL

CIRCUITO DE DUITAMA y por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ.

SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA de maner a transitoria y hasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden tutelar, a las providencias del 20 de abril de 2021 y del 27 de octubre de 2022 proferidas por el JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE DUITAMA y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 152 3833330032018 0045200”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente de tutela los siguientes documentos:

11 M.P. Alberto Rojas Ríos.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 • Copia de la s entencia de 20 de abril de 20 21, proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama. • Copia del fallo de 27 de octubre de 2022 , dictado por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

De igual forma, obra copia digitalizada del expediente No. 152383333003201800452-00, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo contra la UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de abril de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a las autoridades judiciales accionadas, así como a la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo, como tercera interesada en el resultado del proceso.

Asimismo, dispuso oficiar al Juzgado Tercero Administrativo de l Circuito de Duitama, con el fin de que remitiera copia digitalizada del expediente 152383333003201800452-00, correspo ndiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo contra la UGPP.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado ponente de la sentencia cuestionada rindió informe sobre la acción

Camejo contra la UGPP.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Boyacá

El magistrado ponente de la sentencia cuestionada rindió informe sobre la acción de tutela , en el que indicó que resulta improcedente porque la part e actora pretende dar continuidad al debate que ya fue decidido en el proceso ordinario , por lo que no se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional.

Explicó que la decisión objeto de tutela se encuentra ajustada al ordenamiento jurídico, en tanto se fundamentó en jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993, en materia pensional, “siempre y cuando el afiliado haya fallecido habiendo cotizado una elevada cantidad de años, y que dichas cotizaciones no hayan configurado el derecho pensional, es decir no se haya consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición”.

6.2. Respuesta del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Duitama

La titular de ese despacho judicial rindió informe sobre los hechos y pretensiones de la demanda en los siguientes términos:

Explicó que en la sentencia cuestionada se exp resaron los fundamentos de la decisión de aplicar el régimen pensional de la Ley 100 de 1993 para reconocer la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo, a partir del criterio fijado por la Corte Constitucional, particularmente en la sen tencia T-564 de 2015 y e n decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá en esa misma línea, que autorizan la aplicación retrospectiva de la precitada ley en busca de proteger a los familiares del causante.8

2015 y e n decisiones proferidas por el Tribunal Administrativo de Boyacá en esa misma línea, que autorizan la aplicación retrospectiva de la precitada ley en busca de proteger a los familiares del causante.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Para terminar, s eñaló que la acción de tutela resulta improcedente porque no se cumple el presupuesto de la subsidiariedad , pues la UGPP dispone de otro mecanismo de defensa judicial para controvertir la decisión cuestionada, como es el recurso extraordinario de revisión.

6.3. Respuesta de la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo

A través de apoderada, la señora Guaqueta Camejo pidió que se declare improcedente la acción de tutela , al considerar que no se cumple el presupuesto de la relevancia constitucional porque la actora acude al mecanismo de protección constitucional como una instancia adicional para dar continuidad al debate superado en el trámite del pro ceso ordinario sobre la norma aplicable para determinar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.

Indicó que, en el recurso de apelación promovid o por la UGPP contra la sentencia de primera instancia, no hizo referencia al impacto en el erario, a sí como tampoco a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los presupuestos para aplicar de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones, por lo que ,

de primera instancia, no hizo referencia al impacto en el erario, a sí como tampoco a la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre los presupuestos para aplicar de manera retrospectiva la Ley 100 de 1993 en materia de pensiones, por lo que , sostuvo, emplea la acción de tutela para revivir esa etapa procesal y expresa r fundamentos que dejó de manifestar en esa oportunidad.

Señaló que no existe una postura jurisprudencia l uniforme en el Consejo de Estado y la Corte Con stitucional, respecto de la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, por lo que las autoridades judiciales accionadas debían privilegiar el precedente judicial de la Corte Constitucional, por ser esta la encargada de interpretar las normas de acuerdo con la Constitución Política.

En torno con el principio de la sostenibilidad financiera del sistema pensional, adujo que el impacto al erario por el pago del re troactivo es responsabilidad de la misma entidad que pudiendo proferir una decisión coherente con la jurisprudencia de la Corte Constitucio nal sobre la materia, la obligó a promover un largo proceso judicial sin tener en consideración que debía asumir, sin el apoyo de su esposo, el cuidado de sus tres hijos menores para el momento del fallecimiento.

De otra parte, adujo que no se cumple el p resupuesto de la subsidiariedad , en tanto la parte actora no presentó el recurso extraordinario de revisión.

Finalmente, aseveró que no se configuraron lo s defectos alegados porque las autoridades judiciales accionadas efectuaron la debida valoración de l os elementos probatorios que obran en el expediente y conforme al principio de

Finalmente, aseveró que no se configuraron lo s defectos alegados porque las autoridades judiciales accionadas efectuaron la debida valoración de l os elementos probatorios que obran en el expediente y conforme al principio de favorabilidad, aplicaron el régimen pensional consagrado en la Ley 100 de 1993 lo que, además, encuentra respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “ A”, por medio de sentencia de 2 de junio de 2023 declaró improcedente la acción de tutela, al considerar que no se cumplió el presupuesto de la subsidiariedad.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02035-01

Demandante: UGPP

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 Al respecto, explicó que la parte actora consideró que se configuraron los defectos fáctico sustantivo y desconocimiento del precedente judicial por la inaplicación indebida de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en favor de la señora Blanc a Jenny Guaqueta Camejo , por cuanto esta norma no era la vigente al momento del fallecimiento del causante, originando un reconocimiento pensional con abus o del derecho , contrario a la ley y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la retrospectividad de la ley en materia pensional.

Por lo tanto, adujo que esos reproches deben ser expuestos a través del recurso

un reconocimiento pensional con abus o del derecho , contrario a la ley y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la retrospectividad de la ley en materia pensional.

Por lo tanto, adujo que esos reproches deben ser expuestos a través del recurso extraordinario de revisión consagrado en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y de conformidad con lo establecido en el Acto legislativo 01 de 2005 y en los términos señalados en la sentencia SU-427 de 2016.

En ese orden, concluyó que “ la UGPP cuenta con otro medio de defensa al que puede acudir para solicitar que se revise la providencia judicial que cuestiona, para lo cual está en tiempo; exponer allí sus argumentos y demostrar por qué considera que no resulta procedente el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a la señora Blanca Jenny Guaqueta Camejo, en los término