CE - 110010315000202302041001SENTENCIA20230628225212

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Radicación 11001-03-15-000-202302041-00

Demandante: Camilo Iván Rincón León

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02041-00

Demandante: Camilo Iván Rincón León

Demandado: Tribunal Administrativo de Santander

Temas: Tutela contra providencia judicial que denegó pretensiones de la demanda en proceso administrativo sancionatorio/ prospera la causal de procedibilidad defecto sustantivo por invocación de normas no aplicables para definir el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada por el señor Camilo Iván Rincón León contra el Tribunal Administrativo de Santander por la expedición de la sentencia del 2 de marzo de 2023 que confirmó la sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda proferida el 19 de mayo de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

demanda proferida el 19 de mayo de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Camilo Iván Rincón León, en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutele el derecho fundamental al debido.

Como consecuencia de lo anterior , solicitó que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 2 de marzo de 2023 por el Tribunal Administrativo de Santander, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, radicado, 68001333300220190014701 que confirmó la sentencia proferida el 19 de mayo de2

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2021 por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga y, en su lugar, se ordene al Tribunal Administrativo de Santander que profiera una nueva sentencia en la cual se haga una valoración adecuada de las pruebas.

1.1.2. Los hechos

El accionante, en síntesis, narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 9 de febrero de 2017 la señora Kelly Paola Restrepo Amaya, subcontralora delegada para procesos administrativos sancionatorios, suscribió «auto por el cual se

1. El 9 de febrero de 2017 la señora Kelly Paola Restrepo Amaya, subcontralora delegada para procesos administrativos sancionatorios, suscribió «auto por el cual se otorga comisión para adelantar proceso administrativo sancionatorio No. 2017-072» a la señora Nancy Paulina Silva Ramí rez en su condición de profesional universitario , código 219, grado 01.

1. El 28 de febrero de 2017 la señora Nancy Paulina Silva Ramírez , profesional universitaria, código 219, grado 01 (abogada comisionada) adscrita a la subcontraloría delegada para procesos administrativos sancionatorios de la Contraloría General de Santander con extralimitación de funciones, profirió y suscribió el auto de apertura del proceso administrativo sancionatorio e imputación provisional de cargos dentro del proceso radicado No. 2017-072.

1. El 31 de julio de 2018, mediante Resolución No. 000634 la subcontralora delegada para procesos administrativos sancionatorios de la Contraloría General de Santander impuso sanción económica dentro del citado proceso.

1. El 26 de octubre de 2018, mediante Resolución No. 00910 el Contralor Auxiliar de la Contraloría General de Santander, doctor José Joaquín Plata Albarracín resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución No. 000634 del 31 de julio de 2018 que confirmó el acto recurrido.

1. El 2 de mayo de 2019 se presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General del Departamento de

que confirmó el acto recurrido.

1. El 2 de mayo de 2019 se presentó el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Contraloría General del Departamento de Santander, contra el acto administrativo complejo conformado por la Resolución No. 000634 del 31 de julio de 2018 y la Resolución No. 00910 del 26 de octubre de 2018.3

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1. El 19 de mayo de 2021 el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, profirió sentencia de primera Instancia que denegó las pretensiones de la demanda.

1. El 2 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia que resolvió el recurso de apelación a través de la cual se confirmó la decisión de primera instancia.

1. Los argumentos expuestos en la acción de tutela se expresaron en los fundamentos fácticos y de derecho del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho según se aprecia en el folio 4 hecho quinto, folio 13, del concepto de violación —procedencia por vicio de incompetencia — y, en consecuencia, la vía de amparo no se utiliza como una tercera instancia.

1.1.3. Los defectos invocados

El sentir del accionante la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo o material, en atención a las siguientes circunstancias:

amparo no se utiliza como una tercera instancia.

1.1.3. Los defectos invocados

El sentir del accionante la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo o material, en atención a las siguientes circunstancias:

1. De manera flagrante y palmaria se desconoció el ordenamiento jurídico que vía reglamentaria establecía la competencia para proferir y suscribir el auto de apertura e imputación provisional en el proceso administrativo sancionatorio No. 2017 -072 consignado en el Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales de la Contraloría General de Santander en tanto la naturaleza del proceso que se adelantó en su contra no era la de un proceso de responsabilidad fiscal, como erróneamente lo consideró el Tribunal, sino administrativa sancionatoria.

1. En ese sentido la Resolución No. 814 del 7 de octubre de 2013 Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales de la Contraloría General de Santander delimita dos competencias diferentes para el empleo de profesional universitario, código 219, grado 01 de la Subcontraloría para Responsabilidad Fiscal, Administrativos Sancionatorios y Coactivos, puesto que para la primera modalidad de responsabilidad (fiscal) el numeral 5 establece la de «proyectar y suscribir los autos de indagación preliminar y de apertura de procesos de responsabilidad fiscal » y en el numeral 23 «proyectar y suscribir el auto de imputación de responsabilidad fiscal »4

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mientras que para la segunda modalidad de responsabilidad (administrativa ) el numeral 38 prevé solamente la de «proyectar los autos de apertura de investigación administrativa y pliego de cargos.».

1. Lo anterior, permite demostrar que la funcionaria Nancy Paulina Silva Ramírez en el desempeño de su empleo de profesional universitario, código 219, grado 01 tenía competencia para proyectar y suscribir los autos de apertura e imputación únicamente en los procesos de responsabilidad fiscal y no estaba facultada para suscribir el auto de apertura e imputación provisional en el proceso administrativo sancionatorio, que fue el que se adelantó en su contra.

1. Incluso el acto administrativo de comisión proferido por la señora Kelly Paola Restrepo Amaya en su condición de subcontralora delegada para procesos administrativos sancionatorios, no permitía a la señora Nancy Paulina Silva Ramírez, profesional universit ario, código 219, grado 01 suscribir el auto de apertura e imputación provisional dentro del proceso administrativo sancionatorio, radicado 2017072, por cuanto su competencia se limita ba a tramitar y adelantar el citado proceso dentro de las limitaciones reglamentarias.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 2 de mayo de 2023 el magistrado sustanciador doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez admitió la acción de tutela y dispuso notificar como demandados

1.2. Actuación procesal

1.2.1. Mediante auto del 2 de mayo de 2023 el magistrado sustanciador doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez admitió la acción de tutela y dispuso notificar como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Santander. Como tercero s interesados en las resultas del proceso, vinculó a la Contraloría General de Santander, quien actúo como demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a la parte demandada y a la tercera interesada, para que procedieran a ejercer su derecho a la defensa, si a bien lo tienen, y rindieran el respectivo informe dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia.5

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Igualmente, requirió al Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga, para que en viara con destino a este proceso, copia digital del expediente radicado 68001-33-33-002-2019-0014700 [01].

1.2.2. El 24 de mayo de 2023 en atención a que el proyecto de sentencia presentado por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez no fue aprobado por la mayoría, como lo exige el inciso 1º del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, se ordenó trasladar el

por el consejero Jorge Iván Duque Gutiérrez no fue aprobado por la mayoría, como lo exige el inciso 1º del artículo 54 de la Ley 270 de 1996, se ordenó trasladar el expediente al despacho del consejero Rafael Francisco Suárez Vargas para lo de su cargo.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Del Tribunal Administrativo de Santander

La magistrada Claudia Ximena Ardila Pérez intervino en condición de ponente de la providencia reprochada y solicitó, que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela en tanto que no existe vulneración de derechos fundamentales en la providencia proferida el 2 de marzo de 2023 dado que los cargos fueron resueltos de forma congruente y clara, con base en una interpretación razonable de las normas aplicables y un análisis valorativo de las pruebas, sin que la decis ión entrañe arbitrariedad o defecto alguno.

1.4. Intervenciones

1.4.1. De la Contraloría General de Santander

A través del jefe de la oficina jurídica, la Contraloría General de Santander intervino en la actuación y expuso en defensa de la decisión cuestionada los siguientes aspectos:

1. De conformidad con la sentencia SU-128 de 2021, la acción de tutela carece de relevancia constitucional por cuanto se promueve como consecuencia del inconformismo del accionante con las decisiones de instancia , en las que se hizo un pronunciamiento de fondo y, por ende, lo que se busca es que nuevamente se produzca una decisión judicial.

1. El defecto sustantivo previsto en la sentencia SU -453 de 2019 no se presenta

pronunciamiento de fondo y, por ende, lo que se busca es que nuevamente se produzca una decisión judicial.

1. El defecto sustantivo previsto en la sentencia SU -453 de 2019 no se presenta por cuanto de las situaciones descritas en los hechos y los fundamentos de derecho6

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de la demanda de tutela, lo que acontece es una interpretación diferente entre lo expuesto en la sentencia cuestionada y lo que pretende imponer el accionante a los jueces de instancia.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y e n segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta S ala es competente para conocer de la presente acción, interpuesta contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander del 2 de marzo de 2023.

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 2 de marzo de 2023,

2.3. Problema jurídico

Consiste en dilucidar, en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedencia para controvertir la providencia del 2 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 68001-33-33-002-2019-0014700 [01] promovido por el señor Camilo Iván Rincón León. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se incurrió en la causal de procedibilidad defecto sustantivo o material y, por ende , si se vulneró su derecho fundamental al debido proceso.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un medio a través del cual t oda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».7

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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales

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El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas. Estos artículos, posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional, en Sentencia C -543 de 1992 , al considerarse que atentaban contra los principios de cosa j uzgada y seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad , de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este entendido, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, desarrollando diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 20052, en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes:

específicas de procedibilidad, que persiguen verificar su procedencia una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedibilidad las siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale de manera clara que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte

1 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.8

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actora; (v) que identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la infracción como los derechos afectados y que hubiere alegado tal desconocimiento en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidado so, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad, aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente, (viii) violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales, vicios o defectos.

El Consejo de Estado en sentencia del 31 de julio de 20123, unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido

judiciales, admitiendo que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, observando para ello los parámetros fijados por la ley y la jurisprudencia.

Asimismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 20144 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente, término de inmediatez que debe considerarse en cada caso concreto, de acuerdo con los parámetros señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra la sentencia expedida por el Tribunal Administrativo

3 Consejo de Estado , Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Admini strativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez. Expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).9

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de Santander de 2 de marzo de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 68001-33-33-002-2019-0014700 [01]

2.5.1. Los hechos y los ar gumentos en que se fundamenta la acción de tutela guardan coherencia lógica y temporal.

2.5.2. La presente demanda no se dirige a controvertir una sentencia de tutela , en tanto que la decisión censurada fue proferida en segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5.3. Se presentó con inmediatez , comoquiera que la sentencia cuestionada data del 2 de marzo de 2023 y la acción de tutela se instauró el 25 de abril de 20235, con lo cual se satisfacen los parámetros fijados por la Sala Plena del Consejo de Estado, sobre el término para su ejercicio, que no debe sobrepasar los seis meses.

2.5.4. El asunto tiene relevancia constitucional . En ese sentido la invocada protección del derecho fundamental al debido proceso fue justificada razonablemente por el accionante, para evidenciar una posible restricción desproporcionada respecto de dicha garantía por parte de la autoridad judicial, lo cual permite considerar que se cumple con este presupuesto respecto del defecto sustantivo o material.

2.5.5. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de

cumple con este presupuesto respecto del defecto sustantivo o material.

2.5.5. Se agotaron los medios de defensa judicial, comoquiera que contra la providencia objeto de la acción de tutela no proceden otros medios ordinarios de defensa ni las causales especiales para la instauración del recurso extraordinario de revisión.

2.6. Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

Además del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, el accionante debe demostrar que la vulneración que imputa a la providencia judicial se adecúa, al menos, a una de las causales específicas de

5 De acuerdo con el sistema de consulta de procesos judiciales SAMAI, la acción de tutela fue radicada el 3 de noviembre de 2022.10

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procedibilidad del amparo 6 contra providencias judiciales , es decir, que la actuación judicial se encuentre inmersa en alguno de los siguientes vicios o defectos: a) el defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, a bsolutamente, de competencia para ello; b) el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; c) el defecto fáctico , que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; d) el defecto material o sustantivo , como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre lo s fundamentos y la decisión; e) el error inducido, que ocurre cuando el juez o Tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; f) la decisión sin motivación , que i mplica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) el desconocimiento del precede nte, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado; y, h) la violación directa de la Constitución , que se predica cuando, de manera ostensible y flagrante, la decisión del órgano judicial contradice los postulados recogidos en la carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y

recogidos en la carta política.

Como se observa, a pesar de que en cada caso se confirme la procedencia general de la acción de tutela, es necesario verificar la presencia de alguno de los defectos y vicios mencionados, pues lo que subyace en la acción es la censura de una decisión judicial, cuya modificación implicaría alterar el principio constitucional de la seguridad jurídica.

En el presente asunto, la parte accionante formula la causal de procedibilidad defecto sustantivo o material. En este orden de ideas y con la finalidad de determinar la

6 Mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional reunió las causales genéricas y específicas de procedibilidad del amparo contra providencias judiciales, estableciendo un total de ocho causales.11

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procedibilidad del amparo y la consiguiente tutela o no, de l derecho fundamental invocado por el actor, la Sala hará un examen del marco normativo y jurisprudencial de la referida causal.

2.7. Marco normativo y jurisprudencial de la causal de procedibilidad defecto sustantivo o material

2.7.1. Defecto material o sustantivo

Ha señalado la jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad;

Ha señalado la jurisprudencia, que se incurre en defecto sustantivo cuando la autoridad jurisdiccional (i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de las razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada.

En reciente decisión de la Corte Constitucional —Sentencia SU 495 de 20207— se examina el defecto sustantivo bajo el siguiente razonamiento:

75. Defecto sustantivo. La sentencia SU -399 de 2012 delimitó el campo de aplicación del defecto sustantivo, al concluir que el mismo se puede presentar en los eventos en los cuales: (i) la decisión judicial se basa en una norma inaplicable porque “ a) no es pertinente, b) ha sido derogada y por tanto perdió vigencia, c) es inexistente, d) ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que la norma cuestionada está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque la norma utilizada, por ejemplo, se le dan efectos distintos a los señalados expresamente por el legislad or”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos generales, dentro

por el legislad or”; (ii) cuando a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, en términos generales, dentro del margen de interpretación razonable o “ la aplicación final de la regla es inaceptable por trat arse de una interpretación contraevidente o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes” o cuando se aplica una norma jurídica de forma manifiestamente errada, por fuera de los parámetros de la juridicidad y de la interpretación jurídica aceptable la decisión judicial.8

7 Sentencia del 27 de noviembre de 2020, Referencia: Expediente T.7.783.646, acción de tutela interpuesta por Dorian Jaime Mejía Galeano contra la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado ponente: Alejandro Linares Cantillo. 8 Corte Constitucional SU 399 de 201212

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Demandante: Camilo Iván Rincón León

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76. Asimismo, según la providencia referida, dicho defecto se configura (iii) en aquellos supuestos en los que no se toma en consideración la parte resolutiva de una sentencia de constitucionalidad; (iv) cuando la disposición aplicada es contraria a la Constitución; (v) se utiliza un poder concedido al juez por el ordenamiento jurídico “pa