CE - 110010315000202302066011SENTENCIA20230823143811

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

Demandante: MARLON JAVIER MEJÍA Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala 1 decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia del 16 de junio de 2023 , proferida por la S ubsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 25 de abril de 2023, l os señores Marlon Javier Mejía, Diana Magali Guzmán Ramos, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Clara Isaura Guzmán Penagos, Norby Ramos Claros y Fredy Mauricio Guzmán Ramos interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá , por consid erar vulnerado s sus

Ramos, Nidia Herminia Guzmán Penagos, Clara Isaura Guzmán Penagos, Norby Ramos Claros y Fredy Mauricio Guzmán Ramos interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá , por consid erar vulnerado s sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia2. Formuló las siguientes pretensiones:

Me permito solicitar que como consecuencia de la presente acción de tutela se deje sin efectos: la sentencia de fecha 22 de febrero del 2023 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, en el proceso de reparación directa siendo demandado INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y

1 Se advierte que, el 26 de julio de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 También consideró vulnerados los principios de «prevalencia del derecho sustancial y de justicia material».Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

Demandante: Marlon Javier Mejía y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá Sentencia de tutela de segunda instancia

2 CARCELARIO “INPEC” tramitado bajo la radicación 18001333300320170051700.

En consec uencia, se declare la nulidad de la referida decisión y se ordene nuevamente proferir la respectiva sentencia de segunda instancia acogiendo los parámetros constitucionales que se exponen en el contenido de la presente acción de tutela.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas al expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

acción de tutela.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas al expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Fredy Alberto Guzmán Penagos fue condenado a 17 años de prisión por el delito de extorsión y empezó a cumplir su p ena el 1 de agosto de 2008 en el establecimiento carcelario las Heliconias de Florencia, Caquetá.

El 4 de abril de 2015, ingresó a la sección de sanidad con dificultades respiratorias, y otros problemas de salud, que fueron tratados de conformidad con la orden suministrada por el médico de turno. Al finalizar el día, el señor Guzmán Penagos consultó nuevamente por los mismos síntomas.

El 6 de abril siguiente, el señor Guzmán Penagos ingresó a la división de salud por los mismos quebrantos de salud y, ho ras más tarde, falleció en su celda.

Por lo anterior, los aquí accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación directa, demandaron al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC – con el fin de que se declarara administrativa y pat rimonialmente responsable por los perjuicios causados con la muerte del señor Fredy Alberto Guzmán Penagos.

En sentencia del 30 de junio de 2020, el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue confirmado en sentencia del 22 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

1.3. Argumentos de la tutela

demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue confirmado en sentencia del 22 de febrero de 2023, por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora indicó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico y defecto sustantivo, por cuanto las autoridades judiciales accionadas no aplicaron las consecuencias jurídicas que emanan de la condición de garante que ostenta el INPEC respecto de los derechos fundamentales de las personas pr ivadas de laRadicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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3 libertad y, además, por cuanto no cumplió con su función de vigilancia o control de las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud . Sumado al hecho que no se tuvo en cuenta el dictamen pericial rendido por la perito Katerine Romero Barraza, el cual fue contundente en indicar que no se garantizó la prestación del servicio de salud en el día que falleció, por cuanto no hubo «galeno según las notas, generando omisión en la prestación de los servicios de salud ».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 27 de abril de 202 3, el Despacho sustanciador de primera instancia admitió la solicitud de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Caquetá , como parte demandada, y a la señora Adriana del Pilar Guzmán Ramos, a l Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la

magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Caquetá , como parte demandada, y a la señora Adriana del Pilar Guzmán Ramos, a l Juzgado Tercero Administrativo de Florencia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado , como terceros con interés.

2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y pidió que se declarara improcedente porque la parte demandante está utilizando a la acción de tutela como una tercera instancia para revivir aspectos que ya fueron debatidos y decididos por el juez ordinario.

Expuso que en la sentencia cuestionada se tuvo como referente la aplicación del marco normativo aplicable al caso y el análisis probatorio para determinar si los ingresos derivados de la ejecución del contrato “centro de gestión” debían hacer parte de la base gravable para liquidar la contribución a la CRC, para lo cual valoró las condiciones del contrato suscrito el 16 de agosto de 2013, y llegó a la conclusión que los ingresos percibidos en virtud de la ejecución de ese contrato no conformaban la base gravable de la contribución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley 1341 de 2009 y 6 de la Resolución 3789 de 2012.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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3. Fallo impugnado

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3. Fallo impugnado

En sentencia del 16 de junio de 2023, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

Al respecto, consideró que la tutela estaba dirigida a revivir el análisis jurídico efectuado por la autoridad judicial accionada, a los hechos y a las pruebas allegadas en el proceso de reparación directa. Sostuvo que la parte demandada realizó detallado y objeto de la litis, y arribó a las conclusiones que intentan ser desconocidas por vía de tutela, con el fin de reabrir un debate sobre la legitimación en la causa por pasiva del INPEC y la posibilidad de que este resultara declarado responsable por la muerte del señor Guzmán Penagos , con fundamento en un criterio de solidaridad.

4. Impugnación

Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante la impugnó y reprochó que su solicitud de amparo sí cumplió con el requisito de relevancia constitucional . Para tal efecto, expuso que la tutel a no pretende revivir el de bate del proceso ordinario, sino que procura demostrar la configuración del defecto fáctico y sustantivo con el fin de acreditar que se vulneraron los derechos fundamentales de los accionantes , pues en ninguna de las instancias se tuvo en cuenta el dictamen pericial realizado por la señora Katerine Romero Barraza, ni los testimonios rendidos por los señores Omar Giraldo Pabón Castaño y Eduardo Vargas Chaux.

pues en ninguna de las instancias se tuvo en cuenta el dictamen pericial realizado por la señora Katerine Romero Barraza, ni los testimonios rendidos por los señores Omar Giraldo Pabón Castaño y Eduardo Vargas Chaux.

Reiteró que el INPEC tuvo una deficiencia a nivel administrativo consistente en que no se le garantizó la prestación de los servicios médicos de manera continua e ininterrumpida.

Señaló que el presente asunto sí está revestido de relevancia constitucional en atención a que las personas que se encuentran en condiciones especiales de sujeción tie nen una protección constitucional garantizadas por el Estado. De ahí que, a su juicio, el INPEC tiene la categoría de garante del derecho a la salud de los reclusos y, concomitantemente, le surgen deberes de protección. Manifiesta que, en virtud de esa relación, le corresponde al INPEC la vigilancia y supervisión de lasRadicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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5 entidades prestadoras del servicio de salud, por lo que deberá responder solidariamente por los perjuicios.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo proferido el 16 de junio de 2023 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en primer lugar, se determinará si la solicitud de amparo cumple los

Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

Para ello, en primer lugar, se determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, en especial, el de relevancia constitucional. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo, con el fin de establecer si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la parte actora, respecto de la sentencia dictada el 22 de febrero de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá .

2. Análisis del caso

2.1. De la relevancia constitucional.

En sentencia del 5 de agosto de 2014 3, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su c arga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir est e requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

3 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

Demandante: Marlon Javier Mejía y otros

3 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

Demandante: Marlon Javier Mejía y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá Sentencia de tutela de segunda instancia

6 El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este mecanismo fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Esta tesis se ajusta a la jurisprudencia4 reiterada de la Corte Constitucional q ue, de manera consistente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales.

De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con las condiciones señaladas, el asunto carece de relevancia constitucional; presupuesto que resulta más estricto cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órga no de cierre, en atención a su función en la definición e interpretación del derecho, y el valor que la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

● Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues los argumentos propuestos en la tutela tienen como propósito convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso ordinario .

La Sala advierte que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues los argumentos propuestos en la tutela tienen como propósito convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso ordinario .

De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el proceso de reparación directa y los argumentos propuestos en la solicitud de tutela, es claro que la sociedad demandante pretende extender al escenario constitucional el debate jurídico que ya fue decidido por los jueces de instancia dentro del respectivo medio de control, para insistir en una discusión que no ofrece elementos constitucionales que justifiquen la intervención del juez de tutela .

4 Cita original de la providencia: En la sentencia T-131 de 2021, «la Corte resumió los escenarios en los que un asunto reviste relevancia constitucional, así: (i) se desconoce, a priori, el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia y al debido proceso en su faceta constitucional; (ii) no se emplea como una tercera instancia judicial para reabrir el proceso; (iii) está orientado a resolver aspectos que trascienden cuestiones legales; (iv) no tiene la pretensión de cuestionar el criterio de los árbitros para decidir el caso; (v) pretende cuestionar la falta de aplicación de normas constitucionales; y (vi) busca evitar la afectación del patrimon io público cuando se cumplen determinadas condiciones».Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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7 Si bien la demanda de tutela cumple con suficiencia e l requisito de carga

Demandante: Marlon Javier Mejía y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá Sentencia de tutela de segunda instancia

7 Si bien la demanda de tutela cumple con suficiencia e l requisito de carga argumentativa, porque se enuncian razones a partir de los cuales se atribuye la vulneración de derechos fundamentales (indebida valoración probatoria) que corresponde a la causal específica como el defecto fáctico, y la indebida aplicación de las normas que regulan las funciones de supervisión y vigilancia del INPEC en relación con las personas privadas de la libertad como el defecto sustantivo ; sin embargo, los reparos se edifican en clave de instancia adicional al proceso contencioso administrativo, por el desacuerdo con la interpretación y conclusiones en la valoración de las pruebas de las autoridades judiciales y, como se sabe, el papel del juez constitucional no es hacer las veces de superior funcional de los jueces ordinarios, ni realizar juicios de corrección 5 de las decisiones judiciales proferidas por estos.

Téngase en cuenta que el juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado « ante juez o tribunal competente» . Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El juez constitucio nal no es un juez de lo contencioso administrativo, ni de

dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El juez constitucio nal no es un juez de lo contencioso administrativo, ni de determinación de la correcta identificación del sujeto pasivo o de la tarifa de un gravamen tributario, razón por cual no tiene el papel de definir, salvo casos excepcionalísimos, la juridicidad de un acto administrativo o de los elementos de un tributo: cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida. De lo contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios del juez natural, independencia y autonomía judiciales.

Puestas así las cosas, resulta evidente que en el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar nuevamente el alcance de la sentencia de primera instancia y, especialmente, los motivos de reparo contenidos en el recurso de apelación interpue sto contra la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Florencia , al igual que la decisión del Tribunal Administrativo del

5 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. M.P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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8 Caquetá, aun cuando el debate se clausuró por los jueces de instancia con argumentos razonables que se acompasan a la controversia judicial que les fue planteada.

En la sentencia de primera instancia el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:

argumentos razonables que se acompasan a la controversia judicial que les fue planteada.

En la sentencia de primera instancia el Juzgado 42 Administrativo de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que:

Según la parte demandante, la falla en la prestación del servicio ocurrió por dos circunstancias, (i) la atención médica brindada al señor Fredy Alberto Guzmán Penagos para los días 04, 05 y 06 de abril de 2015 no fue la adecuada pues a pesar de tratarse de un paciente crónico debido a sus antecedentes de hipertensión arterial (HTA) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y haber acudido al área de sanidad por presentar dificultad para respirar, fiebre, presión art erial elevada, estreñimiento y cefalea, no fue remitido a un centro hospitalario, ni siquiera fue dejado en observación con suministro de oxígeno, permitiendo que sus condiciones de salud empeoraran hasta fallecer, (ii) para los días en mención el señor Fredy Alberto Guzmán Penagos no recibió atención por parte de un médico, sino por una auxiliar de enfermería, quien no contaba con la capacidad de atender la urgencia médica que revestía la condición en que él se encontraba, como tampoco tenía la facultad de ordenar su remisión a un centro asistencial.

Pregunta el despacho, si los argumentos expuestos por la parte actora podrían ser endilgados al INPEC, o si este no tendría legitimación en la causa por pasiva para responder. En efecto las dos situaciones puestas en tela de juicio por el apoderado de los demandantes, no pretendían censurar la actuación del INPEC, sino de CAPRECOM como prestadora del servicio de salud de

pasiva para responder. En efecto las dos situaciones puestas en tela de juicio por el apoderado de los demandantes, no pretendían censurar la actuación del INPEC, sino de CAPRECOM como prestadora del servicio de salud de los reclusos, porque era a CAPRECOM a quien le correspondía suministrar el personal médi co, los exámenes diagnósticos, los medicamentos, las intervenciones quirúrgicas, atribuyendo la parte misional del servicio a CAPRECOM como entidad prestadora del servicio de salud de los reclusos en el país para la época de los hechos.

Correspondía ento nces al personal médico contratado por CAPRECOM ordenar la remisión del señor Guzmán Penagos a un centro asistencial, porque únicamente el médico podía tener el conocimiento para determinar si las condiciones clínicas del paciente lo ameritaban o no, lo mi smo ocurre con la presunta atención médica indebida, el no suministro de oxígeno, la falta de presencia de un médico en el centro de reclusión para los días 04, 05 y 06 de abril de 2015, actuaciones a cargo de CAPRECOM en su condición de entidad prestadora de los servicios de salud de la población privada de la libertad.

Como todos los supuestos de responsabilidad presentados como argumentos de la demanda, devienen de un presunto actuar negligente de CAPRECOM, el INPEC resultaría ajeno a la litis que plantean los demandantes.

Ahora bien, probablemente la única responsabilidad atribuible al INPEC serían las labores de vigilancia y control sobre las actuaciones de CAPRECOM, porque permanece el deber de vigilancia en la actividad de dicha entidad, de allí que le correspondía a la parte actora, explicar las razones

serían las labores de vigilancia y control sobre las actuaciones de CAPRECOM, porque permanece el deber de vigilancia en la actividad de dicha entidad, de allí que le correspondía a la parte actora, explicar las razones puntuales del incumplimiento a ese deber y probarlas, pero vemos que no realizó ninguna carga argumentativa sobre el particular ni pidió o aportó pruebas en la que se pudiera vislumbrar omisión al deber de supervisión o vigilancia hacia CAPRECOM como prestadora del servicio de salud a la población reclusa, aunado a que de acuerdo con las normas que se han esbozado, corresponde a la USPEC Elaborar un esquema de auditoría para elRadicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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9 control, seguimiento, monitoreo y uso racional de los servicios de salud por parte de los prestadores, y contratar dicha auditoría.

Tampoco pudiese indicarse que los presuntos errores de diagnóstico, o de conducta médica, omisión en la remisión del paciente, entre otras, pued an ahora ser endilgados al INPEC, quien ni siquiera interviene en el proceso de contratación de la entidad prestadora de los servicios de salud, menos aún podría obligar a los médicos a adoptar una u otra decisión, dada la independencia y autonomía que tie nen los galenos en las prescripciones y órdenes dadas, o peor aún, a contrariarlas

La parte demandada, inconforme con decisión de primera instancia , interpuso recurso de apelación en el que reprochó que: (i) el INPEC ostentaba la calidad de

órdenes dadas, o peor aún, a contrariarlas

La parte demandada, inconforme con decisión de primera instancia , interpuso recurso de apelación en el que reprochó que: (i) el INPEC ostentaba la calidad de garante del derecho fundamental a la salud de los reclusos derivado de la relación especial de sujeción , de ahí que, a su juicio, tiene una obligación solidaria con los organismos de salud creados por el Estado; (ii) Caprecom fue suprimido y el 27 de enero de 2017 quedó consolidada la extinción de dicha entidad, por lo que no podía ser demandada; (iii) la falla en el servicio sí quedó demostrada con el dictamen pericial realizado por la médica Katerine Romero Barraza que concluyó que sí existió negligencia de la Divisi ón de Salud de la Cárcel Las Heliconias en atención al servicio prestado al señor Fredy Alberto Guzmán Penagos.

Los anteriores argumentos fueron resueltos razonablemente por el Tribunal Administrativo del Caquetá en sentencia del 22 de febrero de 2023, en la que, luego de valorar en conjunto el material probatorio que obraba en el expediente, concluyó que debía confirmarse la sentencia de primer grado, toda vez que:

De acuerdo con el recuento normativo, debe concluirse que, tal como lo sostiene la parte actora, para la fecha de presentación de la demanda (4 de julio de 201715) Caprecom ya había sido liquidado, lo que implicaba que desapareciera la capacidad jurídica para asumir cargas y obligaciones procesales (…)

No obstante, pasa por alto la parte actora que el parágrafo 1º del artículo

desapareciera la capacidad jurídica para asumir cargas y obligaciones procesales (…)

No obstante, pasa por alto la parte actora que el parágrafo 1º del artículo 52 de la Ley 489 de 1998 establecía que «el acto que ordene la supresión, disolución y liquidación, dispondrá sobre la subrogación de obligaciones y derecho de los organismos o entidades suprimidas o disueltas, la titularidad y destinación de bienes o rentas, los ajustes presupuestales necesarios, el régimen aplicable a la liquidación (...)» , y que, mediante la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2016 por la Sección Quinta del Consejo de Estado (dentro de una acción de cumplimiento), se confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al Gobierno Nacional el cumplimiento de dicha norma, en el sentido que dispusiera sobre la subrogación de las obligaciones de Caprecom EICE.

Esta orden se cumplió mediante el Decreto 140 del 27 de enero de 2017, 18 el cual dispuso lo siguiente:

Artículo 3°. Modificar el artículo 40 del Decreto número 2519 de 2015 el cual quedará así: “Artículo 40. Financiación de las acreencias laborales, de laRadicación: 11001-03-15-000-2023-02066-01

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10 liquidación y subrogación de obligaciones. El pago de las indemnizaciones, acreencias laborales y gastos propios del proceso liquidatorio, se hará con cargo a los recursos de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom” EICE en Liquidación.

liquidación y subrogación de obligaciones. El pago de las indemnizaciones, acreencias laborales y gastos propios del proceso liquidatorio, se hará con cargo a los recursos de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones “Caprecom” EICE en Liquidación.

Los activos remanentes de la liquidación se destinarán a pagar los pasivos y contingencias de la entidad en liquidación en el marco de lo dispuesto por el artículo 35 del Decreto-ley número 254 de 2000”.

En caso de que los activos remanentes de la liquidación no sean suficientes para el pago de indemnizaciones, acreencias laborales y gastos propios del proceso liquidatario, la nación - Ministerio de Salud y Protección Social se subrogará en dichas obligaciones.

El patrimonio autónomo de remanentes de la Entidad liquidada responderá por las acreencias restantes, incluidas las relacionadas con proveedores, hasta por el monto de los recursos de que este disponga”.

Entonces, hasta aquí colige la Sala que i) Caprecom era la encargada de la prestación del servicio de salud a la población privada de la libertad que estaba a cargo del INPEC; y ii) aunque dicha EPS fue liquidada, sus obligaciones se subrogaron y quedaron en manos del Patrimonio Autónomo de Remanentes, así como del Ministerio de Salud y Protección Social cuando los activos del primero no fueran suficientes para el pago de indemnizaciones, acreencias laborales y gastos propios del proceso liquidatorio.

En ese hilo de argumentación, podrá deducirse que si bien es cierto Caprecom no podía comparecer porque a la fecha de la demanda ya estaba liquidada y no tenía personería jurídica para ser parte en el proceso, también lo es que

liquidatorio.

En ese hilo de argumentación, podrá deducirse que si bien es cierto Caprecom no podía comparecer porque a la fecha de la demanda ya estaba liquidada y no tenía personería jurídica para ser parte en el proceso, también lo es que sus obligaciones frente al pago de las indemnizaciones se subrogaron y, por tanto, se podía reclamar ante las entidades que asumieron est as obligaciones.

De ahí que no le asista razón a la parte demandante en el sentido de señalar que en virtud de la solidaridad, es el INPEC el que debe responder por el daño antijurídico causado a los demandantes, pues si bien el artículo 104 de la Ley 65 de 1993 modificado por el artículo 54 de la Ley 1709 de 2014 estableció que las personas privadas de la libertad tendrían acceso a todos los servicios del sistema general de salud, lo cierto es que su prestación estaba únicamente en cabeza de Caprecom ; afi rmar lo contrario sería tanto como aceptar que el INPEC tuviera que mantener el personal médico y de enfermería para atender a los reclusos aún en desconocimiento de la ley que radicó este deber en otra institución . En efecto, lo señalado encuentra respaldo en el artículo 66 de la Ley 1709 de 2014, que estab