CE - 110010315000202302088011SENTENCIAFALLO20230921152122

Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02088-01

Demandantes: MARÍA YINED ROJAS CLAROS Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA

Tema: Tutela contra providencia judicial – revoca – falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia proferida en primera instancia por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B el 30 de mayo de 2023 . En ese fallo se negaron las pretensiones de la acción de tutela.

1. ANTECEDENTES 1.1. La tutela

1. La señora María Yined Rojas Claros y otros 1, actuando a través de apoderado judicial2, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Con la solicitud de amparo pretende n que se le s protejan sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso y

apoderado judicial2, presentaron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila. Con la solicitud de amparo pretende n que se le s protejan sus derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justas, al debido proceso y «derechos adquiridos».

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudican a la providencia del 21 de febrero de 2023 proferida por la corporación judicial accionada. En esta providencia se confirmó la decisión del 31 de octubre de 2017 del Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, en la que se negaron las

1 José Manuel Rojas Muñoz, José Antonio Saavedra Fajardo, Anel Salas Mazabel, Fernando Ali Salas Oliveros, José Eulices Salazar Penna, Mercedes Salazar Penna, Roberto Salazar, José Nelso Samboni Pérez, Manuel Enrique Santacruz, María Nelly Sapuyes Cerón, María Betty Segura Duero, María Inés Soto Godoy, Javier Suarez, Jorge Suza Manchola, Alcira Torres Sepúlveda, María Angela Tovar Ortiz, Mesías Valdés Manuel, Marco Fernando Vargas Calderón, Luz Mary Vargas Castro, Luz Marina Vargas, Tomasa Vargas, Edilma Villegas Montealegre, Martha Leticia Vitoviz Perdomo, Yaima Álvarez Jaime, Gloria María Zambrano de Carvajal, María Nelcy Zuleta Aquite, Amparo Zúñiga Celis y Luis Hernán Zúñiga. 2 El señor Augusto Gutiérrez Arias, reconocido como apoderado de la parte actora en providencia del 8 de junio de 2023. Cfr. Índice n.º4 SAMAI. Exp: 11001-03-15-000-2023-0246-00.Demandantes: María Yined Claros y otros

Demandado: Tribunal Administrativo del Huila

del 8 de junio de 2023. Cfr. Índice n.º4 SAMAI. Exp: 11001-03-15-000-2023-0246-00.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

pretensiones de la demanda , al interior de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-002-201500432-02.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

[…] Que el H. Consejo de Estado revoque en su integridad la sentencia de radicación N° 41 001 33 33 002 2015 -00432 02 interno N° 2018 -0060 de fecha 21 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por ser trasgresora de la constitución política que nos rige y haber violado los derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas y justa, al debido proceso (por omitir e ignorar las normas en que debía fundar su decisión) y los derechos adquiridos por mis representados a una remuneración justa y digna que han causado y se les niega por el fallo accionado. Solicito que, en su reemplazo, el Consejo de Estado ordene al Tribunal Administrativo del Huila que rehaga un fallo que tenga en cuenta las normas internacionales del trabajo que gobiernan el tema, y que son prevalentes en nuestro

el fallo accionado. Solicito que, en su reemplazo, el Consejo de Estado ordene al Tribunal Administrativo del Huila que rehaga un fallo que tenga en cuenta las normas internacionales del trabajo que gobiernan el tema, y que son prevalentes en nuestro ordenamiento interno. […] (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

4. A continuación, se relacionan los supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:

5. Los accionantes alegan ser servidores públicos del departamento del Huila y laborar en diferentes instituciones educativas oficiales, desempeñando funciones administrativas.

6. Señalaron que, fueron beneficiados con un estímulo económico denominado prima técnica por evaluación del desempeño en su antigua calidad de servidores públicos del orden nacional, según lo establecido en los Decretos 1661 y 2164 de

1991.

7. Indicaron que, instauraron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. En ella solicitaron la nulidad de los actos administrativos mediante los cuales el departamento del Huila les negó el reconocimiento, reliquidación y pago de la prima técnica conocida como evaluación del desempeño como factor salarial a tener en cuenta par a la liquidación de las vacaciones y prima de vacaciones.

8. El asunto correspond ió en primera instancia al Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, quien en proveído del 31 de octubre de 2017 negó las pretensiones. Ello tras encontrar probada la excepción de inexistencia de la obligación y carencia de causa para pedir.

9. Como fundamento de su decisión, expuso que el Decreto 1631 de 1991 que

pretensiones. Ello tras encontrar probada la excepción de inexistencia de la obligación y carencia de causa para pedir.

9. Como fundamento de su decisión, expuso que el Decreto 1631 de 1991 que modifica el régimen de prima técnica, definió el campo de aplicación de dichoDemandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

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beneficio, mientras que el Decreto 1661 de 1991 dispuso expresamente que la otorgada por desempeño, no constituía factor salarial.

10. Contra la anterior decisión interpusieron recurso de apelación. La alzada correspondió al Tribunal Administrativo del Huila . Esta autoridad, mediante providencia d el 21 de febrero de 2023 , confirmó lo resuelto en primer grado.

Consideró que la prima técnica por evaluación del desempeño estaba excluida por el Decreto 1661 de 1991 como factor salarial.

1.4. Sustento de la vulneración

11. La parte actora alega que la autoridad judicial desconoció que es beneficiaria de una prima técnica por evaluación del desempeño, est ímulo que se les ha reconocido y pagado mensualmente desde hace más de veinte años, según su dicho.

12. Refieren que la solicitud del pago de tal prim a por concepto de vacaciones encuentra sustento en el bloque de constitucionalidad. Particularmente, trajo a

reconocido y pagado mensualmente desde hace más de veinte años, según su dicho.

12. Refieren que la solicitud del pago de tal prim a por concepto de vacaciones encuentra sustento en el bloque de constitucionalidad. Particularmente, trajo a colación los artículos 53 y 93 de la Constitución y los Convenios 52 de 1936, 132 de 1970, 101 de 1953 y 132 de 1970 de la OIT y el concepto 1834 del 4 de septiembre de 2007 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

13. Expuso que dicho marco jurídico establece con meridiana claridad, que el pago de las vacaciones se debe hacer con el salario que perciba el trabajador al momento de salir a disfrutar de su derecho al descanso, tal y como si estuviese trabajando.

14. En esos términos, refirieron que la providencia enjuiciada incurrió en violación directa de la constitución, al adoptar una providencia desconociendo los principios y garantías consagradas en el ordenamiento superior.

1.5. Trámite de primera instancia

15. En auto del 28 de abril 2023, el magistrado ponente de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia . Adicionalmente, dispuso la vinculación del departamento del Huila3 y el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva4.

1.6. Intervenciones e informes

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo de Neiva

16. Solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, comoquiera que no reviste el requisito de relevancia constitucional. En su defecto, pidió que se

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo de Neiva

16. Solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela, comoquiera que no reviste el requisito de relevancia constitucional. En su defecto, pidió que se

3 Entidad territorial que fungió como parte accionada del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radico 41001-33-33-002-2015-00432-02. 4 Autoridad judicial que conoció el asunto en primera instancia del proceso ordinario referido en el numeral anterior.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

nieguen las pretensiones porque no hubo vulneración de garantías fundamentales de los acciones y por el contrario, lo que se advierte es que se pretende convertir la acción en una instancia adicional al proceso ordinario.

17. Expuso que el concepto 1834 del 4 de septiem bre de 2007 proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil no era vinculante de conformidad con el artículo 112 del CPACA, pues ob edece a consideración técnico -jurídica de una autoridad consultiva y no judicial.

18. Por último, refirió que la parte considerativa de la providencia reprocha cuenta con la debida exposición de las razones fácticas y jurídicas que soportan la decisión.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Huila

19. Se limitó a remitir copia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho

con la debida exposición de las razones fácticas y jurídicas que soportan la decisión.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Huila

19. Se limitó a remitir copia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-33-33-002-2015-00432-02.

1.6.3. Departamento del Huila

20. Se opuso a las pretensiones de la tutela , tras considerar que no se le ha vulnerado ningún derecho fundamental a la parte actora.

21. Señaló que la parte accionante insiste en citar sentencia de unificación del 1 de agosto de 2013, en la que se estableció que la prima de riesgo reconocida a los servidores del existente DAS tiene el carácter de factor salarial debido a su naturaleza habitual, periódico y rem unerada. N o obstante, dicha prerrogativa no puede ser extensiva a l caso en concreto, pues no guarda similitud fáctica con el beneficio de la prima técnica por evaluación del desempeño.

22. Finalmente, refirió que la tutela no es la vía idónea para revisar un fallo judicial tanto de primera como de segunda instancia, pues la actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión.

1.7. Sentencia de primera instancia

23. En sentencia del 30 de mayo de 2023 5, la Sección Segunda, Subsección B de esta colegiatura negó la acción de tutela. Consideró que la autoridad judicial no incurrió en una violación directa de la constitución.

24. Adujo que de la lectura del artículo 7 del Decreto 1661 de 1991 y la sentencia

de esta colegiatura negó la acción de tutela. Consideró que la autoridad judicial no incurrió en una violación directa de la constitución.

24. Adujo que de la lectura del artículo 7 del Decreto 1661 de 1991 y la sentencia C-279 de 1996 la autoridad judicial del proceso pudo arribar a la conclusión de que la prima técnica por evaluación del desempeño no constituía factor salarial.

5 Esta decisión fue notificada el 2 de agosto de 2023. Cfr. Índice SAMAI N. º 20. Exp. 11001-03-15000-2023-02088-00.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

25. Refirió que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica del juez natural y, por lo tanto, no le correspondía cuestionar las decisiones adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que la vulneración de derechos fuera palmaria, aspecto que tampoco quedó demostrado. En ese sentido, refirió que lo que existía era una inconformidad con el resultado de la valoración probatoria efectuada por el juez de instancia.

1.8. Impugnación

26. La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que solicitó amparar los derechos fundamentales . Para el efecto, reiteró los argumentos del escrito de tutela en torno a la aplicación del bloque de constitucionalidad.

26. La parte accionante presentó escrito de impugnación en el que solicitó amparar los derechos fundamentales . Para el efecto, reiteró los argumentos del escrito de tutela en torno a la aplicación del bloque de constitucionalidad.

27. Señaló que el juez de primer grado no confrontó e interpretó las normas de la OIT contra la legislación interna, ni puso en tensión la evidente confrontación de las vacaciones de los servidores públicos, según su dicho.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia proferida el 30 de mayo de 2023 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Legitimación en la causa

29. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que qui en promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

30. La Sal a advierte que la señora María Yined Rojas Claros y otros 6, se encuentran legitimados en la causa por activa. Esto porque integraron el extremo accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

encuentran legitimados en la causa por activa. Esto porque integraron el extremo accionante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia aquí cuestionada.

6 José Manuel Rojas Muñoz, José Antonio Saavedra Fajardo, Anel Salas Mazabel, Fernando Ali Salas Oliveros, José Eulices Salazar Penna, Mercedes Salazar Penna, Roberto Salazar, José Nelso Samboni Pérez, Manuel Enrique Santacruz, María Nelly Sapuyes Cerón, María Betty Segura Duero, María Inés Soto Godoy, Javier Suarez, Jorge Suza Manchola, Alcira Torres Sepúlveda, María Angela Tovar Ortiz, Mesías Valdés Manuel, Marco Fernando Vargas Calderón, Luz Mary Vargas Castro, Luz Marina Vargas, Tomasa Vargas, Edilma Vil legas Montealegre, Martha Leticia Vitoviz Perdomo, Yaima Álvarez Jaime, Gloria María Zambrano de Carvajal, María Nelcy Zuleta Aquite, Amparo Zúñiga Celis y Luis Hernán Zúñiga.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

31. Por su parte, es ta Colegiatura advierte que el Tribunal Administrativo de l Huila está legitimado en la causa por pasiva al ser l a autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión

la decisión reprochada en esta oportunidad.

2.3. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación el 30 de mayo de 2023.

33. Para ello, se deberá resolver si concurren los requisitos generales de procedibilidad y en caso afirmativo dar respuesta al siguiente interrogante: ¿el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte accionante, con la expedición de la providencia del 21 febrero de 2023 que confirmó la providencia del 31 de octubre de 2017 dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Neiva, que negó las súplicas de la demanda ordinaria?

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

34. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales9.

35. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 10. En esta sentencia se

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo d e la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

establecieron seis requisitos generales de procedencia11 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial12.

36. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y establecer si se configura los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguient es requisitos

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional,

generales de procedencia:

1. que la tutela no se dirija contra un fallo de tutela, ii) inmediatez, iii) subsidiariedad, iv) relevancia constitucional, v) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, vi) Efecto decisivo de la irregularidad procesal.

37. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que con la acción no se intente reabrir el debate de instancia.

11 Los seis requisitos generales de procedibilidad establecidos en la sentencia de unifi cación del 05 de agosto del 2014 son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene

se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que origin ó la vulneración. iv); Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte actora identifiqu e de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profiri ó́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídic os de sus decisiones en el entendido que

fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídic os de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnera d y viii) Violación directa de la Constitución.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

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38. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

39. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar si en el caso concreto concurren los requisitos de procedibilidad, en especial el de relevancia constitucional y solo en el caso de encontrarlos superados, se resolverá si la sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

40. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el

sentencia censurada incurrió en los defectos aludidos.

2.5. Análisis sobre el requisito general de relevancia constitucional

40. En primer lugar, se advierte que el Alto Tribunal Constitucional adoptó el término «relevancia constitucional » en la sentencia C -590 de 2005 13. En esta providencia se señaló que la acción de tutela contra providencia judicial sólo es procedente cuando se cumplan ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, dentro de los que se encuentra la relevancia constitucional. Sobre esta exigencia,

en aquella oportunidad se advirtió:

Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia con stitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes14. (Subrayado fuera de texto).

41. Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional ha logrado significativos avances en torno a los criterios que llevan a determinar cuándo se cumple con esta exigencia. Así, en la sentencia SU-215 de 202215, el Alto Tribunal unificó los criterios que se deben analizar a la hora de determinar si un asunto reviste

13 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción

13 Durante el periodo comprendido entre 1992 y 2005 hasta aquí, es claro que el Alto Tribunal Constitucional si bien aún no contemplaba como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela, la relevancia constitucional, lo cierto es que de manera indirecta sí hacía alusión a ella, al señalar que: a) la solicitud de amparo no se constituye como una tercera instancia; b) que no se instituyó para controvertir la interpretación hecha por los jueces ordinarios en una decisión judicial; c) que no es procedente para estudiar asuntos netamente económicos. Esto, bajo el entendido que las discusiones de orden legal escapan del radio de acción de garantías superiores. 14 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005. 15 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecan ismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.Demandantes: María Yined Claros y otros

(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.Demandantes: María Yined Claros y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Huila Radicado: 11001-03-15-000-2023-02088-01

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o no de relevancia constitucional. La Sala expondrá estos parámetros en el siguiente gráfico para mayor entendimiento:

42. A su vez, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificación del 5 de agosto del 2014 16, adoptó de manera expresa la posición de la Corte Constitucional establecida en la sentencia C-590 de 2005 sobre los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela.

43. En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que corresponde a otras jurisdicciones.

44. Finalmente, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 2022 17 modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda

modificó la postura que venía manejando sobre el estudio del requisito de relevancia constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible vulneración de una garantía constitucional.

45. De esta manera, esta Sala de Decisión planteó que el estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en concreto se refieren a:

16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2022