CE - 110010315000202302096011SENTENCIA20230928154047

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas Demandado: Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Igualdad, ii) debido proceso, iii) mínimo vital y iv) seguridad social

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de tutela de 2 de jun io de 2023 proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado 1, presentó acción de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, a través de apoderado 1, presentó acción de tutela contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “2_DemandaWeb_Demanda-(.pdf) NroActua 2 ”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

porque, a su juicio , al proferir la sentencia de 27 de enero de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 1100133-35-008-202100143-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela,

en síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, nació el 14 de abril de 1947, y prestó sus servicios como docente oficial desde el 19 de febrero de 1991 hasta la fecha.

4. Expresó que, mediante la Resolución núm. 4537 del 1.° de julio de 2008 el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, momento desde el cual se le han venido efectuando los descuentos para salud en las mesadas adicionales.

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio le reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, momento desde el cual se le han venido efectuando los descuentos para salud en las mesadas adicionales.

5. Adujo que, presentó petición el 21 de junio de 2019 ante la Fiduprevisora, solicitando la suspensión y el reintegro de los descuentos efectuados por concepto de salud sobre las mesadas adicionales, así como el reconocimiento y pago de la prima de medio año , sin embargo, la solicitud fue negada a través del Oficio núm. 20191091755981 de 5 de agosto de 2019.

6. Agregó que, con la petición núm. 2019 -PENS-365-E-2020-5688 radicada el 15 de enero de 2020, solicitó: i) la reliquidación de la pensión de jubilación para que se le tuvieran en cuenta todos los factores salariales devengados en el año anterior al retiro; ii) realizar los descuentos por concepto de seguridad social sobre los factores que no se han realizado; iii) el reintegro de los descuentos efectuados p or concepto de salud sobre las mesadas adicionales, y iv) el reconocimiento y pago de la prima de medio año prevista en el artículo 15 de la Ley 91 de 29 de diciembre de

19892.

2 “Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

7. Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

7. Señaló que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por medio de la Resolución núm. 1282 del 21 de febrero de 2020, negó el ajuste de la pensión de jubilación y la devolución y suspensión de los descuentos por concepto de salud.

8. Manifestó que, contra el anterior acto administrativo interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm. 5464 del 5 de octubre de 2020, que confirmó en su integridad lo dispuesto en la Resolución núm. 1282 del 21 de febrero de 2020.

9. Advirtió que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la fiduciaria La Previsora S.A., y la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad de las Resoluciones núms. 1282 del 21 de febrero de 2020 y 5464 del 5 de octubre de 2020; el oficio núm. S-2020-7022 de 20 de enero de 2020 y el acto ficto o presunto negativo, resultante del silencio de la SDEB-FNPSM en relación con la petición núm. E-2020-5688 de 15 de enero de 2020.

10. La actora a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara

relación con la petición núm. E-2020-5688 de 15 de enero de 2020.

10. La actora a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a realizar los descuentos sobre los factores de los que pretende su inclusión, y consecuentemente, efectuar el aporte de estos al sistema pensional del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio , revisar y ajustarle la pensión de jubilación por aportes, con el promedio de la totalidad de factores salariales devengados en el año anterior al retiro del servicio, reintegrarle los valores descontados en exceso para salud en las mesadas adicionales de cada año, desde que se causó la pensión y hasta la ejecutoria de la sentencia, suspenderle los descuentos por concep to de seguridad social en la mesada adicional de diciembre de cada año, y los que se causen a partir de la ejecutoria de la sentencia, reconocer y pagarle la prima de medio año consagrada en el literal b) del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

11. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, profirió sentencia, en primera instancia , el 30 de junio de 2022 , en la cual, negó las pretensiones de la demanda.4

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

12. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia, en segunda instancia, el 27 de enero de 2023,

mediante la cual resolvió lo siguiente:

12. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia, en segunda instancia, el 27 de enero de 2023,

mediante la cual resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022) por el Juzgado Octavo (8.°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual denegó las súplicas de la demanda promovida por la señora María Marlene Carvajal Vargas contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, La fiduciaria La Previsora S.A., y la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, de acuerdo con las consideraciones precedentes […]”.

12.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

[…] Ahora bien, como la discusión se suscita por la inclusión de factores salariales, se hace necesario confrontar los certificados en el año de servicios anterior al retiro del servicio de la actora, con aquellos incluidos en la última reliquidación de la prestación pensional, así:

Factores certificados como devengados en el último año de servicios (10 de abril de 2011 al 9 de abril de 2012) Factores incluidos en la Resolución No. 4537 del 1.° de julio de 2008 Factores Ley 62 de 1985 y otras normas que otorgan incidencia pensional

1. Asignación básica 1. Asignación básica 1. Asignación básica

2. Prima especial

Factores Ley 62 de 1985 y otras normas que otorgan incidencia pensional

1. Asignación básica 1. Asignación básica 1. Asignación básica

2. Prima especial

3. Prima de vacaciones 2. Prima de vacaciones

4. Prima de navidad

2. Bonificación decreto

(Decreto 1566 de 2014)

3. Gastos de representación

4. Prima de antigüedad

5. Prima técnica

6. Prima ascensional

7. Dominicales

8. Horas extras

9. Bonificación por servicios

10. Trabajo suplementario

Revisada la información anterior, se observa que la entidad demandada tuvo en cuenta para la liquidación de la pensión de la demandante la asignación básica y la prima de vacaciones, sin incluir la prima especial y la prima de navidad.

No obstante, es ne cesario indicar en cuanto la prima de vacaciones, que esta fue reconocida por parte del FNPSM al momento del reconocimiento pensional, y ello no fue objeto de controversia en el presente asunto, pues la parte demandante solicitó la inclusión de aquellos factores no tenidos en cuenta por la entidad; luego entonces, no es posible afectar el derecho reconocido, en tal medida, se debe mantener incólume5

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

el acto administrativo que otorgó la pensión de jubilación con la inclusión de dicho emolumento.

De este modo, se tiene que le asistió razón a la entidad al negar el reajuste por retiro

el acto administrativo que otorgó la pensión de jubilación con la inclusión de dicho emolumento.

De este modo, se tiene que le asistió razón a la entidad al negar el reajuste por retiro y no incluir las primas especial y de navidad, pues no fueron enlistadas en los artículos 3.º de la Ley 33 de 1985 y 1.º de la Ley 62 de 1985; aunado a lo anterior, el legislador no les otorgó incidencia pensional en los artículos 51 del Decreto 1848 de 1969 y 5.º del Decreto 1545 de 2013, y tampoco se demostró que sobre dichos emolumentos se hubiesen efectuado cotizaciones para pensión.

13.2 Mesada 14

Se reitera que, conforme a lo señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005 las personas que adquirieron el estatus jurídico de pensionados con posterioridad al 31 de julio de 2011 no tienen derecho a la mesada adicional de junio.

Ahora bien, verificadas la s documentales obrantes en el plenario se evidencia que mediante la Resolución No. 4537 de 1.° de julio de 2008 el FNPSM le reconoció la pensión vitalicia de jubilación por aportes a la señora María Marlene Carvajal Vargas, efectiva a partir del 15 de dici embre de 2007, fecha en la cual contaba con 60 años. Adicionalmente, la pensión le fue reconocida en cuantía de $1.576.804, es decir, que para 2007 superaba los tres (3) SMLMV23 .

Así pues, aunque la demandante adquirió el derecho de acceder a la pensión con

Adicionalmente, la pensión le fue reconocida en cuantía de $1.576.804, es decir, que para 2007 superaba los tres (3) SMLMV23 .

Así pues, aunque la demandante adquirió el derecho de acceder a la pensión con anterioridad al 31 de julio de 2011, lo cierto es que tal prestación le fue reconocida en cuantía superior a los 3 SMLMV, por lo tanto, conforme al Acto Legislativo 001 de 2005 no tiene derecho al reconocimiento y pago de la mesada adicional de junio.

Además, vale la pena aclarar que el citado acto legislativo no contempló ningún tipo de excepción a la limitación en él establecida, es decir, es aplicable a todos los pensionados sin distinción.

Por otra parte, se debe indicar que esta corporación se aparta de la postura expuesta por la demandante, toda vez que en la sentencia C -461 de 1995 la Corte Constitucional concluyó que la prima de mitad de año y la mesada adicional de junio son prestaciones equivalentes, como quiera que su monto es igual; por tanto, los pensionados afiliados al FNPSM que perciben dicha prima no se encuentran en una situación distinta a la de los pensionados a quienes se les aplica la Ley 100 de 1993, en lo referente a la obtención de algún beneficio que compense la pérdida de p oder adquisitivo de las pensiones, y ambas prestaciones tienen los mismos efectos.

Finalmente, respecto al precedente citado en el recurso de apelación, esto es, el fallo de 19 de marzo de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el expediente 15238333300120130044701, se advierte que no fue posible analizarlo,

de 19 de marzo de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Boyacá en el expediente 15238333300120130044701, se advierte que no fue posible analizarlo, debido a que este no se adjuntó a las diligencias, así como tampoco se logró ubicarlo en la página web dé la rama judicial con los datos suministrados por la parte apelante. Incluso, se consultó el número del expediente en la página de consulta procesos de la rama judicial, y como resultado se obtuvo un proceso distinto, toda vez que no concuerda la fecha del fallo ni el magistrado ponente. En todo caso, la sentencia citada no resul taría vinculante, como quiera que es un precedente horizontal, y con anterioridad a su emisión el Consejo de Estado se había pronunciado al respecto, siendo éste el precedente vertical que se debe observar con prelación al haber sido proferido por el órgano de cierre de esta jurisdicción, tal y como se ha realizado en el presente caso […]”.

[…]6

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

“[…] 14.1 La demandante es una docente oficial vinculada con anterioridad a la vigencia de la Ley 812 de 2003 (19 de febrero de 1991), por tanto, su derecho pensional debe ser liquidado con el 75% del salario promedio devengado en el año anterior al retiro del servicio, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley 33 de 1985, conforme los factores señalados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. En tal entendido, no hay lugar a incluir las primas especial y de navidad, pues no fueron

conforme los factores señalados en el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985. En tal entendido, no hay lugar a incluir las primas especial y de navidad, pues no fueron enlistadas en los artículos 3.º de la Ley 33 de 1985 y 1.º de la Ley 62 de 1985.

14.2 En cuanto a la mesada adicional de junio, si bien la demandante adquirió el estatus jurídico de pensionada con anterioridad al 31 de julio de 2011 (15 de diciembre de 2007), lo cierto es que fue en cuantía superior a 3 SMLMV, razón por la cual, conforme al Acto Legislativo 001 de 2005 no tiene derecho al reconocimiento y pago de la mesada adicional.

14.3 No es posible aplicar el precedente invocado por la parte acora, porque no resulta vinculante, como quiera que, con anterioridad a su emisión el Consejo de Estado se había pronunciado sobre el tema en controversia25, el que resulta vinculante y ha sido atendido en el presente asunto […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

13. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFEC TOS la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCASECCION SEGUNDA - SUBSECCION "E" de fecha 27 de septiembre (sic) del 2022

(sic) la cual NEGO LA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

(sic) la cual NEGO LA RELIQUIDACIÓN PENSIONAL.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente al Honorable Consejo de Estado se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “F” a proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a reliquidar la pensión de la señora MARIA MARLENE CARVAJAL VARGAS , incluyendo TODOS los factores salariales devengados, mas aun, cuando del factor salarial PRIMA DE VACACIONES, se realizaron descuentos a seguridad social.

TERCERO: Así mismo ordenar el pago de las cotizaciones al sistema de seguridad social de los factores salariales que se tengan en cuenta para liquidar el IB L, sobre las cuales no se efectuaron los respectivos aportes al sistema de seguridad social.

[…]”.

13.1. La actora en su escrito de tutela señal ó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.7

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

Actuación

14. El Despacho sustanciador de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante auto de 8 de mayo de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) notificó a los magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y i ii) vinculó a la Nación –

Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales

tutela; ii) notificó a los magistrados de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y i ii) vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá y a la fiduciaria La Previsora S.A., en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

15. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo o, en su defecto, negar la acción de tutela. Al respecto manifestó lo siguiente:

“[…] Como primera medida, se avizora que la accionante indica que la sala de decisión no aplicó en debida forma el precedente del Consejo de Estado, pero no indica cuál es el que en su sentir se debió aplicar y que fue desconocido.

En ese orden, es palmaria l a ausencia de una fundamentación jurídica sólida que soporte algún defecto en que haya incurrido la sentencia proferida, constituyendo un motivo más para ser rechazada la presente acción constitucional, como quiera que tampoco cumple con las causales específicas de procedencia.

Aunado a lo anterior, se tiene que la accionante pretende reabrir en sede constitucional el debate respecto de cuestiones estrictamente legales que ya fueron resueltas en el proceso ordinario por el juez natural de la causa, por lo cual, nos basta con remitimos a las consideraciones de la decisión de segunda instancia objeto de la

constitucional el debate respecto de cuestiones estrictamente legales que ya fueron resueltas en el proceso ordinario por el juez natural de la causa, por lo cual, nos basta con remitimos a las consideraciones de la decisión de segunda instancia objeto de la presente, en la que se explicó claramente, conforme a la ley y los antecedentes jurisprudenciales aplicables al caso, en especial a la sentencia de unific ación del 25 de abril de 201922, que no le asiste derecho a la demandante a que la pensión le sea reliquidada como lo pretende, pues al haberse vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, su derecho pensional debía ser liquid ado con el 75% del salario promedio devengado en el año anterior a la adquisición del estatus jurídico de pensionada, teniendo en cuenta lo previsto por la Ley 33 de 1985, conforme a los factores señalados en el artículo 1.° de la Ley 62 de 1985. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se concluye que la causa de la tutela se torna dudosa, oscura, incierta, pues no se entiende cuál es el factor que la accionante echa de menos para que sirva de base para el reajuste de la pensión, toda vez que el factor respecto d el cual formula objeción, es decir, la prima de vacaciones, ya se le había tenido en cuenta en sede administrativa, además, no fue objeto de pronunciamiento en sede judicial distinto al indicado, por lo que no se le desmejoró la prestación reconocida.8

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

Núm. único de radicación: 110010315000202302096-01

Actora: María Marlene Carvajal Vargas

Por último, no se puede desconocer que la decisión cuestionada fue debidamente sustentada y razonada, atendiendo para ello la normatividad y el precedente jurisprudencial vigentes aplicables al caso, considerando las pruebas legalmente arrimadas al expediente y los argumentos planteados en la alzada y, por el hecho de que la parte accionante no comparta la postura acogida por la sala de decisión, ello no significa que esta haya incurrido en defectos procedimentales y haga viable la procedencia de la tutela […]”.

16. La Secretaría de Educación del Distrito solicitó declarar la improcedencia de

la acción de tutela, al establecer que:

“[…] En el presente caso, esta Oficina Asesora considera que no se cumple con ninguno de los requisitos específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional para que sea procedente la acción de tutela incoada y, por el contrario, lo que pretende la accionante es revivir, en sede de tutela, la discusión jurídica respecto de la decisión tomada por la Sección Segunda -Subsección “E”- del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con la cual se confirmó la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Bogotá D.C.

Es importante señalar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para intentar revivir discusiones jurídicas que ya fueron resueltas por el juez natural de la causa o pleitos y demandas perdidas, máxime cuando la accionante gozó de todas las garantías procesales consagradas en el ordenamiento jurídico.

intentar revivir discusiones jurídicas que ya fueron resueltas por el juez natural de la causa o pleitos y demandas perdidas, máxime cuando la accionante gozó de todas las garantías procesales consagradas en el ordenamiento jurídico. […]”.

17. La Nación -Ministerio de Educación Nacional y la Fiduprevisora S.A., solicitaron que se les desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

18. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Ci rcuito de Bogotá allegó copia del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 110013335008202100143-00.

La sentencia impugnada

19. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia, en primera instancia, el 2 de junio de 2023, por medio de la cual resolvió

lo siguiente:

“[…] PRIMERO. - NEGAR el amparo de tutela solicitado por la señora María Marlene Carvajal Vargas, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección SegundaSubsección E, por las razones expuestas en la parte motiva de esta9

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Actora: María Marlene Carvajal Vargas

providencia […]”.

19.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Con el fin de dirimir la controversia suscitada en el presente asunto, resulta

providencia […]”.

19.1. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Con el fin de dirimir la controversia suscitada en el presente asunto, resulta importante precisar que los docentes afiliados al al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la Ley 100 de 1993; razón por la cual no son beneficiarios del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tampoco les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de liquidación del monto de la mesada pensional.

En cuanto al régimen pensional previsto en la Ley 91 de 1989, se tiene que, la normativa no establecía condiciones, ni requisitos específicos, para adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985 […]”.

[…]

“[…] De acuerdo con lo expuesto, se observa que el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda -Subsección E, luego de efectuar un análisis normativo y jurisprudencial, determinó que la señora María Marlene Carvajal Vargas, no tiene derecho a la reliquidación de la pensión de jubilación con la totalidad de los factores salariales, acudiendo para el efecto al precedente judicial fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, aplicable al caso concreto.

factores salariales, acudiendo para el efecto al precedente judicial fijado por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, aplicable al caso concreto.

Aunado a lo anterior, estableció el marco normativo y jurisprudencial de la reliquidación de la pensión; para lo cual, estudió lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 y el régimen vigente para el sector público nacional, esto es, las Leyes 33 y 62 de 1985 […]”.

[…]

“[…] En ese orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 27 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección SegundaSubsección E, no incurrió en vía de hecho por desconocimiento del precedente, pues la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la demanda en el proceso que en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la aquí accionante contra la NaciónMinisterio de Educación Nacional - FOMAG -La Fiduprevisora y otro , estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso concreto, lo que le permitió concluir que la pensión de jubilaci ón de la señora María Marlene Carvajal Vargas debe ceñirse al cómputo de los factores sobre los cuales efectivamente realizó aportes y/o cotizaciones, en armonía con lo establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005 y no con la totalidad de los emolumentos devengados.

Por otra parte se debe señalar que los argumentos alegados por la apoderada de la

Acto Legislativo 01 de 2005 y no con la totalidad de los emolumentos devengados.

Por otra parte se debe señalar que los argumentos alegados por la apoderada de la accionante en el escrito de tutela, demuestra su inconformidad con la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada, sin acreditar las irregularidades de orden constitucional en las que presuntamente incurrieron; por tal razón, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la acción de tutela como si se10

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Actora: María Marlene Carvajal Vargas

tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió dentro del proceso ordinario, con el único propósito de obtener un pronunciamiento favorable a sus intereses.

De forma análoga, la Sala considera que, si bien la parte accionante alega que la autoridad judicial vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y a la seguridad social, así como los principios de favorabilidad en materia laboral, de seguridad jurídica y realidad sobre las formalidades, por no efectuar una adecuada aplicación del precedente judicial en que debería fundarse, lo cierto es que no desarrolló una suficiente carga argumentativa para sustentar la configuración de la citada vía de hecho […]”.

La impugnación

20. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:

“[…] 3. Frente al pronunciamiento que realiza Sección Segunda del Honorable

20. La actora impugnó la sentencia proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con fundamento en lo siguiente:

“[…] 3. Frente al pronunciamiento que realiza Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado en su sentencia, debo indicar que al momento de proferir la sentencia no tuvo en cu enta los argumentos de tipo constitucional y legal presentados con el escrito de Tutela, así como tampoco las pruebas presentadas que permiten soportar la vulneración de los derechos de mi representada.

4. Además, no realiza un pronunciamiento de fondo sobre la vulneración de los Derechos de mi representada, vulnerado con el actuar de los Despachos Judiciales demandados de acuerdo a las pruebas y argumentos presentados con el escrito de

Tutela.

5. Tampoco se tiene en cuenta que cumple con los demás requisitos para ejercer la acción de tutela, desconociendo el principio de favorabilidad.

6. No se desconoce que la situación de los docentes al servicio del Magisterio Oficial Colombiano quedo definida en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de 2019, el Consejo de Estado que determinó los factores salariales a tenerse en cuenta, sin embargo, se reitera que el Juez que conoció la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, accedió a las pretensiones respetando los argumentos de dicho precedente judicial y CONSTITUCIONAL.

7.1 Se debe tener en cuenta que mi representada se vinculó al servicio del Magisterio Oficial Colombiano antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 , por lo que me permito presentar un análisis norma tivo que incluye algunos recientes

7.1 Se debe tener en cuenta que mi representada se vinculó al servicio del Magisterio Oficial Colombiano antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 , por lo que me permito presentar un análisis norma tivo que incluye algunos recientes pronunciamientos del órgano de cierre de la jurisdicción Contencioso Administrativo (Consejo de Estado), respecto del régimen prestacional aplicable a los pensionados por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, del cual hace parte