CE - 110010315000202302110001SENTENCIA20230711111412

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de Tutela Radicación: 11001 03 15 000 2023 02110 00

Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C

Temas: Tutela contra providencia judicial / Ausencia de defectos fáctico y desconocimiento del precedente

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

1. La acción de tutela

Los señores Claudia Carolina Araújo Martínez, Ever Andrés Araújo Estrada, 1 Elvia Rosa Martínez Suárez,2 Margarita Araújo Martínez,3 Ever Andrés Araújo Martínez 4 y Javier Andrés Araújo Martínez 5 a través de apoderad a, promueven acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la integridad personal, al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad jurídica, a la verdad y a la reparación integral.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparación integral

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la seguridad jurídica y a la reparación integral de Claudia Carolina Araujo , Ever Andrés Araujo Estrada, Elvia Rosa Martínez Suárez, Margarita Araujo Martínez, Ever Andrés Araujo Martínez, y Javier Andrés Araujo Martínez, víctimas de desplazamiento forzado como consecuencia de violencia sexual.

1 Padre de la víctima. 2 Madre de la víctima. 3 Hermana de la víctima. 4 Hermano de la víctima. 5 Hermano de la víctima.2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 02110 00

Demandantes: Claudia Carolina Araújo Martínez y otros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo de EstadoSección TerceraSubsección C, el 26 de mayo de 2022, notificada el 27 de octubre de 2022, donde se negaron las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de reparación directa identificado con el Radicado N° 2001-2331-000-2008-00137-01(43954).

TERCERO: En concordancia con lo ante rior, ORDENAR al Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección C que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la

TERCERO: En concordancia con lo ante rior, ORDENAR al Consejo de Estado - Sección TerceraSubsección C que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida una nueva decisión en reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuest as en este escrito de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales alegados, en relación con el reconocimiento de responsabilidad de las entidades demandadas.

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

1. El 2 de julio de 2006, la señora Claudia Carolina Araújo Martínez se encontraba en compañía de algunas amistades en la discoteca «Disco Amor», ubicada en el centro del municipio de Pueblo Bello, departamento del Cesar.

1. Mientras estaba en el lugar, aproximadamente a las nueve de la noche, fue abordada por la señora Marleny Sofía Berruecos, alias «La Curru », quien le preguntó si era sobrina del fiscal de Barranquilla de apellido Guarnizo, y como Carolina Araújo asintió, Mayerly Mora procedió a amenazarla con un revólver y le dijo que se sentara y simulara que departía con ella y otros sujetos que la acompañaban.6

1. Acto seguido, Mayerly Mora obligó a Carolina Araújo a abandonar la discoteca, fue llevada a una casa de los alrededores donde la encerraron en un baño; luego llegaron los señores Jhovani Jiménez y José Landazabal, quienes la sacaron del baño, la amarraron de pies y manos y la golpearon.

1. Puesta en estado de indefensión, Carolina Araújo fue accedida carnalmente por el

los señores Jhovani Jiménez y José Landazabal, quienes la sacaron del baño, la amarraron de pies y manos y la golpearon.

1. Puesta en estado de indefensión, Carolina Araújo fue accedida carnalmente por el señor Jhovani Jiménez, mientras que el señor Landazabal le advertía que había que matarla para que no denunciara lo sucedido. Ante el descuido de sus captores, Carolina Araújo logró escapar.

6 Jhovani de Jesús Jiménez Márquez, alias Robin o Águila y José Gregorio Landeazabal Gómez, alias el Zorro o Negro Sequeda.3

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1. Esa noche Carolina Araújo, encontrada inconsciente en la calle, fue trasladada al Hospital Rosario Pumarejo de López y una vez recobró la conciencia, Marleny Mora le advirtió que debía guardar silencio y amenazó a sus familiares.

1. El 3 de julio de 2006, Margarita Araújo Martínez denunció en la estación de policía de Pueblo Bello, el acceso carnal violento del que había sido objeto su hermana.

1. El 29 de Julio de 2006, el sujeto apodado «alias35», reconocido líder de un grupo del Frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las AUC, desmovilizado en el mes de

1. El 29 de Julio de 2006, el sujeto apodado «alias35», reconocido líder de un grupo del Frente Mártires del Cesar del Bloque Norte de las AUC, desmovilizado en el mes de marzo de 2006, junto a Marleny Mora, Alfredo José Valbeuba Pérez (sic), alias «Pérez» y Víctor Uclides Tovar Gómez alias «El Zorro», también desmovilizados, incursionaron de forma violenta en la residencia del señor Ever Araújo Estrada en horas de la madrugada y le exigieron a la familia que retiraran la denuncia penal, ante la negativa, «alias35» les ofreció dinero a cambio de desisti r, y como la familia se sostuvo en su decisión, los amenazaron de muerte.

1. El 29 de julio el señor Geovanny Araújo denunció tal acontecimiento ante la estación de policía de Pueblo Bello, diligencia remitida también a la secretaría de gobierno del Cesar, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación y al Ministerio del Interior. Así mismo, en agosto de 2006, solicitaron ante la Personería de Pueblo Bello y al coronel del departamento de policía del C esar, medidas de protección.

1. El 11 de septiembre de 2006 la familia Araújo fue obligada a desplazarse forzosamente del municipio de Pueblo Bello.

1. El 3 de julio de 2008 , a través de apoderado la señora Claudia Carolina Araújo Martínez y su grupo familiar radicaron demanda en ejercicio de l medio de control de reparación directa en contra de la Nación –Fiscalía General de la Nación, Policía

Martínez y su grupo familiar radicaron demanda en ejercicio de l medio de control de reparación directa en contra de la Nación –Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional y otros, con el propósito de que se declarara la responsabilidad patrimonial por los perjuicios morales y materiales producidos con ocasión de la violencia sexual de la que fue víctima la señora Claudia Araújo a manos de hombres desmovilizados4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de las AUC, de las consecuentes amenazas y del desplazamiento forzado de que fue objeto ella y su familia por los hechos denunciados.

1. El 23 de febrero de 2012, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda.

1. El 26 de mayo de 2022, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, confirmó la providencia proferida por el juez a quo.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

Luego de un recuento cronológico del surgimiento del paramilitarismo en Colombia, de su desmovilización, desarme y posterior reinserción, de la violencia ejercida contra las mujeres en el marco del conflicto armado, así como de la a plicación del enfoque de género y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, centraron lo reparos de la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, fundados en los siguientes defectos:

de género y del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, centraron lo reparos de la providencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, fundados en los siguientes defectos:

1.3.1. Defecto fáctico

1. La providencia objeto de litis desconoció las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que fueron debidamente explicadas, tanto en la demanda de reparación directa como en el expediente del proceso penal allegado al proceso contencioso administrativo. Sin embargo, la Sección Tercera indicó que no se acreditó que existiera una relación de parentesco entre el señor José Guarnizo Culma y la señora Claudia Carolina Araújo, sin considerar que en el proceso penal se estableció que le preguntaron a la señora Claudia Carolina si era la sobrina del señor Guarnizo Culma, lo cual demuestra que la tenían plenamente identificada.

Si bien las amenazas y hostigamientos iban dirigidos al señor José Guarniz o, ya era claro para las entidades del Estado que los ex integrantes de los grupos paramilitares continuaban ejerciendo actos criminales, por lo cual er a su obligación activar mecanismos de protección en favor de la población civil, más aún, cuando el Estado conocía el riesgo que implicaba el accionar de los grupos paramilitares en la región , Así, a su juicio, la Sección Tercera de esta corporación debió valorar el contexto5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co regional y sociopolítico de la época para realmente esclarecer cuál es el alcance de la responsabilidad estatal frente a estos hechos y si dentro de su rol de protección sobre las personas que están bajo su jurisdicción omitió actuar a tiempo, en atención al alto riesgo que representa para las personas el que los actores armados finjan una desmovilización mientras continúan perpetrando el terror en la población.

1. Para la época de los hechos no era desconocido para el Estado que algunos de los patrones de macro criminalidad propios de los grupos paramilitare s, se dieron a conocer mediante informes de organismos internacionales de protección de los derechos humanos, como aconteció en enero de 2006, época para la cual la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió uno relacionado con la situación de Derechos Humanos en Colombia, el que entre sus hallazgos estableció: «Los paramilitares violaron repetidamente su compromiso de cese de hostilidades y persistieron en la comisión de homicidios, amenazas y ataques contra la población civil, toma de rehenes, tortura y tratos humillantes y degradantes, desplazamientos forzados, reclutamiento de niños y niñas y actos de violencia sexual».

1. Para el caso concreto, la valoración amplia de las pruebas hubiera permitido establecer que se configuró la responsabilidad del Estado puesto que: a) la Fiscalía tenía conocimiento de la situación de riesgo y amenaza del señor José Guarnizo, b) el

1. Para el caso concreto, la valoración amplia de las pruebas hubiera permitido establecer que se configuró la responsabilidad del Estado puesto que: a) la Fiscalía tenía conocimiento de la situación de riesgo y amenaza del señor José Guarnizo, b) el modus operandi de los grupos paramilitares permitía inferir que no solo el señor Guarnizo se encontraba en una situación de riesgo determinado, sino también su grupo familiar, y c) el Estado estab a en posibilidades reales de prevenir ese riesgo adoptando medidas de protección en favor de la població n, a sabiendas de los actos criminales que continuaban ejerciendo los grupos paramilitares.

1. El desconocimiento de los hechos contemplados en el exp ediente del proceso penal, así como la ausencia de un análisis de contexto -efectuado, por ejemplo, en los casos de la Masacre de las Dos Erres y de la violación de mujeres y niñas en Guatemala-7 ocasionó un perjuicio irremediable a los demandantes, pues el acceso a la justicia y el derecho a obtener una reparación les fue conculcado.

7 Corte IDH. ”Caso de la Masacre de las Dos Erres vs Guatemala”.6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co v) Por otro lado, la providencia incurrió en un defecto fáctico negativo, al haber valorado defectuosamente el testimonio practicado al señor Geovanny Alfonso Araújo Estrada,

www.consejodeestado.gov.co v) Por otro lado, la providencia incurrió en un defecto fáctico negativo, al haber valorado defectuosamente el testimonio practicado al señor Geovanny Alfonso Araújo Estrada, en el marco del proceso penal, al calificarlo como testigo sospechoso por ser familiar de los demandantes, sin tener en cuenta que el testimonio se practicó en el proceso penal antes de la instauración del proceso de reparación directa, con la única finalidad de responsabilizar a los victimarios y obtener la verdad, por lo que su credibilidad no debió ser puesta en entredicho puesto que su dicho no fue cuestionado ni tachado en el proceso penal.

1.3.2. Desconocimiento del precedente

Desde la óptica de la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con la responsabilidad extracontractual del Estado lo fundan en tres frentes:

1. Por falla del servicio, ante la omisión de cumplir el deber de protección y la garantía de seguridad, y cuando las víctimas no tienen la calidad especial que acentúe tal obligación: sentencias del: a) 30 de julio de 1998, expediente radicado 17.000, b) 29 de enero de 2011, expediente radicado 07001 23 31 000 1999 00245 01, c) 19 de noviembre de 2011, expediente radicado 41001 23 31 000 2011 00262 01, d) 22 de noviembre de 2021, expediente radicado 19001 23 31 000 2011 00434 01, y e) 14 de febrero de 2018, expediente radicado 5001 23 31 000 2005 30446 01.

noviembre de 2021, expediente radicado 19001 23 31 000 2011 00434 01, y e) 14 de febrero de 2018, expediente radicado 5001 23 31 000 2005 30446 01.

1. En relación con el desplazamiento forzado, la jurisprudencia de esta corporación ha reiterado que se debe declarar la responsabilidad siempre que se demuestre: a) la coacción que se traduzca en la im periosa necesidad del afectado de desplazarse de su lugar habitual de residencia (o donde ésta lo afincó); b) la existencia de cualquier tipo de amenaza o la concreción de la violación de derechos fundamentales -a la vida, integridad física, seguridad y li bertad personal - y c) la existencia de hechos determinantes como el conflicto armado interno. Precedente contenido en sentencias del 21 de febrero de 2011, expediente radicado 31.093, reiterado en la sentencia del 31 de agosto de 2017, expediente radicado 41.18.

En este sentido, la providencia objeto de reparo no tuvo en cuenta el precedente aplicable para el estudio de la responsabilidad del Estado en casos de desplazamiento7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co forzado en el marco del conflicto armado, en tanto la respuesta del Esta do incumplió las obligaciones de protección y seguridad constitucionales y no contó con calidad y

www.consejodeestado.gov.co forzado en el marco del conflicto armado, en tanto la respuesta del Esta do incumplió las obligaciones de protección y seguridad constitucionales y no contó con calidad y ausencia de defectos. Así, en el caso concreto, a pesar de que se demostró una respuesta por parte del Estado ante las amenazas de las que estaba siendo víctima la familia Araujo por haber denunciado los hechos de violencia sexual de los que fue víctima la señora Claudia Carolina Araújo, ésta no fue adecuada ni pertinente para evitar que la familia se desplazara forzadamente, por temor a perder sus vidas en manos de grupos paramilitares camuflados bajo la figura de la desmovilización.

1. Desconoció la sentencia T -012 de 2016 de la Corte Constitucional que resaltó la importancia de interpretar los hechos, valorar las pruebas y normas jurídicas con enfoques diferenciales de género en casos de violencia sexual.

1. En relación con la jurisprudencia convencional -caso Pueblo Bello vs Colombia-8 la Corte Interamericana de Derechos Humanos incluyó el estudi o de la responsabilidad internacional del Estado por la de saparición forzada y ejecución extrajudicial de un as personas de esa ciudad por parte de un grupo paramilitar, así como a la falta de investigación y sanción de los responsables de los hechos.

En criterio de los accionantes dicho precedente fue desconocido por el Consejo de Estado en la sentencia, al haber ignorado el contexto del accionar paramilita r que afectaba a la población, así como las actuaciones contrarias a la ley que llevaron a cabo los desmovilizados, que hacía necesario un mayor nivel de control y vigilancia

Estado en la sentencia, al haber ignorado el contexto del accionar paramilita r que afectaba a la población, así como las actuaciones contrarias a la ley que llevaron a cabo los desmovilizados, que hacía necesario un mayor nivel de control y vigilancia para las personas que figuran como demandantes en el proceso de reparación directa, tanto por los hechos de violencia sexual como por los hechos de desplazamiento forzado de que fueron víctimas.

1. Concluyó que al Estado, en cabeza de las entidades demandadas, le era atribuible la responsabilidad por omisión respecto de los hechos perpetrad a como secuela del fenómeno paramilitar, al no brindar las garantías suficientes a Claudia Carolina Araújo y a su familia, pues como se soporta en los hechos de la demanda probados debidamente, la señora Claudia fue víctima de acceso carnal violento con ocasión de

8 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co su relación de parentesco con José Guarnizo -quien ya había denunciado amenazasevidenciando así que la práctica de la violencia sexual en el conflicto armado ha sido considerada sistemáticamente como una estrategia de guerra.

1.4. Actuación procesal

1. La tutela de la referencia fue inadmitida por auto del 8 de mayo de 2023, el cual requirió allegar los poderes especiales extendidos por los señores Ever Andrés Araujo

1.4. Actuación procesal

1. La tutela de la referencia fue inadmitida por auto del 8 de mayo de 2023, el cual requirió allegar los poderes especiales extendidos por los señores Ever Andrés Araujo Estrada, Elvia Rosa Martínez Suárez, Margarita Araujo Martínez, Ever Andrés Araujo Martínez y Javier Andrés Araujo Martínez, exigencia atendida el 10 de mayo de 2023.

1. El 23 de mayo de 2023 se admitió la solicitud de amparo y se ordenó notificar como demandados a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, como demandados y, como terceros interesados, a la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional al haber actuado como demandados en el medio de control de reparación directa que se tramitó con el radicado 20001 2331 000 2008 00137 01, para que dentro del término de tres días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El magistrado del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Guillermo Sánchez Luque, ponente de la providencia objeto de estudio, señaló que las consideraciones esgrimidas en la providencia del 26 de mayo de 2022 proferida por esa Subsección, eran suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado.

1.5.2. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,9 Carolina Jiménez Bellicia, manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda de tutela, en cuanto no observó que la decisión del Consejo de Estado

1.5.2. La apoderada del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República,9 Carolina Jiménez Bellicia, manifestó su oposición a las pretensiones de la demanda de tutela, en cuanto no observó que la decisión del Consejo de Estado haya vulnerado los derechos fundamentales alegados.

9 Expediente digital de tutela.9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Adujo que la acción de tutela pretendía revivir la instancia agotada por el juez natural de la causa que determinó no acceder a las pretensiones del medio de control de reparación directa.

1.5.3. El coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Legales de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, Andrés Leonardo Mendoza Paredes, consideró que la acción constitucional se está utilizando como una instancia adicional frente a asuntos ya debatidos en la jurisdicción competente, y cuyos hechos y valoración probatoria fue realizada en el momento procesal oportuno, garantizando a los sujetos procesales presentar las actuaciones que a su juicio consideraban idóneas.

Consideró que la solicitud de amparo se torna improced ente, pues desnaturaliza su objeto, al ser utilizada para reiterar y a la vez adicionar argumentos dentro del trámite de la acción de reparación directa.

1.5.4. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la

objeto, al ser utilizada para reiterar y a la vez adicionar argumentos dentro del trámite de la acción de reparación directa.

1.5.4. La profesional especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, Pilar Amparo Romero Guarnizo, solicitó declarar improcedente el amparo reclamado por cuanto: i) la apoderada de los accionantes no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea procedente, iii) pretende retrotraer actuaciones procesales y iv) se configura temeridad.

1.5.5. La apoderada del Ministerio de Defensa Nacional -Ejército Nacional, Tatiana Marcela Beleño Sierra, manifestó su oposición a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la acción de tutela, por carecer de fundamento legal, toda vez que, la decisión proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C en el proceso de reparación directa en el que actuó como demandada, estuvo ajustada a derecho, conforme a la normatividad que rigió el caso concreto de los accionantes. 1.5.6. La apoderada de la Policía Nacional, Luisa Fernanda Aguirre Cardona, señaló que al medio de control de reparación directa no se allegó material probatorio relativo al nexo de causalidad que permitiera deducir responsabilidad a esa entidad, por lo cual10

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al nexo de causalidad que permitiera deducir responsabilidad a esa entidad, por lo cual10

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no son de recibo las afirmaciones de la apoderada de los accionantes en cuanto a la existencia de un defecto fáctico por una indebida valoración probatoria, toda vez quecomo se puede evidenciar - el juez de segunda instancia realizó un completo y armónico análisis de los hechos y pruebas allegadas por las partes a fin de proferir una decisión conforme a las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso.

Resaltó que la Policía Nacional no tuvo conocimiento de las presuntas amenazas de las cuales estaban siendo objeto los miembros de la familia Araújo Martínez, sino hasta el 03 de julio de 2006 cuando la señora Margarita Araújo Martínez se acercó a la Estación de Policía de Pueblo Bello, jurisdicción de departamento de Cesar , a interponer denuncia por el presunto acceso carnal violento del cual fue víctima su hermana la señora Claudia Carolina Araújo Marines, momento a partir del cual la institución Policial tom ó las medidas correspondiente s para brindar protección a la familia Araújo Martínez , como quedó probado en el medio de control de reparación directa.

Concluyó que para declarar la responsabilidad al Estado a título de falla del servicio, debió probarse que la autoridad policial desatendió la denuncia interpuesta por la

directa.

Concluyó que para declarar la responsabilidad al Estado a título de falla del servicio, debió probarse que la autoridad policial desatendió la denuncia interpuesta por la familia Araújo Martínez frente al acceso carnal violento de la señora Claudia Carolina Araújo Martínez y a las amenazas que surgieron como consecuencia de la denuncia, pero contrario sensu esa institución, tan pronto tuvo conocimiento de dichos hechos, procedió a brindar seguridad a la familia tal y como quedo probado, entre otros, con el testimonio del señor Geovanny Alfonso Araújo Estrada.

En tal virtud, solicitó denegar el amparo reclamado.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo con el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el Decreto 33 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán repartidas, para su conocimiento11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».

en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C quebrantó los derechos fundamentales invocados por los accionantes al proferir la sentencia del 26 de mayo de 2022 dentro del medio de control de reparación directa con radicado 2001 23 31 000 2008 00137 00 [01], por medio de la cual confirmó la providencia proferida el 23 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia como un medio a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, estableció en sus artículos 11, 12 y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -543 de 1992, al considerarse que atentaban

y 40 la posibilidad de utilizar la acción de tutela para controvertir sentencias judiciales ejecutoriadas, artículos que posteriormente fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la sentencia C -543 de 1992, al considerarse que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, además de trasgredir la autonomía e independencia judicial, así como las normas de competencia fijadas por la Constitución.

Sin embargo, dentro de la ratio decidendi de dicha sentencia, se abrió la posibilidad de manera excepcional y como mecanismo transitorio de protección, de utilizar la acción12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de tutela en casos en que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos f undamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable», hipótesis frente a las que, señaló la Corte, no puede hablarse de atentado contra la seguridad jurídica de los asociados.

En este criterio, la jurisprudencia constitucional ha evo lucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C -590 de 2005, 10 en la que se hace distinción entre ca usales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la

sentencia C -590 de 2005, 10 en la que se hace distinción entre ca usales genéricas, aquella