CE - 110010315000202302138011SENTENCIA20230922154430

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: ROBÍN BASILIO CASTRO FALLACE

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SE GUNDA,

SUBSECCIÓN “B” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

ATLÁNTICO

Temas: Acción de tutela contra autoridad judicial . Mora judicial en la resolución del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuya pretensión es la declaratoria de nulidad de la s anción de destitución e inhabilidad general para ejercer cargos públicos.

Suspensión de los efectos del fallo disciplinario mientras se surte el trámite judicial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , quien actúa a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 29 de junio de 20 23, dictada por la Sección Primera del Consejo

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora , quien actúa a través de apoderado judicial, contra la sentencia de 29 de junio de 20 23, dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado, en la que resolvió lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado de la presente solicitud de amparo en relación con la mora judicial alegada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECHAZAR por temeridad el amparo solicitado respecto de las demás pretensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifestó que por medio de fallo disciplinario de 11 de julio de 2019, la Procuraduría Provincial de Santa Marta ordenó su destitución del cargo de concejal del municipio de Soledad , Atlántico y lo inhabilitó para ocupar y postularse a cargos públicos por el término de diez ( 10) años. Agregó que esa decisión fue confirmada por l a Procuraduría Regional de Magdalena a través de proveído de 16 de diciembre de 2019.

Sostuvo que agotó el requisito de conciliación prejudicial y, posteriormente, en ejercicio del medio de control de nuli dad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta. Así mismo, que como

ejercicio del medio de control de nuli dad y restablecimiento del derecho presentó demanda contra la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que se declarara la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta. Así mismo, que como medida cautelar pidió la suspensión provisional del acto sa ncionatorio, la cual fueRadicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

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2 denegada por el Tribunal Administrativo del Atlántico por auto de 19 de noviembre de 2020, decisión que fue objeto de recurso de reposición y en subsidio apelación.

Indicó que el 6 de octubre de 2021, el precitado despacho judici al no repuso la decisión que negó la medida provisional y concedió , en el efecto devolutivo, el recurso de apelación ante el Consejo de Estado , el cual, señaló, para el momento de la presentación de la acción de tutela, no había sido resuelto.

Aseveró que el Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de primera instancia de 4 de marzo de 2022 , declaró la nulidad parcial de las decisiones sancionatorias y a título de restablecimiento del derecho y dispuso “ORDENAR a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NA CIÓN que anule las órdenes de cumplimiento remitidas al Concejo de Soledad - Atlántico, en observancia de lo dispuesto en el numeral 4 y el parágrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y que cancele los respectivos

remitidas al Concejo de Soledad - Atlántico, en observancia de lo dispuesto en el numeral 4 y el parágrafo del artículo 172 de la Ley 734 de 2002, y que cancele los respectivos antecedentes disciplinarios y demás anotaciones que obren en las bases de datos de dicha entidad, respecto del señor ROBIN BASILIO CASTRO FALLACE efectuadas por la División de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, relativos a las decisiones contenidas en los actos anula dos” y “a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN pagar a favor del señor ROBIN BASILIO CASTRO FALLACE, una suma equivalente a 40 S.M.L.M.V., por concepto de indemnización por perjuicio moral, de conformidad con la parte motiva de esta providencia”.

Finalmente, m encionó que contra la anterior decisi ón la entidad demandada interpuso recurso de apelación que fue concedido en providencia de 9 de junio de 2022 y que, con posterioridad , en calidad de demandante presentó escrito de adhesión a dicho recurso. el cual fue concedido por auto de 9 de marzo de 2023. Sin embargo, refiere que el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho no ha bía sido remitido a la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado, para su respectivo reparto.

2. Fundamentos de la acción

El actor interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio, en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a ejercer cargos públicos y a elegir y ser elegido, los cuales considera vulnerados con la mora judicial injustificada del Consejo de Estado , para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la medida cautelar

justicia, a ejercer cargos públicos y a elegir y ser elegido, los cuales considera vulnerados con la mora judicial injustificada del Consejo de Estado , para resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negó la medida cautelar solicitada, y del Tribunal Administrativo del Atlántico para dar trámite al recurso de apelación presentado por la Procuraduría General de la Nación contra la sentencia de primera instancia y la adhesión al mismo que realizó el demandante.

Los argumentos en los que sustenta la presunta vulneración iusfundamental se pueden dividir, así:

2.1. En relación con la mora judicial

Sostuvo que las autoridades judiciales accionadas incurrieron en mora judicial injustificada porque el 11 de marzo de 2022, fue remitido por reparto al Consejo de Estado el recurso de apelación que interpuso contra el auto de 19 de marzo de 2020, que negó la solicitud de medida cautelar y a la fecha de presentación de la tutela no había sido resuelto.

De igual forma, afirmó que ha trascurrido un (1) año desde que la Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia de 4 de marzo de 2022 y el demandante su adhesión a la misma, y que el Tribunal Administrativo del Atlántico no ha bía remitido el expediente a la Secretaría del Consejo de Estado para su reparto y trámite de segunda instancia, situación que vulnera sus derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

segunda instancia, situación que vulnera sus derechos fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

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3 Manifestó que el medio de nulidad y restablecimiento del derecho no ha sido suficientemente ágil para juzgar la constitucionalidad y legalidad de los actos sancionatorios demandados, razón por la cual acude a la acción de tutela como herramienta procesal para asegurar, de manera provisional, que se cause un perjuicio irremediable respecto de sus derechos políticos, pues en su sentir, si la decisión judicial cobra firmeza vencido el periodo para el cual fue elegido o cuando finalice el término para poder pos tularse para las próximas elecciones, el pronunciamiento “sería nugatorio o ilusorio sus efectos”.

Desarrolló el alcance de los derechos de igualdad de los ciudadanos ante la ley, a elegir y s er elegidos y a participar en los asuntos públicos , para lo cual citó los artículos 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Afirmó que las normas contenidas en los tratados int ernacionales ratificados por Colombia son de aplicación obligatoria . Para el efecto, r efirió la providencia de 18 de marzo de 2014, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno colombiano que expidiera medidas cautelares que d ejaran sin

Colombia son de aplicación obligatoria . Para el efecto, r efirió la providencia de 18 de marzo de 2014, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al gobierno colombiano que expidiera medidas cautelares que d ejaran sin efecto la sanción de destitución e inhabilidad impuesta por la Procuraduría General de la Nación al señor Gustavo Petro, con el fin de garantizar los derechos políticos y este pueda cumplir con el periodo para el cual fue elegido alcalde mayor de Bogotá.

Así mismo, reseñó la decisión de 15 de noviembre de 2017 , de la Sala Plena del Consejo de Estado 1 que concedió la medida cautelar de suspensión del acto sancionatorio del entonces alcalde Gustavo Petro, para explicar que las sanciones administrativas de inhabilidad causan un perjuicio que consiste en la imposibilidad de cumplir el mandato que por voto popular recibió quienes lo eligieron , por lo que ante “la gravedad de la situación” , insistió que deben decretarse medidas transitorias que protejan los derechos políticos.

Por último, aseveró que teniendo en cuenta que es un servidor público de elección popular, “resultaría más gravoso para el interés público negar la medida que concederla, teniendo en cuenta, que el accionante fue elegido popular mente por ciudadanos que de manera voluntaria y libre lo escogieron, para que los representara como concejal del municipio de Soledad, por un periodo mucho más corto que el de la sanción”.

2.2. En relación con la suspensión provisional de la sanción disci plinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación

Expuso que la demora de las autoridades judiciales accionadas genera

2.2. En relación con la suspensión provisional de la sanción disci plinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación

Expuso que la demora de las autoridades judiciales accionadas genera imposibilidad de terminar el periodo electoral para el que fue elegido (2022-2023) y una limitación para postularse y participar en las elecciones previstas para el periodo institucional 2023-2027, pues mientras no se profiera una decisión definitiva en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho -la cual aún debe surtir el trámite de apelación -, la sanción disci plinaria sigue en firme “a pesar de haber sendos fallos naci onales e internacionales a favor de los derechos políticos de los afectados por decisiones de la PGN”.

Indicó que solicita la intervención del juez de tutela para que adopte medidas transitorias urgentes tendientes a que se suspenda sanción de destitución e inhabilidad que le impide ejercer como concejal del municipio de Soledad y que se ordene a la entidad territorial realizar las actuaciones administrativas pertinentes para su reintegro y pueda ser inscrito con el Partido Liberal para las próximas elecciones, las cuales inician el 29 de junio de 2023.

1 M.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

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4 Lo anterior , por cuanto el Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de

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4 Lo anterior , por cuanto el Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia de primera instancia declaró la nulidad de los actos sancionatorios acusados, lo que, en su sentir, “se sintetizan en el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho, teniendo en cuenta que ya existe una apreciación provisional con base en un conocimiento sumario y una posible existencia de un derecho”.

Sostuvo que cuando los mecanismos ordinarios de justicia no son suficientes para garantizar los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha precisado que es procedente la acción de tutela, como mecanismo transitorio, cuando resulten amenazados o vulnerados con ocas ión de la expedición de actos administrativos, para evitar que se configure un perjuicio irremediable, “evento en el cual el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto mientras se surte el respectivo proceso ante la jurisdicción contencioso administrativo”.

En ese sentido, afirmó que se produce un dañ o inminente y continuo por la imposibilidad de acudir a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Municipal por el periodo constitucional para el cual fue elegido por causa de la sanción de destitución e inhabilidad que le impuso la Pro curaduría General de la Nación, que conforme a la sentencia de la Corte Constitucional C -030 de 2023, esta entidad “no es un órgano judicial. En concreto, explicó lo siguiente:

“Desde la campaña para la el ección del periodo como concejal del municipio de Soledad

Nación, que conforme a la sentencia de la Corte Constitucional C -030 de 2023, esta entidad “no es un órgano judicial. En concreto, explicó lo siguiente:

“Desde la campaña para la el ección del periodo como concejal del municipio de Soledad 2020 -2023, Robín Castro prometió, tener una actividad bastante orientada hacia el control administrativo del G obierno Central y descentralizado del municipio de Soledad, derecho constitucional que adquirió cuando tomó posesión de su cargo y que fue conculcado, al generarse la inhabilidad a cargos de elección popular por parte de la Procuraduría, aun cuando este no es un órgano judicial como lo señala la sentencia de la Corte Constitucional C -030 del 2023 y que condicion ó los efectos disciplinarios del fallo (acto administrativo) al control automático de legalidad que será de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

Para terminar, aclaró que no está controvirtiendo la legalidad de las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, sino que está pidiendo la protección de sus derechos que están siendo afectados por la falta de un pronunciamiento de fondo oportuno, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra en curso.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes2:

“PRETENSIONES PRINCIPALES.

Medida provisional y preventiva “artículo 7° decreto 2591 de 1991”

PRIMERA: Se ordene transitoriamente desde la presentación d e la solicitud de amparo, la suspensión de la ejecución de la sanción de inhabilidad general por diez (10) años, con el único objetivo que el señor Robín Castro Fallace, conserve sus derechos políticos

PRIMERA: Se ordene transitoriamente desde la presentación d e la solicitud de amparo, la suspensión de la ejecución de la sanción de inhabilidad general por diez (10) años, con el único objetivo que el señor Robín Castro Fallace, conserve sus derechos políticos provisionalmente y de esta forma pueda cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 1475 de 2011 que reglamenta el acto legislativo N° 1 de 2009, y pueda postularse e inscribirse en la lista al con [c]ejo municipal de Soledad dispuesta para el partido Liberal, que cierra el 31 de mayo de 2023.

Medida necesaria e impostergable, mientras se surten las dos instancias de la presente acción de tutela, protegiendo así los derechos de actor y no haciendo ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante, debido a la premura en la conformación previa de listas para ser presentadas por el Partido Liberal.

Medida provisional y preventiva “Artículo 8° Decreto 2591 de 1991”

PRIMERA: Que conjuntame nte con la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y las medidas cautelares de suspensión del acto sancionatorio procedentes

2 De acuerdo con la subsanación de la demanda.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

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5 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se tutelen a favor los siguientes derechos fundamentales al señor Robín Castro Fallace:

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5 ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se tutelen a favor los siguientes derechos fundamentales al señor Robín Castro Fallace:

El ejercicio de sus derechos políticos, entre estos: (i) Elegir y ser elegido, accede r al desempeño de funciones y cargos públicos, y conformación, ejercicio y control del poder político, todos estos derechos amparados por el art 40 de la Constitución Política de Colombia; (ii) Que se ordene cesar la violación a sus derechos políticos, se le otorguen sus garantías judiciales, y la protección judicial, establecida en la Convención Americana de los Derechos Humanos; (iii) Cese la violación de sus libertades c iviles y políticas tanto del accionante , como de sus electores, libertades amparadas en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (iv) Que se ordene cesar la violación al acceso de justicia y se le otorgue derecho d e Protección Judicial Efectiva consagrado y protegido por el artículo 229 de la Constitución Política y se o rdene cesar la violación al Derecho Al Debido Proceso (artículo 29 ibidem) por desconocimiento de los términos procesales “Sentencia SU -394 del 2016”. Y cualquier otro derecho de igual o mayor valor constitucional, que el señor juez en estudio de la presente acción constitucional encuentre vulnerado, todo ello de conformidad con lo manifestado en la parte motiva de este libelo introductorio.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar la suspensión del fallo disciplinario de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Santa

Marta dictado dentro del proceso con radicado N° IUC -D-2016-566-863505 de fecha

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, ordenar la suspensión del fallo disciplinario de primera instancia emitido por la Procuraduría Provincial de Santa

Marta dictado dentro del proceso con radicado N° IUC -D-2016-566-863505 de fecha 11 de julio de 2019, hasta tanto el Consejo de Estado en segunda instancia se pronuncie de fondo en la controversia planteada ante e sa jurisdicción de conformidad con lo señalado en el artículo 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERA: Ordenar a la Procuraduría General de la Nac ión modificar la información contenida en sus sistemas registrales disciplinarios, en el sentido de suspende r las sanciones impuestas al accionante de manera inmediata.

CUARTA: Se sirva a decretar con carácter excepcional y de urgencia, la aplicación de medida provisional y preventiva, consistente ordenarle al Concejo municipal de Soledad, que se adelanten las acciones administrativas pertinentes, para que el señor Castro sea reintegrado al cargo de concejal del municipio de Soledad y de esta forma pueda participar en las sesiones ordinarias del segundo y tercer periodo del año 2023, mientras se dicta sentencia de fondo en la demanda de nulidad y restablecimiento que cursa en segunda instancia ante el Consejo de Estado.

QUINTA: Que adopte cualquier otra medida que estime necesaria para hacer cesar la amenaza.

1. PRETENSIÓN SUBSIDIARIA

UNICA SUBSIDIARIA: Solo en caso de que no se acceda, a que las medidas de protección solicitadas sean ordenadas directamente por el juez de tutela y en su lugar el despacho considere que se debe surtir el trámite de medida cautelar a treves de la

protección solicitadas sean ordenadas directamente por el juez de tutela y en su lugar el despacho considere que se debe surtir el trámite de medida cautelar a treves de la jurisdicción ordinaria, muy respetu osamente solicito, que se le ordene a la Sección Segunda, Subsección B. CP. Despacho del MP. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter, tramitar de manera inmediata la apelación repartida con fecha de 25 de mayo de 2022 con secuencia “2645” cont ra auto interlocutorio de fecha 19 de noviembre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y que se emita decisión más tardar dentro de las 48 horas sigu ientes, para evitar que se cause como perjuicio irremediable, que el señor Castro Fallace se le imposibilite solicitar el aval al parido Liberal, dentro de las fechas señaladas por sus estatutos, entendiendo el riesgo inminente que existe, de que se copen el número de curules a conformar la lista.

4. Pruebas relevantes

Al trámite de la tutela se allegó el expe diente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el No. 2020-00392-00, demandante: Robín Basilio Castro Fallace.

5. Trámite procesal

Por auto de 19 de mayo de 2023 , la Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda y ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación y aRadicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

admitió la demanda y ordenó notificar a la Procuraduría General de la Nación y aRadicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

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6 los secretarios y magistrados de la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico y de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

Negó la solicitud de medida cautelar tendiente a que se orden ara a la Procuraduría la suspensión de los efectos de la providencia de 11 de julio de 2019, porque consideró que el demandante “ no allegó prueba alguna que demuestre la existencia de un perjuicio irremediable o un daño inminente que amerite la procedencia de dicha medida provisional”.

Finalmente, o fició a la Sala de Decisión Oral “A” del Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Sección Segunda -Subsección “B” del Consejo de Estado y a sus Secretarías para que rindieran informe sobre el trámite impartido al expediente con radicado No. 2020-00392-00 y/o 01.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado

El titular del despacho al que fue repartido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 19 de noviembre de 2020 que negó la suspensión provision al de los actos sancionatorios, manifestó que por medio de proveído de 19 de mayo de

El titular del despacho al que fue repartido el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 19 de noviembre de 2020 que negó la suspensión provision al de los actos sancionatorios, manifestó que por medio de proveído de 19 de mayo de 2023 admitió el recurso y el 25 de l mismo mes y año, lo rechazó por improcedente.

Aclaró que si bien todas las demandas presentadas ante la jurisdicción contencioso administrativa merecen especial atención, los procesos de hábeas corpus y las acciones de tutela (primera instancia, impugnaciones y desacatos) que se tramitan en la Corporaci ón gozan de prelación legal, lo que origina congestión de los expedientes ordinarios d e que trata el Código Contencioso Administrativo y el CPACA , medios de control de nulidad por inconstitucionalidad, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho (ún ica instancia y apelaciones de autos y sentencias), recurso extraordinario de revisión (subsección y salas especiales), pérdidas de investidura (única instancia y apelación sentencia), conflictos de competencia, impedimentos de magistrados de tribunales y consejeros de Estado, recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, extensión y unificación de la jurisprudencia, recursos de queja y súplica, y ejecutivos (única instancia y apelación de autos y sentencias).

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico

El magistrado sustanciador del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho , en primera instancia, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque el actor no agotó el medio control de nulidad y restablecimiento de l derecho, toda vez que se encuentra en curso.

en primera instancia, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela porque el actor no agotó el medio control de nulidad y restablecimiento de l derecho, toda vez que se encuentra en curso.

Explicó que contra la sentencia de primera instancia de 4 de marzo de 2022 , la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación y el demandante present ó adhesión al mismo , por lo que el 10 de mayo de 2023 remitió el expediente a la secretaría del Consejo de Estado para su reparto y radicación en segunda instancia.

Afirmó que en providencia de 6 de octubre de 2021, resolvió no reponer el auto de 19 de noviembre de 2020 que negó la medida cautelar, y concedió ante el superior el recurso de apelación interpuesto por el demandante. Agregó que el 11 de marzo de 2022, la Secretaría General de esa corporación judicial remitió el proceso.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 Señaló que no se vulner ó el derecho fundamental al debido proce so por haber incurrido en mora judicial, toda vez que el expediente fue remitido a la Secretaría del Consejo de Estado para su reparto y radicación en segunda instancia.

Por último, manifest ó que la decisión de negar la medida cautelar solicitada fue clara y ceñida a los lineamientos jurisprudenciales y normativos con la debida valoración de los medios de prueba allegados al trámite judicial, por lo que , en su

Por último, manifest ó que la decisión de negar la medida cautelar solicitada fue clara y ceñida a los lineamientos jurisprudenciales y normativos con la debida valoración de los medios de prueba allegados al trámite judicial, por lo que , en su sentir, el actor acude a la acción de tutela como una tercera instancia.

6.3. Respuesta de la Se cretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado

La Secretar ía de la Sección Segunda del Consejo de Estado informó que el expediente con radicado No. 08001233300020200039201, ingresó al Consejo de Estado para resolver el recurso de apelación contra el auto de 19 de noviembre de 2020, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Explicó que debido al volumen de demandas y procesos que ingresan a la Corporación el trabajo se organiza a partir de un sistema de turnos que tiene en cuenta el día , mes y año de recepción de los mismos, lo que permite evacuar de forma ordenada el reparto correspondiente.

Por último, m encionó que, conforme al turno de reparto asignado, el proceso fue repartido el 25 de mayo de 2022 para su conocimiento al consejero Carmelo Perdomo Cuéter e ingresó el mismo día al despacho por reparto.

6.4. Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

El abogado asesor de la Oficina Jurídica de la entidad pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, al conside rar que no cumple con el requisito de la subsidiariedad porque el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir los actos administrativos mediante los cuales le fue impuesta la sanción disciplinaria, en particular, el medio de control d e n ulidad y

de la subsidiariedad porque el actor cuenta con otro medio de defensa judicial para controvertir los actos administrativos mediante los cuales le fue impuesta la sanción disciplinaria, en particular, el medio de control d e n ulidad y restablecimiento del derecho que se encuentra en curso y pendiente de resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad contr a la sentencia de primera instancia que profirió el Tribunal Administrativo del Atlántico.

Señaló que el am paro constitucional no es el medio para sustituir los procedimientos o las competencias propias del juez ordinario, por lo que al encontrase en trámite la decisión de segunda instancia ante el Consejo de Estado, el amparo se torna improcedente.

Advirtió que, con antelación , el demandante presentó acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación con pretensiones similares la cual fue admitida por el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Barranquilla en auto de 1° de junio de 2022 (radicado No. 08001-33-33-014-2022-00096-00).

Sostuvo que la Corte constitucional y el Consejo de Estado han precisado que la sentencia que resolvió el caso del señor Gustavo Petro Urrego no tiene efecto erga omnes, por lo que aseguró que a la luz de la correct a int erpretación del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos , en armonía con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación tiene competencia para imponer sanciones a los servidores públicos de elección popula r y sus funciones disciplinarias son de naturaleza

con lo dispuesto en la Constitución Política y la Ley 734 de 2002, la Procuraduría General de la Nación tiene competencia para imponer sanciones a los servidores públicos de elección popula r y sus funciones disciplinarias son de naturaleza administrativas y no jurisdiccional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02138-01

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 Por último, estimó que carece de legitimación en la causa por pasiva porque no vulneró los derechos fundamentales del demandante pues “el eventual desacierto de las providencias judiciales, o la tardanza en el cumplimiento de lo dispuesto en ellas no puede ser imputable a la Procuraduría General de la Nación ”. Por lo expuesto, solicitó su desvinculación del amparo constitucional.

7. Inform