CE - 110010315000202302147001SENTENCIA20230629091158

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00

Referencia: Acción de tutela

Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR INCUMPLIR EL REQUISITO GENERAL D E LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LA ACTORA PRETENDE CUESTIONAR UNA

DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO SE TRATASE DE UN

RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL MÍNIMO

VITAL, A LA DIGNIDAD HUMANA Y A LA DEFENSA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por la actora contra

la COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DE

BOGOTÁ1 y la COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA

JUDICIAL2.

1 En adelante la COMISIÓN SECCIONAL. 2 En adelante la COMISIÓN NACIONAL.2

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Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

La señora HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA , actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su s derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital, a la dignidad humana y a la defensa , los cuales, a su juicio, le fue ron vulnerados por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL al haber proferido las sentencias de 19 de octubre de 2019 y 8 de febrero de 2023 , respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000-2018-01278-01.

I.2.- Hechos

Manifestó que, en su calidad de titular del JUZGADO VEINTICUATRO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ , el 21 de junio de 2017 recibió por reparto una demanda divisoria que fue identificada con el número único de radicación 11013103024-201700379-00.3

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subsanado la causal de inadmisión concerniente a la aportación del dictamen, consecuencia que prevé el art. 90 inciso 3 del Código General del Proceso en el evento de no subsanarse la demanda […]”.

Comentó que, concomitante al recurso de apelación que interpuso la apoderada de la parte demandante, esta también presentó una queja disciplinaria en su contra ante la COMISIÓN SECCIONAL4 “[…] pues en su sentir, con mi decisión actúe ilegalmente al terminar el proceso con argumentos que consideró escandalosos […]”.

Informó que, mediante auto de 24 de abril de 2019, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante de forma favorable a esta , al considerar que “[…] el dictamen se podía allegar en otra etapa del proceso y, por ende, no era viable la nulidad que decretó la suscrita, revocando la decisión […]”.

Agregó que, como consecuencia de lo decidido por el TRIBUNAL, dio continuidad al proceso, sin que se afectara la función de administrar justicia.

4 En su momento Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá.5

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Precisó que, además de lo anterior, surtidas las etapas respectivas, a través de sentencia de 18 de diciembre de 2019, la COMISIÓN SECCIONAL le impuso una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo por el término de 2 meses e inhabilidad especial por el mismo término, en razón a que, en su sentir, “ […] había incurrido en falta grave con grado de dolo por mi divergencia interpretativa y la calidad d e Juez que presupone una especialidad en mis conocimientos […]”.

Explicó que a través de sentencia de 8 de febrero de 2023, la COMISIÓN NACIONAL confirmó la decisión proferida en primera instancia “[…] al considerar que el auto objeto de pronunciamiento desconoció el descorrido procesal al retrotraer etapas ya superadas y decretar una nulidad inexistente, ocasionando un desgaste innecesario para la administración de justicia […]”.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Arguyó que la sanción que le fue impuesta transgrede su derecho al mínimo vital, así como el de los demás miembros de su núcleo familiar que dependen económicamente de su salario.6

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familiar que dependen económicamente de su salario.6

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Comentó que la solicitud de amparo tiene relevancia constitucional “[…] en tanto se refiere a la violación de los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, independencia y autonomía judicial, dignidad humana y derecho a la defensa […]”.

Argumentó que al proferir las providencias cuestionadas , la s autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial , al desconocer que la decisión por la que fue sancionada fue adoptada a partir de los principios de autonomía e independencia judicial que se confieren al ámbito funcional de los operadores jurídicos.

Explicó que dentro del proceso divisorio origen de la controversia “[…] obró con la convicción errada e invencible de que tal actuación no constituía falta disciplinaria, lo que constituye una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el art. 28 de la Ley 734 de 2002 […]”.

Agregó que las autoridades accionadas desconocieron el principio de autonomía judicial, dado que con pretexto de ejercer la potestad disciplinaria cuestionaron los criterios a partir de los cuales profirió la decisión, mediante la cual dejó sin efecto las actuaciones surtidas en7

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disciplinaria cuestionaron los criterios a partir de los cuales profirió la decisión, mediante la cual dejó sin efecto las actuaciones surtidas en7

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el proceso divisorio y rechazó la demanda.

Citó algunos apartes de la sentencia T 450 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, referentes al concepto del principio de autonomía e independencia judicial, así como al gunos extractos de decisiones de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura5, sobre el mismo tema.

Precisó que, al proferir la decisión por la que fue sancionada, no tuvo la intensión de causar ningún daño , sino que únicamente estuvo amparada en el cumplimiento de preceptos normativos, sin que las autoridades judiciales accionadas hubiesen hecho un análisis de tal intención.

Anotó que las auto ridades judiciales accionadas impusieron la sancion, aseverando que el hecho de que fuese una funcionaria judicial implicaba que debía conocer las disposiciones normativas aplicables y que incumplirlas configuraba una conducta dolosa, como si se tratara de un tipo de responsabilidad objetiva.

5 Sentencia de 27 de marzo de 2014. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Proceso radicado núm. 760011102000201101633-01 (9181-19).

si se tratara de un tipo de responsabilidad objetiva.

5 Sentencia de 27 de marzo de 2014. M.P. Julia Emma Garzón de Gómez. Proceso radicado núm. 760011102000201101633-01 (9181-19). Sentencia de 11 de septiembre de 2019. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Acción de tutela STC122332019 Radicación núm. 11001-02-03-000-2019-02792-00.8

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Expuso que en “[…] las sentencias disciplinarias aquí reprochadas las autoridades accionadas no hicieron estudio alguno sobre el principio de ilicitud sustancial consagrado en el artículo 5º de la Ley 734 de 2002 y , por el contrario, se limitaron a señalar que la suscrita incumplió lo estipulado en el numeral 1 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, en los artículos 228, 229 y 230 de la Constitución Política, en los artículos 9, 11,90 inciso 2 y 4 y 133 numeral 2 y 233 del Código General del Proceso, sin que se expusiera hasta qué punto esa conducta conllevó a la trasgresión de los fines esenciales del Estado y de la administración de justicia […]”.

Comentó que el principio de ilicitud sustantiva de la conducta, como elemento para la imposición de la sanción ha sido tratado por la Corte

Estado y de la administración de justicia […]”.

Comentó que el principio de ilicitud sustantiva de la conducta, como elemento para la imposición de la sanción ha sido tratado por la Corte Suprema de Justicia 6, el Consejo de Estado 7 e incluso, en su momento, por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura8.

Indicó que las autoridades judiciales no tuvieron en cuenta que el auto de 18 de diciembre de 2018 por el cual fue sancionada nunca

6 “[…] Sentencia de 11 de septiembre de 2019. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Acción de tutela STC122332019 Radicación N.° 11001-02-03-000-2019-02792-00 […]”. 7 “[…] Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ Bogotá, D.C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil diecinueve (2019) Radicación número: 05001-23-33-000-2014-00154-01(2143-16) […]”. 8 “[…] Radicado No. 11001110200020160268901 de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura […]”9

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surtió efectos, porque fue revocado por el TRIBUNAL, sin que la parte demandante se hubiese visto perjudicada porque el proceso finalmente continuó admitido.

I.4.- Pretensiones

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surtió efectos, porque fue revocado por el TRIBUNAL, sin que la parte demandante se hubiese visto perjudicada porque el proceso finalmente continuó admitido.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:

“[…]1. Se protejan mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, mínimo vital, independencia y autonomía judicial, dignidad humana y derecho a la defensa.

2. En consecuencia, se revoquen las sentencias de 18 de octubre de 2019 de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y de 8 de febrero de la presente anualidad proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso disciplinario con radicado

11001110200020180127801.

3. Por lo anterior, se ordene a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que emita un nuevo fallo en el que aplique el precedente constitucional en la materia y las directrices que sobre los principios de autonomía e independencia judicial y principio de ilicitud sustancial frente a sanciones de tipo disciplinario han expuesto las Honorables Cortes en la jurisprudencia aquí citada

[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La COMISIÓN SECCIONAL señaló que se remitía a las consideraciones contenidas en la sentencia que profirió en el curso de la primera instancia del proceso ordinario cuestionado por la10

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de la primera instancia del proceso ordinario cuestionado por la10

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actora.

I.5.2.- La COMISIÓN NACIONAL sostuvo que la acción de tutela de la referencia es improcedente, dado que lo único que pretende es insistir en los mismos argumentos que adujo en el proceso disciplinario, como si este mecanismo fuera una tercera instancia.

Precisó que la sentencia proferida en segunda instancia del proceso disciplinario “[…] satisface desde el punto de vista form al las exigencias contempladas para ello en la Ley 734 de 2002, desde el punto de vista material analiza cada uno de los argumentos o cargos expuestos como fundamentación de la alzada y los despachó desfavorablemente con base en el análisis de la norma, de las particularidades o singularidades del caso y de las pruebas legal y oportunamente allegadas al proceso […]”.

Agregó que la potestad disciplinaria está concebida como la facultad concreta que tiene el Estado para vigilar y velar porque la conducta de los funcionarios se ciña a la Constitución Política, a la Ley y al buen ejercicio del cargo, cuya acción u omisión, conlleva al ejercicio del poder disciplinario mediante la imposición de sanciones.11

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del poder disciplinario mediante la imposición de sanciones.11

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.13

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jurisprudencialmente.13

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma

no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona14

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la

institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años despu és de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resoluci ón de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor15

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse d e manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que

especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surg e cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo16

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto las sentencias de 18 de octubre de 2019 y 8 de febrero de 2023, proferidas por la COMISIÓN SECCIONAL y la COMISIÓN NACIONAL, respectivamente, dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 110011102000 2018 01278 01, por medio de las cuales fue sancionada con dos meses de suspensión del cargo de Juez al cual está vinculada.

La controversia tiene origen en una decisión que tomó la actora en calidad de Jueza Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá dentro de un proceso divisorio, en el cual luego de haber sido admitido, aquella17

Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00

calidad de Jueza Veinticuatro Civil del Circuito de Bogotá dentro de un proceso divisorio, en el cual luego de haber sido admitido, aquella17

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decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y rechazar la demanda.

La imposición de la sanción fue justificada, entre otros aspectos, en el hecho de que la motivación de la decisión aludida implicó un desgaste innecesario para la administración de justicia, al decretar una nulidad carente de razón.

La actora estima que al proferir la s sentencias cuestionadas las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, porque no tuvieron en cuenta que su decisión estuvo ampara da en el principio de la autonomía judicial, en la convicción de que no configuraba falta disciplinaria, además porque no s e hizo un análisis a la ilicitud sustantiva de la conducta como quiera que no se causó perjuicio alguno.

La Sala advierte que el estudio del presente asunto recaerá sobre la sentencia segunda instancia de 8 de febrero de 2023 , dado que fue a través de esta providencia que la COMISIÓN NACIONAL concluyó el proceso disciplinario origen de la controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los18

a través de esta providencia que la COMISIÓN NACIONAL concluyó el proceso disciplinario origen de la controversia.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los18

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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si la COMISIÓN NACIONAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente judicial , al haber proferido la sentencia de 8 de febrero de 2023 aludida.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corpor ación, en especial, el requisito general de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional» . Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías19

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esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».10

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 10 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.20

Número único de radicación: 110010315000-2023-02147-00

Actora: HEIDI MARIANA LANCHEROS MURCIA

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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [14].

El primer elemento dice relación con la carga argu