CE - 110010315000202302152001SENTENCIA20230629164815

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

Actor: María Barbarita Urrea Riveros

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02152-00

Demandante: MARÍA BARBARITA URREA RIVEROS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN “B”

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora María Barbarita Urrea Riveros , quien actúa por conducto de apoderada judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conex os”, los cuales consider a vulnerados con la

“B”, en la que pide el amparo constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conex os”, los cuales consider a vulnerados con la sentencia de 22 de septiembre de 2022, que revocó el fallo de 10 de junio de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) , con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante relató que tiene 50 años y se encuentra vinculada al departamento de Cundinamarca como docente y que presta sus servicios en el municipio de Zipaquirá. Al respecto , explicó que por medio del Decreto 790 del 14 de abril de 1978 fue nombrada como maestra interina desde el 20 de febrero hasta el 22 de marzo de 1978 en reemplazo de una docente a quien se le concedió una licencia de maternidad y, posteriormente, por Decreto No. 1084 de 4 de julio de 1990 f ue vinculada como docente del municipio de Zipaquirá.

Indicó que solicitó a la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia , sin embargo, dicha petición fue negada por medio de las Resoluciones RDP 5938 de 11 de febrero, RDP 16778 de 15 de abril y RDP 1870 6 de 24 de abril, todas de

embargo, dicha petición fue negada por medio de las Resoluciones RDP 5938 de 11 de febrero, RDP 16778 de 15 de abril y RDP 1870 6 de 24 de abril, todas de 2013, por no cumplir con los requisitos pues consideró que su vinculación fue de carácter nacional.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

Actor: María Barbarita Urrea Riveros

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Afirmó que contra dichos actos administrativos presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP con el fin de acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia (radicado No 25000-23-42-000-201304686-00). Agregó que p or sentencia de 8 de mayo de 2014 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “D” , negó las pretensiones de l a demanda , decisión contra la que se interpuso recurso de apelación que fue rechazado por extemporáneo.

Manifestó que formuló una nueva solicitud ante la UGPP dirigida a que se reconociera la pensión gracia, la que fue negada por auto ADP 993 de 9 de febrero de 2015.

Afirmó que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho demandó a la UGPP para que reconociera la pensión gracia (radicación No. 25000-23-42-000-2015-02227-01), la cual correspondió por reparto al Tribunal

derecho demandó a la UGPP para que reconociera la pensión gracia (radicación No. 25000-23-42-000-2015-02227-01), la cual correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” , que por sentencia de 10 de junio de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda , en el sentido de declarar la nulidad Resoluciones RDP 5938 de 11 de febrero, RDP 16778 de 15 de abril y RDP 18706 de 24 de abril, todas de 2013 , y del auto ADP 993 de 9 de febrero de 2015 . En consecuencia, ordenó a la entidad demandada reconocer en su favor la pensión gracia a partir del 13 de mayo de 2010 con el 75% del promedio de los factores de salario devengados en el último año anterior a la adquisición del estatus pensional.

Por último, relató que la UGPP presentó recurso de apelación el cual fue decidido por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado que por medio de la sentencia de 22 de septie mbre de 2022 revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar , declaró probada la excepción de cosa juzgada. Lo anterior , al considerar que el proceso radicado con el No. 25000-23-42-000-2013-04686-00 correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Urrea Riveros contra los precitados actos administrativos a través de los cuales la UGPP negó la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, presentaba identidad de partes, objeto y causa petendi en tanto, reclamaba que se tuvieran en cuenta periodos laborados para efectos de verificar el

a través de los cuales la UGPP negó la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, presentaba identidad de partes, objeto y causa petendi en tanto, reclamaba que se tuvieran en cuenta periodos laborados para efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

2. Fundamentos de la acción

La actora presentó acción de tutela en defensa de l os derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conexos” , los cuales consider a vulnerados con la sentencia de 22 de septiembre de 2022, que revocó el fallo de 10 de junio de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la UGPP, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en su lugar , declaró probada la excepción de cosa juzgada.

La accionante no expresó las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial que , a su juicio , se habrían configurado en la d ecisión cuestionada. N o obstante, del relato de la demanda se advierte que hace referencia al defecto sustantivo, en tanto acusó a la autoridad judicial accionada de desconocer el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que al definir los efectos de la sentenc ia, establece que la que niegue la nulidad de un acto administrativo producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa

la sentenc ia, establece que la que niegue la nulidad de un acto administrativo producirá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

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En ese sentido, aseveró que la demanda estaba dirigida contra los actos administrativos que fuero n expedidos para negar una nueva solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, por lo que no son los mismos del proceso anterior.

Además de lo anterior, adujo que se desconoc ió que el reconocimiento de la pensión gracia es un derecho imprescriptible e irrenunciable en virtud de lo establecido en los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. Por lo tanto, a firmó que “su reconocimiento en vía judicial se podrá seguir intentando ante las nuevas respuestas negativas, en razón a que, lo que se ve afect ado con la cosa juzgada son las mesadas causadas hasta el pronunciamiento que negó las pretensiones de la demanda, pero en momento alguno puede admitirse que se generen efectos sobre las mesadas que se sigan causando a favor del trabajador que acredita la pensión”.

Finalmente, de manera general, adujo que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia en virtud de lo ordenado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las Sentencias de Unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de

Finalmente, de manera general, adujo que tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia en virtud de lo ordenado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las Sentencias de Unificación CE -SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y SUJ-030-CE-S2-2022 de 11 de agosto de 2022.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“Por lo expuesto señor Consejero SOLICITO QUE SEA REVOCADA LA PROVIDENCIA PROFERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO -SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, en su lugar se CONFIRME la Sentencia de 10 de junio de 2021 proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”, que accedió a las pretensiones de la demanda”.

4. Pruebas relevantes

Obra en el expediente los siguientes documentos:

• Sentencia de 10 de junio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo

de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”

• Sentencia de 22 de septiembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado,

Sección Segunda, Subsección “B”.

Del mismo modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó el link habilitado para consulta del expediente No. 25000-23-42-000-2015-02227-01, correspondiente a l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP.

5. Trámite procesal

correspondiente a l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora María Barbarita Urrea Riveros contra la UGPP.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de mayo de 202 3, el despacho de la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “B” y a la UGPP, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual forma, dispuso oficiar al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y al Tribunal Administrativo de Cu ndinamarca, Sección Segunda, Subsección “A”, en el evento de que el expediente hubiese sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 25000-23-42-000-2015-02227-01,Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

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demandante: María Barbarita Urrea Riveros.

La Secretaría General de e sta Corporación libró los oficios 42246 a 42251 todos de 11 de mayo de 2023 1 , con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos

, con el fin de notificar a las partes.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

El Magistrado ponente de la decisión cuestionada rindió informe sobre los hechos y las pretensiones de la acción de tutela en el que indico que “me atengo a lo que se demuestre durante el trámite, y en cuanto dice relación con los motivos de inconformidad con la providencia de 22 de septiembre de 2022 profe rida dentro del referido asunto, somos del criterio que las razones que le sirvieron de fundamento están consignadas en sus motivaciones 2 , las que deben dar suficientemente cuenta de aquellas”.

6.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestió n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPPEl Subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad pidió que se declare improcedente la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no se cumplen los presupuestos de subsidiariedad y de relevancia constitucional, además porque no se acreditó un perjuicio irremediable. De igual modo, señaló que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

Como ant ecedentes administrativos relató que mediante Resolución No. RDP 005938 del 11 de febrero de 2013 , la entidad negó a la actora el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia teniendo en cuenta que a partir de 1990 su vinculación al sector doce nte era del orden nacional y no acreditó la vinculación respecto del periodo correspondiente al año 1978. Afirmó que dicha decisión fue

pago de la pensión de jubilación gracia teniendo en cuenta que a partir de 1990 su vinculación al sector doce nte era del orden nacional y no acreditó la vinculación respecto del periodo correspondiente al año 1978. Afirmó que dicha decisión fue confirmada por medio de las Resoluciones Nos. RDP 016778 del 15 de abril de 2013 y RDP 018706 del 24 de abril de 2013.

Indicó que la actora formuló una nueva solicitud , con el mismo objeto , la cual fue resuelta mediante auto ADP 00993 de 9 de febrero de 2015, que dispuso el archivo del trámite porque la peticionaria allegó los documentos en copia simple y

1 La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: abogadosmagisterio@gmail.com, notifcpalomino@consejodeestado.gov.co, javilas@consejodeestado.gov.co, daniangap0128@gmail.com, cetutelaspaolazuluaga@outlook.com, kossaa@consejodeestado.gov.co, notifjbedoya@consejodeestado.gov.co, lyxim.rojas@gmail.com, ysucerquiah@consejodeestado.gov.co, notifcperdomo@consejodeestado.gov.co, fulana06@gmail.com, cetutelaspaolazuluaga@outlook.com, fulana06@gmail.com, cetutelaspaolazuluaga@outlook.com, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, ces2secr@consejodeestado.gov.co, scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co,

ces2secr@consejodeestado.gov.co, scs02sb01tadmincdm@notificacionesrj.gov.co; scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, rmemorialessec02tadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificacionesjudicialesugpp@ugpp.gov.co, defensajudicial@ugpp.gov.co. 2 “Según el maestro Piero Calamandrei, en su bella obra Elogio de los jueces escrito por un abogado, «La motivación de l as sentencias es, verdaderamente, una garantía grande de justicia, cuando mediante ella se consigue reproducir exactamente, como en un croquis topográfico, el itinerario lógico que el juez ha recorrido para llegar a su conclusión; en tal caso, si la conclu sión es equivocada, se puede fácilmente determinar, a través de la motivación, en qué etapa de su camino perdió el juez la orientación». Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1980, pág. 175”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

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porque no presen tó nuevos elementos de juicio que permitiera variar las decisiones proferidas anteriormente.

Señaló que, contra esa decisión administrativa, la actora formuló acción de tutela y en el marco de dicho trámite se profirió Auto ADP 007914 de 31 de julio de 20 15 en el que se le dio respuesta al actor informando sobre las respuestas que se

en el marco de dicho trámite se profirió Auto ADP 007914 de 31 de julio de 20 15 en el que se le dio respuesta al actor informando sobre las respuestas que se habían dado respecto a la solicitud de reconocimiento de la pensión de jubilación gracia.

En ese orden, señaló que la actora acude al mecanismo de protección constitucional para revivir el debate legal superado en el tramite del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que el juez natural profirió una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada que no puede desconocer el juez de tutela.

Señaló que no se configu ró alguna causal de procedencia específica de tutela contra providencia judicial , en tanto la autoridad judicial accionada no desconoció las pruebas obrantes en el expediente ordinario, y adoptó una decisión conforme con la normatividad que regula la excepción de la cosa juzgada.

Para terminar, indicó que la actora tiene a su disposición el recurso extraordinario de revisión para controvertir la sentencia de 22 de septiembre de 2022 , proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado.

6.3. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó el link habilitado para consultar el expediente, sin pronunciarse sobre la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 22 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado vulneró a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad, social mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conexos”, al revocar el fallo de 10 de junio de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” , que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por la actora para acceder al reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en su lugar, declarar probada la excepción de cosa juzgada , y si incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que establece que la sentencia que niegue la nulidad de un acto administrativo tendrá efectos de cosa juzgada erga omnes, pero solo en relación con la causa petendi.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción deRadicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

Actor: María Barbarita Urrea Riveros

judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción deRadicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

Actor: María Barbarita Urrea Riveros

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tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública” , mandato que materializa las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 3 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos4, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 2012 5, acogió la tesis de admitir la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto d e 20146, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” .

judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus máximos tribunales” , en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas” . En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20057.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto

jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C -590 de 2005, son los siguientes: (i) Defecto orgánico8; (ii) Defecto procedimental absoluto9; (iii) Defecto fáctico10; (iv) Defecto material o sustantivo 11; (v) Error inducido12; (vi) Decisión sin motivación13; (vii) Desconocimiento del precedente14 y (viii) Violación directa de la

3 Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972. 4 Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968. 5 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González. 6 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 7

M. P. Jaime Córdoba Triviño.

8 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. 9 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 10 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. 11 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. 12 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 13 Que implica el incumplimiento de los servido res judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus

toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. 13 Que implica el incumplimiento de los servido res judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. 14 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

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Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de lo Contencioso Admi nistrativo15 y de la Corte Constitucional16.

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de auton omía e independencia del juez

En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada y a los principios constitucionales de auton omía e independencia del juez natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional porque la Sala debe verificar si la autoridad judicial accionada vulneró a la accionante los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conexos” , con la sentencia de 22 de septiembre de 2022 que, en el trámite de segunda instancia, declaró p robada la excepción de cosa juzgada y si incurrió en un defecto sustantivo, en los términos alegados, lo que no supone una reapertura del debate relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo cual es propio del juez natural, a lo que se agrega que la solicitud cuenta con la carga argumentativa mínima para dictar una decisión de fondo.

Igualmente, (ii) la actora no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo para resolver la controversia propuesta , en tanto la decisión cuestionada fu e proferida en el trámite de segunda instancia; (iii) la solicitud de amparo se instauró el 28 de abril de 2023 y la sentencia de segunda instancia se notificó el 1 de noviembre de

en el trámite de segunda instancia; (iii) la solicitud de amparo se instauró el 28 de abril de 2023 y la sentencia de segunda instancia se notificó el 1 de noviembre de 2022, es decir, que se promovió dentro de los seis (6) meses establecidos c omo plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional 17, (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera clara y, por último, (v) la acción de tutela no se dirige contra providencias proferidas en el marco de una acción de tutela.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto sustantivo alegado

4.2.1. La actora promovió acción de tutela con el fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, seguridad social, mínimo vital, “pago oportuno y reajuste periódico de la pensión gracia y conexos” , los cuales considera vulnerados por la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo

15 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134 -01), Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016 -02213-01), Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Luc y Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016 -02568-01, Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado,

Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras. 16 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU -542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M.

P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.

17

Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T -619 de 2019, Corte Constitucional, M.P.:

Antonio José Lizarazo Ocampo.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02152-00

Actor: María Barbarita Urrea Riveros

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de Estado con la sentencia de 22 de septiembre de 2022, que revocó el fallo de 10 de junio de 2021 dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “A” , que había accedido a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovid a contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) , con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en su lugar , declaró probada la excepción de cosa juzgada.

Protección Social (en adelante UGPP) , con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia y, en su lugar , declaró probada la excepción de cosa juzgada.

La accionante no expresó las causales específicas de procedencia de tutela contra providencia judicial que , a su juicio , se habrían configurado en la decisión cuestionada. N o obstante, del relato de la demanda se advierte que hace referencia al defecto sustantivo, en tanto acusó a la autoridad judicial acci onada de desconocer el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 que establece que la sentencia que niegue la nulidad de un acto administrativo producirá efectos de cosa juzgada erga omnes solo en relación