CE - 110010315000202302158011SENTENCIA20230921160853

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros1

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito general de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) reparación integral y iv) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presen tada por los actores contra la sentencia de tutela del 19 de juli o de 2023 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por medio de la cual negó las pretensiones del amparo.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

1 Mary Stella Rodríguez Tarazona, Luís Alejandro Ochoa Rodríguez, Raúl Orlando Ochoa Rodríguez, Diana Milena Ochoa Rodríguez, Luís Alfonso Rodríguez Tarazona, Dalgie Esperanza Rodríguez Tarazona, Rosalba

1 Mary Stella Rodríguez Tarazona, Luís Alejandro Ochoa Rodríguez, Raúl Orlando Ochoa Rodríguez, Diana Milena Ochoa Rodríguez, Luís Alfonso Rodríguez Tarazona, Dalgie Esperanza Rodríguez Tarazona, Rosalba Rodríguez Tarazona, Jhon Faber Cardona Ramírez, Elvira Tarazona de Rodríguez, Atanael Rodríguez Patiño, Alexandra García Rodríguez, Ana Jesús Ochoa Berbesí y Carlos Arley Rocha Ochoa.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, a través de apoderado , presentaron solicitud de tutela contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 17 de marzo de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 540001-23-31-000-2011-00285-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Los actores presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Rama Judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y

3. Los actores presentaron demanda contra la Fiscalía General de la Nación y la Nación - Rama Judicial, en ejercicio del medio de control de reparación directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor Orlando Ochoa Berbesí.

4. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander profirió sentencia de primera instancia el 30 de septiembre de 2013, accediendo parcialmente a las pretensiones de la demanda.

5. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de segunda instancia el 17 de marzo de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] REVOCAR la sentencia del 30 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y, en su lugar, se dispone: PRIMERO. NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. Sin condena en costas.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

TERCERO. Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. […]”.

6. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró lo siguiente: “[…] A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Secci ón Tercera de esta Corporación, con fundamento en los supuestos consagrados en el

siguiente: “[…] A través de sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, la Secci ón Tercera de esta Corporación, con fundamento en los supuestos consagrados en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, acogió un régimen de responsabilidad objetivo en los casos de privación de la libertad cuando el sindicado era absuelto porque (i) no cometió el delito; (ii) el hecho no existió; (iii) la conducta por la cual fue detenido no es típica, providencia en la que, además, se agregó el supuesto (iv) de aquellos casos en los cuales se co ncedía la libertad por aplicación del principio in dubio pro reo, pese a que este último evento no estaba previsto en la norma mencionada. Posteriormente, la Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C037 de 1996 - estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por l o que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada […]”. […] “[…] En ese contexto, la Subsección considera que le “asiste razón a la entidad demandada, porque, atendiendo a la jurisprudencia aplicable en estos asuntos de privación injusta de la libertad, no opera la aplicación automática de un régimen objetivo, sino que a la Sala le corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue apropiada, razonable y/o proporcionada, es decir, si la detención devino o no en

privación injusta de la libertad, no opera la aplicación automática de un régimen objetivo, sino que a la Sala le corresponde examinar si la medida de aseguramiento fue apropiada, razonable y/o proporcionada, es decir, si la detención devino o no en injusta, cuestión esta última que pasa a estudiar enseguida […]”. […] “[…] Hecho este recuento, la Sala precisa que, aunque en el proceso penal se absolvió a Orlando Ochoa Berbesí de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, ello no significa que la privación de la libertad de la que fue objeto haya sido injusta, toda vez que la medida de aseguramiento de detención preventiva que se le impuso estuvo ajustada a derecho, fue legal, proporcional y razonable. De conformidad con lo expuesto, y al margen de que el aquí demandante haya sido absuelto penalmente, la Sala encuentra que la imposición de la medida de aseguramiento proferida en su contra se adoptó en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 del 2000 -norma que reguló el proceso penal, debido a que se contaba con más de dos indicios graves en su co ntra , por lo que resultaba razonable inferir para ese momento que el capturado estaba comprometido en la comisión de los delitos investigados. Asimismo, la medida de aseguramiento era procedente de conformidad con los supuestos establecidos en el artícu lo 357 de ibidem, en virtud de los delitos por el cuales se vinculó al aquí actor a la investigación penal, pues en relación con el delito de homicidio agravado se contemplaba una p ena de prisión de 40 a 50 años -es decir, superior a los 4 años que contemplaba la norma-.

cuales se vinculó al aquí actor a la investigación penal, pues en relación con el delito de homicidio agravado se contemplaba una p ena de prisión de 40 a 50 años -es decir, superior a los 4 años que contemplaba la norma-. De ese modo, la Sala encuentra que la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía estuvo ajustada a derecho, p ues no desbordó los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de decisiones, máxime porque existían las pruebas que la justificaban, lo que4

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

conlleva a concluir que la privación de la libertad de la que fue objeto el señor Orlando Ochoa Berbesí no fue injusta […]”. […] “[…] El Tribunal descartó la responsabilidad de la Rama Judicial, porque no fue la entidad que restringió la libertad del aquí demandante. Sin embargo, en la apelación de la Fiscalía se señaló que el a quo omitió analizar la responsabilidad de la Rama Judicial, cuya actuación, a su juicio, repercutió en el tiempo en que estuvo privado de la libertad el aquí demandante. Lo primero que advierte la Sala es que, contrario a lo ale gado por la Fiscalía, el Tribunal sí analizó la responsabilidad de la Rama Judicial. Además, ha de advertirse que, en efecto, la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, cuya legalidad ya fue establecida, comporta una decisión propia del ente acusador en los términos de la Ley 600 de 2000, motivo por el cual no hay lugar a considerar la

que, en efecto, la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía, cuya legalidad ya fue establecida, comporta una decisión propia del ente acusador en los términos de la Ley 600 de 2000, motivo por el cual no hay lugar a considerar la responsabilidad patrimonial derivada de la actuación del juez penal […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…]1. Se AMPARE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA CONFIANZA LEGITIMA, A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, A LA REPARACIÓN INTEGRAL Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A por incurrir la sentencia de fecha 17 de marzo de 2023 proferida dentro del proceso de reparación directa radicado No. 54001 -23-31-000-201100285-01 (51.547), actor: Orlando Ochoa Berbesí y Otros, Demandado: Nación Colombiana – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, Consejera Ponente: Marta Nubia Velásquez Rico en una vía de hecho por Desconocimiento del Precedente, Defecto Fáctico y Violación Directa de la Constitució n Política Colombiana.

2. Se DEJE SIN EFECTOS la sentencia de fecha 17 de marzo de 2023 proferida

dentro del proceso de reparación directa radicado No. 54001 -23-31-000-201100285-01 (51.547), actor: Orlando Ochoa Berbesí y Otros, Demandado: Nación Colombiana – Fiscalía General de la Nación – Rama Judicial, en los términos alegados en este escrito de tutela.

3. Se ORDENE AL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A, QUE DECIDA EL

ASUNTO NUEVAMENTE EN RELACIÓN CON LO INVOCADO EN ESTE

ESCRITO. […]”.5

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

8. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en i) un defecto fáctico por indebida valoración probatoria , en un ii) defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en la causal de iii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, a través de auto del 5 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado ; y iii) vinculó a la Fiscalía General de la Nación, a la Nación - Rama Judicial, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a las señoras Delia Berbesí de Ochoa, Rosmira Ochoa de Mora y Martha Beatriz Rodríguez Tarazona en calidad de

Fiscalía General de la Nación, a la Nación - Rama Judicial, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander y a las señoras Delia Berbesí de Ochoa, Rosmira Ochoa de Mora y Martha Beatriz Rodríguez Tarazona en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que:

“[…] 2.1. De entrada, se debe destacar que la presente demanda de tutela resulta improcedente, toda vez que lo pretendido es una suerte de tercera instancia, para que se revise nuevamente el caso concreto, en tanto su oposición se centra en controvertir las razones que llevaron a revocar la sentencia de primera instanciaque le resultaba favorable a sus intereses-; en ese sentido, carece del requisito de relevancia constitucional porque el objetivo del tutelante es continuar con el debate propuesto en el proceso reparación directa, cuestión que ya fue analizada y definida por los jueces competentes, además, no se demuestra el supuesto defecto fáctico endilgado, por las razones que se exponen a continuación:

Conviene precisar que el accionante pretende reabrir el debate probatorio, especialmente, respecto la calificación de injusta o no privación de la libertad padecida por Orlando Ochoa Berbesí, en el proceso penal adelantado en su contra por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir; bajo esa óptica, se destaca que en la sentencia aquí cuestionada se examinaron las

padecida por Orlando Ochoa Berbesí, en el proceso penal adelantado en su contra por los delitos de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir; bajo esa óptica, se destaca que en la sentencia aquí cuestionada se examinaron las pruebas que obraban en el expediente con el propósito de determinar si la medida de aseguramiento fue legal, es decir, apropiada, razonable y/o proporcionada […]”.

[…] “[…] 2.2. En relación con el supuesto desconocimiento del precedente vigente a la fecha de presentación de la demanda de reparación directa -19 de julio de 2011por no haber resuelto el caso bajo un régimen de responsabilidad objetivo, lo que, a juicio6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

del impugnante, devino en la vulneración de la Constitución Política, por violación de múltiples derechos fundamentales, procedo a explicar lo siguiente:

Se advierte que en la sentencia cuestionada se explicó de manera amplia el criterio jurisprudencial vigente en los casos de privación injusta de la libertad, en los que no opera, como en otrora, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetivo, sino que le corresponde al juez examinar si la medida de aseguramiento fue legal o ilegal y cumplió con los requisitos para su procedencia; además se precisó de manera detallada por qué los cambios jurisprudenciales, por regla general, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado5 como la Corte Constitucional […]”.

[…]

general, se aplican a todos los casos pendientes de decisión en vía judicial y administrativa, de acuerdo con lo indicado por el Consejo de Estado5 como la Corte Constitucional […]”.

[…]

11. La Fiscalía General de la Nación señaló que:

“[…] Para empezar, es necesario señalar que en el caso sub examine, la presente acción de tutela resulta improcedente por cuanto (i) el apoderado de los accionantes no da cuenta de por qué a pesar de existir otro mecanismo judicial idóneo para ventilar la controversia objeto de esta acción, no hizo uso de este, (ii) no sustentó las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela sea pro cedente y (iii) pretende recuperar oportunidades procesales perdidas […]”.

[…]

“[…] Así pues, respecto de la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, ha determinado que se requiere, entre otras cosas, que el actor demuestre el cumplimiento del requisito de subsidiariedad de la acción, es decir, haber hecho uso de todos los mecanismos judiciales ordinarios o extraordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos.

De no ser así, es decir, de utilizar el amparo constitucional como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo no solo de anular las competencias de las distintas autoridades judiciales, sino también de sobrecargar a la jurisdicción constitucional, causándose con ello, un desborde institucional de la misma […]”.

[…]

“[…] Por lo anterior, para esta Dirección de Asuntos Jurídicos es claro que el requisito de subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo

[…]

“[…] Por lo anterior, para esta Dirección de Asuntos Jurídicos es claro que el requisito de subsidiariedad que exigen la Ley y la jurisprudencia para que proceda el amparo constitucional cuando medie una decisión judicial no se cumple en el caso objeto de estudio, en atención a que el apoderado de los accionantes no justificó por qué los otros mecanismos, no resultaban idóneos para amp arar sus derechos fundamentales […]”.

12. La Rama Judicial señaló que: “[…] Descendiendo en el presente asunto, se evidencia de los hechos relatados , y de la solicitud del Tutelante en relación a nulidad de la sentencia de segunda instancia proferida por la sección tercera - subsección A del honorable Consejo de Estado, que los mismos son de son competencia exclusiva de l mismo Consejo de Estado. Y que en el evento de configurarse alguna vulneración esta debe ser7

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

satisfecha es por dicho órgano; constituyéndose por ende la evidente FALTA DE LEGITIMACION EN LA CAUSA POR PASIVA por parte de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Norte de Santander y Arauca […]”.

[…]

“[…] Aunado a lo anterior, en el presente asunto se avizora que la acción de tutela NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD , ya que dentro del estudio de inmediatez como requisito fundamental de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales , el máximo órgano en materia constitucional, ya establecido que el termino máximo para ejercer la acción de tutela

estudio de inmediatez como requisito fundamental de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales , el máximo órgano en materia constitucional, ya establecido que el termino máximo para ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales oportunamente, es de seis (6) meses, en consideración a la naturaleza del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y ex traordinarios contra las mismas […]”.

[…]

13. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander y las señoras Delia Berbesí de Ochoa, Rosmira Ochoa de Mora, Mar tha Beatriz Rodríguez Tarazona guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 19 de julio

de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Orlando Ochoa Berbesí y otros, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito

TERCERO: Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión […]”.

15. La Sección Cuarta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas

“[…] Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de unificar l a jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.8

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

Según lo anterior, en los eve ntos en que por vía de tutela se cuestione una providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. […]”.

[…]

“[…] Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica

Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional. […]”.

[…]

“[…] Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii) que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente vinculante); (iv) que el juez de instancia no presente una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante. […]”.

[…]

“[…] Ahora, con miras a establecer si la accionada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, es necesario determinar cuál era la jurisprudencia vigente al momento de proferirse la sentencia acusada.

Visto el histórico de actuaciones del caso y el expediente ordinario digitalizado remitido, se tiene que la sentencia acusada se profirió el 17 de marzo y se notificó el 14 de abril del 2023, lo que indica que para el momento en que se profirió la providencia acusada, el marco jurídico para el análisis de la privación injusta de la libertad estaba determinado por la Sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU-072 de 2018, que retomó lo indicado por esa misma Corte en la Sentencia C-037 de 1996 , relativo a que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 no

Constitucional SU-072 de 2018, que retomó lo indicado por esa misma Corte en la Sentencia C-037 de 1996 , relativo a que el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 no establece un título de imputación único bajo el cual deban analizarse los casos de privación injusta de la libertad , sino que corresponde al juez de la causa en cada caso determinarlo. […]”.

[…]

“[…] Recordó que, en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 , la Sección Tercera del Consejo de Estado optó por aplicar de manera preferente el régimen objetivo de responsabilidad para decidir los casos de privación injusta de la libertad. Pero, posteriormente, la Corte Constitucional, en sentencia SU072 de 2018, retomando la argumentación de la C -037 de 1996, determinó que no hay fundamento normativo que justifique aplicar preferentemente el régimen objetivo a los casos de privación injusta de la libertad y que corresponde al juez de la causa determinar, en cada ca so, si la medida restrictiva de la libertad fue apropiada, razonable y proporcionada. […]”.

[…]

“[…] Con base en lo anterior, debe precisarse que, en el caso individual, la aplicación del cambio jurisprudencial no implica asumir cargas procesales ni cargas probatorias adicionales, pues en el expediente se encontraban los medios de convicción que permitían analizar la medida de aseguramiento conforme los presupuestos de9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, sin que se hubiere declarado alguna

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, sin que se hubiere declarado alguna omisión en cuanto al fenómeno de la carga de la prueba. Además, la discusión sobre la aplicación de la sentencia C-037 de 1996 fue expuesta de manera expresa en el recurso de apelación. […]”.

[…]

“[…] Visto lo anterior, a juicio de esta Sala no se encuentra configurado el defecto fáctico alegado, porque la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado valoró de manera razonable las pruebas aportadas al proceso de reparación directa sub examine.

La autoridad judicial accionada estudió los presupuestos de la medida de aseguramiento a partir de lo establecido en los artículos 356 y 357 de la Ley 600 del 2000, normativa procesal penal aplicable para la época de los hechos.

Sobre la necesidad de la medida indicó, citando la fuente jurídica pertinente, que el delito por el que se investigó al señor Ochoa Berbesí excedía la pena de 4 años de prisión. También expuso el juicio de valoración que permitió entender superado el requisito relativo a los indicios de responsabilidad penal del investigado, cuyo principal soporte fue la declaración del señor Donaciano López Corredor (prueba directa). […]”.

[…]

“[…] Tenemos que en la sentencia se analizaron los elementos de legalidad, necesidad y la razonabilidad de la medida, a la luz de los medios de convicción, cuya información justificó la decisión del ente investigador de imponer la medida de

[…]

“[…] Tenemos que en la sentencia se analizaron los elementos de legalidad, necesidad y la razonabilidad de la medida, a la luz de los medios de convicción, cuya información justificó la decisión del ente investigador de imponer la medida de aseguramiento, dada la probabilidad de que el imputado fuera autor o partícipe de la conducta delictiva que se investigaba.

Entonces, es dable concluir que, la decisión de calificar como razonable la detención preventiva, no derivó del capricho del juez de lo contencioso adm inistrativo ni se trató de una determinación deliberada o arbitraria, sino de la valoración de las pruebas del proceso penal a la luz de las exigencias del Código de Procedimiento Penal para imponer estas medidas de cautela […]”.

[…]

“[…] La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito. De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo excepcional. […]”.10

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02158-01

Actores: Orlando Ochoa Berbesí y otros

La impugnación

16. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señalaron lo siguiente2:

La impugnación

16. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señalaron lo siguiente2:

“[…] Sin embargo, al analizar la sentencia de fecha 17 de marzo de 2023 se pudo evidenciar en ella una grave violación a los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la confianza legítima, a la tutela judicial efectiva, a la reparación integral y al acceso a la administración de justicia de los aquí tutelantes, por incurrir la misma en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la constitución política colombiana, tal como se expondrá a continuación. […]”.

[…]

“[…] Obra dentro del expediente de reparación directa, las piezas procesales de la investigación penal que daban cuenta de que la medida de aseguramiento impuesta al señor Orlando Ochoa Berbesí desbordó los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; sin embargo, las mismas fueron valoradas de manera inadecuada, defectuosa, lejos de los postulados de la sana crítica por parte del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, incurriéndose con ello en defecto fáctico. Veamos:

La investigación penal en contra del señor Orlando Ochoa Berbesí fue adelantada en vigencia de la Ley 600 de 2000 que en su artículo 356 se contempló como requisito legal para imponer medida de aseguramiento el consistente en la existencia de <<por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>>. […]”.

[…]

requisito legal para imponer medida de aseguramiento el consistente en la existencia de <<por lo menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente producidas dentro del proceso>>. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, la única prueba de cargo con la que contaba la Fiscalía Décima Delegada ante Jueces Penales del Circuito Especializados al momento de proferir la resolución interlocutoria No. 003 del 9 de febrero de 2006 que impuso medida de aseguramiento en contra del señor Ochoa Berbesí era la declaración del señor DONACIANO LÓPEZ CORREDOR , la cual además haber sido retractada, no era suficiente para construir un indicio grave por carecer de soporte y ser contradictoria, lo que impedía otorgar credibilidad a sus dichos, lo anterior, tal y como fue indicado en la sentencia de absolución fecha 30 de octubre de 2009 proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta.

Por lo t