CE - 110010315000202302164001SENTENCIA20230629164459

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

Actora: Reina María Barrera Murcia

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02164-00

Demandante: REINA MARÍA BARRERA MURCIA

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA-,

MINISTERIO DEL INTERIOR Y UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL

A LAS VÍCTIMAS (UARIV)

Temas: Tutela contra autoridad es administrativas. Derecho fundamental de petición. Carencia actual de objeto por hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Reina María Barrera Murcia contra la Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -, el Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV) , con el objeto de que se

República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -, el Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV) , con el objeto de que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y petición, los cuales considera vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud radicada el 22 de marzo de 2023 dirigida a que se reconozca y pague los componentes de la ayuda humanitaria y la indemnización por causa de desplazamiento forzado.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La actora relató que se encuentra en situación de desplazamiento forzado desde hace siete años cuando tuvo que abandonar su residencia ubicada en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

Manifestó que es una persona de la tercera edad 1 y de acuerdo con la visita realizada a su actual vivienda fue incluida en el SISBEN grupo A, a lo que agregó que se encuentra enferma 2 y no cuenta con una fuente de ingresos que le permitan garantizar su subsistencia.

Señaló que el 23 de marzo de 2023 formuló ante la Presidencia de la República una solicitud dirigida a acceder a los componentes de la asistencia humanitaria por

1 Obra en el expediente c opia de la cédula de ciudadanía de la accionante y se observa que nació el 10 de abril de 1966. Es decir, tiene 57 años de edad. 2 No especificó las patologías que presenta y tampoco obra en el expediente algún documento relacionado con su estado de salud.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

Actora: Reina María Barrera Murcia

2 No especificó las patologías que presenta y tampoco obra en el expediente algún documento relacionado con su estado de salud.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

Actora: Reina María Barrera Murcia

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causa del desplazamiento forzado del que fue víctima “desde hace siete años” 3 , en hechos ocurridos en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

Por último, indicó que a la fecha de la presentación de la acción de tutela no había recibido respuesta a esa petición, así como tampoco accedido al reconocimiento de la ayuda humanitaria y la indemnización por causa del desplazamiento forzado.

2. Fundamentos de la acción

La actora formuló acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales al debido proceso, de petición e igualdad, los cuales consider a vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud formulada el 2 2 de marzo de 2023 dirigida a que se reconozca y pague los componentes de la ayuda humanitaria y la indemnización por causa de l desplazamiento forzado del que fue víctima , afirma, hace siete años.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló en el escrito de tutela las siguientes:

“1) TUTELAR el derecho fundamental de petición conforme a la Constitución y la ley .

1. En cumplimiento a la nueva normatividad que debe estar implementada para reparar a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia al tener que vivir en carne

“1) TUTELAR el derecho fundamental de petición conforme a la Constitución y la ley .

1. En cumplimiento a la nueva normatividad que debe estar implementada para reparar a las víctimas del conflicto armado interno en Colombia al tener que vivir en carne propia los vejámenes de la guerra en mi departamento”.

4. Pruebas relevantes

Obran en el expediente los siguientes documentos:

• Copia de la petición de 22 de marzo de 2023 dirigida a Presidencia de la

República.

• Impresión de pantalla con la constancia de envío del correo electrónico de la precitada solicitud.

5. Trámite procesal

5.1. La acción d e tutela fue radicada inicialmente en el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Florencia, despacho judicial que por auto de 27 de abril de 2023 remitió por competencia al Consejo de Estado, de conformidad con las reglas de reparto fijadas en el Decreto 333 de 2021.

5.2. Por auto de 8 de mayo de 202 3, la magistrada s ustanciadora dispuso la admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia a la parte demandante y a las entidades demandadas.

5.3. La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 41253 a 41257 todos de 9 de mayo de 2023 4 , con el fin de notificar a las partes.

3 Sin fecha específica y no se logra establecer de lo que obra en el expediente. 4 La parte accionante, y las entidades accionadas fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: sandrapatriciamurcia51@gmail.com, contacto@presidencia.gov.co,

3 Sin fecha específica y no se logra establecer de lo que obra en el expediente. 4 La parte accionante, y las entidades accionadas fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: sandrapatriciamurcia51@gmail.com, contacto@presidencia.gov.co, notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co, notificaciones.juridicauariv@unidadvictimas.gov.co, servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, contacto@presidencia.gov.co; notificacionesjudiciales@presidencia.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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6. Oposición

6.1. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas

La Jefe de la Oficina Jurídica pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda, al considerar que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante.

En primer lugar, puso de presente que la Presidencia de la República remi tió la petición de 23 de marzo de 2023 a esta entidad por tener la competencia para resolverla.

En ese orden, la UARIV indicó que no se vulneró el derecho fundamental de petición a la accionante porque dio respuesta a la solicitud radicada el 23 de marzo de 2023, por medio del oficio Código LEX: 7388022 M.N. 1448 D.I # 30518420 de 11 de mayo de 2023.

petición a la accionante porque dio respuesta a la solicitud radicada el 23 de marzo de 2023, por medio del oficio Código LEX: 7388022 M.N. 1448 D.I # 30518420 de 11 de mayo de 2023.

De otra parte, señaló que verificada la información del Registro Único de Víctimas -RUVse constató que la señora Reina María Barrera Murcia se encuentra incluida por el hecho victimizante desplazamiento forzado mediante declaración

RUV ND000585433.

Indicó que por Resolución No . 04102019-1452651 de 3 de febrero de 2022 , notificada personalmente el 14 de febrero de 2022, se reconoció el derecho a recibir la indemnización administrativa, sin embargo, adujo que no se evidenció algún criterio de priorización conforme a lo establecido en l a Resolución No. 1049 de 2019 y en el Auto 206 de 2017 proferido por la Corte Constitucional.

En ese sentido , aseveró que la accionante no acreditó encontrarse en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad las cuales se encuentran establecidas en los artículos 4 de la Resolución No . 1049 de 2019 y 1 de la Resolución No. 582 de 2021, esto es: “(i) tener más de 68 años de edad, o, (ii) tener enfermedad huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo definidas como tales por el Ministerio de Salud y Protección Social, o (iii) tener discapacidad que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrum entos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud”.

que se certifique bajo los criterios, condiciones e instrum entos pertinentes y conducentes que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social o la Superintendencia Nacional de Salud”.

Manifestó que “no desconoce los derechos de la accionante, por el contrario, reconoció el derecho que tiene de ser indemniz ada, sin embargo, la Unidad ha manifestado en varias escenarios su imposibilidad de indemnizar a todas las víctimas en un mismo momento, por lo que a través del procedimiento se adoptó un sistema mixto que permite tanto la atención inmediata de aquellas v íctimas que se encuentran en extrema vulnerabilidad, como la atención de otras víctimas que no se encuentran en tales situaciones, pero son titulares del derecho a la reparación económica”.

En relación con este punto, se refirió ampliamente al Método Técnico de Priorización que se aplica para determinar la fecha de entrega de los recursos de la indemnización administrativa por desplazamiento forzado. A l respecto, resaltó que durante el segundo semestre del año 2023 se dará aplicación al mismo conforme a l a disponibilidad de recursos destinados para tal efecto , lo que será informado oportunamente también a quienes no son objeto de priorización.

Sobre la atención humanitaria afirmó que en virtud de lo establecido en el artículo 47 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 1084 de 2015, por medio de la Resolución No. 0600120213309440 de 2021, notificada personalmente a la accionante el 22Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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de noviembre de 2021, se decidió la suspensión de la entrega de sus componentes, en tanto en el procedimiento de identificación de carencias se determinó que el hogar tiene garantizada la subsistencia mínima por sus propios medios. Agregó que contra esa decisión no se presentaron los recursos administrativos.

En este punto, recordó que la atención humanitaria es una medida de soc orro temporal que busca mitigar las carencias en alojamiento temporal y alimentación derivadas del desplazamiento forzado (artículo 2.2.6.5.1.5 Decreto 1084 de 2015).

Por último, consideró que no ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso administrativo porque las actuaciones administrativas que se adelantan al interior de la s mismas garantizan los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto armado interno como población vulnerable , a quienes se les brinda un tratamiento diferenciado y se les garantiza los siguientes recursos administrativos: (i) controvertir las decisiones referidas al Registro Único V íctimas -RUVen el término de diez (10) días, conforme a la Ley 1437 de 2011; y (ii) presentar recurso de reposición y de apelación cont ra las decisiones referidas a la atenci ón humanitaria (medición de carencias) en el plazo de un mes, seg ún lo dispuesto en el artículo 2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015. Afirmó que en razón a ello debe

humanitaria (medición de carencias) en el plazo de un mes, seg ún lo dispuesto en el artículo 2.2.6.5.5.11 del Decreto 1084 de 2015. Afirmó que en razón a ello debe ser desestimada la presente acci ón, a menos de que nos encontremos en presencia de un perjuicio irremediable, lo cual no fue acreditado.

6.2. La Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -, guard ó silencio en relación con los hechos y las pretensiones de la acción de tutela, pese a que fue notificada en debida forma 5 .

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerd o 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala debe determinar si en el presente caso se configuró la carencia actual de objeto por hecho supe rado, como quiera por medio del oficio Código LEX: 7388022 M.N. 1448 D.I # 30518420 de 11 de mayo de 2023 , la UARIV dio respuesta a la petición de 23 de marzo de 2023 formulada por la actora, de lo cual da cuenta el informe rendido en este trámite constitucional.

En caso de que la respuesta a ese interrogante sea negativ a, le corresponde a la Sala determinar si las autoridades administrativas demanda das vulneraron el derecho fundamental de petición, debido proceso e igualdad a la accionante con la

En caso de que la respuesta a ese interrogante sea negativ a, le corresponde a la Sala determinar si las autoridades administrativas demanda das vulneraron el derecho fundamental de petición, debido proceso e igualdad a la accionante con la falta de respuesta a la petición de 23 de marzo de 2023 dirigida a que se reconozca y pague la indemnización administrativa y se entreguen los componentes de la ayuda humanitaria por el hecho victimizante de desplazamiento forzado.

5 La notificación se surtió a los correos electrónicos contacto@presidencia.gov.co y notificacionesjudiciales@presidencia.gov.coRadicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un

Dada su naturaleza subsidiaria, esta acción sólo procede cuando no existen otros medios de defensa judicial para amparar los derechos fundamentales invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como mecanismo transitorio de protección.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La señora Reina María Barrera Murcia promovió acción de tutela contra la Presidencia de la Repúblic a -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, el Ministerio del Interior y la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas , en defensa de los derechos fundamentales de petición, debido proceso e igualdad, los cuales consider a vulnerados por la falta de respuesta a la solicitud formulada el 23 de marzo de 2023 para que se pagara la indemnización administrativa y se entregaran los componentes de la asistencia humanitaria por el hecho victimizante de l desplazamiento forzado ocurrido, según afirma, hace siete años en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.

En este punto, la Sala advierte que el análisis se circunscribirá a la UARIV, porque la Presidencia de la República - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -, remitió por competencia la solicitud a aquella , en virtud de lo previsto en el artículo 21 de la Ley 1437 de 2011.

4.2. La Sala observa que en el presente asunto se presenta el fenómeno de carencia actual de obje to por hecho superado, teniendo en cuenta que en el trámite de la acción de tutela la UARIV proporcionó respuesta a la petición de 23

4.2. La Sala observa que en el presente asunto se presenta el fenómeno de carencia actual de obje to por hecho superado, teniendo en cuenta que en el trámite de la acción de tutela la UARIV proporcionó respuesta a la petición de 23 de marzo de 2023 y, por lo tanto, hubo satisfacción a las pretensiones de la acción de tutela, esto es, que se ordenara resolver de fondo su solicitud.

Al respecto, se observa que el 23 de marzo de 2023 la actora elevó la siguiente petición:

“a) mi ayuda humanitaria hasta que mi situación socioeconómica deje de ser quebrantada.

b) se dé mi indemnización con carácter urgen te por el enfoque diferencia (mujer campesina, desplazada, mujer cabeza de familiar)”.

Frente a esa petición, en el informe rendido en este trámite constitucional, la UARIV indicó que esa entidad por medio del oficio Código LEX: 7388022 M.N. 1448 D.I # 30 518420 de 11 de mayo de 2023, dio respuesta a la peticionaria en los siguientes términos:

“1) Dando respuesta a su solicitud la Unidad para las V íctimas, luego de hacer las verificaciones correspondientes logr ó establecer que Usted elev ó solicitud de indemnización administrativa mediante ruta general, por la que la entidad le brind ó una respuesta por medio de la Resolución Nº. 04102019-1452651 del 3 de febrero de 2022, notificado de forma personal el 14/02/2022, en la que se le decidi ó reconocer elRadicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

Actora: Reina María Barrera Murcia

notificado de forma personal el 14/02/2022, en la que se le decidi ó reconocer elRadicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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derecho a la medida de indemnizaci ón administrativa por el hecho victimizante desplazamiento forzado.

La entrega de los recursos de la indemnizaci ón est á definida por el resultado de un análisis objetivo de variables: (i) demogr áficas, (ii) socioeconómicas, (ii i) de caracterización del daño, (iv) de avance en el proceso de reparación integral de las víctimas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal anual asignada a la Unidad para las Víctimas. En efecto, la Corte Constitucional ha reconocido en su jurispru dencia que la entidad puede definir plazos y acoger criterios que permitan priorizar la entrega de las medidas que correspondan a la indemnización administrativa.

Bajo este contexto, la Unidad aplica el método cada año y las víctimas que, según esta aplicación, obtengan un resultado favorable, se les entregar· la indemnización en la correspondiente.

Ahora bien, resulta preciso advertir que la entrega de la medida de indemnización está· sujeta al resultado del Método Técnico de Priorización, en Razón a lo dispuesto en el artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019 que indica:

<En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades

artículo 14 de la Resolución 1049 de 2019 que indica:

<En el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización y la víctima haya acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidades referidas en el artículo 4 del presente acto administrativo, se priorizar· la entrega de la medida de indemnizaci ón, atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad para las Víctimas.

En caso de que, los reconocimientos de indemnizaci ón en estas situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad para las V íctimas en la respectiva vigencia, el pago de la medida se har á efectivo en la siguiente vigencia presupuestal. En el tr ánsito entre vigencias presupuestales no se modificará el orden o la colocaci ón de las víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se posicionaron en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que reconocen la medida de indemnización y ordenan su pago.

En los dem ás casos d onde haya procedido el reconocimiento de la indemnizaci ón, el orden de priorizaci ón para la entrega de la medida de indemnizaci ón se definir á a través de la aplicaci ón del m étodo t écnico de priorizaci ón. La entrega de la indemnización se realizar á siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida en los términos del inciso primero del presente artículo.

En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas comunicará a la v íctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnización. (subrayado fuera de texto)

En todos los casos que proceda la entrega de la indemnización, la Unidad para las Víctimas comunicará a la v íctima solicitante acerca del periodo de que dispone para hacer efectivo el pago de la medida de indemnización. (subrayado fuera de texto)

Para mayor claridad tenga en cuenta que el M étodo Técnico de Priorizaci ón es: - Un proceso t écnico que le permite a la Unidad para las víctimas generar el orden m ás apropiado para entregar la indemnizaci ón administrativa de acuerdo con la disponibilidad presupuestal destinada para tal fin. - Se aplicar á anualmente y ser á respecto de la totalidad de v íctimas que al finalizar el 31 de dici embre del a ño inmediatamente anterior cuenten con decisi ón de reconocimiento de indemnizaci ón administrativa a su favor.

• En el evento de no alcanzar la disponibilidad presupuestal para el desembolso de la medida de indemnización de acuerdo con el orden establecido en la aplicación del Método Técnico de Priorización, se pondrá· a disposición de las víctimas la información que les permitir á saber que su desembolso no fue priorizado y que se deber á aplicar nuevamente este proceso t écnico en la vigencia sigu iente, con el propósito de establecer un nuevo orden de entrega.

Por lo anterior, le informamos que la Unidad aplicar á durante el segundo semestre del año 2023 el m étodo e informar á el resultado de este proceso, de tal manera que, si el resultado es favor able, la entrega de la indemnización administrativa ser· de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el resultado es no favorable, a usted se le aplicar á nuevamente el Método Técnico de Priorización, en el año siguiente.

con la disponibilidad presupuestal de la entidad. Si, por el contrario, el resultado es no favorable, a usted se le aplicar á nuevamente el Método Técnico de Priorización, en el año siguiente.

Por ˙último, es pertinente aclararle que los montos y orden de entrega de la medida de indemnización administrativa depende de las condiciones particulares de cada víctima, del análisis del caso en concreto y la disponibilidad presupuestal anual con la que cuente la Unidad, de igual forma, la entrega de la indemnización administrativaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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depende de que se cuente con un estado de inclusión en el Registro Único de Víctimas.

Teniendo en cuenta lo informado, no es procedente brindarle a la accionante una fe cha exacta o probable para el pago de la indemnización, toda vez que nos encontramos agotando el debido proceso, respecto a la aplicación del método técnico de priorización que se le realizar á a la accionante en la vigencia 2023, lo anterior conforme a la resolución 1049 de 2019.

2.) Dando respuesta a su solicitud sobre su solicitud de entrega de atenci ón humanitaria por desplazamiento forzado, nos permitimos informarle que la misma fue atendida de acuerdo con la estrategia implementada por la Unidad para las Víctimas denominada “procedimiento de identificación de carencias, prevista en el Decreto 1084

humanitaria por desplazamiento forzado, nos permitimos informarle que la misma fue atendida de acuerdo con la estrategia implementada por la Unidad para las Víctimas denominada “procedimiento de identificación de carencias, prevista en el Decreto 1084 de 2015. En consecuencia, dicha determinaci ón, se encuentra debidamente motivada mediante la Resoluci ón No. 0600120213309440 de 2021, la cual fue debidament e notificada de forma personal el 22/11/2021, conforme el art. 69 de la ley 1437 de 2011, razón por la cual Usted conto con un (1) mes a partir de la notificaci ón del mismo para interponer los recursos de reposici ón y/o apelación ante el director T écnico de Gestión Social y Humanitaria, garantizando así su derecho al debido proceso y contradicción.

En este sentido se evidencia agotamiento del proceso administrativo conforme el art. 87 de la ley 1437 de 2011. No obstante, lo anterior, resulta importante men cionarle que Usted y su hogar podrán acceder la oferta institucional en los componentes adicionales definidos en la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral.

Para nuestra entidad es muy importante tener actualizados sus datos de contacto, asÌ como la información del Registro Único de V íctimas – RUV, por esto le invitamos a informar cualquier modificación a través de nuestros canales de atención.

AsÌ mismo, es importante contar con su opini ón para mejorar nuestros servicios de atención al usuario. Para ello lo invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página web https://www.unidadvictimas.gov.co/es/encuesta -desatisfaccion/37436, le agradecemos su participación”.

atención al usuario. Para ello lo invitamos a responder la encuesta de satisfacción que se encuentra en la página web https://www.unidadvictimas.gov.co/es/encuesta -desatisfaccion/37436, le agradecemos su participación”.

Esta respuesta fue enviada al correo electrónico señalado para tal efecto, como se evidencia en las siguientes imágenes:Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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En dicha respuesta la UARIV le inform ó a la actora que por medio de la Resolución No. 04102019 -1452651 de 3 de febrero de 2022, notificad a de forma personal el 14 del mismo mes y año, se reconoció el derecho a acceder a la medida de indemnización sustitutiva por el hecho victimizante de l desplazamiento forzado y sobre la entrega de los recursos respectivos le indicó que no era posible señalar una fecha exacta , en tanto ello se def ine anualmente a partir del Método Técnico de Priorización establecido en el artículo 14 de la Resolución N o. 1049 de 2019 y conforme a la disponibilidad presupuestal, a lo que agregó que se acogen criterios definidos por la Corte Constitucional para priorizar la entrega.

De igual modo, en relación con la entrega de los componentes de la atención humanitaria por desplazamiento forzado, se le informó que por medio de la Resolución No . 0600120213309440 de 2021, notificada personalmente el 22 de

De igual modo, en relación con la entrega de los componentes de la atención humanitaria por desplazamiento forzado, se le informó que por medio de la Resolución No . 0600120213309440 de 2021, notificada personalmente el 22 de ese mes y an ualidad, se decidió la suspensión definitiva de esta medida como resultado de la aplicación del procedimiento de identificación de carencias prevista en el Decreto 1084 de 2015. Sobre el particular, afirmó que la actora contaba con un mes para interponer l os recursos administrativos respectivos , sin embargo, no lo hizo.

Finalmente, la UARIV advi rtió que la accionante y su hogar “podrán acceder a la oferta institucional en los componentes adicionales definidos en la Ruta de Atención, Asistencia y Reparación Integral”.

En ese escenario, la Sala encuentra que en el curso de la acción de tutela la entidad atendió las pretensiones de la demanda, al contestar la petición formulada por la parte actora de fondo, de manera clara y congruente con lo solicitado, a l o que se agrega que fue debidamente notificada , por lo que se produjo el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado.

Sobre el fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado, cabe resaltar que en sentencia SU -274 de 2019, la Corte C onstitucional reiteró que “ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanism o extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto

vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia y sustento, así como su razón de ser como mecanism o extraordinario y expedito de protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02164-00

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En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad de las pretensiones”.

Con base en lo