CE - 110010315000202302185001SENTENCIAFALLOTUTE20230710102948

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-02185-00

Demandante: OLGA OVALLE DE BARRIOS

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL

CONSEJO DE ESTADO

Medio de control: ACCION DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.

ANALISIS DEL DERECTO ORGÁNICO. NIEGA LA

CONFIGURACIÓN DE UN DEFECTO ORGÁNICO. SE

DECLARA LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN LO

REFERENTE AL CARGO POR VIOLACIÓN DIRECTA DE

LA CONSTITUCIÓN PORQUE SE PRETENDE USAR

ESTE MECANISMO COMO UNA TERCERA INSTANCIA,

DE AHÍ QUE EL ASUNTO CAREZCA DE RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la actora reclamó que se vulneraron sus derechos fundamentales por motivo de la providencia proferida en un proceso ejecutivo que confirmó la decisión de reconocer el pago de los intereses de que trata el artículo 177 del CCA , a partir de la ejecutoria de un fallo de tutela. Se alegó la configuración de un defecto orgánico por decisión ultrapetita respecto del cual la Sala niega las pretensiones de la demanda porque lo decidido correspondió con los cargos de apelación. Se declara improcedente el cargo de violación directa de la Constitución

cual la Sala niega las pretensiones de la demanda porque lo decidido correspondió con los cargos de apelación. Se declara improcedente el cargo de violación directa de la Constitución porque se pretendió emplear este medio de amparo constitucional como una instancia adicional a las del proceso ejecutivo.

La Sala decide la ac ción de tutela presentada 1 por la señora Olga Ovalle de Barrios para la protección de sus derechos fundam entales del debido proceso y acceso a la administración de justicia consagrados en los artículos 29 y 229 de la Constitución Política, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia judicial proferida el 10 de octubre de 2022 por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

1 Mediante escrito del 2 de mayo de 2023.2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02185-00

Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 15 de noviembre de 2007, el Tribunal Administrativo del Cesar profirió sentencia en el proceso de reparación directa con radicación no. 20001 -23-15-000-2004-0191700, presentado por Olga Ovalle de Barrios y otros, en la cual declaró patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la falla en el servicio que dio lugar a la declaración de muerte presunta de varios funcionarios del Cuerpo Téc nico de Investigación de la Fiscalía (CTI), quienes fueron secuestrados y desaparecidos por un

responsable a la Fiscalía General de la Nación por la falla en el servicio que dio lugar a la declaración de muerte presunta de varios funcionarios del Cuerpo Téc nico de Investigación de la Fiscalía (CTI), quienes fueron secuestrados y desaparecidos por un grupo armado ilegal durante el desarrollo de una comisión de servicios en el corregimiento de Minguillo, municipio de La Paz (Cesar), providencia que se notificó mediante edicto desfijado el 23 de noviembre de 2007.

1. Previa apelación de esa decisión por las partes demandante y demandada, la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió un auto el 3 de abril de 2014 en el que declaró la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia en el referido proceso y ordenó la devolución del expediente al Tribunal Administrativo del Cesar “para lo de su cargo”, con fundamento en su falta de competencia funcional para tramitar el asunto, en virtud de la cuantía definida por la parte actora en la demanda.

1. Con auto de 15 de mayo de 2014 , el Tribunal Administrativo del Cesar obedeció y cumplió lo resuelto por esta Corporación y, además, declaró la nulidad de lo actuado en primera instancia a partir de la sentencia de 15 de noviembre de 2007 , por lo que remitió el proceso a la oficina de re parto de los Juzgados Administrativos del Circuito Judicial de Valledupar y, si bien esa decisión fue recurrida en súplica, dicho recurso fue rechazado por improcedente.

1. Los demandantes del proceso de reparación directa presentaron una acción de tutela en contra de esas decisiones, solicitud de amparo que fue declarada improcedente en

rechazado por improcedente.

1. Los demandantes del proceso de reparación directa presentaron una acción de tutela en contra de esas decisiones, solicitud de amparo que fue declarada improcedente en primera instancia por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02185-00

Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

1. Con fallo de 28 de mayo de 2015, la Sección Cuarta de esta Corporación revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, dejó sin efectos las providencias dictadas por el Tribunal Administrativo del Cesar , mediante las cuales declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa y declaró improcedente el recurso de súplica.

1. Para esa autoridad judicial , la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado únicamente declaró la nulidad de las actuaciones surtidas en segunda instancia, por lo que el tribunal no podía declarar de oficio la nulidad de su propia sentencia y, en consecuencia, consideró que el fallo de 15 de noviembre de 2007 (parr. 1) alcanzó efectos de cosa juzgada material a partir del 28 de noviembre de ese año, fecha en que quedó ejecutoriado.

1. El 2 de julio de 2015 , el Tribunal Administrativo del Cesar obedeció y cumplió lo resuelto en el fallo de acción de tutela.

1. Los demandantes presentaron proceso ejecutivo para lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria y el Tribunal Administrativo del Cesar profirió fallo en audiencia celebrada el 24 de septiembre de 2019 en el que ordenó seguir adelante con la

1. Los demandantes presentaron proceso ejecutivo para lograr el cumplimiento de la sentencia condenatoria y el Tribunal Administrativo del Cesar profirió fallo en audiencia celebrada el 24 de septiembre de 2019 en el que ordenó seguir adelante con la ejecución y reconoció la causación de intereses desde el 9 de julio de 20152 hasta el 8 de enero de 2016 y desde el 8 de marzo de 20163 hasta el pago total de la obligación.

1. Consideró esa autoridad que la exigibilidad para el cobro de la sentencia condenatoria surgió el 28 de mayo de 2015, fecha en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado dejó sin efectos el auto que declaró la nulidad de lo actuado, ya que con anterioridad no era posible determinar el momento en que empezó a correr el plazo para que la Fiscalía pagara sus obligaciones.

1. Ambas partes apelaron esa decisión y, en particular, la aquí demandante manifestó estar de acuerdo con todo lo resuelto por el tribunal, excepto en lo relacionado con los intereses porque no se reconocieron a partir del 28 de noviembre de 2007 , como se

2 Día siguiente a la fecha de ejecutoria de la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

3 De acuerdo con una certificación expedida por la Coordinadora de la Sección de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios de la Fiscalía General de la Nación, los demandantes contaban con turno asignado para el pago desde el 8 de marzo de 2016 y hasta entonces no se causaron intereses.4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02185-00

Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

asignado para el pago desde el 8 de marzo de 2016 y hasta entonces no se causaron intereses.4

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02185-00

Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

dispuso en el fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por lo que, a su juicio, la decisión de la autoridad judicial constituyó un desacato.

1. A su vez, la señora Matilde María Deluque Díaz -quien actuó en el proceso como cesionaria parcial de los derechos de algunos de los beneficiarios de la sentencia de reparación directatambién apeló la sentencia y se opuso a la fecha a partir de la cual el tribunal reconoció los intereses reclamados , por lo que alegó que la causación de ese derecho inició desde el momento en que quedó ejecutoriado el fallo condenatorio y no desde la fecha en que se profirió sentencia de acción de tutela.

1. Mediante sentencia de 10 de octubre de 2022 , la Subsección A de la Sec ción Tercera del Consejo de Estado confirmó la providencia del tribunal con fundamento en que la sentencia que sirvió de título de recaudo no cobró ejecutoria de manera inmediata, sino que tal efecto estuvo suspendido hasta la fecha en que volvió a la vida jurídica con ocasión del fallo de acción de tutela que invalidó el auto que había dispuesto su nulidad.

1. Consideró que con antelación al 16 de junio de 2015 no era exigible a la Fiscalía General de la Nación la ejecución de una sentencia que no producía efectos y los ejecutantes no podían presentar ante esa autoridad una solicitud de pago porque esa

1. Consideró que con antelación al 16 de junio de 2015 no era exigible a la Fiscalía General de la Nación la ejecución de una sentencia que no producía efectos y los ejecutantes no podían presentar ante esa autoridad una solicitud de pago porque esa providencia, formalmente, no existía para el ordenamiento jurídico.

1. Para la autoridad judicial demandada, solamente con ocasión de la ejecutoria de la sentencia de condena se pudo ordenar la expedición de las copias de ese fallo con la constancia de prestar mérito ejecutivo pues, anteriormente, era material y jurídicamente imposible afirmar la exigibilidad de la obligación de pago.

1. Pese a que se determinó en el fallo de acción de tutela que la fecha de ejecutoria de la sentencia de reparación directa correspondía al 28 de noviembre de 2007, su cumplimiento no podía exigirse sino con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia de 28 de mayo de 2015.

1. Se demostró que durante el periodo comprendido entre el 28 de noviembre de 2009 y el 8 de julio de 2015, la obligación objeto de ejecución no era exigible por lo que no existió mora y, en consecuencia, no era posible reconocer los intereses en los términos reclamados por los ejecutantes.5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-02185-00

Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora señaló que la providencia proferida por la autoridad demandada conllevó un defecto orgánico porque la autoridad demandada carecía de competencia para pronunciarse sobre el tema de los interes es moratorios, en tanto la Fiscalía

La parte actora señaló que la providencia proferida por la autoridad demandada conllevó un defecto orgánico porque la autoridad demandada carecía de competencia para pronunciarse sobre el tema de los interes es moratorios, en tanto la Fiscalía General de la Nación únicamente apeló lo referente a la excepción de prescripción de la acción y estuvo de acuerdo con la regulación de intereses , por lo que no era procedente referirse a los mismos.

Agregó que el fallo incurrió en una violación directa de la Constitución y para sustentar esa afirmación reiteró los planteamientos de la demanda ordinaria y el recurso de apelación que presentó en contra de la sentencia de primera instancia en ese proceso, relacionados con la fecha a partir de la cual procedía el reconocimiento de intereses moratorios.

La demandante insistió en que se vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales porque la demandada no reconoció tales intereses desde la fecha de ejecutoria de la sentencia que sirvió de título de recaudo -a partir del 15 de noviembre de 2007-, de conformidad con lo resuelto en la sentencia de acción de tutela de 28 de mayo de 2015.

3. Pretensiones.

Con fundamento en lo anterior, la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:

“PRIMERA. Se conceda el amparo constitucional solicitado contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, para la protección de mis derechos fundamentales y demás concordantes y complementarios.

SEGUNDA. En consecuencia, se declare sin efectos el trámite y la decisión del incidente de regulación y/o pérdida de intereses previsto en el artículo 425

protección de mis derechos fundamentales y demás concordantes y complementarios.

SEGUNDA. En consecuencia, se declare sin efectos el trámite y la decisión del incidente de regulación y/o pérdida de intereses previsto en el artículo 425 CGP que tuvieron lugar en la sentencia de 10 de octubre de 2022, notificada el 2 de noviembre de esa anualidad ilegítimamente avocada y tramitada sin competencia absoluta por la entidad demandada en esta tutela.

TERCERA. Se declare también que, a partir del 28 de noviembre de 2007, fecha en que quedó ejecutoriada la sentencia de 15 de los mismos expedida por el Tribunal Administrativo del Cesar, radicación 20001 -23-15-000-2004-6

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01917-00, y hasta la fecha en que se realice el pago ordenado en esa sentencia, se han causado intereses de mora y seguirán causándose hasta le (sic) fecha en que se haga el pago total de la obligación, pago del que han de descontarse los pagos parciales que se hubiesen hecho.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI – mayúsculas del original)

4. Actuación procesal.

Mediante auto de 3 de mayo de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al presidente y magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado entregándoles copia de la demanda y los anexos.

Por asistirle interés jurídico en el proceso se vinculó al presidente y magistrados

notificación al presidente y magistrados integrantes de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado entregándoles copia de la demanda y los anexos.

Por asistirle interés jurídico en el proceso se vinculó al presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Cesar, al Fiscal General de la Nación y a los demandantes del proceso ejecutivo en que se profirió la sentencia cuestionada , entregándoles copia de la demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades.

La magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque el interés de la parte actora es reabrir de manera injustificada el debate probatorio y jurídico a través de este mecanismo constitucional.

Aunque invocó unos supuest os defectos estos coinciden con los argumentos de la apelación del proceso ejecutivo.

La parte demandante desconoce que el recurso de judicial de la acción de tutela no constituye una instancia adicional al proceso ordinario y no es un escenario para refutar la valoración probatoria del juez de conocimiento o proponer una solución alternativa al caso.

Para la autoridad demandada, la actora confundió la figura procesal de la ejecutoria de la sentencia con la de exigibilidad de la obligación, situación que fue puesta de presente en la providencia objeto de tutela.

La orden contenida en la sentencia condenatoria no produjo efectos en virtud de los recursos de apelación presentados en contra de ese fallo y que fueron concedidos en7

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recursos de apelación presentados en contra de ese fallo y que fueron concedidos en7

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Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

el efecto suspensivo, de con formidad con el artículo 55 del Código Contencioso Administrativo.

En el proceso se demostró la imposibilidad jurídica para los demandantes de acudir ante la jurisdicción para hacer efecto el pago de la sentencia a través de un proceso ejecutivo, como tam bién que la autoridad pública no podía pagarles mientras los efectos de la sentencia condenatoria se encontraran suspendidos, razón por la cual no podían cobrarse intereses de mora.

Contrario a lo alegado en la demanda, la regulación de intereses sí fue puesta en consideración de la Sala de Decisión en razón de la apelación adhesiva que presentó la cesionaria parcial de los derechos de los beneficiarios de la condena.

Adicionalmente, la autoridad ejecutada presentó en término la solicitud de regulación de intereses dentro del escrito de contestación a la demanda ejecutiva, motivo por el cual esa materia fue de obligatorio estudio en el proceso, aun cuando de manera antitécnica se deno minó como “excepción de cobro indebido de intereses” , de conformidad con el mandato previsto en el artículo 425 del CGP.

La Magistrada del Tribunal Administrativo del Cesar solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque la providen cia de esa Corporación no constituyó una vía de hecho judicial y no se avizoró una arbitrariedad o contrariedad con el derecho en la decisión atacada que avale la intervención del juez de tutela.

constituyó una vía de hecho judicial y no se avizoró una arbitrariedad o contrariedad con el derecho en la decisión atacada que avale la intervención del juez de tutela.

La Fiscalía General de la Nación solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela porque la providencia cuestionada se ajustó a los criterios de razonabilidad y fundó su conclusión en premisas ajustadas al orden constitucional.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proc eso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela y ii) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela8

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Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida por esa autoridad el 10 de octubre

A de la Sección Tercera del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales antes mencionados, presuntamente vulnerados con ocasión de la providencia proferida por esa autoridad el 10 de octubre de 2022 por cuanto, a su juicio, incurrió en una violación directa de la Constitución y un defecto orgánico.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala negará las pretensiones de la demanda sobre la presunta ocurrencia de un defecto orgánico y declarará la improcedencia de la acción de tutela en lo relacionado con la alegada violación directa de la Constitución en los términos que a continuación se explica:

2.1. Análisis del defecto orgánico

Sea lo primero señalar que, en lo atinente a las ra zones que sustentaron la presunta configuración del defecto orgánico el caso cumplió los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia c uestionada4; iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, v) no se ataca una

determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; iv) la parte actora identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, vi) la cuestión que se discute resulta de relevancia constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos fundamentales

4 La providencia judicial cuestionada se notificó el 2 de noviembre de 2022 mientras que el proceso de acción de tutela se radicó ante esta Corporación el 2 de mayo de 2023.9

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con ocasión de un defecto orgánico derivado de la presunta falta de competencia de la autoridad judicial demandada para proferir la decisión cuestionada, argumento que no pudo ser planteado en el curso del proceso ejecutivo, lo que denota su índole iusfundamental.

1. Ahora bien, la parte actora afirmó que la autoridad judicial demandada incurrió en un defecto orgánico porque carecía de competencia para pronunciarse sobre el tema de los intereses moratorios, en tanto la Fiscalía General de la Nación únicamente apeló lo referente a la excepción de prescripción de la acción y estuvo de acuerdo con la regulación de intereses, por lo que el ad quem no tenía competencia para referirse a los mismos.

1. Para efectos de resolver este planteamiento de la demanda, basta con afirmar que, una vez revisada la documentación aportada en el curso del presente proceso de acción de tutela se encontró que en el curso de la audiencia inicial celebrada el 24 de

1. Para efectos de resolver este planteamiento de la demanda, basta con afirmar que, una vez revisada la documentación aportada en el curso del presente proceso de acción de tutela se encontró que en el curso de la audiencia inicial celebrada el 24 de septiembre de 2019 por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, la Fiscalía General de la Nación no fue la única que apeló ese fallo porque, en efecto, los ejecutantes y la señora Matilde María Deluque Díaz, como cesionaria parcial de derechos, también cuestionaron la decisión y reprocharon lo referente al periodo de causación de intereses moratorios, lo que, en definitiva, avaló que la demandada emitiera un pronunciamiento sobre esa materia en concreto en la sentencia de segunda instancia.

1. Los demandantes reclamaron que la autoridad judicial desconoció los términos del artículo 177 del CCA que dispuso la causación de intereses comerciales a partir del momento de ejecutoria de la sentencia condenatoria y alegaron que con ello se desacató la orden de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

1. Por su parte, la cesionaria que presentó una apelación adhesiva manifestó no estar de acuerdo con los intereses fijados por el tribunal y reclamó que, de conformidad con la sentencia C-188 de 1999 de la Corte Constitucional, los intereses del artículo 177 del CCA se debían generar desde el momento en que quedó ejecutoriada la respectiva sentencia de condena y no desde la fecha en que quedó en firme el fallo de tutela mencionado.

1. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tenía no solo la facultad sino también el deber de emitir una

mencionado.

1. Conforme a lo expuesto, resulta evidente que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado tenía no solo la facultad sino también el deber de emitir una decisión de cara a los cuestionamientos de las partes del proceso, relacionados con10

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las fechas a partir de las cuales procedía el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 177 del CCA, razón suficiente para desestimar el cargo relacionado con la configuración de un defecto orgánico y negar las pretensiones de la demanda respecto de ese aspecto en concreto.

1. Se recuerda que, si bien en cumplimiento de la garantía de la non reformatio in pejus, en los casos de apelante único el ad quem solo está facultado para resolver los reparos planteados en los recursos de apelación, lo cierto es que cuando son ambas partes quienes impugnan la decisión, como ocurrió en este caso, el superior puede resolver sin estar atado a los precisos cargos del recurso de alzada.

2.2. Análisis de la violación directa de la Constitución

1. De entrada, la Sala advierte que todos los planteamientos en que se sustentó la demanda de tutela, relacionados con la presunta ocurrencia de una violación directa de la Constitución Política, se dirigieron de manera exclusiva a discutir los argumentos que fueron deb idamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ejecutivo que adelantó la demandante en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, relacionados con la fecha a partir de la cual debían serle reconocidos los

que fueron deb idamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ejecutivo que adelantó la demandante en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación, relacionados con la fecha a partir de la cual debían serle reconocidos los intereses moratorios por el cumplimiento tardío de la sentencia condenatoria.

1. La Sala encontró que, si bien la demandante invocó la configuración de una violación directa de la Constitución como defecto especial de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo cierto es que no expuso una argumentación distinta de aquellas ventiladas en el proceso ejecutivo sobre las fechas respecto de las cuales debió computarse el reconocimiento de intereses moratorios.

1. En efecto, la actora alegó en la demanda de tutela lo siguiente:

“(...) en la audiencia de 24 de septiembre de 2019 el Tribunal Administrativo del Cesar dictó sentencia por la cual ordenó seguir adelante la ejecución, sin embargo de lo cual decidió que la ejecutoria de la sentencia de 15 de noviembre de 2007, que es el título ejecutivo, se “definió” en la sentencia de tutela de 28 de mayo de 2015 expedida por el Consejo de Estado, y que como por auto de 2 de julio de 2015, ejecutoriado el 8 del mismo mes, había resuelto obedecer y cumplir la sentencia de tutela, solo desde el 9 de julio se causaban intereses.

Se equivocó el Tribunal, por dos razones. La primera, porque mediante la sentencia de tutela de 28 de mayo de 2015 el Consejo de Estado declaró sin efectos, esto es, nulos, por ilegales, los autos de 15 de mayo y 12 de junio de11

sentencia de tutela de 28 de mayo de 2015 el Consejo de Estado declaró sin efectos, esto es, nulos, por ilegales, los autos de 15 de mayo y 12 de junio de11

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Demandante: Olga Ovalle de Barrios Acción de tutela

2014por los cuales el Tribunal había decidido que era nula la sentencia de condena de 15 de noviembre de 2007 e improcedente el recursos interpuesto contra el primero de tales autos -, y con ell o esos autos desaparecieron. La nulidad declarada por el Consejo de Estado tiene efectos ex tunc (desde siempre) esto es, desde el momento mismo en que tuvieron origen los autos referidos, retrotrayendo la situación jurídica al estado anterior, como si eso s autos nunca hubieran existido ni tenido vigencia,.

La segunda, porque la sentencia de tutela dictada por el Consejo de Estado es, sin dudas, una sentencia declarativa en lo que dijo que (sic) la sentencia del Tribunal había quedado ejecutoriada el 28 de noviembre de 2007. Dicho, en otros términos: la sentencia de 15 de noviembre de 2007 dictada por el Tribunal quedó ejecutoriada el 28 de noviembre de 2007, por disposición de la ley; la sentencia de tutela de 28 de mayo de 2015 dictada por el Consejo de Estado solo declaró esa situación jurídica, no la creó o, en los términos del Tribunal, no la “definió”. (...)

Pues bien, contra la sentencia de seguir adelante con la ejecución (...) interpusimos el recurso de apelación aduciendo, en síntesis, que si la sentencia de condena de 15 de noviembre de 2007 había quedado

Pues bien, contra la sentencia de seguir adelante con la ejecución (...) interpusimos el recurso de apelación aduciendo, en síntesis, que si la sentencia de condena de 15 de noviembre de 2007 había quedado ejecutoriada el 28 de los mismos -como lo declaró el Consejo de Estado y, finalmente, después de un incidente de desacato, lo reconoció el Tribunal en auto de 17 de febrero de 2016 y en el mandamiento de pago de 7 de junio de 2018 y la misma Fiscalía en su escrito de excepciones - desde esa fecha adquirió la autoridad de la cosa juzgada y sus efectos se producían a partir de entonces, y que, siendo así, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 177 del CCA, las cantidades líquidas reconocidas en la sentencia de condena devengarían intereses comerciales de mora a partir de esa fecha.

El Consejo de Estado, mediante sentencia de 10 de octubre de 2022, decidió confirmar la del Tribunal. Dijo el Conse jo de Estado, en esencia, que la sentencia de condena dictada por el Tribunal el 15 de noviembre de 2007 había quedado ejecutoriada el 28 de noviembre de 2007, ciertamente, pero que solo tuvo efectos de cosa juzgada material a partir de la sentencia de tutela, esto es, desde el 28 de mayo de 2015, y que solo a partir de entonces se causaban intereses. Es un error, evidentemente. (...)

Sea como fuere, lo dispuesto en el artículo 177 del CCA es que las cantidades líquidas de dinero reconocidas en la sentenci a devengarán intereses comerciales de mora a partir de su ejecutoria, y la sentencia d