CE - 110010315000202302187001SENTENCIA20230626215402

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-00

Accionante: Luis Eduardo Herrera Montilla

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02187-00

Accionante: Luis Eduardo Herrera Montilla

Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , en la que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento y pago del subsidio familiar conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000. Accede al amparo solicitado.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por el señor Uriel Hernando Ramírez Sánchez en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm.4.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla, por intermedio de apoderada judicial,

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla, por intermedio de apoderada judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y, junto con ellos, los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y seguridad jurídica. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 7600133-33-001-2021-00189-01, para, en su lugar, emitir una nueva de decisión, en la que se declare que tiene derecho a la liquidación y pago del subsidio familiar, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 desde la fecha en que consolidó el derecho objetivo al reconocimiento de dicha prestación.2

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1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el derecho a devengar un subsidio familiar para el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

1. El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el derecho a devengar un subsidio familiar para el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente . Sin embargo, esta disposición fue derogada a través del Decreto 3770 de 2009.

1. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014 reactivó el reconocimiento de dicho subsidio, «pero en una cuantía inferior a la reconocida en el artículo precitado».

1. El 8 de junio de 2017, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.

1. El 4 de marzo de 2020, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla, al considerar que le eran aplicables los efectos de la referida providencia, solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento de esa p artida en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de

2000. No obstante, el 11 de igual mes y anualidad la entidad precitada, a través del Oficio núm. 2020311000445721 MDN -COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-1-10, resolvió de manera desfavorable lo peticionado.

1. El señor Herrera Montilla instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo precitado.

1. El 24 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de

derecho en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de obtener la nulidad del acto administrativo precitado.

1. El 24 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda , al considerar que al actor le era más favorable el subsidio familiar que devengaba al solicitado en la demanda, puesto que el Decreto 1161 de 2014 consagraba un porcentaje de reconocimiento de la partida mucho superior al estipulado antes del año 2014.3

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1. Inconforme con esta decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación y el 31 de octubre de 2022 el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia.

1.1.3. Fundamentos de derecho

El accionante consideró que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y, junto con ellos, los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y seguridad jurídica. Para el efecto, adujo que aquella autoridad incurrió en defecto sustantivo, por desconocimiento de precedente judicial, por lo siguiente:

1. La autoridad judicial accionada al afirmar, en la providencia cuestionada, que para la fecha en el accionante contrajo matrimonio la norma no preveía un reconocimiento

por lo siguiente:

1. La autoridad judicial accionada al afirmar, en la providencia cuestionada, que para la fecha en el accionante contrajo matrimonio la norma no preveía un reconocimiento por subsidio familiar para los soldados profesionales, no tuvo en cuenta las consideraciones e hipótesis planteadas en la sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por el Consejo de Estado y, por ende, los efectos ex tunc bajo los cuales se declaró nulo el Decreto 3770 de 2009.

1. Con la expedición del referido Decreto se afectó el derecho sub jetivo de reconocimiento al subsidio familiar para todos aquellos soldados profesionales que contaban ya con el derecho objetivo de reconocimiento, es decir, que habían contraído matrimonio o declarado su unión marital de hecho con anterioridad a la expedición de este, y también para los soldados que consolidaron el derecho objetivo de reconocimiento con posterioridad a la entrada en vigor de dicho acto.

1. El máximo tribunal de lo contencioso administrativo en la referida providencia dejó claro que al declarar la nulidad con efe ctos ex tunc de la disposición mencionada operó la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, de ahí que el reconocimiento del subsidio familiar para los soldados profesionales en cuantía del 4 % del sueldo básico adicionado en el 100 % de la prima de antigüedad estuvo vigente desde su expedición (1.° de enero de 2001) hasta que fue subrogado por el Decreto 1161 del 25 de junio de 2014.4

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Decreto 1161 del 25 de junio de 2014.4

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1. Consolidó el derecho objetivo de reconocimiento del subsidio familiar en el preciso instante en que cam bió de estado civil contrayendo matrimonio con la señora Cindy Jimena Aguirre Rosero el 11 de septiembre de 2009 , tal y como consta en el registro civil de matrimonio con indicativo serial núm. 04653265 , de manera que en su caso deben extenderse y aplicars e los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017, en consecuencia, ordenarse a la entidad demandada que reconozca, liquide y pague el subsidio familiar conforme con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1794 de

2000.

1. En conclusión, la providencia cuestionada no interpretó de manera sistemática las normas que regulan el caso en concreto ni los efectos bajo los cuales se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, mediante la sentencia del 8 de junio de 2017.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 9 de mayo de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, (ii) vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, como tercero interesado en los resultados del proceso, y (iii) comisionó al Juzgado Primero Administrativo del

acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, (ii) vinculó a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, como tercero interesado en los resultados del proceso, y (iii) comisionó al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, para que notificara a todas las personas que intervinieron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 7600133-33-001-2021-00189-00/01, a excepción del señor Luis Eduardo Herrera Montilla y de la entidad precitada, y , adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Ministerio de Defensa Nacional

La coordinadora del Grupo Contencioso Constitucional, Diana Marcela Cañón Parada, afirmó que la apoderada judicial de la parte accionante planteó en esta sede los mismos argumentos que fueron expuestos y discutidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual no está permitido, debido a que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional al proceso ordinario.5

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Además, precisó que tanto el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali como el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca realizaron un estudio normativo y jurisprudencial con respe cto al subsidio familiar, el cual l os llevó a concluir que el señor Luis Eduardo Herrera Montilla no tenía derecho al

Cali como el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca realizaron un estudio normativo y jurisprudencial con respe cto al subsidio familiar, el cual l os llevó a concluir que el señor Luis Eduardo Herrera Montilla no tenía derecho al reconocimiento y pago de est a partida . En consecuencia, solicitó negar las pretensiones formuladas, por resultar improcedente el mecanismo de amparo.

1.3.2. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali

La jueza Mónica Isabel Escobar Martínez aseguró que no amenazó ni vulneró los derechos fundamentales de rango constitucional del accionante. De otro lado, aclaró que los sujetos vinculados a la presente acción, a través del auto admisorio del 9 de mayo de 2023, co nstituyen la parte activa y pasiva del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho multicitado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente para conocer la presente acc ión de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal 5.º del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán rep artidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para

respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea el demandante e n contra de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 76001-33-33-001-2021-00189-01 y, en caso de ser así, defini r si se configur ó la causal de desconocimiento del precedente6

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judicial. Sobre esta última causal, se aclara que el estudio no se realizará bajo el defecto sustantivo, comoquiera que los argumentos expuestos por el accionante para fundamentarlo se adecuan más a la primera causal mencionada.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen

procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la Sentencia C-590 de 2005,2 en la que se hace distinción e ntre causales genéricas, aquellas que hacen referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv) que cuando se trat e de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela. Frente a estas causales el jue z debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

Frente a estas causales el jue z debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza «excepcional».

1 Sentencias C-543 de 1992,T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T -567 de 1998, SU -047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.7

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En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad , aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitució n. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las anteriores causales o defectos.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.4.1. El caso bajo estudio goza de relevancia constitucional, toda vez que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad , pues, en criterio de l accionante, la litis fue resuelta sin un adecuado análisis jurisprudencial, evento que de encontrarse acreditado conduciría a considerar lesivos los intereses de aquel.

2.4.2. Se agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, comoquiera que la decisión cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4.3. Se cumple la exigencia de inmed iatez, por cuanto la providencia objeto de censura fue notificada el 16 de noviembre de 2022 y la acción de tutela fue remitida al correo electrónico el 28 de abril de 2023 , esto es, en el término de los seis meses previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de providencias judiciales. 2.4.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.

2.4.5. En e l escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.8

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argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos fundamentales.8

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2.4.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 76001-33-33-001-2021-0018900/01, la Sala de decisión establece lo siguiente:

2.5.1. El 9 de septiembre de 2021, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla, por intermedio de apoderado judicial, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, con el fin de obtener la nulidad del Oficio núm. 2020311000445721 MDN -COGFM-COEJCSECEJ-JEMGF-COPER-DIPER-1.10 del 11 de marzo de 2020, por medio del cual le fue negado el reconocimiento y reajuste del subsidio familiar, conforme a lo establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) reconocer y pagar el subsidio familiar desde la fecha en que el demandante adquirió el derecho, es

establecido en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) reconocer y pagar el subsidio familiar desde la fecha en que el demandante adquirió el derecho, es decir, desde el 11 de septiembre de 2009 , ii) reajustar el subsidio familiar reconocido al demandante en un 25% al 62,5% con fu ndamento en lo previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, hasta la fecha de su retiro, iii) ordenar la modificación de la hoja de liquidación de servicios, para que en la misma se indique el valor que se le reconozca y pague por concepto de subsi dio familiar y iv) la indexación e intereses que en derecho corresponda sobre los valores adeudados.

2.5.2. El 24 de marzo de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las pretensiones de la demanda, al considerar que si b ien al demandante le resultaría aplicable el artículo 11 del Decreto 1794 de 2001, al haber adquirido el derecho antes de que entrara en vigor el Decreto 1161 de 2014, por contraer nupcias el 11 de septiembre de 2009 y atendiendo los efectos retroactivos en que fue dictada por el Consejo de Estado la sentencia de nulidad del Decreto 3370 de 2009, lo cierto es que al hacer una comparación entre ambas normas, se9

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encuentra que el Decreto 1161 de 2014, le resultaba más favorable a sus intereses, pues consagra u n porcentaje de reconocimiento de la partida mucho superior al estipulado antes del año 2014.

2.5.3. Por lo anterior, el 1.° de abril de 2022 la parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión, debido a que, en virtud de los efec tos ex tunc bajo los cuales se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, la normatividad que resultaba aplicable era el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

2.5.4. El 31 de octubre de igual anualidad, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la sentencia de primera instancia y, adicionalmente, condenó al demandante al pago de las expensas y gastos en que incurrió la entidad demandada.

2.6. Desarrollo jurisprudencial del desconocimiento del precedente judicial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial — horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente3, vale decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente 4; b) que se trate de un problema

3 Corte Constitucional, sentencias T -193 de 1995, T -1625 de 2000, T-462 de 2003, T -292 de 2006, T087 de 2007, T -4Treinta y séis de 2009, T -161 de 2010, SU -448 de 2011, y T -830 de 2013, entre otras. 4 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella con stituye el conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi expresada en el precedente judicial constituye u n importante límite a la autonomía judicial que no puede ser desconocido por los jueces».10

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puede ser desconocido por los jueces».10

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jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolver con posterioridad.5

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe ate nder el juez o magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o a nivel constitucional.6

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligado cumplimiento por los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción. 7 Sin embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión po r parte de las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.8

embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión po r parte de las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.8

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora, los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una excepción, pues no es ob ligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las

5Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006. 6Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011. 7Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011. 8Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.11

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siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que

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siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada, los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de razón suficiente)».9

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autorida des judiciales en virtud al acatamiento a los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.10

2.7. Análisis del caso en concreto

El señor Luis Eduardo Herrera Montilla solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad y la salvaguarda de los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y seguridad jurídica, los cuales estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al expedir la sentencia del 31 de octubre de 2022.

Como fundamento de lo anterior, afirmó que la autoridad judicial precitada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, puesto que no tuvo en cuenta l a sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que

Como fundamento de lo anterior, afirmó que la autoridad judicial precitada incurrió en desconocimiento del precedente judicial, puesto que no tuvo en cuenta l a sentencia proferida el 8 de junio de 2017 por la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró la nulidad con efectos ex tunc del Decreto 3770 de 2009 , pues en su caso debía reconocerse el subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, comoquiera que con la decisión adoptada en la providencia precitada operó la reviviscencia de tal precepto.

Pues bien, para resolver la inconformidad expues ta, la Subsección considera necesario analizar los argumentos en que se apoyó el Tribunal Administrativo del

9Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011. 10Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C634 de 2011, entre otras.12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-00

Accionante: Luis Eduardo Herrera Montilla

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Valle del Cauca, para confirmar la decisión adoptada por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cali, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el hoy accionante.

Así, se advierte que la corporación judicial accionada, en la sentencia del 31 de

la demanda de nulidad y restablecimiento del der