CE - 110010315000202302187011SENTENCIA20230908155240

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: LUIS EDUARDO HERRERA MONTILLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la providencia del 15 de junio de 2023, dictada por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, que resolvió:

«(…)

Primero: Amparar los derechos fundamentales del señor Luis Eduardo Herrera Montilla, conforme a los argumentos expuestos en las consideraciones que anteceden.

Segundo: Dejar sin efectos la providencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal

Primero: Amparar los derechos fundamentales del señor Luis Eduardo Herrera Montilla, conforme a los argumentos expuestos en las consideraciones que anteceden.

Segundo: Dejar sin efectos la providencia proferida el 31 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de radicado 76001-33-33-001-2021-0018901.

Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que, en el término de veinte días, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, proceda a dictar una nueva decisión en la que se tenga en cuenta lo expuesto en las consideraciones que anteceden.

(…)».

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Luis Eduardo Herrera Montilla, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

“1. Que se TUTELEN los derechos fundamentales invocados y que están siendo vulnerados por el H. Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, al proferir la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022 en virtud de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, en lo relativo al reconocimiento y pago del subsidio familiar que debe devengar el actor en su asignación salarial mensual con fundamento en las disposiciones del artículo 11 del decreto 1794 del 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

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salarial mensual con fundamento en las disposiciones del artículo 11 del decreto 1794 del 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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2. Que como consecuencia de la tutela de los derechos fundamentales invocados se deje sin efectos la sentencia de fecha 31 de octubre de 2022, en cuanto negó el reconocimiento del subsidio familiar en la cuantía establecida en el artículo 11 del decreto 1794 de 2000.

3. Que una vez se deje sin efectos la providencia judicial, se ordene a la autoridad judicial accionada, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a que profiera nueva sentencia en la

(sic) se declare que el actor tiene derecho a que el subsidio familiar sea liquidado y pagado conforme lo establece el artículo 11 del decreto 1794 del 2000 desde la fecha en que el actor consolidó el derecho objetivo de reconocimiento de tal prestación.

4. Que se advierta a las entidades tuteladas, sobre las consecuencias que conlleva el incumplimiento de la providencia que su despacho profiera”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el derecho a devengar un

incumplimiento de la providencia que su despacho profiera”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 estableció el derecho a devengar un subsidio familiar para el soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, la disposición fue derogada con el Decreto 3770 de 2009. Posteriormente, el Decreto 1161 del 24 de junio de 2014 o rdenó nuevamente el reconocimiento de dicho subsidio, «pero en una cuantía inferior». El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 8 de junio de 2017 declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 con efectos ex tunc.

El 17 de mayo de 2012 solicitó al jefe de Desarrollo Humano y jefe de Personal del Ejército Nacional el reconocimiento del subsidio familiar y la entidad en Oficio 20125590587861 del 22 de junio de 2012, negó la solicitud porque mediante Decreto 3770 de 2009 se derogó el subsidio familiar previsto en el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000.

La entidad reconoció el 25 % del subsidio familiar al señor Luis Eduardo Herrera Montilla, discriminado en: (i) el 20 % por el matrimonio con la señora Sindy Jimena Aguirre Rosero, según orden administrativa de personal 2024 del 30 de septiembre de 2014, con novedad fiscal del 12 de julio de 2014; (ii) 3 % por su meno r hija Alisson Gabriela Herrera Aguirre, de acuerdo con la orden administrativa de

de 2014, con novedad fiscal del 12 de julio de 2014; (ii) 3 % por su meno r hija Alisson Gabriela Herrera Aguirre, de acuerdo con la orden administrativa de personal 2024 del 30 de septiembre de 2014, con novedad fiscal del 12 de julio de 2014 y, (iii) 2 % por su menos hijo Luis Emmanuel Herrera Aguirre, de acuerdo con la orden administrativa de personal 1556 del 30 de mayo de 2019, con novedad fiscal del 20 de marzo de 2019.

El 4 de marzo de 2020, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla solicitó al Ejército Nacional el reconocimiento del subsidio familiar en los términos del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, por considerar que le eran aplicables los efectos de la referida providencia y la entidad, por conducto del Oficial Sección Ejecución Presupuestal DIPER, en Oficio número 2020311000445721 MDN -COGFMCOEJC-SECEJ-JEMGF-COPERDIPER-1-10 del 11 marzo de 2020 , negó la solicitud.

El señor Luis Eduardo Herrera Montilla ejerció demanda de nul idad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Defensa , Ejército Nacional, con el fin que se declarara la nulidad del acto administrativo y, a título deRadicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

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restablecimiento del derecho, obtener el pago del subsidio familiar conforme al Decreto 1794 de 2000.

El Juzgado Primero Administrativo Oral de Cali, en sentencia del 24 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda, por considerar que, en atención al principio de favorabilidad, al actor le era más favorable el subsidio familiar que devengaba, esto es, del que trata el Decreto 1161 de 2014, porque consagraba un porcentaje de reconocimiento de la partida superior al previsto en el Decreto 1794 de 2000, es decir, antes del año 2014.

La parte demandan te interpuso recurso de apelación, en el que se opuso a la conclusión del juzgado, con fundamento en que el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 otorga un porcentaje y cuantía superior a la que se le reconoció al actor, el cual es del 62.5 % del sueldo básico percibido por el soldado profesional, mientras que, el Decreto 1161 de 2014 estableció un máximo de 26 % del sueldo básico, lo cual era suficiente para promover la demanda.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en sentencia del 31 de octubre de 2022, confirmó la sentencia de primera instancia, porque se trató de un soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 -fecha en que entró en vigencia el

profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 -fecha en que entró en vigencia el Decreto 1794 de 2000y el 29 de septiembre de 2009 -día anterior a la entrada en vigencia del Decreto 3770 de 2009 -, el parágrafo 1o del Decreto 3770 de 2009 1, estableció un régimen de transición a su favor en el sentido de que seguirían percibiendo el subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento de su salario básico mensual más el 100% de la prima de antigüedad.

En ese sentido, concluyó que, el actor no tenía derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4 % de su salario básico mensual más el 100 % de la prima de antigüedad, como lo prescribe el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000 y sólo desde el 1 de julio de 2014, tiene derecho a que esa prestación se compute en su asignación básica mensual en un 25 %, según el Decreto 1161 de 2014, tal y como la ha venido pagando el Ejército Nacional, así: 20 % por conyugue, 3 % por el primer hijo y 2 % por su segundo hijo, tal como se evidencia del acto administrativo demandado.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en el defecto “sustantivo” por desconocimiento de precedente judicial, con fundamento en los argumentos que se pasan a resumir.

Adujo desconocida la sentencia del 8 de junio de 201 7, del Consejo de Estado , Sección Segunda, concretamente , los efectos ex tunc otorgados a la declaratoria

en los argumentos que se pasan a resumir.

Adujo desconocida la sentencia del 8 de junio de 201 7, del Consejo de Estado , Sección Segunda, concretamente , los efectos ex tunc otorgados a la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, punto en el cual reiteró que el contenido del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, del artículo 1 del Decreto 33 70 de 2009, de la parte motiva de la sentencia del 8 de junio de 2017 que declaró la nulidad de este último decreto, con efectos ex tunc, con fundamento en lo cual afirmó que el señor

1 “Parágrafo primero. Los Soldados profesionales e Infantes de Marina Profesionales de las Fuerzas Militares que a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto est én percibiendo el subsidio familiar previsto en el derogado art ículo 11 del Decreto 1794 de 2000, continuarán devengándolo hasta su retiro del servicio”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

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Luis Eduardo Herrera Montilla consolidó el derecho al reconocimiento del subsidio familiar una vez contrajo matrimonio -el 11 de septiembre de 2009-.

Luis Eduardo Herrera Montilla consolidó el derecho al reconocimiento del subsidio familiar una vez contrajo matrimonio -el 11 de septiembre de 2009-.

Igualmente, mencionó que con la reviviscencia del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, este resultaba aplicable a las situaciones jurídicas no consolidadas, en tanto que, la misma Corporación negó las solicitudes de aclaración y adición de la sentencia, en el sentido de indicar que los efectos ex tunc operan so bre todas aquellas situaciones que, al momento de expedición del decreto declarado nuloDecreto 3770 de 2009eran debatidas tanto en sede administrativa, como en instancias judiciales.

En general, dijo que la providencia cuestionada no interpretó de manera sistemática las normas que regulan el caso en concreto ni los efectos bajo los cuales se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009, mediante la sentencia del 8 de junio de 2017.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en auto del 9 de mayo de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y vincul ó a la Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, como tercero interesado en los resultados del proceso, asimismo comision ó al Juzgado Primero Administrativo de Cali, para que notificara a todas las personas que intervinieron en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 7600133-33-001-2021-00189-00/01.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

radicado número 7600133-33-001-2021-00189-00/01.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

6. Intervención de los terceros con interés

El Juzgado Primero Oral Administrativo de Cali informó que mediante sentencia 042 del 24 de marzo de 2022, resolvió la controversia suscitada entre el señor Luis Eduardo Herrera Montilla y la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda y en relación con la comisión para notificar a los intervinientes del proceso ordinario, comunicó que, revisado en su totalidad el expediente no se advirtió parte adicional que debía ser notificada, pues los citados conforman la parte activa y pasiva dentro de l medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de la referencia.

La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional señaló que la acción de tutela de la referencia es improcedente porque la apoderada de la parte accionante planteó en esta sede los mismos argumentos que fueron expuestos y discutidos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

7. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia del 15 de junio de 2023 , accedió el amparo solicitado, en la medida en que encontró acreditado que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en la causal específica de desconocimiento del precedente judicial, porque interpret ó de formaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

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específica de desconocimiento del precedente judicial, porque interpret ó de formaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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inadecuada la sentencia del 8 de junio de 2017, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado, toda vez que desconoció los efectos ex tunc con los que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009.

Explicó que, el tribunal demandado al resolver el litigio planteado, no tuvo en cuenta que la declaratoria de nulidad del Decreto 3770 de 2009, bajo dichos efectos, revivió las disposiciones normativas del artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, lo que implicaba que para la fecha en que contrajo matrimonio el señor Luis Eduardo Herrera Montilla, esto es, el 11 de septiembre de 2009, la norma se encontraba vigente, de ahí que, resultaba aplicable para resolver si aquel tenía derecho al reajuste del subsidio familiar.

Con todo, dijo que, si en gracia de discusión se admitiera la aplicación de la segunda regla contemplada en la sentencia del 8 de junio de 2017, esta no se ajustaría a la situación particular del señor Luis Eduardo Herrera Montilla, comoquiera que aquel contrajo matrimonio el 11 de septiembre de 2009 y d icha

segunda regla contemplada en la sentencia del 8 de junio de 2017, esta no se ajustaría a la situación particular del señor Luis Eduardo Herrera Montilla, comoquiera que aquel contrajo matrimonio el 11 de septiembre de 2009 y d icha regla condicionó su aplicación a los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada, entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014.

Por tanto, concluyó que el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no se compadeció con los lineamientos que realiz ó el máximo tribunal de lo Contencioso Administrativo en la sentencia del 8 de junio de 2017, pues, al resolver el litigio no tuvo en cuenta los efectos en los que se declaró la nulidad del Decreto 3770 de 2009 y, en esa medida, las normas que debían emplearse para resolver el conflicto.

8. Impugnación

La Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional impugnó la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual señaló que no está de acuerdo con la sentencia de tutela de primera instancia, ya que el análisis efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca si acogió el segundo de los lineamientos.

Al efecto, se refirió a las tres reglas de interpretación que fijó el tribunal:

«[...] i) Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 y el 29 de septiembre de 2009, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico

vigente, debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 y el 29 de septiembre de 2009, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 4% de su salario básico mensual más el 100% de la prima de antigüedad.

1. Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, no tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar porque al haber desaparecido temporalmente del ordenamiento jurídico no tenían un derecho adquirido ni una expectativa legitima que les permitiera exigirlo.

1. Los soldados profesionales de las Fuerzas Militares casados o con unión marital de hecho vigente, debidamente reportada a partir del 1° de julio del 2014, tendrán derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar equivalente al 20% de la asignación básica mensual por la cónyuge o compañera permanente, más los porcentajes a que se pueda tener derecho por los hijos conforme al literal c. de este artículo, sin que pueda exceder del 26% [...]» Explicó que, a partir del panorama fáctico, el señor Luis Eduardo Herrera Montilla en su condición de soldado profesional casado el 11 de septiembre de 2009, noRadicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

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tiene derecho al reconocimiento mensual de un subsidio familiar, p orque ese beneficio no estaba previsto en la ley para ese entonces.

Sostuvo que, s u situación particular encaja en la segunda regla jurisprudencial fijada en el acápite que antecede, en la medida que se trat ó de un soldado profesional casado entre el 30 de septiembre de 2009 y el 30 de junio de 2014, que no percibió el subsidio familiar en vigencia del Decreto 1794 de 2000, por lo tanto, no tenía un derecho consolidado ni una expectativa legitima, sino una mer a expectativa que ningún tipo de protección estableció en su favor la legislación estudiada, ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Alegó que, si se tratara de un soldado profesional de las Fuerzas Militares casado o con unión marital de hecho v igente, debidamente reportada entre el 1 de enero de 2001 y el 29 de septiembre de 2009, el parágrafo 1 del Decreto 3770 de 2009, estableció un régimen de transición a su favor en el sentido de que seguirían percibiendo el subsidio familiar equivalente al cuatro por ciento de su salario básico mensual más el 100 % de la prima de antigüedad.

Indicó que, a su turno , la Corte Constitucional también estableció respecto del Decreto 3770 de 2009, que frente a situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de

Indicó que, a su turno , la Corte Constitucional también estableció respecto del Decreto 3770 de 2009, que frente a situaciones jurídicas no consolidadas desde el momento de su promulgación hasta cuando fue subrogado por el Decreto 1161 de 2014, se tendría que esta normatividad permanecería en vigor desde su entrada en vigencia hasta nuestros días, por cuanto no ha sido expulsado del ordenamiento jurídico por ninguna de las vías legalmente establecidas.

En suma, sostuvo que el actor no tiene derecho el reconocimiento mensual de l subsidio familiar equivalente al 4 % de su salario básico mensual más el 100 % de la prima de antigüedad, como lo prescribe el artículo 11 del Decreto 1794 de 2000, que, solo desde el 1 de julio de 2014, tiene derecho a que esa prestación se compute en su asignación básica mensual en un 25 %, según el Decreto 1161 de 2014, tal y como la ha venido pagando el Ejército Nacional, así: 20 % por conyugue, 3 % por el primer hijo y 2 % por su segundo hijo.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los d erechos constitucionales fundamentales.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 2 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de

lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 3 y específicas 4 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

La Nación - Ministerio de Defensa, Ejército Nacional impugnó la decisión de tutela de primera instancia por considerar que, contrario a la conclusión del a quo , la autoridad judicial demandada acogió la sentencia del 8 de junio de 2017, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, concretamente, el segundo de las reglas allí fijadas por el máximo tribunal de lo contencioso administrativo en materia de reconocimiento mensual de un subsidio familiar a favor de los soldados profesionales.

Quiere decir lo anterior, que el fundamento concreto de la impugnación es que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca sí aplicó en debida forma los efectos de la sentencia del 8 de junio de 2017, de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Al efecto, la Sala determinará si se debe o no confirmar la decisión de tutela de primera instancia, para lo cual, encu entra necesario hacer el análisis del defecto por desconocimiento judicial invocado, para posteriormente resolver el caso objeto de estudio. Sin embargo, de manera previa, la Sala determinará si la acción de tutela cumple con los requisitos generales de pr ocedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso (i) Requisito general de relevancia constitucional

contra providencias judiciales.

Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en el presente caso (i) Requisito general de relevancia constitucional

El requisito general de relevancia constitucional, como lo ha reiterado esta Sección, tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones, por lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte

2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulner ación de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de dere chos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusf undamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los

inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02187-01

Demandante: Luis Eduardo Herrera Montilla

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Constitucional y de la Sala Plena del Consejo de Estado, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos5.

En el presente caso, se observa que la de mandante invocó la protección de derechos de contenido fundamental y sustentó en debida forma las razones por las

de relevancia constitucional deben verificarse algunos presupuestos5.

En el presente caso, se observa que la de mandante invocó la protección de derechos de contenido fundamental y sustentó en debida forma las razones por las que, a su juicio, la autoridad judicial demandada incurrió en el desconocimiento del precedente