CE - 110010315000202302197011SENTENCIA20230912160438

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02197-01

Demandante: William Esteban Gómez Molina

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-02197-01

Demandante: William Esteban Gómez Molina

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A y otros

Temas: Tutela contra providencia judicial. Incumplimiento de requisito de procedibilidad. Subsidiariedad de la acción. Recurso extraordinario de revisión para controvertir la falta de congruencia de la sentencia.

Ausencia de perjuicio irremediable.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada en contra de la sentencia del 29 de junio de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró improcedente la acción de tutela con respecto del cargo de falta de vinculación y negó las pretensiones de la demanda en torno al cargo de no tener en cuenta los alegatos de conclusión.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

pretensiones de la demanda en torno al cargo de no tener en cuenta los alegatos de conclusión.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor William Esteban Gómez Molina , actuando en nombre propio , promovió demanda en orden a que se tutele su derecho fundamental al debido proceso, y como2

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consecuencia de lo anterior, que se deje sin efectos la sentencia del 3 de marzo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, dentro del expediente de reparación directa con radicación 1100 1-03-26-000-2021-00207-00 (67621).

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. El 10 de septiembre de 2021, el señor William Esteban Gómez Molina promovió demanda de nulidad simple, con solicitud de medida cautelar de suspensión provisional, en contra de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industri a y Turismo y el Ministerio de Transporte, a fin de que se declarara la nulidad de algunos

Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industri a y Turismo y el Ministerio de Transporte, a fin de que se declarara la nulidad de algunos apartes del Decreto 1073 de 2015, por considerar que el Gobierno Nacional no cuenta con la competencia para crear motu proprio procedimientos sancionatorios a través de normas de naturaleza reglamentaria.

1. El 10 de noviembre de 2021, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, consejera Martha Nubia Velásquez Rico , admitió la demanda y corrió traslado de la medida cautelar.

1. El 18 de enero de 2022, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado remitió informe secretarial en el que hizo constar lo relativo a las notificac iones personales ordenadas y puso de presente , que el traslado de la medida cautelar se surtió por el término de 5 días, desde el 14 de diciembre de 2021 hasta el 12 de enero de 2022, y que dentro del término de traslado se pronunció el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo.

1. El 16 de febrero de 2022, el Ministerio de Minas y Energía contestó la demanda, y el 18 de febrero siguiente, lo hizo el Ministerio de H acienda y Crédito Público , el Ministerio de Minas y el Ministerio de Transporte.3

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1. El 22 de febrero de 2022, la consejera de Estado Martha Nubia Velásquez Rico accedió parcialmente a la medida cautelar solicitada.

1. El señor William Esteban Gómez Molina interpuso recurso de reposición en contra de lo resuelto en el numeral tercero de la decisión, que negó la medida cautelar respecto de algunos apartes demandados; mien tras que el Ministerio de Minas y Energía interpuso el de súplica en contra de los numerales primero y segundo en los que se suspendieron algunos de los apartes normativos.

1. El 14 de marzo de 2022 , la consejera Martha Nubia Velásquez Rico confirmó el auto recurrido, y e l señor William Esteban Gómez Molina interpuso recurso de reposición en contra de dicha decisión.

1. El 8 de junio de 2022 , la consejera Martha Nubia Velásquez Rico resolvió de manera conjunta los recursos de súplica interpuestos , confirmado lo resuelto en el proveído del 14 de marzo de 2022 ; el 22 de agosto siguiente se pronunció frente a la excepción previa de inepta demanda, formulada por el Ministerio de Minas y E nergía, y la declaró no probada; y el 16 de septiembre de igual anualidad, resolvió prescindir de la audiencia inicial, fijó el litigio y dispuso correr traslado para alegar de conclusión

y la declaró no probada; y el 16 de septiembre de igual anualidad, resolvió prescindir de la audiencia inicial, fijó el litigio y dispuso correr traslado para alegar de conclusión por 10 días.

1. El 29 de septiembre de 2022, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó sus alegatos de conclusión; el 3 de octubre siguiente, lo hizo el Ministerio de Transporte; y 4 de octubre de igual anualidad, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía y el señor William Esteban Gómez Molina.

1. El 24 de enero de 2023, la consejera Martha Nubia Velásquez Rico vinculó en calidad de demandados al Presidente de la República, al Ministerio de Trabajo y al

Ministerio de Salud y Protección Social.

1. El 3 de marzo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, profirió sentencia, en la que declaró la nulidad de los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4. (lite ral a) del Decreto 1073 de 2015, denegó las pretensiones de4

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la demanda en todo lo demás, y ordenó archivar el proceso una vez quedara en firme la providencia.

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la demanda en todo lo demás, y ordenó archivar el proceso una vez quedara en firme la providencia.

1.1.3. Los defectos invocados

1. Defecto procedimental absoluto. Toda vez que en el auto admisorio de la demanda, proferido el 10 de noviembre de 2021, se excluyó de la controversia al Presidente de la República, y con posterioridad, en auto del 24 de enero de 2023, se ordenó su vinculación, de aquí que en caso deba decretarse la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio con el fin de que se vincule al Presidente de la República dada su responsabilidad en la expedición en los apartes demandados del Decreto 1073 de

2015.

1. Defecto material sustantivo. Porque la autoridad accionada omitió tener en cuenta y, por tanto, pronunciarse respecto de los alegatos de conclusión que presentó , aduciendo para ello que «todas las partes» habían reiterado los argumentos de la demanda y sus contestaciones, lo cual no es cierto, pues en sus alegatos se incorporaron argumentos adicionales, dirigidos a desvirtuar las consideraciones expuestas en la decisión que resolvió la so licitud de medida caut elar de suspensión provisional, en la que se despachó negativamente el cargo de derogación. La decisión judicial comporta una irregularidad de tal magnitud que resulta preciso declarar la nulidad de lo actuado, esto con la finalidad de que se garantice el derecho fundamental al debido proceso, lo anterior debido a que cuando la Sala omite pronunciarse respecto de todos los elementos que estructuran el cargo de derogación , evade su obligación de resolver de fondo uno de los principales problemas jurídicos que se le pide dirimir

al debido proceso, lo anterior debido a que cuando la Sala omite pronunciarse respecto de todos los elementos que estructuran el cargo de derogación , evade su obligación de resolver de fondo uno de los principales problemas jurídicos que se le pide dirimir con la demanda.

1. Violación directa de la Constitución. Porque la autoridad accionada contravino lo dispuesto en los artículos 4, 29, 150, 229 y 230 constitucionales, y se difiere del texto del artículo 380.

1.2. Actuación Procesal5

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1.2.1. El 8 de mayo de 2023, la consejera de Estado Stella Jeannete Carvajal Basto admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó i) notificar del proveído al señor William Esteban Gómez Molina , en calidad de accionante, a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A , como demandados, y a la Presidencia de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, al Ministerio de Minas y Energía, al Mini sterio del Trabajo, al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud y Protección Social, como terceros interesados en las resultas del proceso; ii) publicar la providencia en la página web del

Ministerio de Transporte y al Ministerio de Salud y Protección Social, como terceros interesados en las resultas del proceso; ii) publicar la providencia en la página web del Consejo de Estado para el conocimiento de todos los terceros interesados ; y iii) notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del CGP. Debiéndose remitir a todos los mencionados copia de la solicitud de amparo, a través de los diferentes medios virtuales que estuvieran a disposición de la Secretaría General del Consejo de Estado , para que dentro del término de dos días rindieran informe sobre los h echos y pretensiones de tutela; y además, ordenó oficiar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, para que allegara copia digitalizada del proceso 11001 -03-26-000-2021-0016000, demandante: William Esteban Gómez Molina.

1.2.2. El 10 de mayo de 2023, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado remitió en formato pdf el expediente requerido e informó que la totalidad del proceso podía ser consultado en el aplicativo Samai.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. El 10 de mayo de 2023, la consejera Stella Jeannette Carvajal Basto solicitó desestimar las pretensiones de tutela, en atención a lo siguiente:

1. En general se encuentra que el amparo presentado carece de los requisitos de relevancia constitucional , subsidiariedad e inmediatez, pues la inconformidad del

de tutela, en atención a lo siguiente:

1. En general se encuentra que el amparo presentado carece de los requisitos de relevancia constitucional , subsidiariedad e inmediatez, pues la inconformidad del tutelante radica en que no se vinculó como parte a la presidencia de la República, determinación que se adoptó en el auto admiso rio del 10 de nov iembre de 2021, sin que hubiera recurrido esa decisión mediante el recurso de reposición previsto en el6

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artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021 o, incluso, advirtiendo la supuesta irregularidad que ahora pone de presente en oportunidades procesales posteriores, lo que no sucedió , y apenas viene a manifestar su inconformidad después de un año y cinco meses.

1. Además, se incumplió la exigencia según la cual, cuando se tr ate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia objeto de la tutela, pues, no existe ningún yerro respecto de la decisión que resolvió la demanda de nulidad simple, lo cierto es que la ausenci a de la Presidencia de la República y la supuesta omisión en el pronunciamiento de los alegatos de conclusión no se enmarcan dentro de ninguna causal de nulidad, máxime si se tiene en cuenta que la Nación estuvo representada a través de otros ministerios

Presidencia de la República y la supuesta omisión en el pronunciamiento de los alegatos de conclusión no se enmarcan dentro de ninguna causal de nulidad, máxime si se tiene en cuenta que la Nación estuvo representada a través de otros ministerios que acudieron al proceso y, además, que el petitum judicial en un proceso de nulidad simple se enmarca en la demanda y su contestación, limitándose los alegatos a desarrollar, con base en las pruebas practicadas, si las hubiere, los argumentos allí incorporados. También se evidencia el incumplimiento del requisito de que la parte actora identifique de manera razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados respecto de la causal de violación directa de la Constitución, pues el señor William Esteban Gómez Molina se limitó a afirmarla sin presentar argumentos concretos.

1. Sin perjuicio de lo anterior, se pone de presente que la decisión tutelada tampoco incurrió en ninguno de los defectos invocados , puesto que: a ) la exclusión de l a presidencia de la República no configuró ninguna irregularidad, ya que l a representación judicial de la Nación se llevó a cabo a través de los min isterios que fueron demandados; b) en la decisión de fondo sí se tuvieron en cuenta los alegatos de conclusión presentados por la parte actora, ya que ellos lo que se hizo fue reiterar los argumentos de su escrito inicial, esto es, que la normativa demandada se basó en normas derogadas y se sustituyó al legislador en la fijación de los elementos b ásicos en materia sancionatoria; y c) no se vulneró la Constitución Política, pues como no se incurrió en ninguna irregularidad respecto de la integración de la parte demandada, ni

normas derogadas y se sustituyó al legislador en la fijación de los elementos b ásicos en materia sancionatoria; y c) no se vulneró la Constitución Política, pues como no se incurrió en ninguna irregularidad respecto de la integración de la parte demandada, ni en relación con los alegatos de conclusión, no se configuró la infracción de las normas constitucionales que el tutelante alega, lo que sí se observa es que la parte tutelante7

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pretende recurrir la providencia dada su inconformidad con los argumentos allí plasmados.

1. En conclusión, la decisión atacada no comporta vulneración alguna de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, dado que se profirió sin que se configurara ninguna irregularidad procesal y con estricto apego a lo alegado por los sujetos procesales y a la jurisprudencia del Conse jo de Estado y la Corte Constituciona l, aspectos que evidencian que se efectuó un estudio serio y riguroso del asunto.

1.3.2. La Presidencia de la República. El 10 de mayo de 2023, por intermedio del Grupo de Gerencia de Defensa Judicial solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente:

1. Si el demandante consideró que la decisión de no vincular al P residente de la

Grupo de Gerencia de Defensa Judicial solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, denegar las pretensiones de la demanda, en atención a lo siguiente:

1. Si el demandante consideró que la decisión de no vincular al P residente de la República al proceso de nulidad fue incorrecta, debió hacer uso de los recursos que la ley ha puesto a su alcance, y no esperar al fin del proceso para perseguir esta vinculación, que en estricto sentido, es innecesaria, si se tiene en cuenta que la Nación estuvo representada en e l proceso, a través de las autoridades que prevé el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1. La decisión adoptada por la ponente en el auto de 10 de noviembre de 2021 es la correcta, porque según el artículo 159 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la representación de la Nación en los procesos contenciosos le compete, en el caso del estudio de legalidad de los decretos, a los ministros y directores de departamento administrativo que lo hayan suscrito, y, en todo caso, la vinculación o no del primer mandatario a un proceso de nulidad simple no vulnera el derecho al acceso efectivo a la administración de justicia de persona alguna, ni del señor Gómez Molina, porque en esta clase de procesos se estudia la legalidad de un acto administrativo, y no su eventual responsabilidad en la expedición del acto demandado.

1. Frente al segundo cargo, referente a que el Consejo de Estado se abstuvo de resolver la totalidad de los cargos expuestos por el demandante en su escrito8

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resolver la totalidad de los cargos expuestos por el demandante en su escrito8

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introductorio, se tiene que la acción de tutela no es el mecanismo adecuado para ventilar esta clase de problemas. La sentencia de 3 de marzo de 2023, pese a haber sido parcialmente favorable a sus intereses, ha podido ser objeto de una petición de sentencia complementaria, o de un recurso extraordinario, en fin, de cualquiera de los remedios que la ley ha previsto. Pero la acción de tutela no es una segunda instancia de los procesos de nulidad simple.

1.3.3. El Ministerio de Minas y Energía. El 11 de mayo de 2023, el Grupo de Defensa Judicial, Extrajudicial y Asuntos Constitucionales solicitó denegar las pretensiones de la acción constitucional, dado lo siguiente:

1. La acción de tutela tiene vocación de prosperidad, únicamente cuando a pesar de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, situación que en el caso de marras no se demuestra; como quiera que el objeto de la acción constitucional no es de suplantar los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador.

1. Así las cosas, en el presente caso se evidencia que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar el procedimiento que ha adelantado el magistrado

los mecanismos ordinarios establecidos por el legislador.

1. Así las cosas, en el presente caso se evidencia que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar el procedimiento que ha adelantado el magistrado director del medio de control de nulidad, l os cuales se encuentran amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto de que la administración de justicia, al momento de manifestarse a través de autos y sentencias, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada.

1.3.4. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El 11 de mayo de 2023, la Oficina Asesora jurídica solicitó desvincular al Ministerio de la presente acción, declarándola improcedente, al no ser la autoridad que adoptó las decisiones que a juicio de la parte accionante vulneran sus derechos fundamentales, dado que las mismas obedecen a acciones jurisdiccionales que no son del resorte de esta entidad . Además, los aspectos de vinculación debieron ser debidamente debatidos e integrados en el curso del proceso y no en la acción de tutela, y en lo concerniente a las inconformidades sobre el fallo no se evidencia que los argumentos tengan la fuerza jurídica suficiente para anular vía acción de tutela la sentencia.9

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1.3.5. El Ministerio del Trabajo. El 11 de mayo de 2023 , la asesora de la Oficina

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1.3.5. El Ministerio del Trabajo. El 11 de mayo de 2023 , la asesora de la Oficina Asesora Jurídica solicitó ser desvinculado de la acción por existir falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que no existen obligaciones ni derechos recíprocos entre el accionante y esta entidad, pues no es la que presuntamente amenazó o vulneró los derechos fundamentales reclamados por el accionante.

1.3.6. El Ministerio de Transporte. El 11 de mayo de 2023, el jefe de la Oficina Asesora de Jurídica solicitó declarar improcedente la acción ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales y la falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que r evisado el escrito de tutela y las pruebas apor tadas por el propio accionante no existía ningún hecho o circunstancia que explicitara la vinculación del Ministerio de Transporte a la litis fuente de denuncia de vulneración y daño a los derechos fundamentales demandados en amparo constitucional.

1.3.7. El Ministerio de Salud y Protección Social. El 12 de mayo de 2023, el coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la entidad al no ser la encargada de realizar las actuaciones administrativas ni judiciales tendientes a resolve r las pretensiones de la accionante.

1.3.8. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El 16 de mayo de 2023, el apoderado de la entidad solicitó mantener las decisiones debidamente fundadas y ejecutoriadas, por encontrarse ajustadas a derecho. Refirió que la vulneración alegada

apoderado de la entidad solicitó mantener las decisiones debidamente fundadas y ejecutoriadas, por encontrarse ajustadas a derecho. Refirió que la vulneración alegada en el escrito de tutela se contrae a una actuación procesal en la que no tiene injerencia alguna la entidad, que el accionante no agotó los recur sos extraordinarios antes de acudir a la solicitud de amparo, y que la autoridad accionada estudió la procedencia de las pretensiones de nulidad con un adecuado análisis legal y jurisprudencial.

1.4. Sentencia impugnada

El 29 de junio de 2023, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró improcedente la acción de tutela, en lo relacionado con la supuesta falta de vinculación del Presidente de la República en el medio de control de nulidad simple con radicado 2021-00207-00; y negó las pretensiones de la demanda, en torno a los alegatos de conclusión10

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presentados dentro del expediente de nulidad simple con radicado 2021-00207-00, en el que se dictó sentencia el 3 de marzo de 2023. Para dichos ef ectos consideró lo siguiente:

1. El accionante contaba con el recurso de reposición para controvertir el auto de 10 de noviembre de 2021, mediante el cual la autoridad judicial accionada dispuso la

siguiente:

1. El accionante contaba con el recurso de reposición para controvertir el auto de 10 de noviembre de 2021, mediante el cual la autoridad judicial accionada dispuso la admisión de la demanda, teniendo como demandados a los mi nisterios de Minas y Energía, Hacienda y Crédito Público, Industria, Comercio y Turismo y Transporte, sin incluir al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República -Departamento Administrativo de la Presidencia de la República-, como parte pasiva del contradictorio, por lo que no se cumple con el requisito de subsidiariedad y, por contera, con el de inmediatez, en tanto entre el momento de notificación de l auto admisorio de la demanda —16 de noviembre de 2021 —, y la interposición de la acción de tutela —2 de mayo de 2023 —, transcurrió más de un año y seis meses, término que supera el plazo de los seis meses establecido de manera jurisprudencial para ese efecto.

1. Y en lo que corresponde con la controversia de la sentencia del 3 de marzo de 2023, se advierte que los alegatos de conclusión presentados por el demandante sí fueron tenidos en cuenta en la resolución de la controversia . En el escrito, el demandante reiteró los argumentos que soportaban la demanda consistentes en que «el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Ministerio de Transporte, al expedir los artículos impugnados del Decreto 1073 de 2015, con excepción del artículo 2.2.2.6.1.1.5.1, incurrieron en las causales de nulidad de falta de competencia y exceso de la potestad

impugnados del Decreto 1073 de 2015, con excepción del artículo 2.2.2.6.1.1.5.1, incurrieron en las causales de nulidad de falta de competencia y exceso de la potestad reglamentaria, por fundarse en normas derogadas y por haber descrito sin ley previa la sanción, la conducta o el comportamiento que da lugar a su aplicación, la autoridad competente y su procedimiento», mismos que la autoridad judicial demandada resolvió íntegramente en la sentencia objetada, lo que descarta la configuración del defecto sustantivo alegado.

1. En la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada indicó, l uego de un extenso análisis de los cargos planteados, que « cuando se expidió el Decreto compilatorio 1073 de 2015, los artículos 2.2.3.5.2.2.1.1. (literal f) y 2.2.3.5.2.2.1.4.

(literal a) carecían de fundamento legal, pues supeditaron el ejercicio de la p otestad11

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sancionatoria sobre la materia a unas normas que no podía expedir el Presidente — Código de Ética—», por lo que declaró su nulidad, y negó las demás pretensiones, sin que se observe que en los alegatos de conclusión el accionante hubiese propuesto argumentos que hubiesen quedado sin resolver , por el contrario, en los alegatos de

Código de Ética—», por lo que declaró su nulidad, y negó las demás pretensiones, sin que se observe que en los alegatos de conclusión el accionante hubiese propuesto argumentos que hubiesen quedado sin resolver , por el contrario, en los alegatos de conclusión el actor, además de reiterar los cargos iniciales se limitó a hacer referencia a los argumentos utilizados en los recursos de reposición y súplica que interpuso en contra de la decisión que negó la medida cautelar que solicitó con la demanda, lo que no era determinante para adoptar la decisión que debía resolver sobre los cargos formulados en el marco de la demanda de nulidad simple.

1. Finalmente, el hecho de que en la sentencia objetada se hubiera afirmado que «todas las partes alegaron de conclusión y reiteraron los argumentos de la demanda y sus contestaciones», a pesar de que, en palabras del actor, algunos ministe rios no contestaron la demanda , hace referencia a la reiteración de los argumentos de aquellos demandados que contestaron la demanda y pre sentaron alegatos de conclusión, por lo que dicha afirmación no supone una irregularidad que pueda considerarse vulneradora del derecho fundamental al debido proceso del accionante.

1.5. Impugnación

El 11 de julio de 2023, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia en orden a que se revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones de tutela, en atención a los siguientes argumentos:

1. En el escrito de tutela se dejó constancia de que no se había hecho uso del recurso de reposición en contra del auto admisorio de la d emanda en el que se excluyó al Presidente de la República, pero que el asunto sí cumplía con los requisitos de

1. En el escrito de tutela se dejó constancia de que no se había hecho uso del recurso de reposición en contra del auto admisorio de la d emanda en el que se excluyó al Presidente de la República, pero que el asunto sí cumplía con los requisitos de procedibilidad dado que la decisión en la que cual se advirtió error en la integración del contradictorio es el auto del 24 de enero de 2023, en el que la consejera María Adriana Marín ordenó su vinculación.

1. Por otro lado, no se ajusta a la realidad lo concluido por el a quo cuando afirma que «los alegatos de conclusión presentados por el demandante sí fueron tenidos en cuenta en la resolución de la controversia de nulidad simple», pues estos, a diferencia12

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de la labor argumentativa de la autoridad judicial accionada, sí dan cuenta de las razones por las que los argumentos de las decisiones adoptadas en etapas previas no se ajustan al marco jurídico que determina el alcance del efecto derogatorio del texto Superior.

1. Para dilucidar lo anterior, se deben observar con detenimiento las razones aducidas por la consejera sustanciadora para negar parcialmente la solicitud de suspensión provisional (recogidas en el antecedente n°. 7 de la acción de tutela ), las que se pusieron de presente en el recurso de reposición (recogidas en el antecedente n°. 8),

provisional (recogidas en el antecedente n°. 7 de la acción de tutela ), las que se pusieron de presente en el recurso de reposición (recogidas en el antecedente n°. 8), las