CE - 110010315000202302203011SENTENCIA20231019173757

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02203-01

Referencia: Acción de tutela

ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-.

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE ACCEDIÓ AL AMPARO SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO INCURRIÓ EN EL DEFECTO FÁCTICO ALEGADO, EN LA MEDIDA EN QUE ANALIZÓ LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE DE FORMA INTEGRAL, ENTRE OTRAS, LAS PRUEBAS QUE LA PARTE ACTORA ECHA DE MENOS, DE LAS CUALES CONCLUYÓ QUE SE DEBÍA CONDENAR A LA ENTIDAD POR LA MUERTE DE UNA MENOR DE EDAD QUE SE ENCONTRABA BAJO SU CUSTODIA Y PROTECCIÓN A TRAVÉS DE

UN HOGAR SUSTITUTO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMNISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 contra la sentencia de 14 de junio de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 2 amparó los derechos fundamentales al

DE CUNDINAMARCA1 contra la sentencia de 14 de junio de 2023, mediante la cual la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO 2 amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la parte actora.

1 En adelante el Tribunal 2 En adelante la Sección Segunda2

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFI. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 3, actuando por intermedio de apoderada judicial , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le fue vulnerado por el TRIBUNAL al haber proferido la providencia de 23 de febrero de 2023, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36-715-2014-00132-01.

I.2.- Hechos

I.2.1Hechos previos a la demanda de reparación directa

Afirmó que la menor de edad M.J.O. nació el 17 de octubre de 2010 y falleció el 11 de enero de 2013 a la edad de 2 años y 2 meses de edad.

3 En adelante el ICBF3

y falleció el 11 de enero de 2013 a la edad de 2 años y 2 meses de edad.

3 En adelante el ICBF3

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFSostuvo que el día 22 de diciembre de 2012, la progenitora de M.J.O., señora KAREN YISETH ORTÍZ , acudió con la menor de edad al servicio de urgencias del HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO DE SAN JOSÉ debido al desmayo que sufrió como consecuencia del mal estado de salud que presentaba , cuyo diagnóstico de ingreso fue “síndrome de maltrato, no especificado”, por lo cual se dispuso la hospitalización de la menor.

Indicó que entre el 22 de diciembre de 2012 y 4 d e enero de 2023, la menor estuvo hospitalizada y fue valorada por diferentes especialistas que asociaron impresión de maltrato familiar por parte de la progenitora, por lo que durante su permanencia en dicho centro asistencial estuvo acompañada por su abuela materna BLANCA

ORTÍZ RODRÍGUEZ.

Manifestó que el 4 de enero de 2013 , la institución hospitalaria dio de alta a la menor y emitió autorización de salida tras evidenciar buenas condiciones de salud y carecer de incapacidad funcional, indicando como diagnóstico de egreso “traumatismo no especificado en miembro superior”, con recomendaciones de cuidado y de control por cirugía externa de mano. Asimismo, se consignó en la his toria4

indicando como diagnóstico de egreso “traumatismo no especificado en miembro superior”, con recomendaciones de cuidado y de control por cirugía externa de mano. Asimismo, se consignó en la his toria4

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFclínica que la menor salía para “bienestar familiar para definir conducta”.

Refirió que, debido a lo anterior, el 4 de enero de 2013 dictó auto de apertura de investigación de protección a favor de la menor de edad M.J.O. y, como medida de restablecimiento de sus derechos , fue puesta bajo el cuidado y protección de ese Instituto por intermedio del hogar sustituto de la señora JULIANA PÉREZ FARÍAS.

Adujo que el 10 de enero de 2013 la menor de edad se reunió con su progenitora en el centro zonal de Engativá y después de la visita presentó vómito por ingesta excesiva de alimentos que le suministró aquella, situación que se prolongó posteriormente en el hogar sustituto, donde se cayó y se golpeó levemente la frente con un mueble.

Alegó que el 11 de enero de 2013, ingresó a urgencias del HOSPITAL DE ENGATIVÁ con diagnóstico principal de “síndrome de maltrato no especificado” y nauseas; se trató con medicamentos y fue dada de alta ; sin embargo, en la noche de ese mismo día presentó vomito con ocho episodios de rigidez y cianosis asociada,5

de maltrato no especificado” y nauseas; se trató con medicamentos y fue dada de alta ; sin embargo, en la noche de ese mismo día presentó vomito con ocho episodios de rigidez y cianosis asociada,5

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFpor lo cual, ingresó al hospital sin signos vitales y se indicó como diagnóstico principal “muerte instantánea”, con antecedentes de “apnea sin causa clara, maltrato infantil severo quien r eingresa en paro cardiorrespiratorio sin signos vitales, con asistolia se suministraron maniobras de reanimación sin respuesta a las mismas.”

Comentó que, el 12 de enero de 2013 el INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES elaboró informe de necropsia sobre el cuerpo sin vida de la menor M.J.O., en el cual concluyó: “Fallece como consecuencia de hematoma subdural y hemorragias subaracnoideas debido a traumatismo craneoencefálico contundente. (…) MANERA DE LA MUERTE: Violenta. CAUSA INMEDIATA DE MUERTE: Hematoma subdural y hemorragia subaracnoidea. CAUSA BASICA DE MUERTE: Traumatismo contundente en la cabeza”.

Expresó que dicho informe pericial fue objeto de ampliación y/o complementación por parte del mismo INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, en el que se consignó

contundente en la cabeza”.

Expresó que dicho informe pericial fue objeto de ampliación y/o complementación por parte del mismo INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES, en el que se consignó como conclusión de la causa del deceso “síndrome de niño sacudido”6

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFy que la manera de la muerte había sido “homicidio dentro del contexto de maltrato infantil.”

Agregó que en virtud de la denuncia formulada por la señora CATHALINA HERRERA ORTÍZ, tía de la menor, la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN dio apertura a una investigación penal en contra de la progenitora, por los delitos de violencia intrafamiliar y homicidio preterintencional agravado.

I.2.2Hechos de la demanda de reparación directa

Refirió que el 9 de septiembre de 2014, las señoras KAREN YISETH ORTÍZ, BLANCA ELSA ORTÍZ RODRÍGUEZ y CATHALINA HERRERA ORTÍZ , esta última actuando en nombre propio y en representación de su hija menor de edad L.I.F.H., promovieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra de esa entidad, con el fin de que se le declarara responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados con motivo de la muerte de la niña M.J.O.7

demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra de esa entidad, con el fin de que se le declarara responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados con motivo de la muerte de la niña M.J.O.7

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFIndicó que a la demanda le fue asignado el número único de radicación 11001-33-36-715-2014-00132-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 9 de abril de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones y, en consecuencia, declaró su responsabilidad administrativa y patrimonial por el deceso de la menor M.J.O., al encontrar probado que el hecho que provocó tal menoscabo, tuvo lugar cuando la víctima se hallaba bajo la guarda de una madre sustituta dependiente de dicha entidad, sin que se hubiesen adoptado todas las medidas de seguridad y cuidado a la s que estaba obligada la institución.

Adicionalmente, aclaró q ue pese a que por la muerte de la menor concurrieron al proceso las señoras KAREN YISETH ORTÍZ, madre de la fallecida; BLANCA ORTÍZ RODRÍGUEZ abuela materna y CATHALINA HERRERA ORTÍZ junto con la menor LAURA ISABEL FORERO HERRERA , en calidad de tía y prim a de la víctima, respectivamente, únicamente era posible reconocer indemnización en favor de la tía y de la abuela, en razón a que la conducta de

FORERO HERRERA , en calidad de tía y prim a de la víctima, respectivamente, únicamente era posible reconocer indemnización en favor de la tía y de la abuela, en razón a que la conducta de maltrato de la progenitora hacia su hija impedía otorgar indemnización alguna en su favor y, respecto a la prima, se aclaró que aunque se probó el parentesco con la difunta, no se acreditó la8

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFrelación afectiva entre aquellas, para que fuera procedente reconocer algún tipo de perjuicio por el daño moral.

Señaló que, inconforme con la anterior decisión, junto con la llamada en garantía, en su condición de madre sustituta , señora JULIANA PÉREZ FARIAS interpusieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL que, mediante providencia de 2 3 de febrero de 2023, modificó la decisión de primer grado, al encontrar que se debía reducir en un 80% el porcentaje de la condena por el perjuicio moral determinado, toda vez que el comportamiento de la progenitora estructuró una concausalidad, que se proyectó en l a negligencia médica y de cuidados y se erigió como un factor determinante en la concreción del riesgo que asumió esa institución, como garante del restablecimiento de los derechos de la menor, por lo cual no se le podía trasladar al Estado la responsabilidad absoluta por el daño objeto de reclamo.

I.3. Fundamentos de derecho

como garante del restablecimiento de los derechos de la menor, por lo cual no se le podía trasladar al Estado la responsabilidad absoluta por el daño objeto de reclamo.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico por la indebida y arbitraria v aloración probatoria del9

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFacta de necropsia de la menor M.J.O., la cual daba cuenta que la menor falleció producto del maltrato infantil propinado por parte de su progenitora previo al lapso en que estuvo bajo el cuidado y protección de la entidad, sin que el consumo de alimentos el día de la visita de aquella pudiera ser considerada como la causa de su deceso.

Afirmó que no era posible determinar que “[…] la posible intoxicación de la menor de edad no puede ser considerada la causa de su deceso y, en consecuencia, a partir de una eventual permisividad en la ingesta de alimentos acarree necesariamente la condena en contra del ICBF […]”.

Manifestó que la autoridad judicial accionada omitió su deber de analizar de forma integral las pruebas allegadas al plenario, pues únicamente se limitó a enlistarlas, sin extraer todo lo que pudieran aportar al proceso y así poder motivar debidamente la d ecisión cuestionada, pues en el asunto bajo estudio estaba probado que las circunstancias fácticas no tenían la entidad suficiente para declarar la responsabilidad de esa institución a partir de su posición de10

cuestionada, pues en el asunto bajo estudio estaba probado que las circunstancias fácticas no tenían la entidad suficiente para declarar la responsabilidad de esa institución a partir de su posición de10

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFgarante, toda vez que la conducta de la progen itora de la víctima había sido determinante en el daño causado.

Sostuvo que, si bien era cierto que, en la visita realizada el 10 de enero de 2013, la progenitora desconoció la orden médica y nutricional que tenía la menor de edad y procedió a suministrarle alimentos en exceso, ello no necesariamente conllevó a su fallecimiento, pues conforme a las pruebas se encontraba acreditado que la causa de la muerte fue el “síndrome del niño sacudido”.

I.3.- Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como violados, en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: TUTELAR el derecho al DEBIDO PROCESO y demás que resulten vulnerados y probados durante este trámite.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito se ordene a la Sección Tercera-Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, en un término perentorio, se sirva dictar una nueva sentencia resolviendo el recurso de apelación impetrado […]”.

I.4.- Defensa11

de Cundinamarca, que, en un término perentorio, se sirva dictar una nueva sentencia resolviendo el recurso de apelación impetrado […]”.

I.4.- Defensa11

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFI.4.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente el presente trámite constitucional o, su lugar, denegar las pretensiones, toda vez que la alegada vulneración de los derechos deprecados por la actora realmente se refería a discrepancias de criterio sobre la valoración probatoria y la justificación razonada que se efectuó en la sentencia acusada.

Afirmó que los hechos del proceso de reparación directa se refieren al deceso de una menor de edad bajo el cuidado del ICBF, como consecuencia de los antecedentes de maltrato familiar causados por la madre de la niña, por lo cual en la providencia objetada se determinaron tres premisas: (i) se declaró la responsabilidad de la institución en su posición de garante, porque el riesgo, esto es, la muerte producida por el maltrato de la madre hacia la niña, se produjo bajo la guarda de esa entidad ; (ii) el actuar de la madre concurrió en la causa del daño ; y, (iii) en atención a esa concausa, se ajustó la condena de perjuicios morales.

Sostuvo que, conforme a lo expuesto en el escrito de tutela, lo realmente pretendido por la accionante es refutar el análisis probatorio de la sentencia cuestionada, lo cual demuestra que lo12

Sostuvo que, conforme a lo expuesto en el escrito de tutela, lo realmente pretendido por la accionante es refutar el análisis probatorio de la sentencia cuestionada, lo cual demuestra que lo12

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFpretendido es reabrir el debate y constituir una tercera instancia, desconociendo la autonomía funcional del juez natural del asunto y la presunción de la buena fe en sus decisiones.

Manifestó que las diferencias en la valoración probatoria no podían constituir la configuración de un defecto fáctico, máxime aun, teniendo en cuenta que lo pretendido por la tutelante es que se acoja su posición.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 14 de junio de 2023, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia del ICBF, dejó sin efectos la sentencia cuestionada y ordenó al TRIBUNAL que en el término de 20 días siguientes a la notificación de la providencia emitiera un pronunciamiento de reemplazo.

En efecto, explicó que pese a que el TRIBUNAL no atribuyó responsabilidad al ICBF por el título subjetivo de falla en el servicio, si encontró acreditado el objetivo por la asunción del riesgo en su13

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si encontró acreditado el objetivo por la asunción del riesgo en su13

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFposición de garante y, que por esa razón, el actuar de la madre no era suficiente para configurar el hecho de un tercero, como eximente de responsabilidad, pero si una concausalidad; sin embargo, arribar a dicha conclusión desconocía que previo al ingreso a esa entidad, la menor estuvo hospitalizada por las lesiones que había sufrido por parte de su progenitora.

Afirmó que, si bien era cierto que, en la providencia cuestionada se enfatizó en que durante el desarrollo de una visita con la progenitora, bajo la vigilancia y supervisión del ICBF, se advirtió de una posible alteración en la ingesta de alimentos por parte de la menor , que posteriormente provocó que aquella ingresara sin signos vitales al centro de urgencias hospitalarias; no era menos cierto que no se tuvo en cuenta la ampliación del informe pericial de necropsia en el que se señaló como causa de muerte “[…] síndrome del niño sacudido […]” y manera de muerte “[…] homicidio dentro del contexto de maltrato infantil […]”.

Sostuvo que no resulta adecuado concluir que el ICBF, en su posición de garante, tiene responsabilidad por cualquier detrimento sufrido por la víctima, pues la causa de muerte de aquella no fue la ingesta14

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por la víctima, pues la causa de muerte de aquella no fue la ingesta14

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFde alimentos , sino las lesiones causadas producto d el maltrato infantil que había sufrido previo a que la entidad asumiera su cuidado y custodia, lo cual demostraba que el origen de la afectación fue una condición médica preexistente y, en consecuencia, impedía atribuirle a la institución responsabilidad alguna por los hechos.

Afirmó que la autoridad judicial accionada tampoco tuvo en cuenta en la sentencia cuestionada razones de tipo ético, como la inactividad por parte de los miembros de la familia de la menor para protegerla y la incidencia de tal omisión en el beneficio económico que pretendían obtener, pues ostentaban un deber de cuidado y custodia que les asiste a todos los miembros de una familia respecto de los menores de edad.

Sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico debido a que no valoró de forma integral las pruebas aportadas al expediente, pues únicamente se refirió a los hechos de maltrato previos a que el ICBF asumiera el cuidado de la víctima a través del hogar sustituto y lo acaecido en el mismo, sin tener en cuenta la causa de la muerte establecida en el dictamen pericial.15

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFNÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02203-01

ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFIII.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El TRIBUNAL impugnó la decisión proferida en primera instancia y solicitó que se revoque, bajo los siguientes argumentos:

Señaló que , contrario a lo manifestado en la sentencia de primer grado, la providencia cuestionada sí efectuó el análisis de las pruebas señaladas como desconocidas, esto es, los hallazgos del informe de necropsia de 12 de enero de 2013 y de su ampliación de 25 de febrero de 2019, que fueron relacionados en el acápite respectivo y valorados a lo largo de las consideraciones de la decisión controvertida; sin embargo, lo que se evidenciaba era que lo pretendido por la tutelante era que se validara y se acogiera su posición.

Afirmó que mediante la sentencia impugnada el juez constitucional señaló la forma en la cual el juez natural de la causa debía valorar dichas pruebas y así concluir que las condiciones preexistentes eran inevitables y fueron la causa del daño, lo cual impedía atribuirle la responsabilidad a la tutelante en su posición de garante, sin tener en cuenta que la tutela contra providencia judicial estaba concebida16

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFNÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 11001-03-15-000-2023-02203-01

ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFcomo un juicio de validez, más no como un juicio de corrección de la decisión cuestionada.

Destacó que la providencia cuestionada efectuó un análisis razonado y ajustado a derecho , por lo cual el defecto fáctico endilgado no se había configurado, pues conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, el mismo se erige sobre una inapropiada valoración probatoria que debe ser de tal magnitud que pueda advertirse de manera evidente y flagrante y, además, dicha irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión, situación que no se vislumbraba en el caso objeto de estudio.

Sostuvo que contrario a lo afirmado en la sentencia impugnada, las razones de orden ético si fueron tenidas en cuenta, a tal punto que justificaron el motivo por el cual se denegó el reconocimiento de perjuicios en favor de la madre de la víctima como causante del maltrato infantil y únicamente concederlo en favor de la tía y de la abuela.

Resaltó que, conforme al criterio de la Corte Constitucional, las diferencias que resulten de la sana valoración probatoria no pueden17

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFconstituir un defecto fáctico, toda vez que, se debe partir del respeto por la autonomía judicial.

ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFconstituir un defecto fáctico, toda vez que, se debe partir del respeto por la autonomía judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un18

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFasunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constituc ionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:19

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFa. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa d e sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la

tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de res olución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.20

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ACTOR: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBFe. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge c uando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el